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Gremio de transportistas de Piura exige mayor coordinación con la Policía ante ola de extorsiones
La presidenta del gremio de transportistas de Piura, Teresina Menzala, informó que las empresas de transporte urbano e interurbano sostuvieron una reunión con el general de la Policía Nacional, Manuel Farías, con el objetivo de coordinar estrategias que permitan enfrentar el aumento de la delincuencia, las extorsiones y los atentados que han afectado al sector durante los últimos meses.
Según Menzala, durante el encuentro, se presentaron medidas preliminares orientadas a fortalecer la seguridad en las rutas y terminales, sin embargo, los transportistas, advirtieron que este plan solo será efectivo si participan de manera conjunta las instituciones locales.
“Fuimos invitados por el general Manuel Farías. Nos mostraron estrategias para combatir la informalidad y las extorsiones que existen en el rubro del transporte. (…) Pero este tipo de reuniones debe involucrar también a la municipalidad, la fiscalía y hasta el gobierno regional”, explicó.
La dirigente precisó además que las estrategias expuestas por la Policía aún se encuentran en fase de socialización, por lo que el gremio ha sido convocado a una nueva reunión a fines de octubre, donde se definirá su implementación. Esta coordinación busca reforzar la seguridad en la región ante la proximidad de las fiestas de fin de año, época en la que suelen incrementarse los robos y asaltos.
“Las estrategias que ayer nos mencionaron son todavía preliminares. Nos han pedido nuestros aportes para que esto pueda funcionar. Lo que sí se avecina es una reunión con todas las instituciones, porque ya se cristalizará la ejecución de la estrategia en este último trimestre”, indicó.
Por otro lado, Menzala advirtió que la informalidad en el transporte público continúa siendo un problema en Piura. Señaló que actualmente operan 14 empresas formales, mientras que otras, como Conetrans y TransPiura, siguen ofreciendo el servicio sin contar con autorización municipal.
“Se ha visto deficiencia en la fiscalización de la municipalidad. Estas empresas no cuentan con tarjetas únicas de circulación ni permisos vigentes, pero continúan debido a que no existe control. Hemos pedido al general Farías que también la Policía cumpla un papel protagónico para erradicar la informalidad”, subrayó.
Finalmente, hizo un llamado a la población para que utilice solo transporte formal y colabore en la prevención del delito. Señaló que elegir empresas autorizadas también es una forma de apoyar la seguridad.“Queremos seguridad para nosotros, nuestras unidades y nuestros usuarios. Pedimos a los pasajeros que suban a empresas formales. Si detectan a personas sospechosas, deben avisar al cobrador o al conductor. La seguridad la hacemos todos”, concluyó Menzala.
Lea la nota original aquí o visita el medio Cutivalú Piura
Red de Medios Regionales
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San Román: Volquetes sin permisos detectados en operativo Isla Cantería
Un operativo sorpresivo en Isla Cantería descubrió múltiples volquetes sin documentación legal para transportar arena, confirmando incumplimiento masivo de permisos municipales requeridos para extracción y traslado de material no metálico en la provincia de San Román.
La Gerencia de Servicios Públicos organizó la fiscalización junto a Gestión Ambiental, Inspectores de Transporte, Serenazgo Municipal y la Policía Nacional del Perú para verificar cumplimiento normativo en conductores dedicados al acarreo de materiales en el sector intervenido.
Henry Apaza Laura, subgerente de Gestión Ambiental, advirtió que continuarán los operativos para preservar el orden ambiental, mientras durante la intervención también inspeccionaron un centro de acopio recordando la obligación de portar guías de transporte para operar legalmente.
Los transportistas sin requisitos establecidos enfrentan multas que alcanzan hasta el cien por ciento del valor de una Unidad Impositiva Tributaria, equivalente a cinco mil ciento cincuenta soles según normativas vigentes que regulan permisos para extracción de agregados.
