E: ¿Qué esperas mañana de la discusión con los demás activos/as en el área de corrupción e impunidad?
V: Pues tenemos experiencias de cooperación internacional con la justicia de países de la región: México y Centro América. Existen diversas modalidades de contribución a la lucha contra la impunidad, que se generan para casos específicos como el grupo de expertos internacionales de la Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI) en el caso de Ayotzinapa inicialmente. Ahora harán una nueva experiencia en Nicaragua, de acuerdo con lo que ha convenido la Organisación de Estados Americanos (OEA) con el gobierno de ese país. También hay modalidades de investigaciones más generales vinculadas a la corrupción, como la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), o como la CICIG. Lo que espero de una reunión como esta es continuar en la transferencia de experiencias. Creo que en México, Guatemala y Honduras (también en el Salvador) se han generado reacciones similares, en especial de quienes se han visto afectados en las investigaciones. También hay una expectativa frente a la posición que sectores oficiales o de organizaciones sociales tengan desde Alemania frente a contribuciones como la CICIG, por ejemplo en términos de soberanía.
E: ¿A qué te refieres con soberanía?
V: En países en los que han funcionado mecanismos de investigación, se ha generado por algunos sectores una reacción de oposición, porque consideran que estos mecanismos afectan la soberanía de los países.
Entonces me interesa la observación desde una sociedad como la alemana, con menos intereses en la pugna que existe en Guatemala, Honduras, México. He escuchado que desde países especialmente latinoamericanos se hace el señalamiento de la afectación a la soberanía, más por desconocimiento de la manera como funcionan estas comisiones. En el caso de la CICIG, que es el que me corresponde, es muy claro que se trata de un mecanismo complementario pero no de sustitución de las autoridades nacionales. Si la CICIG no puede actuar si el MP no presenta el caso ante los jueces, significa que finalmente las desiciones son soberanas de Guatemala. Entonces no se puede hablar de afectación a la soberanía del país. La independencia de organismos como la CICIG se basa en que no están vinculados con los poderes locales ni con intereses gremiales, empresariales y de sectores políticos. También por eso se le teme más a un organismo independiente, porque una investigación independiente puede conducir a resultados que afectan la manera de haber ejercido el control en un país.
E: ¿En qué sectores notas una crítica, desde la declaración de ti como „persona non grata“ en agosto del año pasado?¿Qué más argumentos presencias, aparte del de la soberanía?
V: En 2015 se presentan las más importantes investigaciones en la lucha contra la corrupción. Se genera un movimiento social muy amplio de respaldo en manifestaciones constantes, cada semana, no sólo respaldando la lucha contra la corrupción sino también exigiendo reformas del Estado. A mediados del 2016, las investigaciones vinculan también a sectores empresariales, o mediante cohecho, o mediante financiando ilícito de campañas electorales. Esto va generando una actitud de rechazo. Cuando se trataba del Presidente Otto Perez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti se podía decir „sí, todos estos son unos corruptos que se aprovecharon de la situación“. Pero cuando ya les toca a sectores empresariales, entonces empiezan a cuestionar la lucha contra la corrupción, o desde el aspecto de la soberanía, o desde la economía. Dicen que la lucha disminuye las inversiones, que hay un decrecimiento económico en el país.
E: ¿Cuán es el argumento?
V: Que se ha generado un estado de inestabilidad y de inseguridad jurídica, que hace que la inversión en el país ya no sea confiable. Argumentan que no se debería continuar con el trabajo de la CICIG, por lo menos no con esa intensidad o afectando a tantos sectores. Inclusive algunos dicen „ustedes deben concentrarse, porque están abriendo muchos frentes“. Uno no sabe si esa sea una crítica de buena fe, o sea intencionada para encubrir algo. Este rechazo viene desde los afectados de 2015 que se encontraban presos en la cárcel militar Mariscal Zabala y trataban de deslegitimar las investigaciones generando propaganda negativa. Dicen que esta era una persecución ideológica. Esto se agrava después de septiembre de 2016, en donde aparece un señalamiento en contra el hijo del Presidente Jimmy Morales, quien también vincula el hecho a su tío, el hermano del Presidente. La investigación era más amplia y no estaba dirigida a los Morales. ¡Ni siquiera teníamos idea que los Morales pudieran estar involucrados! Pero si surgen en la investigación hay que investigar, si no estaríamos actuando selectivamente. En enero del 2017 ya es capturado el hermano, el hijo se presenta y es dejado privado de libertad. Entonces el Presidente empieza a confrontar a la CICIG.
