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Un nuevo parque público de vivienda sobre la ciudad construida
Por Xavier Anzano, profesor colaborador del master universitario de Ciudad y urbanismo.
Está muy extendido el discurso de que fenómenos que afectan a nuestras ciudades como la gentrificación, la turistificación, la degradación urbana o la guetificación, son situaciones que se dan de forma natural, que son difíciles de evitar y que determinadas medidas “intervencionistas” pueden tener consecuencias nefastas para el conjunto de la economía.
Lo cierto es que cualquier situación que implique a la acción de un mercado no se da de forma espontánea, necesita una oportunidad previa. En el caso del desarrollo urbano, la especulación inmobiliaria o la accesibilidad a la vivienda, el papel de los poderes públicos es fundamental ya que determinan la libertad de actuación que dispone la propiedad sobre los bienes inmobiliarios.
Cualquier situación presente que impide el derecho efectivo a la vivienda es consecuencia de decisiones políticas recientes y presentes. El mercado, en su inmensa mayoría, únicamente se ciñe a aquello que legalmente puede hacer para dotar de bienes demandados y obtener beneficios. Así, durante demasiadas décadas en España la política de vivienda ha estado subordinada a su papel como elemento clave para propiciar el crecimiento económico general, fomentando la propiedad, olvidando que es un bien básico de primera necesidad y poniendo en riesgo o imposibilitando su acceso a la población con menos recursos. Por ello las administraciones tienen el deber social de corregir el diseño de sus políticas urbanas y de vivienda para garantizar este derecho.
Las herramientas que las administraciones disponen para desarrollar políticas de vivienda, desde cada una de sus competencias, pueden ser meramente legislativas (regulación de derechos reales, arrendamientos, suelo, hipoteca, obligaciones de la propiedad, ampliación de derechos subjetivos…) o asociadas a partidas presupuestarias (fiscalidad, promoción de vivienda social, fomento de la rehabilitación y ayudas al acceso).
Todas estas herramientas se pueden aplicar incluso en los contextos urbanos más complejos, como puede ser la ciudad consolidada, con poco o ningún suelo disponible y con una alta demanda, tanto interna como externa. El objetivo debe ser la evolución de la simple oportunidad económica al beneficio común, desarrollando garantías por el derecho a la vivienda y a la ciudad.
Otro mantra que oímos repetidamente es que aquellas personas que se ven obligadas a cambiar su residencia por subidas del alquiler, pueden perfectamente irse a vivir a otras poblaciones limítrofes a 10 o 20 km. Esta afirmación trata a las personas como “cosas” que da igual las pongas en un lugar u otro. No tiene en cuenta el arraigo de la ciudadanía a su entorno, si son mayores, si tienen problemas de salud, si tienen hijos escolarizados, si son dependientes de un apoyo familiar de su entorno o simplemente donde se encuentran sus trabajos o si estos encima son precarios. El respeto a esta ciudadanía no solo se debe aplicar desde el derecho a la vivienda, también desde el derecho a la ciudad.
Es en la ciudad construida, en sus barrios, no en el nuevo suelo a urbanizar, donde la ciudadanía con menos recursos sufre las dificultades de acceso a la vivienda y de donde está siendo expulsada, y es en ese mismo lugar donde las administraciones públicas deben desarrollar sus principales políticas sociales de vivienda. Para ello las administraciones locales, con el apoyo legislativo y presupuestario de las otras administraciones competentes, tendrán que usar las herramientas legales que disponen y desarrollar aquellas nuevas que sean necesarias.
El urbanismo y el planeamiento es un potente mecanismo con el que se regula y establece los usos del suelo, sobretodo se ha utilizado para la ordenación y desarrollo del territorio y muy poco para implantar el derecho a la vivienda e impedir la especulación como establece la Constitución Española [1]. Amparándose en el corpus legislativo en materia de suelo y urbanismo se pueden impulsar medidas justificadas por el interés general y la necesidad social que comporten: modificaciones en el planeamiento urbanístico propiciando cambios de uso, especificando calificaciones que vayan más allá del “residencial o usos compatibles”, los derechos de vuelo, la consolidación de volúmenes de edificabilidad que superan el planeamiento vigente, sobre el deber de conservación y mantenimiento de la propiedad, la vigilancia de la disciplina urbanística y el otorgamiento de licencias de obra, el uso de la expropiación forzosa, el tanteo y retracto o adquisición preferente, todo ello con el objeto de implantar el derecho efectivo a la vivienda y ampliar el parque social de vivienda de alquiler.
