Hay reformas que parecen lejanas hasta que llegan a la vida diaria.
Una sociedad limitada.
Una familia.
Un pequeño negocio.
Una hija que empieza una empresa y necesita que un inversor entre a tiempo.
Según la simulación analizada, el nuevo sistema registral previsto en el Anteproyecto de Integridad Pública podría generar un sobrecoste de 219 millones de euros al año.
La cifra importa.
Pero importa más lo que significa.
Hoy, con escritura pública, antes de firmar se comprueba la identidad, la capacidad, la legalidad del acuerdo, el consentimiento y quién pasa a ser propietario.
Una vez firmada la escritura, la operación queda formalizada y operativa.
El sistema propuesto cambia esa lógica.
Documento privado con firma electrónica.
Inscripción posterior.
Más espera.
Más certificados.
Más trámites.
Más costes.
Un inversor puede no esperar.
Un banco puede pedir más acreditaciones.
Una familia puede necesitar demostrar quién hereda unas participaciones.
Una pyme puede quedar bloqueada por trámites que no entiende y no controla.
El coste no siempre se ve en la factura.
A veces se ve en la oportunidad perdida.
La seguridad jurídica preventiva sirve para algo muy sencillo.
Comprobar antes.
Evitar problemas después.
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