El desalojo de Safira Sánchez se ha ejecutado. Esta joven de 23 años sufre una discapacidad del 66% debido a una enfermedad cardiovascular catalogada como rara. Cobra una pensión de 380 euros al mes como único ingreso. En 2014 ocupó una vivienda de protección oficial en Guadalajara, donde ha vivido sola hasta este lunes, cuando ha sido desalojada. Pese a que carece de una alternativa habitacional; pese a que el comité supervisor del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de la ONU instó a España, mientras estudia el caso, a tomar medidas para "evitar daños irreparables, incluyendo la suspensión del desahucio o la entrega de una vivienda alternativa"; pese a que varias decenas de personas se han concentrado frente a la casa para intentar frenar el desalojo.