» ERNESTO | ZEDILLO PONCE DE LÉON*
) Letras Libres
A diferencia de la actual reforma judicial, la impulsada por Ernesto Zedillo en 1994 fortaleció la independencia de la Corte, la dotó de profesionalismo y le brindó capacidades para fungir como contrapeso del presidente y el Congreso. La reforma hoy en marcha destruye todos esos avances, politiza la impartición de justicia y somete la Corte a los intereses de un solo partido. Las formas con las que el oficialismo ha impuesto su iniciativa –con mentiras, extorsiones y fraudes a la Constitución– dibujan de cuerpo entero un proyecto político que desprecia la ley, la división de poderes y finalmente la democracia. La eliminación de organismos autónomos, la ampliación de la prisión preventiva oficiosa, la desaparición del derecho efectivo a la transparencia, la cooptación de las fuerzas armadas y la captura del poder judicial –todas ellas acciones emprendidas por el partido gobernante– dejan al descubierto que la “transformación” buscada por Morena consiste en acabar con la joven democracia mexicana y construir en su lugar un régimen tiránico.
Siempre me pareció que proclamar como misión de su partido alcanzar la “cuarta transformación” –sugiriendo que la suya completaría las de Independencia, Reforma y Revolución– era un despropósito mayúsculo de Andrés Manuel López Obrador. Parecía inverosímil que alguien, incluso un demagogo como el fundador de Morena, se atreviera a compararse con los mexicanos excepcionales que habían logrado sentar las bases de nuestra nación. Por absurda que pareciera, su ampulosa proclama se convertía en un acertijo: ¿Cuál era la verdadera naturaleza de la transformación morenista en el poder? En los últimos meses de su gobierno y los primeros de su sucesora, Claudia Sheinbaum, el acertijo quedó diáfanamente resuelto: la transformación prometida era en realidad la de sustituir nuestra joven democracia por una tiranía.
Las verdaderas “transformaciones” que antecedieron a la “cuarta” de Morena son otras y están indeleblemente inscritas en nuestra historia. La primera fue aquella en que déspotas y caciques transformaron la prometedora independencia de la joven nación en miseria para el pueblo y en pérdida de gran parte del territorio nacional. Transcurrieron muchos años de empobrecedoras luchas fratricidas y desgobierno, para que los patriotas liberales llevaran a cabo la Reforma inscrita en la Constitución de 1857, lo que nos dio las bases para construir una república libre y democrática. Además, los liberales, con el liderazgo del presidente Juárez, resistieron y vencieron una invasión francesa que en complicidad con el bando conservador buscó imponernos a un príncipe extranjero como soberano.
Por desgracia, la ambición de poder de un gobernante terminó por volcarse contra los ideales de la Constitución liberal y transformó la Reforma en una prolongada dictadura. En 1910, el movimiento encabezado por Francisco I. Madero venció a la dictadura y restauró la república democrática. No obstante, las fuerzas del autoritarismo –siempre acechantes– no tardaron en conspirar y asesinarlo. Así, la democracia de Madero quedó convertida en una tiranía.
Los mexicanos se deshicieron en 1914 de aquel poder usurpador. La Revolución mexicana dio pie a la Constitución de 1917 y, al institucionalizarse, hizo posible un largo periodo de estabilidad y avance, aunque demoró la promesa de democracia que había dado origen a la propia Revolución. No obstante, gracias al empeño de ciudadanos, intelectuales y políticos de varias generaciones y distintas militancias, se dieron progresivamente reformas para hacer realidad la democracia que había prometido Madero. Cuando concluía el siglo xx, los mexicanos logramos por fin decir con orgullo que pertenecíamos a una nación con auténtica democracia, la misma que ahora los gobernantes de Morena están transformando en otra tiranía.
Mientras asegura continuar los avances logrados en la Independencia, la Reforma y la Revolución, el movimiento morenista está, en realidad, emulando los atropellos que se hicieron contra la Independencia, la Reforma y la Revolución. Los mismos que transformaron esos episodios extraordinarios y promisorios de nuestra historia en tragedias para la nación. Habiendo accedido al poder gracias a la democracia que, al cabo de muchas luchas, alcanzamos los mexicanos, López Obrador y su partido se han empeñado –y mucho han avanzado– en destruirla. De no corregirse, esta infamia tendrá terribles consecuencias para el presente y futuro del país. No solo cancelará oportunidades de desarrollo sino la libertad y los derechos fundamentales de los mexicanos.
