Comisión Nacional de Acreditación: ¿Quién acredita al acreditador?
Por : Mauro Salazar y Juan Carlos Orellana en Opinión | 27.11.2013
Los autores de esta columna abordan aspectos de la política de acreditación de la educación superior chilena que, a su juicio, impactan negativamente en la calidad de la enseñanza y en la generación de investigación académica. Su crítica apunta a que los mecanismos que emplea la CNA para acreditar universidades tienen como ejes el examen de la “gestión institucional” y la “sustentabilidad financiera”: infraestructura, recursos humanos y equipamiento, entre otros factores. Esto, sostienen, deja la “calidad” en un segundo plano y sometida a criterios de regulación que representan “intereses corporativos” y “mecanismos de mercado”.
Hoy los mecanismos de acreditación para las universidades chilenas se centran fuertemente en el campo de la gestión institucional y la sustentabilidad financiera en materias de infraestructura, recursos humanos, equipamiento y actualización tecnológica. Este somero balance nos indica que la controversial definición de “calidad”, antes resguardada por planteles académicos identificados con un proyecto nacional, ha cedido a otros criterios de regulación donde destacan los intereses corporativos de diversos “grupos de presión”. Ello se traduce directamente en mecanismos de mercado. El bullado informe OCDE del año 2009 no escatimó adjetivos para advertir que en el caso de las “… instituciones (universidades chilenas)… no está tan claro si esto está logrando un mejoramiento significativo de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en la sala de clases, que se pueda medir a través de los resultados y la experiencia de los alumnos. Hay quejas con respecto a que los actuales criterios de acreditación son vagos y subjetivos y que dejan un amplio margen a la interpretación personal por parte de los pares evaluadores que pueden favorecer a instituciones similares a las propias y perjudicar a aquellas que cumplen misiones distintas” (las cursivas son un énfasis nuestro). Se trataba de una primera voz de alerta que no fue debidamente escuchada en el debate público.
En la actualidad los programas de ciencias sociales implementan formaciones instrumentales, que se expresan en planes curriculares que estimulan el dominio instrumental del egresado (en una tesina) con vistas a potenciar sus destrezas práctico-metodológicas y de paso mejorar la inserción en los “focos de empleabilidad” referidos al campo “proyectológico”. Así lo refuerza el “Manual para el desarrollo de procesos de auto-evaluación” de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), inicialmente gestionado por la Comisión Nacional de Acreditación para el Pregrado (CENAP), especialmente en el plano del perfil de egreso referido a: i) fundamentos científicos, disciplinaros y tecnológicos; ii) orientación fundamental proveniente de la declaración de misión y los propósitos de la institución en que se inserta; y iii) el perfil establecido en los criterios evaluados por la CNA. Todo este encuadre, sin perjuicio de su coherencia interna, obedece a un criterio gestional que trata de potenciar “conocimientos técnicos” y “conocimientos prácticos”.
El problema no se agota con delimitar una amplia gama de universidades bajo la modalidad de instituciones docentes. Más aún si consideramos que una parte importante de la educación superior cae en esa categoría. Por ello, y sin el ánimo de desestimar los requerimientos técnicos consignados, la investigación social -salvo casos puntuales- queda desmedrada respecto de su potencial tradicional, donde el “saber” tenía una “incidencia sustantiva” en la definición de políticas del desarrollo. Hoy se ha establecido como axioma la acreditación de universidades en docencia y gestión institucional y se ha dejado en un segundo plano los programas de investigación, cuestión que atenta contra la constitución de nudos críticos y, en cambio, estimula la irrupción de una cultura de tecnopols.
Más del 90% de las acreditaciones, de 2008 a la fecha, no consideran el ítem de investigación, sino que centran buena parte de su cuestionario en indicadores de sustentabilidad. Simultáneamente, aquellos criterios referidos a la retención de cohortes, tasa de titulación, morosidad, expansión de la matrícula con relación a la extensión de la planta académica, están vinculados con una casuística de mercado de difícil proyección. Esta fue la situación que -entre otras- afectó a la Universidad de las Américas y se tradujo en rechazar su acreditación, sin perjuicio que la institución puede contar internamente con programas y carreras acreditados, dado que no hay un carácter vinculante. Ello lleva a la paradoja de titular profesionales de una carrera acreditada, pero provenientes de una institución no acreditada. Esta vez la explosión de la oferta académica sugerida por la propia CNA no mantuvo el equilibrio con la tasa de retención y con la inversión en recursos humanos. El resultado de todo este proceso es evidente y se traduce en una reducción de plusvalía del egresado en el mercado del trabajo, por cuanto queda sujeto a los coeficientes de ganancia e inversión. A decir verdad, el énfasis puede recaer en una variable u otra. Ello llega a ser parte de una casuística, sin sumar el juego de intereses con que se enfrenta un proceso de acreditación.
