Aug 29, 2025
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S. A. Putina: Condenan a nueve meses de prisión preventiva a hombre que asesinó a guardia de seguridad en La Rinconada
Un juez dictó nueve meses de prisión preventiva para Clinton Gutiérrez Pacori, acusado de asesinar a Ángel Q.A., un guardia de seguridad de una discoteca en el centro poblado La Rinconada en la provincia de San Antonio de Putina.
Según la Fiscalía Provincial Mixta de Ananea, el crimen ocurrió el 16 de agosto de 2025, como venganza por haber sido expulsado del local horas antes.
El fiscal Juan Francisco Ruelas Apaza detalló que Gutiérrez Pacori regresó al lugar fingiendo hablar por celular para acercarse a su víctima sin levantar sospechas. En ese momento, disparó siete veces a quemarropa contra el guardia, quien murió en el acto. El agresor huyó aprovechando la oscuridad de la zona.
Al día siguiente, Gutiérrez Pacori volvió a la discoteca, donde fue reconocido por el personal de seguridad. Los empleados alertaron a la Comisaría de la PNP de La Rinconada, que lo detuvo de inmediato. Las cámaras de vigilancia y testimonios respaldaron su identificación.
El fiscal argumentó que el ataque fue premeditado y con alevosía, ya que el acusado había amenazado de muerte a los trabajadores del local tras ser expulsado. La Fiscalía solicitó la prisión preventiva por el delito de homicidio calificado, considerando el riesgo de fuga y la gravedad de los hechos.
El juez aceptó el pedido, señalando que existen elementos suficientes para vincular a Gutiérrez Pacori con el crimen. Durante la audiencia, se destacó que el acusado no mostró arrepentimiento y que su libertad podría obstaculizar la investigación.
La investigación continúa para determinar si hubo cómplices o si el arma utilizada tenía registro legal. Mientras tanto, Gutiérrez Pacori permanecerá en prisión mientras avanza el proceso judicial en su contra.
La familia de la víctima exige justicia y pide que se agraven las penas para casos de homicidios con armas de fuego. La comunidad de La Rinconada sigue en alerta ante este tipo de incidentes, que han aumentado en los últimos meses.
S.A. de Putina
via https://pachamamaradio.org/s-a-putina-condenan-a-nueve-meses-de-prision-preventiva-a-hombre-que-asesino-a-guardia-de-seguridad-en-la-rinconada/
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Cuatro policías de Juliaca reciben prisión preventiva por robo agravado y secuestro
Cuatro efectivos policiales de la comisaría Santa Bárbara en Juliaca recibieron prisión preventiva por 14 meses robo agravado y secuestro. Los implicados son Sir Huayne Ashley Medina Valdivia, Ronald Mauricio Quispe Posada, Franco Juliano Barrueta Nostrosa y Carlos Fernando Salazar Vilca, quienes presuntamente cometieron estos delitos el 8 de julio de 2025 utilizando vehículos policiales durante operativos oficiales.
El juzgado especializado determinó que los cuatro oficiales emplearon su autoridad para ejecutar actos delictivos que incluyen robo agravado, secuestro y peligro mediante armas de fuego. Las investigaciones establecieron que utilizaron patrulleros institucionales para trasladarse hacia los lugares donde perpetraron los ilícitos, aprovechando su condición de servidores públicos para facilitar la comisión de estos graves delitos.
Medina Valdivia desempeñaba funciones como conductor del vehículo policial modelo Toyota Hilux placa EGP-966, mientras que Quispe Posada manejaba otra unidad móvil durante los hechos investigados. Los otros dos implicados participaron activamente en la ejecución de los delitos, según las evidencias recopiladas durante el proceso judicial que duró varios meses hasta alcanzar esta resolución definitiva.
Las pruebas presentadas por el Ministerio Público incluyen actas de denuncia verbal, registros vehiculares oficiales, incautación de armamento reglamentario y municiones encontradas en poder de los acusados. También se incorporaron declaraciones testimoniales de las víctimas directas y testigos presenciales que identificaron plenamente a los cuatro efectivos policiales en el momento exacto de la comisión delictiva.
Entre los elementos probatorios más relevantes figura el acta de intervención policial que detalla la posesión irregular de pistolas y fusiles por parte de los procesados. Adicionalmente, los peritajes balísticos confirmaron que los proyectiles recuperados en la escena corresponden exactamente a las armas incautadas a los efectivos, estableciendo vínculos directos entre los acusados y los hechos investigados.