La actual desventura de México me forzó a cambiar la decisión tomada, desde que concluí mi responsabilidad como presidente, de abstenerme de comentar públicamente los acontecimientos políticos de la nación. Lo hice justamente1 el día que López Obrador –en un 15 de septiembre, burlonamente, y con la presidenta electa a su lado– firmó la promulgación de la reforma a la Constitución, para destruir la independencia y el profesionalismo del poder judicial mexicano, a la que han seguido otras que completarán la tarea de demoler nuestra joven democracia.
La indignación que siento frente a esta realidad sería idéntica bajo cualquier circunstancia, pero el hecho de que por mandato de los mexicanos haya sido yo parte de la construcción de la democracia hoy asediada, me obligó a romper mi silencio para denunciar este histórico atropello.
Desde mi protesta como candidato a la presidencia, a lo largo de mi campaña electoral y al tomar posesión como presidente, me comprometí a emprender las reformas necesarias para hacer de México una verdadera democracia, por supuesto incluyendo su elemento indispensable: un poder judicial independiente. Ese compromiso obedecía a mi convicción de que México no había podido satisfacer las demandas de progreso económico, social y político porque fundamentalmente había fracasado en construir una democracia auténtica.
Desde el fin de la lucha armada revolucionaria en la década de 1920, nuestro país fue uno en el que, a diferencia de muchos otros de América Latina y el mundo, los poderes ejecutivo y legislativo se renovaban periódicamente mediante elecciones regulares y multipartidistas, aunque limitadas. A pesar de que la Constitución estipulaba la democracia como nuestro régimen político, las reglas formales e informales eran tales que, durante mucho tiempo, los partidos políticos distintos al PRI –mi partido– no tenían oportunidad de ganar esas elecciones periódicas. A nivel nacional y local, prevalecieron reiteradamente los gobiernos, tanto del poder ejecutivo como del legislativo, provenientes de un mismo partido, aunque con la regla de oro de no reelegirse. Esos mismos gobiernos eran los responsables de organizar y validar las elecciones. Sin duda, la estabilidad política que trajo el dominio de un partido único produjo un progreso económico y social significativo durante varias décadas y permitió la creación de instituciones importantes y útiles.
Pero también tuvo un alto costo: un ejercicio del poder arbitrario, sin controles ni contrapesos adecuados por parte del Congreso ni del poder judicial. Contrario a lo dispuesto en la Constitución, el Congreso no reguló las acciones del presidente y, en cambio, asumió que su papel era respaldar incondicionalmente al ejecutivo. Ese apoyo fue beneficioso para ciertos propósitos. Sin embargo, durante las épocas de mayores desafíos, ello también consintió el uso abusivo de la autoridad, lo que se tradujo en la formulación de políticas equivocadas que llevaron a graves crisis económicas e incluso a la represión política.
México nunca podría tener
democracia efectiva sin un
poder judicial profesional,
imparcial e independiente,
encabezado por una Corte Suprema
con esos mismos atributos.
La Constitución de 1917 postulaba la independencia e imparcialidad del poder judicial pero pronto, a través de una sucesión de reformas, se ignoró ese ideal. En última instancia, esas reformas buscaron, en general, ampliar la capacidad del presidente de la república para influir, e incluso controlar, a la Suprema Corte de Justicia, permitiendo que sus actos de gobierno se llevasen a cabo sin ser obstaculizados por un poder judicial independiente. Había múltiples medios de control del ejecutivo sobre el judicial, desde el nombramiento de los ministros y jueces hasta el control de su presupuesto. Durante la mayor parte del siglo xx, el poder judicial se transformó simplemente en una parte del sistema político de México, basado en el predominio de un partido, esencialmente al servicio del liderazgo en turno. Con frecuencia, la Corte dejó de proteger los derechos individuales, aprobó políticas y acciones gubernamentales que carecían de fundamento constitucional y limitó el acceso de los ciudadanos a la justicia.
