Nuestro servicio legal en desahucios ofrece una defensa sólida tanto para propietarios que buscan desalojar, como para inquilinos que enfrentan un desalojo.
Asesoramos a propietarios en la gestión de procesos de desalojo, garantizando el cumplimiento legal y la protección de sus derechos.
Al mismo tiempo, brindamos apoyo a inquilinos, asegurando que se respeten sus derechos y explorando todas las opciones legales disponibles.
Sea cual sea tu posición, como abogados en desahucios estamos aquí para ofrecerte una solución justa y efectiva.
Áreas en las que Podemos Ayudar
Te ayudamos a gestionar el proceso legal de desahucio, desde la redacción y envío de la notificación de desalojo hasta la representación en tribunales. Nos aseguramos de que se respeten todos tus derechos y que el proceso se lleve a cabo de manera rápida y eficaz.
Si enfrentas un proceso de desalojo, te asesoramos sobre tus derechos y opciones legales. Analizamos el caso, buscamos soluciones negociadas y, si es necesario, como especialistas abogados en desahucios, te representamos ante los tribunales para defender tus intereses.
Siempre que sea posible, intentamos resolver los conflictos mediante la negociación y mediación, evitando así los costosos y largos procesos judiciales.
Prórroga de la Suspensión de Desahucios hasta 2028: Nuevas Medidas de Protección para los Más Vulnerables
La suspensión de los desahucios, que inicialmente finalizaba el 15 de mayo de 2024, ha sido prorrogada hasta el 15 de mayo de 2028. Esta extensión, prevista en el Real Decreto-ley 1/2024, de 14 de mayo, amplía la protección a los colectivos más vulnerables durante cuatro años adicionales.¿Qué implica esta prórroga?La medida, que comenzó con el Real Decreto-ley 27/2012, fue diseñada para mitigar el impacto económico en las familias que enfrentaban dificultades para cumplir con sus obligaciones hipotecarias sobre su vivienda habitual. A lo largo de los años, y en respuesta a diversas crisis económicas y sociales, esta protección ha sido extendida en varias ocasiones, garantizando que aquellos en situación de especial vulnerabilidad no sean desalojados de sus hogares.La Ley 1/2013, de 14 de mayo, también jugó un papel clave en este proceso, al incluir la suspensión de lanzamientos hipotecarios dentro de las medidas de apoyo a los deudores hipotecarios. Esta ley ha sido fundamental para lidiar con las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19, la guerra de Ucrania y el aumento de los costos de vida debido a la inflación.Extensión hasta 2028: Protección para los más vulnerablesCon la nueva prórroga, se espera seguir apoyando a aquellos que, debido a circunstancias financieras difíciles, corren el riesgo de perder su vivienda habitual. Esta medida tiene como objetivo evitar que estas familias caigan en una situación de exclusión social, brindándoles tiempo y protección frente a procesos de desahucio.Además, se han introducido modificaciones legislativas en la Ley 1/2013, para prolongar la suspensión de los desahucios hasta el 15 de mayo de 2028. El Real Decreto-ley 1/2024 entró en vigor el 15 de mayo de 2024, el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Como abogados, para proteger a los propietarios ante las prórrogas de la suspensión de desahucios
Se pueden tomar varias medidas dentro del marco legal vigente. Posibles estrategias clave:1. Negociación de Acuerdos Extrajudiciales- Mediación con inquilinos vulnerables: Facilitar acuerdos amistosos para evitar la prolongación de conflictos. Si el inquilino está en una situación de vulnerabilidad, se puede negociar una salida gradual, facilitando tiempo para que el propietario pueda recuperar su propiedad sin procesos judiciales extensos.
- Reestructuración de deudas: En los casos donde el inquilino no pueda cumplir con el alquiler o el pago de la hipoteca, se pueden negociar plazos más largos o reducciones temporales con el objetivo de evitar la pérdida de la propiedad.
- Aconsejar a los propietarios que, al redactar o renovar contratos de alquiler, incluyan cláusulas que permitan una mayor flexibilidad, por ejemplo, en caso de impagos o de situaciones de fuerza mayor.
- Evaluar los perfiles de los inquilinos: Ayudar a los propietarios a seleccionar inquilinos fiables mediante estudios de solvencia que puedan minimizar el riesgo de impagos.
- Promover el uso de arbitraje o mediación como alternativa a los procedimientos judiciales, que tienden a ser largos y costosos. Esto puede ser más rápido y evitaría que el propietario se vea atrapado en una situación de incertidumbre.
- Aconsejar al propietario que esté al tanto de posibles incumplimientos del contrato y actúe antes de que se decrete una situación de vulnerabilidad del inquilino.
- Acciones legales preventivas, como demandas de desahucio por precario si el inquilino no tiene derecho de permanencia.
- Ayudar al propietario a gestionar los impagos, ya sea a través de programas de protección del arrendador o presentando solicitudes para compensaciones o subvenciones que en algunas jurisdicciones están disponibles para los propietarios afectados por la suspensión de desahucios.
- En algunos casos, se puede argumentar que el propietario también se encuentra en una situación de vulnerabilidad, especialmente si la vivienda alquilada es su única propiedad o fuente de ingresos. En estos casos, se puede solicitar la exclusión de la aplicación de la suspensión.
- En caso de daños materiales o deterioro del inmueble, se pueden iniciar reclamaciones por daños y perjuicios contra el inquilino, especialmente si ha habido incumplimiento del contrato en términos de mantenimiento o uso adecuado del inmueble.
- Si el propietario cuenta con garantías o avales en el contrato de alquiler, se pueden ejecutar para compensar las pérdidas económicas derivadas de impagos o daños en la propiedad.
- Informar y guiar a los propietarios sobre las ayudas gubernamentales o locales a las que puedan acceder, destinadas a compensar pérdidas o a mantener el inmueble en condiciones adecuadas.
