UN LARGO CAMINO
Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Uruguay En 1933, José Irureta Goyena, abogado y fundador del Colegio de Abogados del Uruguay, impulsó una reforma del código penal que, en aquel entonces, penalizaba duramente la interrupción del embarazo. Está reforma que hizo posible la práctica del aborto en los hospitales públicos, duró apenas dos años, cuando Gabriel Terra la prohibió a través de un decreto. Finalmente en 1938 fue aprobada una ley que estableció a la interrupción del embarazo como delito. Recién en el 2002, el tema volvió a ser retomado por el Parlamento Uruguayo. Dos años más tarde, la iniciativa fue rechazada. En el 2007 se buscó la aprobación de una ley de ¨Salud Sexual y Reproductiva¨. Pero fue en el 2011 cuando la cámara de senadores aprobó un nuevo proyecto de ley para la despenalización del aborto, el cual indicaba que ¨toda mujer mayor de edad tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras 12 semanas del proceso gestacional¨. La ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Uruguay, fue aprobada en el año 2012. La ley 18.987 o Ley IVE está conformada por distintas cláusulas que determinan las condiciones necesarias para que una mujer pueda practicarse legalmente un aborto. Entre ellas, habla de la objeción de conciencia que un médico puede manifestar para intervenir en estos procedimientos, lo que ampara a estos profesionales ante la negativa de realizar la interrupción. El artículo 11 de dicha ley dicta que ¨los médicos ginecólogos y el personal de salud que tengan objeciones de conciencia para intervenir en los procedimientos a que hacen referencia el inciso quinto del artículo 3º y el artículo 6º de la presente ley, deberán hacerlo saber a las autoridades de las instituciones a las que pertenecen.La objeción de conciencia podrá manifestarse o revocarse en forma expresa, en cualquier momento, bastando para ello la comunicación a las autoridades de la institución en la que se desempeña. Se entenderá que la misma ha sido tácitamente revocada si el profesional participa en los procedimientos referidos en el inciso anterior, con excepción de la situación prevista en el último inciso del presente artículo.La objeción de conciencia como su revocación, realizada ante una institución, determinará idéntica decisión respecto a todas las instituciones públicas o privadas en las que el profesional preste servicios.Quienes no hayan expresado objeción de conciencia no podrán negarse a realizar los procedimientos referidos en el primer inciso del presente artículo¨. Objeción de conciencia en el interior del país Mujer y salud en Uruguay (MYSU), organización no gubernamental feminista, cuya misión es la promoción y defensa de la salud y derechos sexuales y los derechos reproductivos desde una perspectiva de género y generaciones, es la encargada de realizar distintos estudios que tienen que ver con el cumplimiento de esta ley. La organización se encontró con varias irregularidades en los resultados obtenidos en el interior del país.“Estamos encontrando que la objeción de conciencia empieza a aparecer como un problema” explicó Lilián Abracinskas, directora de MYSU .Si bien los datos del Ministerio de Salud Pública (MSP) hablan de que 30% de profesionales ginecólogos utilizan la cláusula de objeción de conciencia para no realizar abortos, “cuando vamos viendo departamento por departamento los porcentajes distan mucho del promedio”, aseguró la activista.De los 16 ginecólogos que ejercen su profesión en Paysandú, 14 se han declarado objetores ante la Ley de IVE, número que representa 81% de los profesionales del departamento. En Rio Negro se constató que 43% son objetores de conciencia, mientras que en Soriano no se pudo acceder a la información exacta. Estos son datos del estudio realizado por el Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva de MYSU. En 2013 el estudio se hizo en el departamento de Salto, único departamento del país en el que 100% de sus ginecólogos no realizan abortos, situación que llevó a que como solución momentánea, una médica de Montevideo viaje a Salto todas las semanas para atender las situaciones de IVE. Un informe del diarioEl País, que habla de este departamento como el lugar donde no hay abortos legales, cuenta el caso de María Elena, ciudadana salteña que por razones de salud se vio obligada a realizarse un aborto. En una consulta de rutina con su ginecólogo, descubrió que su embarazo presentaba complicaciones y que no llegaría a término. El médico le recomendó "andate para tu casa, hacé tu vida normal, que en algún momento lo vas a perder", dejando a María Elena con la sensación de una tortura innecesaria. Ante esta