Tenía claro que México nunca podría tener democracia efectiva sin un poder judicial profesional, imparcial e independiente, encabezado por una Corte Suprema con esos mismos atributos y además con la facultad adicional de declarar inconstitucionales las leyes y las acciones del gobierno cuando la razón jurídica lo ameritaba. Para subsanar la anomalía antidemocrática de no contar con un poder judicial independiente, a los cinco días de asumir la presidencia envié al Congreso una iniciativa de reforma constitucional. Expliqué públicamente a la ciudadanía la importancia de la reforma propuesta, pero lo que resultó también crucial fue acudir en persona a ambas cámaras del Congreso para solicitar de la manera más respetuosa a los legisladores de todos los partidos que consideraran seriamente la iniciativa, así como comenzar a trabajar juntos hacia una importante reforma electoral. En mis encuentros con los legisladores, la premisa fue siempre el diálogo con todos los partidos, jamás la imposición. Con modificaciones introducidas por el Congreso mismo en ejercicio de sus atribuciones, el logro de la reforma de 1994 significó una ruptura con el pasado cuasi autoritario de México, al cual contribuyó una Corte esencialmente subordinada al presidente de la república.
La reforma de 1994 fortaleció de manera significativa y sensata el control judicial y los poderes constitucionales de la Corte, dotándola de una amplia y más fuerte facultad de decidir sobre la constitucionalidad de los actos de autoridad y las leyes, y de derogar total o parcialmente la ley o el acto bajo su control. Fue provista de la capacidad para decidir sobre controversias jurídicas entre los gobiernos federal y estatales, entre los gobiernos estatales y los municipios, y entre diferentes municipios. Se le atribuyó la facultad de decidir sobre los casos de inconstitucionalidad interpuestos por solo un tercio de cualquiera de las cámaras del Congreso federal contra leyes o resoluciones federales, y por solo un tercio de las legislaturas estatales contra sus propias leyes o resoluciones estatales. La reforma no solo fortaleció el federalismo sino su capacidad de proteger los derechos de las minorías políticas. Además, la reforma creó el Consejo de la Judicatura, al que se encargaron funciones como administrar el presupuesto judicial, nombrar a los tribunales inferiores, determinar criterios rigurosos de mérito y desempeño, y establecer mecanismos de supervisión. En consecuencia, se fortalecieron los requisitos para elevar los estándares profesionales de los miembros del sistema judicial y se frenó la laxitud tradicional en los nombramientos y jubilaciones por motivos políticos.
Una vez promulgada la reforma del poder judicial, convoqué a todos los partidos políticos a iniciar negociaciones para una reforma electoral que hiciera de México una democracia plena y funcional. El país había avanzado en esa dirección desde la notable reforma política de 1977, a la que siguieron otras reformas a lo largo de los años, aunque ninguna alcanzó un resultado ideal. Las reglas y los procedimientos electorales habían evolucionado hasta el punto de garantizar un conteo exacto de los votos. Por esta razón, a diferencia de casos anteriores, ningún partido de oposición impugnó la legalidad de mi elección en 1994. Sin embargo, las condiciones para la competencia electoral seguían siendo inequitativas. No dudé en afirmar públicamente que mi elección había sido legal, pero no justa. Esa fue la manera de señalar mi firme intención de promover con seriedad y buena fe la reforma propuesta.
Las negociaciones que siguieron fueron arduas en extremo, por muchas razones. No solo los temas eran complejos y había que superar la desconfianza entre las partes, sino que debieron llevarse a cabo en medio de una terrible crisis financiera que se registró en el país al inicio del nuevo gobierno. Nos enfrentamos de manera firme a la crisis económica, con acciones dolorosas pero necesarias –y obviamente impopulares–, todo lo cual creó un ambiente político poco propicio para la negociación. Tuve claro que las duras decisiones que debía tomar para enfrentar la crisis animarían a políticos oportunistas y demagogos a lucrar políticamente con la situación. No me importó, pues mi deber no era ser popular sino hacer lo necesario para que México superara la amenaza de sumirse en el estancamiento económico y el retroceso social por muchos años. Con el esfuerzo de todos, se logró y en los siguientes cinco años la economía del país creció a un promedio anual considerablemente mayor al registrado en dos décadas y que lamentablemente no se ha repetido, al tiempo que pudieron emprenderse políticas sociales que combatían frontalmente la pobreza. Esto se hizo sin condicionamientos políticos o clientelismos electorales, pues tales condicionamientos son el trato más indigno y humillante a los grupos menos favorecidos. Pese a las dificultades, al cabo de dieciocho meses de arduos esfuerzos, el proceso llegó a una conclusión satisfactoria: todos los partidos acordaron una importante reforma constitucional que cambió radicalmente las instituciones, normas y procedimientos electorales.