E:¿Esto se agravó cuando su partido Frente de Convergencia Nacional (FCN) eventualmente también fue ligado a financiamiento electoral ilícito?
V: Desde inicios del 2017, hay un gran grupo inconforme con las investigaciones, integrado por los capturados en 2015 y por empresarios que están vinculados o que temen ser vinculados, por ex-militares que aparecen vinculados a corrupción, pero también que han sido procesados por el MP por crímenes de lesa humanidad. En esos casos no participa la CICIG, pero ellos consideran que el MP esta muy acuerpado por la CICIG, entonces una manera de debilitar al MP es debilitando a la CICIG. A todos estos se agregan diputados del Congreso de la República que están siendo afectados, tanto desde el 2015 (vinculados a los actos de corrupción del Partido Patriota), como en la actualidad por actos de corrupción como la creación de plazas fantasmaE:cargos que no existen pero generan ingresos para ellos. A todo eso se suma el propio Presidente de la República. El 20 de agosto de 2017, él anuncia que va a ir a Naciones Unidas a pedir mi salida y finalmente, el 27 de agosto, anuncia la declaración de „persona non grata“. Hay una reacción del Procurador de Derechos Humanos, que le pide a la Corte de Constitucionalidad (CC) que impida esa expulsión. La CC la deja sin efecto, afirmando que todo esto debe discutirse en Nueva York, porque así dice el acuerdo. El gobierno ha acudido meses después a las Naciones Unidas insistiendo en el tema de mi salida, además de señalar muchos aspectos de inconformidad en el funcionamiento de la comisión. Hasta hoy.
E: Pero hace poco recibiste la aprobación de Antonio Guterres de continuar con el mandato.
V: Sí, pero ya desde antes, particularmente después de agosto del 2017, el secretario general de las Naciones Unidas expresó el respaldo a la actividad de la CICIG y a la gestión personal mía. En el transcurso de una reunión de la canciller Sandra Jovel con el secretario general, tal vez en el mes de febrero, ella le solicitó expresamente el relevo mío, y el secretario general dijo que respaldaba mi gestión. Expresa: „cómo que la salida del comisionado, cuando lo que yo he escuchado de parte de la Fiscal General, del Procurador de Derechos Humanos y de otras personas en Guatemala es que ha sido una buena labor?“. Entonces todo se ha mantenido en medio de tensiones, como intentos de sacar al Procurador de Derechos Humanos o la solicitud al gobierno sueco de que retire a su embajador Anders Kompass.
E: ¿Qué tiene que ver esa decisión con la problemática que has presentado?
V: Lo fundamental en criterio del Gobierno es que él contribuye a la desestabilización del país apoyando grupos que están en ese camino de desestabilizar. Muchos han interpretado en Guatemala que esto está directamente relacionado con la CICIG.
E: ¿Dónde más ves el apoyo a partir de agosto de 2017?
V: Hubo expresiones fuertes de respaldo por parte de la comunidad internacional, por ejemplo desde el congreso de los Estados Unidos. Muchos embajadores en Guatemala acudieron a la CICIG a acompañarme el mismo día de la expulsión, en señal de solidaridad. La ciudadanía ha tenido un papel muy importante de respaldo, tanto a la actividad de la comisión, como a mi persona específicamente. Este año surgen dos entidades para destacar: el Frente Parlamentario por la Transparencia, que es un muy pequeño grupo de diputados que se expresan en contra de todos los proyectos de leyes de impunidad que se tramitan en el Congreso de la República, y el Frente Ciudadano Contra la Corrupción, que convocó a amplios sectores de la ciudadanía. En esa situación estamos. No sabemos si Guatemala dio un paso adelante, que ya sea irreversible, en la lucha contra la corrupción, o si todavía estamos sometidos al peligro del retroceso.