La intervención busca controlar actividades extractivas informales que dañan recursos naturales y ordenamiento territorial, evidenciando necesidad de fiscalización permanente donde opera transporte sin cumplir protocolos ambientales ni administrativos requeridos por la administración municipal de San Román.
Las autoridades municipales ratificaron que intensificarán operativos sorpresivos en diferentes sectores con actividades de extracción, buscando erradicar informalidad y garantizar que operadores cuenten con documentación que acredite permisos municipales para desarrollar estas actividades económicas en la jurisdicción provincial.
Juliaca, San Román
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2,500 transportistas de Puno rechazan pagos por tolerancia a informales
Unos dos mil quinientos vehículos de transporte formal en Puno mantienen su rechazo a cumplir pagos municipales hasta observar acciones concretas contra la informalidad, los empresarios suspendieron la cancelación de constataciones y la segunda cuota de aproximadamente ochenta soles por unidad como medida de presión.
Julio Salazar, representante de los taxis formales, señaló que la Gerencia de Transportes y Seguridad Vial permite la operación de vehículos sin documentación completa bajo el argumento de estar en trámite, situación que genera competencia desleal para quienes sí cumplieron con todos los requisitos.
La medida incluye la suspensión de constataciones vehiculares previstas entre abril y mayo, revisiones indispensables para renovar permisos de circulación, aunque los transportistas mantienen activas sus tarjetas hasta fines de agosto y condicionan cualquier pago a medidas visibles contra operadores irregulares.
Los empresarios exigen que al menos se reduzca en un cincuenta por ciento el transporte informal en la ciudad, recordando que la anterior gestión había fijado agosto como fecha límite, pero ahora sostienen que podrían extender plazos siempre que exista un esfuerzo real de fiscalización.
Los transportistas formales aseguran que cumplieron con resoluciones municipales, constataciones y tarjetas de circulación antes de iniciar operaciones, sin embargo cuestionan que otras unidades trabajen amparadas en procesos inconclusos, obteniendo ventajas frente a quienes completaron las exigencias dispuestas por la autoridad provincial.
El sector advierte que si las autoridades municipales no aplican medidas firmes contra la informalidad podrían emprender protestas públicas, mientras tanto mantendrán la resistencia pasiva y evaluarán acciones directas en caso de no percibir cambios en el control del transporte irregular.
Puno
via https://pachamamaradio.org/2500-transportistas-de-puno-rechazan-pagos-por-tolerancia-a-informales/
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Informalidad laboral en Puno afecta 91% y Gobierno Regional bloquea fiscalización de Sunafil
La informalidad laboral en Puno afecta al 91% de trabajadores privados, quienes carecen de beneficios básicos, mientras el Gobierno Regional impide a Sunafil supervisar la seguridad en obras públicas, generando riesgos para miles de obreros, alertó Álvaro Martín Carbajulca, intendente regional.
Sunafil intensifica desde marzo las inspecciones para vigilar condiciones laborales, con foco en construcción, pues detectó graves deficiencias en proyectos públicos que comprometen la seguridad y derechos de los trabajadores en la región.
Las obras de municipalidades y del Gobierno Regional carecen de comedores, vestuarios con casilleros y duchas para obreros, condiciones elementales para preservar la salud y bienestar de quienes laboran en estas construcciones, afirmó el funcionario.
Para apoyar la mejora, Sunafil ofrece asesoría técnica gratuita enfocada en los expedientes técnicos, buscando incorporar condiciones dignas en las obras y corregir las deficiencias detectadas en infraestructura laboral básica.
En la inspección a la obra vial Jipata-Moho, Sunafil sufrió un bloqueo ordenado desde el Gobierno Regional, que impidió verificar el cumplimiento de normas laborales y de seguridad, una acción contraria a la ley vigente.
La ley prohíbe obstruir la labor inspectiva y el Gobierno Regional arriesga multas que superan los 250 mil soles por impedir verificaciones en obras, destacó Álvaro Martín, recordando que su entidad no pertenece a las MYPE.