situación, la oriunda de Salto decide viajar a Montevideo en busca de una solución, con la firme intención de abortar. Ya internada en el Hospital Pereira Rossell, contó su historia, recibió malos tratos de parte de los médicos y finalmente luego de toda la peripecia, le recetaron las pastillas para interrumpir el embarazo. Sin ninguna indicación, le abrieron la puerta para que se retirara. La objeción de conciencia de estos médicos convirtió la situación de María Elena en una odisea que nunca olvidará. Según Abracinskas “no está claro el procedimiento ante el cual los médicos objetan conciencia, porque aparentemente no hay un formulario donde el medico fundamente la razón y la constancia de la objeción, no hay un acto concreto ni tangible de la expresión de objeción”. En Paysandú por ejemplo, se detectó una profesional objetora en lo público pero que brinda la prestación en lo privado, cuando la ley establece que el medico objetor debe manifestar lo mismo en todas las instituciones donde trabaje¨. Para la ONG, también hay un déficit del MSP en su función de fiscalización de cumplimiento de la norma, porque “la información que recibe el ministerio es la que brindan las propias instituciones de salud, pero no hay equipos de inspección del propio MSP”. MYSU realizó visitas con la devolución de resultados en los tres departamentos donde recabó los datos y en esas reuniones se presentaron médicos que habían objetado conciencia, y todos estuvieron de acuerdo con que la manera en que se está prestando el servicio es muy precaria. La tendencia demuestra que hay un aumento de la demanda de servicios de abortos, en 2013 el registro oficial fue de 6500 abortos legales y en 2014 fue de 8500. Pero “si la respuesta queda tan depositada en tan pocos profesionales, en un momento esto va a colapsar”, declaró la directora de MYSU.Otra de las dificultades ocurre cuando la paciente tiene que ser trasladada, por ejemplo en Río Negro, donde en Young todos los ginecólogos son objetores y los casos de aborto tienen que ser derivados a Fray Bentos. En esos casos se plantea el problema de que los médicos no pueden hacer un seguimiento de la intervención porque la paciente regresa a su localidad. Esto deja al profesional con una sensación de haber realizado un procedimiento de baja calidad y poco control del mismo. La suma de esto junto al estigma que no se logra superar, parece reafirmar que esta práctica aprobada por la ley, continúa siendo cuestionable, lo que hace muy difícil convocar a profesionales a sumarse, según la entrevistada. Al referirse al límite entre ginecólogo objetor y omisión de asistencia, Abracinskas aclaró que “en el caso de riesgo de salud en la mujer, si el servicio sólo tiene objetores de conciencia tienen que realizar el aborto de todas formas, porque no se puede poner en riesgo su vida”. Con respecto a los motivos de la objeción de conciencia, los médicos alegan “razones filosóficas y religiosas”, pero para la activista “las razones filosóficas son cuestionables”. “Yo puedo estar filosóficamente en contra de una ley, pero si la trasgredo me cae el peso de la misma, el límite entre objeción de conciencia y desobediencia civil se vuelve muy laxo. A su vez, así como a la mujer se le exigen una serie de condiciones para acceder a la práctica del aborto en condiciones legales, debería ser igual de exigente el control de la aplicación de la objeción de conciencia. La misma debería reducirse a aquellos profesionales que por convicción religiosa realmente objeten”, consideró. Sin embargo, señaló que muchos profesionales alegan no tener formación al respecto y que les quita tiempo de su práctica profesional redituable, por lo tanto, antes de entrar en el pleito, objetan conciencia. Esto termina recargando a los médicos que sí realizan abortos y “los estigmatiza” porque terminan siendo “los aborteros”.Por otro lado se pueden encontrar grupos de personas conformados en las redes sociales que manifiestan su objeción ante la práctica del aborto a través de imágenes que van desde bebes cachetones de ojos azules, fetos descuartizados o el mismo Papa Francisco. Se expresan libremente con frases como: ¨el aborto es genocidio¨, ¨es un bebe, no una opción¨, ¨rechazas la pena de muerte y apoyas el aborto¨ entre otras. Dentro de los grupos se forman grandes debates entre gente que está a favor y los que están en contra. También existen distintas campañas de información y movilización ciudadana como ¨Yo no voto, ¿y vos?