E: ¿Como recibes el cambio de Fiscal General a Consuelo Porras, en especial con respecto a las investigaciones pendientes?
V: Pues una nueva funcionaria requiere un tiempo para comprender el funcionamiento de la institución, que es mucho más que el trabajo que se realiza con la CICIG. Lleva un mes en el cargo y no ha habido una oposición a la actividad de la CICIG, por el contrario: públicamente y de manera privada ha manifestado su complacencia con el apoyo que la CICIG le ha dado al MP en el pasado, y que le debe continuar dando. Estamos examinando investigaciones para empezar a judicializar también algunas investigaciones que se han venido consolidando y estamos desarrollando otras investigaciones. Yo espero que como ella lo ha dicho públicamente, en su actuar cotidiano demuestre su compromiso contra la impunidad y la corrupción.
E: El cambio de Fiscal General ha sido muy discutido, en especial en relación a la investigación de financiamiento electoral ilícito del Partido FCN.
V: En el caso del FCN, la anterior Fiscal anunció pocos días antes de concluir su período, que un antejuicio contra el Presidente por financiamiento electoral ilícito, que ocasionaron empresarios quienes además ya lo habían confesado públicamente, estaba a punto de ser presentado. Ella consideraba que había muchos elementos para presentar un antejuicio al Presidente y la nueva Fiscal debe valorar si efectivamente existen esos elementos. Pero no ha habido afirmación o negación expresa respecto al antejuicio.
E: Con respecto al sistema judicial, han habido análisis que concluyen que el problema es que las investigaciones iniciadas entre el MP y la CICIG se ven perjudicadas en el momento en que entran al sistema judicial. ¿Te parece que es así?
V: Sí, pero digamos mejor: No se han producido las sentencias esperadas en los grandes casos. Esto se debe a maniobras dilatorias, es decir que los abogados han dilatado injustificadamente los procesos, o que ha habido un desorden en la parte administrativa de los juzgados, o que a través de acciones constitucionales como el amparo se han afectado los juicios. Pero en realidad han habido varios casos en los han habido condenas mediante procedimientos abreviados, porque los procesados han aceptado su responsabilidad, y también algunos que han sido vencidos en juicio.
E: ¿Tienes algún ejemplo?
V: Por ejemplo la jueza Jisela Reinoso. Ella fue condenada por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Han habido otras sentencias en las que han aceptado responsabilidad funcionarios del Congreso, por ejemplo por el tema de las plazas fantasmas, o el Presidente del Banco de Guatemala, que fue candidato vice-presidencial de Manuel Baldizón: Edgar Barquín, quien aceptó su responsabilidad y fue condenado en procedimiento abreviado por tráfico de influencias en favor de una organización de lavado de dinero. Tal vez el caso más reciente de nueve empresarios de la construcción, que también aceptaron su responsabilidad de pagar sobornos a Alejandro Sinibaldi como Ministro de Comunicaciones. Es una sentencia que tiene características innovadoras en el proceso de lucha contra la corrupción. Fue convenido con los empresarios que introdujeran dentro de sus empresas mecanismos de transparencia que aseguraran la no repetición de conductas de soborno. Ademas, debían ofrecerle públicamente a la ciudadanía disculpas por haber incurrido en esos actos delictivos y debían indemnizar reparando carreteras, por un valor cercano a los 4,5 millones de dólares. En cada obra habría una valla que dijera „esta obra se está construyendo en cumplimiento de sentencia que le había sido impuesta a esta empresa constructora por soborno.“ Eso podría ser realmente transformador si se extendiera como una práctica.
