Digitalizar no debería significar desproteger
El Gobierno de España está impulsando una modificación sustancial del régimen de transmisión de participaciones sociales de las sociedades d
La reforma proyectada sobre la transmisión de participaciones sociales merece una reflexión serena, no corporativa.
Como notario, creo que la digitalización del tráfico jurídico es necesaria. De hecho, el notariado español lleva años incorporando herramientas tecnológicas, firma electrónica, videoconferencia, protocolo electrónico y comunicaciones telemáticas. El debate, por tanto, no es tecnología sí o tecnología no.
El debate es otro: qué controles queremos conservar cuando una sociedad cambia de manos.
En una transmisión de participaciones sociales no solo se firma un documento. Se identifica a las partes, se comprueba la representación, se valora la capacidad, se informa sobre las consecuencias jurídicas, se controla la legalidad, se documenta la voluntad y se deja una trazabilidad cualificada.
Todo eso ocurre antes de que el problema aparezca.
Esa es la lógica de la seguridad jurídica preventiva: evitar conflictos, no solo registrarlos después.
Una firma electrónica puede acreditar identidad técnica, pero no sustituye por sí sola la comprensión del acto, la formación libre de la voluntad ni el control jurídico previo. Un documento privado electrónico puede ser útil en muchos ámbitos, pero no siempre ofrece el mismo nivel de protección que una escritura pública cuando están en juego titularidad, control societario, prevención del fraude, blanqueo de capitales o confianza de terceros.
La inversión extranjera no busca solo rapidez. Busca previsibilidad, estabilidad y confianza. Y la confianza institucional se construye con sistemas que reducen incertidumbre, no con mecanismos que trasladan el control al momento posterior.
Modernizar es imprescindible. Pero modernizar bien exige una pregunta previa:
¿Estamos sustituyendo burocracia o estamos debilitando garantías?
Porque si se confunden ambas cosas, el coste no lo pagará solo el notariado. Lo pagarán las empresas, los socios, los acreedores, los inversores y, en último término, la confianza en el sistema jurídico español.
La tecnología debe reforzar la seguridad jurídica, no ocupar su lugar.
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