¨que se llevó a cabo en el marco del intento derogatorio de la ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo. Esta campaña plantea la defensa de los servicios de aborto legal y seguro y se encuentra dentro de otra campaña llamada ¨Tus Derechos Sexuales y Reproductivos Valen¨ la misma busca en forma permanente promover la reflexión sobre la agenda de los derechos sexuales y derechos reproductivos y el impacto que genera en la vida cotidiana de las personas la falta de condiciones para su ejercicio. A su vez, promueve la movilización ciudadana que demande al Estado el cumplimiento de su rol de garante y protector de los derechos humanos de todos y todas. Dentro de la página de la campaña, se ven comentarios de la índole ¨la muerte de las mujeres por abortos clandestinos inseguros es un femicidio de estado¨. Sin dudas es un tema que llama a la opinión pública, cada uno tiene su opinión y distintos espacios donde expresarla. Pero lo que muchas veces se olvida es la importancia de aprender a respetar las opiniones de todos y sobre todo, las decisiones.
En otros países ¨Las lecciones aprendidas servirán a las mujeres de toda América Latina¨ dicta el lema del Observatorio de género y equidad, una instancia de debate, seguimiento, evaluación y reflexión colectiva en torno a la situación de las mujeres de Chile y las políticas destinadas a mejorarla. Esta ¨plaza pública¨ cómo se denominan ellos, debatió durante cuatro meses dentro de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de Chile, el proyecto de ley sobre la interrupción legal del embarazo por tres causales. Distintas organizaciones de mujeres y feministas exigieron a las autoridades del gobierno garantías para el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y adolescentes, y protección frente a la violencia sexual. El observatorio establece que ¨la prohibición penal de interrumpir un embarazo es una manifestación de la falta de reconocimiento de la plena ciudadanía de las mujeres y su capacidad de tomar decisiones libres y autónomas respecto de sus propias vidas. En materia de aborto, la herramienta penal ha sido utilizada como una forma de imposición de cuestiones morales, reduciendo a las mujeres a un rol exclusivamente reproductivo¨.Los tres causales en debate para la despenalización del aborto son ante riesgo de vida para la mujer, inviabilidad de vida extrauterina del feto y violencia sexual. Se reclama un contexto de urgencia; alejado de creencias y valores morales o religiosos de índole personal. ¨El Congreso Nacional tiene una responsabilidad ineludible de conducir una discusión pública informada y participativa, que zanje una de las deudas que la democracia tiene con los derechos humanos de las mujeres y el ejercicio de su ciudadanía plena¨, manifiestan.Crecientemente la ciudadanía demanda reformas normativas que resguarden los derechos de las mujeres. Desde hace más de una década, múltiples encuestas de opinión dan cuenta de un amplio apoyo a la legalización del aborto en las tres causales que se debaten. Por ejemplo el resultado de la encuesta de Centro de Estudios Públicos (CEP) realizada en julio de 2014 evidencia una opinión mayoritaria a favor de estas causales, el 72% de los chilenos encuestados está de acuerdo con la despenalización ante el riesgo de vida de la mujer, el 71% ante la inviabilidad extrauterina del feto y el 70% cuando el embarazo es producto de una violación. ¨Desde el Observatorio de Género y Equidad consideramos fundamental aportar al debate sobre el tema. Para ello conversamos con actoras relevantes quienes, desde su experticia y espacios de acción, entregaron sus reflexiones al respecto¨. Las organizaciones feministas reconocen que el proyecto es un piso mínimo y que se requiere seguir debatiendo sobre las implicancias y el impacto de la realidad del aborto en Chile. Miedo al ¨qué dirán¨ ¨Se ven casos de adolescentes embarazadas, pero son chicas que tienen a sus bebes y por lo general mantienen una relación con el padre del mismo¨ señala Elisa Silveira, una Asistente Social que trabaja con adolescentes en el departamento de Flores. ¨Vivimos en una ciudad muy pequeña donde prácticamente nos conocemos todos y la verdad nunca conocí ningún caso de aborto. Seguramente lo hubo, pero de eso no se habla. Podes ir al almacén de la esquina y escuchar hablar de la vida de todos pero hay temas que no se tocan. Son temas tabúes¨, agregó y concluyó qué, el no hablar del tema también genera una desinformación, ¨en el caso de las adolescentes, no tienen ni idea donde se realizan abortos ni como es el procedimiento¨. Para la realización del estudio que llevó a cabo el MYSU, se hizo un relevamiento de información y entrevistas en profundidad a mujeres de distintas edades sobre percepciones y valores. Como resultado se evidenció una falta de información sobre la ley y que la gente conoce poco acerca de la incorporación de los servicios de