Para el desarrollo de estas medidas es imprescindible conocer el mapa de la propiedad de la ciudad, en especial de la propiedad vertical. Ya que la actuación de administración en la mayoría de casos será más eficiente sobre una parcela que conforme una única propiedad que con múltiples propietarios de una finca con división horizontal. Por la misma razón que las propiedades verticales están más expuestas a la acción de inversores inmobiliarios.
El reto es trabajar sobre la ciudad compacta y consolidada, rentabilizando socialmente el parque construido, adecuando los usos y el diseño del tejido urbano a las necesidades de sus residentes. Actuando con diferentes medidas en el conjunto de la ciudad y corrigiendo las situaciones de segregación urbana. Hay que superar la visión desarrollista que los problemas de vivienda se solucionan básicamente con la construcción en nuevo suelo urbanizable, expulsando y perificando, más cuando existe en muchas ciudades un importante parque de vivienda vacía o en mal estado de conservación. Pero todo ello no se puede implantar sin una voluntad política firme, un apoyo ciudadano y sobretodo un importante incremento presupuestario de las políticas de vivienda.
El Ayuntamiento de Barcelona, ciudad compacta que tiene muy poca disponibilidad de crear nuevo suelo urbano, para atender las necesidades de vivienda de sus ciudadanos y evitar su expulsión, ha empezado a tomar de forma conjunta múltiples medidas en este sentido. Son un ejemplo: 1) la construcción de vivienda social mediante la modificación de planeamiento en suelo dotacional público reservado para equipamientos, 2) el cambio de uso de un edificio administrativo para poder albergar unas 160 viviendas sociales, 3) el ejercicio de tanteo y retracto sobre fincas con inquilinos que estaban en riesgo de ser expulsados, 4) condicionar la licencia de obras de rehabilitación de edificios a la garantía de realojo y retorno de los inquilinos, 5) la paralización de obras cuando no se respetan los derechos de inquilinos, o 6) la construcción de viviendas modulares de carácter temporal para dotar de un rápido alojamiento a las situaciones de emergencia.
Todas estas medidas que se están empezando a aplicar en Barcelona son patrimonio de una ciudadanía cada vez más movilizada y organizada por el derecho a la vivienda y a la ciudad. Una ciudadanía que exige estos cambios, que pide más y que quiere resultados. Como ejemplo la reciente moción municipal presentada por diversos movimientos sociales [2], en donde se demanda al Ayuntamiento que extienda las actuaciones que está realizando y lo haga también con una incidencia mayor sobre la propiedad privada. Ampliando las obligaciones de reservas de techo para vivienda social en obra nueva y rehabilitaciones integrales, o delimitando nuevas áreas de conservación y rehabilitación que permitan al Ayuntamiento ejercer el derecho de tanteo y retracto sobre fincas que estén a la venta. Todo con el fin de ampliar el escaso parque de vivienda social de la ciudad y evitar la expulsión de sus vecinos.
Notas [1] Artículo 47: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
[2] La FAVB (Federació d’Associacions de veïns i veïnes de Barcelona), la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), la ABTS (Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible), el Observatori DESC y el Sindicat de Llogaters i Llogateres.
El profesor Jordi Borja galardonado con el Premio Internacional Geocrítica 2017
Jordi Borja, premio internacional Geocrítica 2017
Jordi Borja, profesor emérito de la UOC y Presidente del comité académico del programa de Ciudad y Urbanismo de la UOC recibirá el premio internacional Geocrítica 2017.
El acto de entrega del galardón se celebrará el 15 de febrero de 2018 a las 19.00 h en el aula Magna de la Facultad de Geografía e Historia. Universitat de Barcelona (Calle Montalegre 6, planta 4.ª Barcelona)
Presentará el acto el profesor Horacio Capel, presidente del Jurado, quien también entregará el premio Internacional Geocrítica 2017.
La geógrafa Mireia Belil expondrá el perfil intelectual del premiado.
Jordi Borja, que se también profesor emérito de la UB y doctor en Geografía Urbana por esta universidad, pronunciará la disertación titulada «La geografía crítica y ética: entre la universidad, los movimientos sociales y la política».