Como resultado de esa reforma, el Instituto Federal Electoral (ife) se volvió verdaderamente autónomo respecto al ejecutivo. Entre muchos resultados importantes, la reforma estableció condiciones precisas para el financiamiento y el acceso a los medios de comunicación de los partidos políticos y sus candidatos a fin de garantizar la equidad en la competencia electoral. Asimismo, se estipuló el principio de que la autoridad electoral debe contar con recursos presupuestarios suficientes para cumplir con los más altos estándares en recursos humanos, equipo y todas las demás capacidades necesarias que exija el cumplimiento de su responsabilidad crucial de proteger el voto de los ciudadanos. La protección de este derecho fue reforzada con la creación de un Tribunal Electoral Federal autónomo dentro del poder judicial, para resolver todas las controversias electorales, al tiempo que dio a la Suprema Corte el poder de decidir sobre la constitucionalidad de las leyes electorales tanto a nivel federal como estatal.
La elección de junio más bien
parece un ensayo de lo que
viene para futuros procesos
electorales federales y estatales,
donde la opacidad y el fraude, incluso
peores que en los viejos tiempos,
serán los rasgos dominantes.
Gracias a la reforma de 1996, los ciudadanos de la Ciudad de México obtuvieron el derecho a elegir democráticamente a su jefe de Gobierno, en lugar de que el cargo fuese designado por el presidente, como había sido el caso durante mucho tiempo.
La reforma de 1996 estableció las condiciones para que México tuviera por fin elecciones competitivas, imparciales y justas; en una palabra, impecables, como me había comprometido. Se contó con la participación honorable y enriquecedora de los dirigentes de todos los partidos políticos de entonces, a quienes siempre he guardado respeto y gratitud. Esa reforma, junto con la reforma al poder judicial de 1994, proporcionó las condiciones para una democracia con una verdadera división de poderes y una presidencia efectivamente equilibrada por los otros poderes del Estado. Ello marcó el fin de la presidencia autocrática y abusiva, y el ansiado arribo de una presidencia verdaderamente democrática.
Con las instituciones, reglas y procedimientos creados por ambas reformas, en 1997 se celebraron elecciones al Congreso federal. Mi partido perdió la mayoría absoluta de la que había disfrutado durante casi siete décadas y se inició una nueva era de gobierno “dividido”, pero ciertamente democrático. Además, las elecciones de 2000 produjeron, por primera vez en la historia moderna de México, un presidente de un partido de oposición.
Si bien con esas reformas México adquirió una verdadera democracia, no tuve la pretensión de que fueran permanentes y nunca necesitaran modificaciones. Entendía que la experiencia en su aplicación y, por supuesto, los cambios en las circunstancias internas y externas del país harían aconsejable y necesario, con el tiempo, introducir ajustes a lo establecido en las reformas de 1994 y 1996, así como buscar avances institucionales adicionales. Confiaba, sin embargo, en que cualquier nueva reforma reforzaría nuestra democracia hasta convertirla en sólida e irreversible, y que siempre se respetarían la legalidad, la competencia y la independencia tanto de las instituciones electorales como del poder judicial, como piedras angulares del sistema.
Desdichadamente, esa condición, indispensable para la existencia de la democracia, ha sido transgredida sistemáticamente por López Obrador, incluso desde muchos años antes de convertirse en presidente del país e indudablemente con mucho mayor agresividad desde que asumió esa posición. El expresidente atacó sin descanso la independencia y la capacidad institucional del Instituto Nacional Electoral (ine). Con justificaciones no apegadas a la verdad, no dudó en calumniar, insultar y amenazar tanto a la institución como a las personas elegidas para garantizar que el ine cumpliese su misión constitucional. Además, se aseguró de que el ine sufriera una reducción arbitraria y significativa de los recursos necesarios para su adecuado funcionamiento.
López Obrador siempre mostró un abierto y desafiante desprecio por las reglas y procedimientos establecidos en la ley sobre lo que el gobierno no debe hacer antes, durante y después de las campañas electorales. El entonces presidente y miembros de alto nivel de su gobierno y su partido violaron en numerosas ocasiones los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad durante las elecciones federales y estatales para favorecer a los candidatos del partido gobernante.
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