Tras la decisión de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación de inhabilitar e intervenir por 12 meses al Puerto de Ushuaia, la Legislatura fueguina no activó, al menos públicamente, la Comisión de Seguimiento Estratégico creada por ley en 2003 para resguardar activos considerados clave para los intereses provinciales.
Apunto de cumplirse una semana desde que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación dispuso inhabilitar e intervenir por 12 meses al Puerto de Ushuaia, el Poder Legislativo provincial mantiene una inacción que llama la atención, sobre todo por el marco normativo vigente. Hace 23 años, en noviembre de 2003, la Legislatura sancionó una ley que otorgó carácter “estratégico” a los puertos provinciales, aeronaves y aeropuertos provinciales, infraestructura logística provincial y servicios públicos vinculados al tráfico antártico y subantártico, además de recursos e infraestructura hidrocarburífera.
Esa norma no solo definió qué áreas debían ser preservadas como de interés estratégico para Tierra del Fuego, sino que también creó la Comisión Legislativa de Seguimiento Estratégico. Entre sus atribuciones se estableció “entender integralmente” en los aspectos alcanzados por la ley, “identificar e informar” cualquier hecho que pudiera comprometer los intereses resguardados, “sugerir cursos de acción” para su defensa e “interactuar con organismos provinciales y nacionales” para optimizar el cumplimiento de los objetivos.
Sin embargo, frente a la decisión adoptar el pasado miércoles 21 por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, que conduce Iñaki Arreseygor, la comisión que, de acuerdo a la última información oficial disponible, integran Luciano Selzer (LLA), Gisela Dos Santos (ST), Federico Greve (FORJA), Victoria Vuoto y Juan Carlos Pino (PJ), Damián Löffler (MPF) y Raúl Von Der Thusen (SF) no mostró señales de reacción institucional alguna.
Si bien es cierto que el Parlamento está en período de descanso de verano, de esos 7 legisladores 5 integran la primera comisión de receso, que permanece en funciones hasta este miércoles 28 y que también integran Federico Sciurano (FORJA), Laura Colazo (PV) y Tomás García (PJ), que tiene dentro de sus atribuciones “observar los asuntos de primordial importancia, interés público, social, jurídico y económico de la Nación y la Provincia” y “convocar a sesiones extraordinarias siempre que fuere necesario”.
La expectativa política se traslada ahora al jueves 29, cuando cambiará la integración de la comisión de receso. Allí se verá si los legisladores Federico Greve y Myriam Martínez (FORJA), Matías Lapadula, Natalia Graciana, Victoria Vuoto, Jorge Lechman y Pablo Villegas interpretan que el escenario del puerto reviste gravedad o importancia suficiente como para activar el funcionamiento de la comisión de seguimiento, abrir un canal institucional de información y delinear una posición legislativa.
En un tema que la propia Legislatura definió como estratégico hace más de dos décadas, el interrogante ya no es solo qué consecuencias tendrá la intervención en la operatoria portuaria, sino también por qué el órgano creado para monitorear y defender esos intereses aún no aparece en escena, máxime teniendo en cuenta que fue otra ley, la 1596 sancionada en julio del año pasado, la que abrió la puerta para que la ANPyN avanzara en la intervención del puerto capitalino.