Durante las audiencias judiciales, las defensas técnicas argumentaron supuestas inconsistencias en la investigación fiscal y cuestionaron la validez jurídica de ciertos documentos probatorios presentados. Sin embargo, el magistrado consideró que existían suficientes elementos de convicción para sustentar las imputaciones formuladas contra los cuatro miembros de la Policía Nacional del Perú en este complejo caso judicial.
Los abogados defensores también alegaron que sus patrocinados carecían de arraigo familiar y laboral suficiente para justificar medidas cautelares menos restrictivas. No obstante, el tribunal evaluó la gravedad específica de los delitos imputados y el riesgo potencial de fuga, factores que motivaron la imposición de la medida coercitiva más severa disponible en el ordenamiento jurídico peruano.
La resolución judicial establece un período de prisión preventiva de catorce meses para cada uno de los cuatro efectivos policiales procesados. Esta medida cautelar fue considerada proporcional y necesaria debido a la naturaleza grave de los delitos investigados, el peligro procesal existente y la necesidad de asegurar la presencia de los implicados durante todo el desarrollo del proceso penal.
Cada uno de los procesados fue identificado mediante sus respectivos documentos nacionales de identidad y se ordenó su inmediato internamiento en el establecimiento penitenciario designado por las autoridades correspondientes. El tribunal también dispuso las comunicaciones oficiales pertinentes hacia la Policía Nacional para iniciar los procedimientos administrativos disciplinarios que correspondan según la normativa institucional vigente.
Este pronunciamiento judicial representa un precedente significativo en la lucha contra la corrupción policial y el abuso de autoridad en la región de Puno. “La sentencia busca enviar un mensaje claro sobre la intolerancia ante el abuso de poder”, señaló el magistrado durante la lectura de la resolución, mientras que las víctimas expresaron su satisfacción por el fallo emitido.
Juliaca
via https://pachamamaradio.org/cuatro-policias-de-juliaca-reciben-prision-preventiva-por-robo-agravado-y-secuestro/
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Cuatro policías enfrentan audiencia de prisión preventiva por falso operativo en Juliaca
El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de San Román continuará con la audiencia de prisión preventiva contra cuatro suboficiales policiales. Los efectivos Sir Wayne Ashley Medina Valdivia, Ronald Mauricio Quispe Pozada, Carlos Fernando Salasar Vilca y Franco Yuliano Barrueta Hinostroza enfrentan acusaciones por extorsión y robo. La fiscalía busca medidas coercitivas mientras avanzan las investigaciones del caso registrado el 10 de julio de 2025 en Juliaca.
Luz Roque Ccopa, hermana de la víctima, manifiesta su confianza en que el juez César Augusto Pineda Fernández tome una decisión ejemplar contra estos efectivos. Los familiares de la víctima rechazan cualquier intento de arreglo extrajudicial y mantienen su exigencia de justicia ante los tribunales competentes. La audiencia se realizará de manera presencial en el Poder Judicial de Zarumilla con presencia de los acusados y sus defensas legales.
Los suboficiales permanecen bajo investigación fiscal mientras sus familias intentaron contactar a los afectados para devolver el dinero sustraído durante el operativo irregular. Sin embargo, los familiares de la víctima rechazaron estas propuestas y decidieron continuar con el proceso judicial hasta sus últimas consecuencias legales correspondientes. Datos relevantes del caso.
Los cuatro efectivos identificados son Sir Wayne Ashley Medina Valdivia de 30 años natural de Arequipa, Ronald Mauricio Quispe Pozada de 31 años de Lambayeque. También Carlos Fernando Salasar Vilca de 36 años de Puno y Franco Yuliano Barrueta Hinostroza de 36 años natural de Huánuco están involucrados. Todos utilizaron vehículo oficial, armas reglamentarias y uniformes policiales para ejecutar el presunto operativo irregular contra el ciudadano que portaba 10,000 soles.
Las pruebas periciales confirmaron que una silicona para vehículos perteneciente a la víctima fue encontrada posteriormente en el patrullero de los efectivos investigados. Los exámenes balísticos determinaron que se realizaron disparos desde las armas de reglamento de los policías durante la intervención irregular del 10 de julio. Estas evidencias fortalecen la acusación fiscal contra los cuatro suboficiales que habrían montado el falso operativo para sustraer el dinero del ciudadano.