abortos en las instituciones públicas y mutuales. Por otro lado, se detectó una percepción de que no se preserva la confidencialidad de los motivos de consulta en los servicios de salud, principalmente por “el miedo a que se sepa”. “Al ser una conducta estigmatizada, al momento en que se hace pública, pasa a ser una conducta discriminada, muchas personas plantean que en el caso de enfrentarse a un embarazo no deseado, no se lo dirían a la familia ni a la comunidad, tratarían de no ir al servicio para que no se sepa o lo harían en un servicio privado o clandestino para que no quede el registro en la historia clínica”, declaró la directora de MYSU. Además, dijo que este tipo de situaciones contribuyen a que continúen los abortos clandestinos, porque “sigue siendo una práctica silenciosa, con miedo y por lo tanto vivida con mucha angustia y soledad¨.Tal es el caso de Laura, quien cuenta que a sus 16 años quedó embarazada y sus padres sin dudarlo ni consultarla, decidieron que se realizara un aborto. En aquel entonces (15 años atrás) no era tan simple como tomar una pastilla, sino que el procedimiento era más agresivo se realizaba en un lugar clandestino, corriendo todos los riesgos que la situación suponía. Laura, llena de miedos y angustia, entró a la clínica sin saber bien que esperar. Minutos antes de comenzar la interrupción del embarazo, el médico le dijo que la decisión final era suya, no importaba lo que dijeran sus padres. Pero sumergida en un mar de incertidumbres, simplemente contestó, ¨sí, quiero hacerlo¨. Hoy Laura adulta, casada y con dos hijos, piensa en como hubiese sido su vida si ese niño hubiera nacido, que sexo sería, como se llamaría, piensa en esa persona que hoy sería un adolescente y no puede evitar sentir la culpa. ¨Sé que mis padres lo hicieron porque pensaron que era lo mejor para mí, o a veces simplemente pienso que fue para evitarse la vergüenza de tener una hija adolescente embarazada. Nunca lo sabré del todo. Pero si pudiera volver atrás, tendría ese bebe, mi vida no fue mejor o peor por no tenerlo, pero sé que no tenerlo me afecto psicológicamente y sí, me arrepiento, seguro no es el caso de todas, todas son distintas situaciones, pero en la mía, lo mejor decisión hubiese sido tenerlo. De todos modos, ya no puedo volver atrás. ¨ Patricia por otro lado, quien quedó embarazada a los 20 años de un novio abusivo y adicto a las drogas, se realizó un aborto sin consultarlo con nadie. 22 años después, felizmente casada y con un hijo pequeño, dice que fue la mejor decisión que pudo tomar, ¨tener ese hijo solo me hubiese atado a un hombre violento por el resto de mi vida, sin mencionar que ese hombre terminó en la delincuencia. ¿Qué futuro podría haberle dado a ese niño? Hoy me siento orgullosa de la decisión que tomé, porque no es algo fácil, no es ir al shopping a devolver un jean, es algo con lo que tenés que vivir toda tu vida, pero sé que fue lo mejor y ojalá la despenalización del aborto fuera acompañada de algún tipo de charla, de talleres de consejos o algo por el estilo en pos de cambiar la mentalidad de la gente, porque para la ley ya no es un crimen, pero para la cabeza de muchas personas, aún lo sigue siendo¨. Según Abracinskas, para revertir esta situación se debería trabajar en cambios culturales, derribando mitos, prejuicios y tabúes, además de trabajar en el concepto de derechos en el marco del respeto a la autonomía y la libertad de decisiones. Según la activista, eso debería hacerse de la mano con las ciencias sociales, políticas y culturales, y a través de campañas sobre derechos y libertades individuales. Además, sostuvo que se debería revisar la organización de los servicios, la distribución de los recursos humanos y la protocolización de las intervenciones. “Los servicios deben dejar de ser secretos, se debe hacer una mayor difusión de las prestaciones, qué incluyen, en qué horarios. Se deberían realizar campañas sobre promoción de derechos, trabajar sobre la autonomía, libertad y el libre albedrío de las personas al tomar decisiones en su intimidad sin ser sojuzgadas por eso, discriminadas o separadas de su comunidad. Buscar una solución a la relación inequitativa de poder entre el profesional de salud y el usuario, que lleva a la falta de denuncia ante malas praxis o actos de injerencia, que a su vez impide la detección de malos funcionamientos. El rol de los hombres es otro tema, sigue siendo un peso muy puesto sobre las espaldas de las mujeres”. Indicó. En resumen, para la entrevistada “hemos avanzado en la instalación de estas prestaciones en el Sistema Nacional Integrado de Salud, pero aún queda un largo camino por recorrer y con algunos nudos”. Mercedes Cabrera
