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Instan a Defensoría del pueblo declarar inconstitucional Decreto 3.990 sobre censo de viviendas

Caracas 27/11/19. (PS).- Representantes de la Mesa Social de Caracas acudieron ante la sede de la Defensoría del pueblo a fin de solicitar que esa instancia defienda los derechos de los venezolanos frente a la realización del Censo de viviendas por parte del gobierno de Nicolás Maduro. “Vinimos a presentar una queja y a solicitar justicia porque consideramos que en ese censo se violan normas internacionales, nacionales, constitucionales, institucionales y se hace fuera de toda ética política”.

Benito Urrea, coordinador general de la Mesa Social de Caracas explicó que el acto de empadronamiento que lleva adelante el Ministerio del Poder Popular de Planificación es un “proyecto político dirigido a localizar viviendas que están desocupadas, a controlar políticamente a las personas y a comprarles su conciencia mediante los bonos que otorga el Estado” lo que a su juicio, constituiría un mecanismo dirigido a “promover un gran fraude electoral en las próximas elecciones parlamentarias en 2020”.

Advirtió que existen otras acciones que en paralelo buscarían también objetivo del control absoluto de la población, como es el caso de la consulta que se realizará el próximo 1 de diciembre en el estado Miranda con el fin de ver si se aprueba la transferencia de competencias por la aplicación de las multas contempladas en la Ley de Convivencia para la Paz y Seguridad Ciudadana a las comunas de ese estado, calificándolo como un hecho irregular debido a que el sistema de comunas no existe en la Constitución.

“Se trata de llevarnos al proyecto del Estado comunal por parte del PSUV y sus partidos aliados, quienes buscan establecer un Estado dentro del Estado, al pretender desplazar el Estado democrático y social, de derecho y de justicia junto al sufragio universal, directo y secreto establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, enfatizó.

Por su parte, Javier Simancas, abogado de la Mesa Social de Caracas señaló que consideran inconstitucional el decreto 3.990 que establece la realización del censo a través del Poder Popular, así como tampoco cuenta con el aval de la Asamblea Nacional de acuerdo al artículo 54, numeral 5 de la Ley de la función pública de estadística y la Ley de Cartografía. “Le exigimos a la Defensoría del pueblo que restituya la situación jurídica infringida y evite un mal mayor a la ciudadanía, por lo que hoy pedimos la inconstitucionalidad de ese decreto”.

Invitó a la población a asistir a la Defensoría del pueblo y adherirse a esta petición que busca “evitar que se apropien ilegalmente de las viviendas y que utilicen este censo para otros fines alejados de lo que deben ser las políticas públicas”, concluyó.

Juan José Ojeda Díaz / Prensa de Solidaridad

@juanjoseojeda

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Mesa social de Caracas: Censo de viviendas buscaría distorsionar elecciones parlamentarias 2020

Caracas 30/10/19. (PS).- Benito Urrea, coordinador general de la Mesa Social de Caracas, denunció que las preguntas que están realizando en el llamado Censo de viviendas a nivel nacional, nada tienen que ver con lo anunciado por el ministro del Poder Popular de Planificación Ricardo Menéndez. “Aparte de preguntar sobre quién es el jefe de la vivienda, si tiene el carnet de la patria, la billetera móvil y si recibe el clap, quieren averiguar donde votan, ¿Qué tiene que ver todo eso con un censo de viviendas?”.

Estimó que Gobierno nacional no ha dicho todo en torno a lo planteado con el censo de viviendas. “El propósito general que se busca con este censo tiene un objetivo muy distinto al anunciado” alertando además que la sociedad venezolana “está siendo confundida por el Poder Popular y por el partido Nosotros Venezuela para producir un inmenso fraude, que solo pretende convertir la minoría que representa el gobierno en una mayoría altamente cuestionable, para distorsionar el resultado de las elecciones parlamentarias correspondientes a 2020”.

Enfatizó que desde la Mesa Social de Caracas condenan que la participación y representación de la sociedad civil en este presunto empadronamiento inmobiliario fuese reducido a representantes del denominado Poder Popular. “¿Quién es el Poder Popular? Los consejos comunales, las Unidades de batalla Hugo Chávez, mejor conocidas como Ubch, coordinadores del Clap y el partido oficialista Somos Venezuela”.

El dirigente social también rechazó las recientes declaraciones hechas por el ministro del Poder Popular de planificación, Ricardo Menéndez cuando aseguró que este censo está en concordancia con los lineamientos del Plan de la patria. “Cuando uno lee la primera línea del Plan de la patria éste dice que está dirigido a construir la sociedad socialista, algo en lo que evidentemente la mayoría de los venezolanos no estamos de acuerdo”.