La denuncia señala que los efectivos registraron completamente el vehículo de la víctima buscando mayor cantidad de dinero después de encontrar los 10,000 soles. Los policías preguntaron insistentemente sobre la ubicación de más dinero y sustrajeron diversos accesorios del automóvil durante la intervención irregular realizada. La investigación incluye análisis de las comunicaciones y movimientos de los efectivos durante las horas del presunto delito cometido en Juliaca.
Como sucedieron los hechos
El 10 de julio de 2025, la víctima se dirigía a realizar la compra de un terreno cuando fue interceptado por los cuatro efectivos policiales. Los uniformados utilizaron una camioneta oficial y portaban sus armas reglamentarias para simular un operativo de rutina contra el ciudadano que transportaba dinero. El hermano de Luz Roque Ccopa fue detenido irregularmente en la salida hacia Puno mientras realizaba sus actividades comerciales normales del día.
Durante la intervención, los efectivos registraron minuciosamente el vehículo hasta encontrar los 10,000 soles que la víctima portaba para la transacción inmobiliaria proyectada. Los policías continuaron la búsqueda esperando hallar mayor cantidad de dinero y sustrajeron accesorios del automóvil incluida la silicona encontrada posteriormente en su patrullero. La víctima fue sometida a interrogatorio sobre la ubicación de más dinero mientras los efectivos realizaban disparos intimidatorios durante el operativo.
“Queremos justicia y que estos malos elementos estén tras las rejas”, manifestó Luz Roque Ccopa respecto a la situación de los cuatro efectivos policiales investigados. Los familiares de la víctima agradecen el apoyo de la prensa, periodistas y población de Juliaca para visibilizar este caso de presunta corrupción policial. La hermana de la víctima convoca a un plantón ciudadano a las 14:00 horas en las puertas del Poder Judicial para exigir prisión preventiva.
Los familiares recibieron hostigamiento de parientes de los policías investigados quienes ofrecieron devolver el dinero sustraído para evitar el proceso judicial correspondiente. Sin embargo, la familia de la víctima rechazó estas propuestas y mantiene su decisión de continuar con la denuncia hasta obtener justicia completa. “Hoy somos nosotros, mañana quién sabe otras personas”, expresó Roque Ccopa sobre la importancia de sancionar estos actos de corrupción policial.
Juliaca
via https://pachamamaradio.org/cuatro-policias-enfrentan-audiencia-de-prision-preventiva-por-falso-operativo-en-juliaca/
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Robo agravado: Prisión preventiva para policías investigados en Juliaca
El magistrado César Augusto Pineda Fernández, titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de San Román, ha dictado 9 meses de prisión preventiva contra 7 policías implicados en un robo agravado de una vivienda en la salida hacia Lampa de Juliaca. La medida también incluye la captura del propietario de la camioneta utilizada en el robo, quien será internado en el penal que determine el INPE.
La decisión se basa en la gravedad del delito y la magnitud del daño causado, considerando que los policías, aprovechando su condición, habrían cometido el robo durante su horario laboral, utilizando información obtenida en su función. Este hecho no solo afecta a las víctimas directas, sino que también incrementa la inseguridad ciudadana en Juliaca, donde la delincuencia está en alza.
La fiscalía presentó elementos de convicción que vinculan a los imputados con el delito de robo agravado. Entre las pruebas se encuentran actas de intervención policial, registros de asistencia y armamento, y declaraciones de testigos. La defensa, aunque negó la participación de sus patrocinados, no pudo desvirtuar los elementos presentados. El juez consideró que la prisión preventiva es idónea, necesaria y proporcional. La gravedad de la pena esperada, que podría superar los 15 años, y el peligro de fuga de los imputados justifican la medida. Además, la libertad de los acusados podría obstaculizar la investigación y poner en riesgo la seguridad ciudadana.
Una de las pruebas determinantes fue el informe pericial de inspección criminalística, que reveló la presencia de cinco casquillos percutados en el lugar del robo. Estos casquillos fueron sometidos a pruebas balísticas, las cuales determinaron que las armas utilizadas habían sido disparadas recientemente. Este hallazgo vincula directamente a los policías implicados, ya que sus armas de servicio dieron positivo en las pruebas de uso reciente de armas de fuego.
