Cruz franquista virtual (Callosa de Segura)
La localidad alicantina de Callosa de Segura contaba en su plaza de España con una Cruz de los Caídos erigida en 1942 para homenajear a 81 callosinos muertos durante la Guerra Civil en el bando franquista, que presidía la fachada de la iglesia de San Martín. La aprobación de la Ley de Memoria Histórica dejó fuera de la legalidad este símbolo franquista, si bien los sucesivos gobiernos municipales del PP dirigidos por Francisco Javier Pérez Trigueros rehusaron retirarlo.
Con la llegada al gobierno local de Francisco José Maciá Serna (PSPV-PSOE, con el apoyo de IU y Somos Callosa) en 2015, el ayuntamiento procedió a cumplir la ley, apoyado por la Dirección General de Cultura y Patrimonio de la Generalitat Valenciana y de la subdelegación del gobierno en Alicante y con el respaldo de dos sentencias judiciales favorables a la retirada. Tras dos intentonas fallidas y 400 días de protestas de una parte de los vecinos, aglutinados en la llamada Plataforma Ciudadana en Defensa de la Cruz, el 29 de enero de 2018 se procedió a retirar la cruz para trasladarla a un futuro Centro de Interpretación de la Memoria Histórica. Dos personas afines a Falange Española fueron detenidas por enfrentarse a la Guardia Civil con petardos.
Tras la retirada de la cruz, los vecinos contrarios a la misma comenzaron un pulso con el alcalde colocando réplicas en diferentes formatos. La octogenaria Teresa Agulló, miembro de la Plataforma y residente frente a la iglesia de San Martín, empezó a proyectar cada noche la silueta del monumento con la ayuda de un foco y a vender telas cubrebalcones con su imagen. La policía municipal procedió a multarla con 100€ por cada día que violase la Ley de Memoria Histórica, en lo que Agulló considera otra muestra más de cómo el alcalde persigue a los cristianos: «¿Tú crees que si fuera con los mahometanos o con los moros se meterían?» El grupo ultracatólico Hazte Oír y Abogados Cristianos intercedieron a favor del grupo vecinal, y la Junta Central de Semana Santa de Callosa vetó al alcalde de todos sus actos.
En 2017 el grupo municipal del PP había presentado una propuesta para conservar la cruz, cuyo rechazo en el pleno hizo que la Plataforma Ciudadana denunciase al consistorio. En noviembre de 2018 la jueza fallaba que la cruz solo representa a «la facción» que ganó la guerra y que es un monumento «marcadamente político» y con una finalidad distinta a la de la fe católica. Además, entendía «que el monumento de la Cruz se halla en una plaza de uso y dominio público», siendo por tanto competencia del Ayuntamiento decidir sobre el mismo, considerando que su retirada no vulnera el derecho a la libertad religiosa.
En mayo de 2019 el PP recuperó el ayuntamiento tras una campaña electoral en la que prometió reponer la cruz lo antes posible. Sin embargo, en 2020 el alcalde Manuel Martínez Sirvent aún no había cumplido su palabra, estando aún pendientes la celebración del juicio en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por el recurso presentado por la Plataforma, representada por la Asociación Española de Abogados Cristianos, contra el consistorio tras la sentencia de 2018 avalando la retirada del monumento y la audiencia para determinar si, como defiende su párroco de la iglesia de San Martín, «se invadió el suelo propiedad de la parroquia». Sin embargo, sí procedió a exponer la cruz retirada en el Museo del Cáñamo y premió a Agulló con el reconocimiento público de glosadora, un “cargo de Navidad” que se otorga anualmente junto al de pregonero y belenista, en representación de los «custodios de la cruz», los vecinos defensores del monumento franquista que impidieron sus retirada durante 400 días. Javier Ortega Smith alabó a Agulló con las siguientes palabras: «Teresa es un símbolo del sentimiento de millones de españoles, de lo que queremos hacer desde Vox, que se respete la identidad española, la libertad religiosa y que se acabe el sectarismo político».