Precisó que en el artículo 2 del Plan de la patria, los consejos comunales son definidos como el instrumento para construir la sociedad socialista. En su artículo 3 dice que son la base sociopolítica de la sociedad socialista y además, en el artículo 4 dice que es el modelo de propiedad social el que regirá en esa sociedad asegurando que, en otras disposiciones, “establecen que los únicos consejos comunales que tienen el derecho a quedar registrados, son aquellos cuyos voceros hayan sido postulados por los partidos del Polo Patriótico y electos por las comunidades”.

Agregó, “Cuando se eligen consejos comunales democráticos se les niega el registro, quedando inexistentes, “Entonces, ¿Qué es lo que está pasando aquí?”, se preguntó.

Hizo un llamado a la población a activarse en cada comunidad en la defensa de los espacios comunes de los vecinos y por el respeto a la propiedad privada. “Lo que Maduro y quienes lo acompañan están haciendo no es un censo de viviendas sino un censo político para perpetuarse en el poder, algo que debemos tener muy claro todos en Venezuela”.

Por su parte, Javier Simancas, abogado de la Mesa Social de Caracas anunció que intentarán una acción de inconstitucionalidad del decreto así como la solicitud de un derecho de palabra en la Asamblea Nacional a fin de exponer “la grave situación de indefensión de los ciudadanos por la violación flagrante a las leyes y a la Constitución”.

Señaló que el Censo de viviendas viola leyes fundamentales de cómo éste debe realizarse, entre ellas la Ley de la función pública de la estadística, así como también la Ley de geografía, cartografía y catastro de Venezuela “El artículo 156 numeral 18 de la Constitución establece que el Censo debe ser manejado por los cinco poderes, coordinado por el Ministerio de planificación y aprobado por la Asamblea Nacional, algo que no está ocurriendo en este momento”, concluyó.

Juan José Ojeda Díaz / Prensa de Solidaridad

@juanjoseojeda

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En #Asambleadeciudadanos con @BenitoUrrea1 de @MesaSocial1 sobre #Censodeviviendas #30oct #ruedasdeprensa #denunciaciudadana (en IPPUCV) https://www.instagram.com/p/B4QE9RGlDDJ/?igshid=1qoov5iwjfzlx

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#mesasocial #denunciaciudadana #censodevivienda #censodeviviendas #ubicatucasa #planpolitico #benitourrea Mesa social de Caracas: Censo de viviendas es en realidad un plan político para Ubica tu casa Caracas 13/10/19. (PS).- Benito Urrea, coordinador general de la Mesa Social de Caracas, condenó que el decreto N° 3.990 del gobierno de Nicolás Maduro publicado en la Gaceta Oficial extraordinaria N° 6.480, con fecha del 23 de septiembre, en el cual se instruye a la realización del censo de viviendas, se designe al Poder popular y a las universidades para ejecutar el empadronamiento de la población. “Esto debe ser explicado porque a nosotros no nos queda ninguna duda que esta acción está enmarcada dentro del plan político Ubica tu vivienda”. Explicó que aunque algunos funcionarios del Gobierno nacional han expresado que el plan Ubica tu vivienda no es una política del Estado, “el pueblo venezolano sabe bien que eso si es una política del Poder popular y especialmente de los órganos funcionales de los partidos oficialistas” recordando además que los venezolanos tienen experiencias claras sobre cómo se han invadido edificios, viviendas, locales y en el decreto, no hay un señalamiento expreso de que será respetado el derecho a la propiedad”. Agregó, “No entendemos por qué se separa el censo de viviendas del censo de población porque las normas internacionales debidamente suscritas por el Estado venezolano y que son leyes de la República establece que esto debe hacerse simultáneamente en todo el país”. El dirigente social advirtió que ante el estado de incertidumbre que ha provocado en la población el anunciado censo de viviendas, no se debe olvidar que de acuerdo con la norma constitucional y lo establecido en la Ley de la función pública de estadística, “se ordena que quien debe aprobar ese censo es la Asamblea Nacional, por lo que el Ministerio de planificación no puede sustituir a la Constitución sin que esta haya sido modificada por el propio órgano legislativo”. Benito Urrea insistió en que es incomprensible que se sustituya al Instituto nacional de estadística, órgano responsable de organizar el censo, “por una comisión en la que esta inst (en Caracas) https://www.instagram.com/p/B3lJjzol01s/?igshid=v5ufyd43wo0s