Sunafil ejerce control sobre el régimen laboral privado, incluyendo a obreros municipales de áreas como limpieza o serenazgo, y trabajadores en proyectos por administración directa, para garantizar respeto a sus derechos laborales.
El intendente aclaró que Sunafil no repone trabajadores despedidos, solo verifica si la terminación del contrato fue arbitraria; los afectados deben recurrir a instancias judiciales para solicitar reintegración o indemnización.
Para facilitar las denuncias, Sunafil ofrece la “denuncia virtual”, una aplicación móvil llamada “Sunafil en tus manos” y un WhatsApp institucional, permitiendo que trabajadores y ciudadanos reporten irregularidades sin dificultad.
Además, dijo que Sunafil coordina acciones con SUNAT, SUTRAN y otras entidades para sensibilizar e inspeccionar sectores como educación, hotelería y servicios de encomiendas, en un esfuerzo conjunto contra la informalidad.
La presencia creciente de centros radiológicos y clínicas informales en Puno y Juliaca también generan preocupación, por lo que Sunafil promueve operativos en coordinación con otras autoridades para proteger a trabajadores y usuarios.
Esta combinación de informalidad laboral y falta de fiscalización incrementa riesgos en salud y seguridad para miles en construcción y servicios; los vecinos deben mantener vigilancia para evitar situaciones peligrosas.
La situación laboral precaria en Puno resalta la necesidad de acciones concretas para asegurar el cumplimiento de normas, proteger derechos y mejorar las condiciones de miles de trabajadores en la región.
Puno
via https://pachamamaradio.org/informalidad-laboral-en-puno-afecta-91-y-gobierno-regional-bloquea-fiscalizacion-de-sunafil/
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Más de 2 mil radiotaxis cuestionan autoridad de Municipalidad Provincial de Puno
La insistencia de taxistas formales de Puno, amenaza con colapsar el sistema de transporte público, mientras la Municipalidad Provincial de Puno enfrenta una de sus mayores crisis. Más de 2,300 conductores de 63 empresas suspendieron el pago de derechos municipales, exigiendo cambios normativos que frenen definitivamente la competencia desleal de vehículos informales.
Las empresas de radiotaxis pusieron en jaque a la administración municipal debido a la proliferación descontrolada de taxis “piratas” que operan sin cumplir requisitos legales. Desde hace varias semanas, los transportistas formales declararon una rebeldía total contra el pago de derechos, condicionando su regularización hasta que las autoridades municipales actúen contra la informalidad.
Gerentes de estas empresas, sitiaron las oficinas de Transportes de la Municipalidad Provincial, exigiendo respuestas inmediatas sobre la modificación de la Ordenanza Municipal 084-2021. La reunión involucró a los regidores Salvador Hancco Aguilar, Arturo Mamani Pandia, Lizardo Rojas Bustinza y el nuevo gerente Elard Castillo Terrazas.
Los dirigentes expresaron su molestia por la decisión del concejo de no aprobar la modificación normativa durante la sesión anterior, alegando que esta actitud ampara directamente la informalidad. La frustración empresarial se intensificó cuando conocieron que un socio de “Taxi independiente” presentó una oposición que paralizó el debate legislativo municipal.
La Ordenanza 084-2021-MPP regula la aplicación de multas y sanciones administrativas, estableciendo el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones para la municipalidad. Esta norma se convierte en el elemento central del conflicto entre transportistas formales e informales, quienes disputan su interpretación y alcances legales.
Las empresas formales suspendieron el pago de emisión de tarjetas de circulación y las constataciones vehiculares anuales hasta que se promulgue la modificación solicitada. La autoridad municipal extendió la validez de estos documentos hasta el 30 de agosto, pero los taxistas amenazan con radicalizar sus medidas.
Valentín Ortega, gerente de la empresa Kamake, aclaró a los regidores que no deberían haber frustrado la aprobación de la modificación normativa, ya que su objetivo principal es afianzar la formalidad. “No tiene nada que ver que ellos indiquen que quieren formalizarse, la modificación no está en contra de eso”, expresó categóricamente.
Puno
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