Foto: CPR
Además, la fiscalía presentó el acta de deslacrado, visualización y transcripción del contenido de documentos y cuadernos de la base policial. Estos documentos revelaron inconsistencias en los registros de asistencia y movimiento de los imputados. Por ejemplo, algunos policías registraron su ingreso a la base a una hora, pero no hay registros de su salida o movimientos posteriores, lo que sugiere que pudieron haber estado ausentes durante el tiempo del robo agravado.
La declaración de Brisaida Sonco Chipile, hija de la víctima, fue crucial para la investigación. Ella relató cómo, al regresar a su casa, encontró la puerta semiabierta y escuchó ruidos en el interior. Al intentar cerrar la puerta, vio a varias personas desconocidas dentro de la vivienda. Momentos después, una camioneta de color plomo, propiedad de Edson Avendaño Palomino, llegó al lugar. Un hombre armado descendió del vehículo, lo que obligó a Brisaida a huir a la casa de un vecino.
La visualización de videos de seguridad y la toma de vistas fotográficas también fueron pruebas clave. Estas imágenes mostraron a los asaltantes ingresando y saliendo de la vivienda, así como la camioneta utilizada en el robo agravado. La fiscalía logró identificar a los policías implicados a través de estas grabaciones, corroborando las declaraciones de los testigos y las inconsistencias en los registros de la base policial.
La fiscalía también presentó el acta de incautación y lacrado del cuaderno de registro de asistencia de personal del PNP. Este documento mostró que algunos de los imputados no registraron su salida de la base policial, lo que sugiere que pudieron haber estado ausentes durante el tiempo del robo. Además, el acta de registro personal de los imputados reveló que sus armas de servicio habían sido utilizadas recientemente, lo que coincide con las pruebas balísticas.
El acta de entrevista policial con Brisaida Sonko Chipile y la declaración de su madre, Dioselina Chipile Choquehuanca, también fueron presentadas como pruebas. Ambas declaraciones coinciden en los detalles del robo y la presencia de la camioneta de Edson Avendaño Palomino. La fiscalía utilizó estas declaraciones para corroborar las pruebas visuales y documentales presentadas.
La defensa de los imputados argumentó que sus patrocinados no participaron en el delito y presentó videos que, según ellos, demostraban su presencia en la base policial durante el tiempo del robo. Sin embargo, el juzgado consideró que estos videos no eran suficientes para desvirtuar las pruebas presentadas por la fiscalía. El juez Pineda Fernández indicó que los videos deben ser sometidos a una pericia para determinar su autenticidad y relevancia.
Foto: CPR
La resolución del juez Pineda Fernández ordena la prisión preventiva de los imputados Michael James Ventura Javier, Luis Antonio Chucos Salvador, Arnold Diego Quispe Rivas, John Yerson Mancilla Quispe, Víctor José Liñán Esquerre, Jaider Lee Tacca Chambi y Israel Josué Díaz del Olmo. También se dispone la captura de Edson Avendaño Palomino, propietario de la camioneta utilizada en el robo. La medida busca garantizar la presencia de los acusados durante la investigación y evitar que obstaculicen el proceso judicial.
La defensa de los imputados ha manifestado su total desacuerdo con la resolución y ha interpuesto un recurso de apelación. Argumentan que sus patrocinados no participaron en el delito y que existen videos que demuestran su inocencia. Sin embargo, el juzgado ha declarado improcedente la visualización de estos videos en esta etapa del proceso, indicando que deben ser presentados en la etapa correspondiente con las formalidades de ley.
El juez Pineda Fernández ha ordenado que los imputados sean recluidos en el centro penitenciario que designe el INPE hasta el 22 de enero de 2026. La medida busca garantizar la presencia de los acusados durante la investigación y evitar que obstaculicen el proceso judicial. La resolución del juzgado ha sido comunicada a las autoridades correspondientes para su cumplimiento. La fiscalía y la defensa continúan con sus diligencias, mientras la población de Juliaca espera que se esclarezcan los hechos y se haga justicia.
La decisión del juez Pineda Fernández envía un mensaje claro sobre la intolerancia hacia la corrupción y el abuso de poder dentro de las fuerzas policiales. La prisión preventiva busca no solo castigar a los responsables, sino también restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de su seguridad. La población de Juliaca espera que este caso sirva como un precedente para futuras investigaciones y que se tomen medidas para prevenir este tipo de delitos.
Juliaca
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