Alexandra Almeida critica la decisión de la Corte Constitucional en el caso Pacayacu por su “doble estándar”
Para ella, el problema de la parroquia no puede resolverse sino a través de una remediación integral del daño ambiental y social.
La coordinadora del área de petróleo en la ONG, Acción Ecológica, criticó la decisión de la Corte Constitucional en el caso de las 86 familias de la parroquia de Pacayacu, Sucumbíos, contra la empresa estatal petrolera, Petroamazonas. “Nos han negado la justicia de una manera muy burda, de una manera grotesca”, proclama. Almeida señaló que existe una contradicción entre la posición de la Corte a favor de Petroamazonas y la defensa que el Estado ha presentado en cortes internacionales por el caso Chevron-Texaco.
Ella cuenta que Petroamazonas argumentó ante la Corte que los demandantes no utilizaron la vía correcta al demandar a la empresa a través de la vía contencioso administrativa, y que se debía usar la vía civil. Ella asegura que el Estado utiliza el argumento contrario en el caso Chevron: “ ahí es en donde vendría la acusación o la denuncia de que el Estado está utilizando un doble estándar: cuando es empresa transnacional una cosa, y cuando es una empresa pública, de otra manera; y eso, obviamente, es una infracción completa, una violación de los Derechos completamente”, sentencia.
Almeida explica que la campaña ‘La mano sucia de Petroamazonas’ se ha lanzado con una idea similar a la de la campaña que lanzó el gobierno, ‘La mano sucia de Chevron’. Esta campaña tiene por objetivo concientizar al público y exponer la situación real de los pobladores de la parroquia. Almeida informó que el caso será llevado a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU. “Creemos que es un caso muy fácil para la CIDH”, indica.
Almeida señala que la falta de agua potable es el principal problema de la parroquia. “El problema de esas aguas es la contaminación con hidrocarburos, con petróleo”, sentencia. Ella explica que los hidrocarburos contienen sustancias cancerígenas, que también pueden causar mutaciones genéticas.
Por otra parte, Almeida asegura que la parroquia se encuentra en un estado de pobreza extrema y que los empleos que ofrece la petrolero han sido fuente de discordias. “Son conflictos muy grandes que incluso hay el registro de heridos y el registro de un muerto por las peleas por los puestos de trabajo.”, asegura. Asimismo, acusa a la empresa de valerse de los puestos de trabajo que crea para silenciar a la población: “da trabajo pero condiciona a que la gente no proteste, no reclamen, no denuncia las contaminaciones por el miedo a quedarse sin trabajo”, explica.