La Consulta Anticorrupción: Una Extorsión Moral
La izquierda colombiana nunca nos va a dejar de sorprender, ya nos han metido varios goles muy costosos a la fuerza, muy difíciles de recuperar. Este es su modus operandi, hace dos años en el Plebiscito, que era inconstitucional y tenía una pregunta que inducía claramente a una respuesta, no se respetaron los resultados. Además, no hay nada más populista que utilizar un plebiscito para manipular al pueblo y hacer la voluntad de quien gobierna.
Este año, después de unas intensas y polarizadas elecciones, el regalo que nos ofrecen los “defensores de derechos humanos”, a nombre de Claudia López, es otro domingo electoral en familia, con ley seca y que trae consigo un gasto público de más de 300.000 millones de pesos.
Vale la pena preguntarse: ¿Quién va a pagar la cuenta de esa nueva estrategia de la izquierda? Pues los colombianos, personas como usted y como yo. Sin embargo, es esa misma izquierda “Decente” la que más adelante le estará reclamando al Gobierno la posible alza en los impuestos.
Quisiera aprovechar en vista que tuve acceso a un análisis jurídico profundo de lo que implicaría la mal llamada Consulta Anticorrupción, que de anticorrupción no tiene mucho. Al contrario, yo lo calificaría como un acto de corrupción y oportunismo político que, más allá de su significado simbólico, no tendrá, en caso de ser aprobada, ningún efecto jurídico sino político.
Análisis jurídico de los 7 puntos:
1. Reducir salarios a los congresistas y altos funcionarios. Esta propuesta tendría que ser tramitada por el Congreso de la República por el simple hecho de que implica modificar la Constitución, y para colmo los congresistas tendrían que declararse impedidos porque es algo que los toca directamente, de lo contrario perderían su investidura por conflicto de intereses.
2. Cárcel para corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado. Esta disposición ya existe desde el año 2011 en artículo 13 de la Ley 1474, denominada Estatuto Anticorrupción. Ahí está la trampa, aprovechando que la mayoría no conoce las leyes, sus promotores le sugieren al pueblo que la mayoría de los congresistas son corruptos y contratistas del Estado.
3. Pliegos tipo para todos los contratos. (Contratación transparente obligatoria en todo el país). Esta medida puede ser adoptada por ley ordinaria. Señores Antanas Mockus, Claudia López y compañía: ¿De verdad consideran que es necesario gastar 300.000 millones de pesos en un país endeudado y en vía de desarrollo para tramitar unas simples leyes?
4. Presupuestos públicos con participación ciudadana. No existe actualmente la posibilidad de que los miembros de las corporaciones públicas de elección popular decidan junto con la ciudadanía el desglose y priorización del presupuesto. No obstante, todo el trámite de aprobación del Presupuesto General de la Nación está consagrado en los artículos 345 a 355 de la Constitución, con unos términos específicos que deben ser cumplidos. Por eso incorporar esta disposición en el ordenamiento jurídico colombiano se debe hacer a través de una reforma constitucional y de acuerdo con la Constitución y la Ley, no a través de un mecanismo de consulta popular.
5. Los Congresistas deben rendir cuentas de gestión. Esto es un deber moral y existen ya leyes en la Constitución que lo exigen (Ley 1757 de 2015 / Ley 1828 de 2017), sólo que no todos lo cumplen, entre ellos Claudia López, que hizo campaña a la Vicepresidencia sin renunciar al Senado, faltando a las plenarias y financiando sus viajes por el país con plata de los colombianos.
6. Políticos deben declarar de dónde sacan la plata (Hacer públicas las propiedades e ingresos de los políticos y aplicarles extinción de dominio por irregularidades). Ya existe…en varios artículos de la Constitución. Los futuros Congresistas tienen la obligación de hacer pública la declaración de bienes y rentas como requisito para la posesión y desempeño del cargo. Ejemplo: Ley 190 de 1995, artículo 15: “será requisito para la posesión o para el ejercicio de función pública suministrar la información sobre la actividad económica privada del aspirante”. Habría que preguntarle al Senador Mockus si todos los ingresos por los millonarios contratos que le dio el Gobierno Santos para apoyar el Sí en el Plebiscito están a nombre de él o de su Corporación, que le tiene tambaleando su investidura.
7. Un máximo de tres periodos en corporaciones públicas. Esta propuesta no reduce la corrupción y nuevamente tendría que modificarse la Constitución y pasar por el Congreso, porque como lo establece la ley y la Constitución, este tipo de trámites no son posible a través de una consulta popular.
La respuesta es clara, de los 7 puntos que proponen, cuatro ya existen, una se puede tramitar por ley ordinaria y las dos restantes implican reformas Constitucionales que obligatoriamente tendrían que pasar por el Congreso dónde probablemente sus votantes tendrán que declararse impedidos para evitar perder su investidura.
Es ilógico, desmesurado y oportunista. Es claramente una estrategia de ascenso y posicionamiento de la izquierda para llegarle a todo el país e ir calentando motores para las próximas elecciones regionales. La trampa está en el nombre de la consulta. ¿Quién se podría oponer a una propuesta anticorrupción? Es por eso que el Senado se vio obligado a tramitar la consulta popular casi por unanimidad. ¿Imaginémonos que el Centro Democrático hubiera votado en contra? La izquierda habría aprovechado ese acontecimiento para encasillarlos como los representantes de la corrupción ante la picota pública, cosa que siempre han hecho y seguirán haciendo. Esto lo llamaría yo una “Extorsión Moral”.
Para concluir este análisis. Esta Consulta Anticorrupción no tiene ningún efecto jurídico, solamente político, es una estrategia de la izquierda para posicionarse en el mercado electoral como los únicos que enfrentan la corrupción, siendo ellos participes de ella en muchísimos casos.
Por sentido común la única fórmula real para acabar la corrupción es reduciendo el Estado, nunca vamos a lograr acabar con la corrupción si le damos más poder a la Burocracia, que es donde se incuban estos hechos de corrupción. Contrario a lo que propone la Consulta que es fortalecer y darle más poder a ciertas instituciones que por cierto están supremamente contaminadas. Urge una reforma a la justicia y sobre toda una limpieza profunda.
Lastimosa o afortunadamente dudo mucho que alcance el umbral porque sus promotores necesitan de los votos de las personas a las que a diario maltratan llamándolos paramilitares, corruptos y guerristas. Por bien que les vaya alcanzarán 10 millones de los 12 millones de votos que necesitan. Muy doloroso será para Colombia haber “votado” a la basura 300.000 millones de pesos que seguramente habrían contribuido mucho para el bienestar de su gente.
Por: Miguel Santamaría O.
Análisis jurídico: Paola Tamayo A.