Carnaby Street: infarto por éxito al corazón del Soho londinense
Jose Antonio Gras, alumni del Master universitario de Ciudad y urbanismo.
Carnaby Street reúne, de alguna manera, algunos de los contrastes más interesantes para analizar un espacio público desde un enfoque crítico: un entorno versátil y complejo en el que se entrecruzan múltiples dimensiones, un paisaje urbano diferente al resto de Londres y un trasfondo cultural potente que, en su conjunto, otorgan identidad propia al barrio, Soho; junto a los fenómenos característicos de la ciudad neoliberal y con frecuencia asociados a áreas emblemáticas de grandes urbes como la gentrificación, museificación y turistificación, los cuales niegan frontalmente el derecho pleno a la ciudad.
Carnaby Street es un conjunto de calles peatonales y comerciales en el Soho, situado en el área central de Londres (City of Westminster). Aunque es una calle en sí misma, sólo se puede entender el impacto que genera en conjunto y relación con sus colindantes, conformando el área de Carnaby: Beak Street, Broadwick Street, Kingly Court, Ganton Street, Marlborough Court, Lowndes Court, Fouberts Place, Little Marlborough Street y Great Marlborough Street. Su background cultural se refleja en el hecho de ser uno de los máximos exponentes del movimiento Swinging London: estilo Mod y Hippie en los años 60, movimiento Pop de los 80, epicentro del movimiento LGTBI, espacio público como lienzo de diversas obras de arte urbano, etc.
Fig.1. Tramo norte de Carnaby Street. Fuente: CityWalks.info
A una distancia de unos 5 minutos andando se encuentran Regent’s Street y Oxford Street, las calles comerciales más importantes de la capital británica, siendo ésta última la que “goza” de mayor afluencia de gente y de unos ritmos frenéticos. Esto contextualiza la importancia de los usos comerciales en Carnaby, principalmente en retail y hostelería. Sin embargo, mientras que las dos avenidas alojan marcas internacionales, Carnaby ha sido históricamente zona de locales independientes que han propiciado un uso activo y diverso del espacio público construyendo, a lo largo de los años, una imagen y experiencia cultural, comercial y turística indiscutible, así como una identidad propia. En este sentido, se ha convertido en un área de referencia mundial.
Fig.2. Plano de localización del área de Carnaby. Elaboración propia.
De esta manera, el uso intensivo del espacio público en Carnaby se debe a la afluencia de visitantes que lo recorren diariamente y al elevado número de actividades que se desarrollan. Para describir el espacio a través de la experiencia de usos (de paso, permanencia de pie, permanencia sentado, entrecruzamientos eventuales y necesarios, etc.) nos apoyaremos en las preguntas que Jan Gehl plantea en su libro How to study public life: cuánta gente, quién, dónde, cuándo, qué y cuánto tiempo, y en los diagramas dispuestos abajo.
Fig.3. Diagrama de usos del espacio público en el área de Carnaby. Elaboración propia.
Como se exponía, las estrechas calles de Carnaby reciben una gran afluencia de gente que puede llegar a ser ingente en horas puntuales. Durante el día entre semana son principalmente los residentes locales, trabajadores, repartidores y consumidores quienes transitan las calles, generalmente de paso. Es también el momento preferido para quienes gustan pasear por la zona tranquilamente, principalmente gente mayor [1]. Sin embargo, tras la jornada laboral y especialmente cuando hace buen tiempo, las calles de Carnaby se convierten en un hervidero de gente entre la que podemos distinguir quienes la eligen como zona de paso por la experiencia distinta que aporta; quienes se reúnen con bebida en las terrazas de los bares y pubs, como lugar de encuentro; un número mucho más elevado de gente que va de tiendas; y los personajes más singulares y estrambóticos que, curiosamente, suelen merodear la zona por la tarde-noche para acabar en algún local nocturno. Durante el fin de semana y especialmente en épocas festivas y veraniegas, estos números se multiplican entre visitantes locales y turistas y convierten Carnaby Street en un centro de masas. El nivel de masificación alcanzado en los eventos programados cada pocos fines de semana es tal que, en muchos casos, provocan que Carnaby sea una zona a evitar.
Así pues, podría parecer que nos encontramos ante un espacio público vivo y diverso en el que la gran afluencia de gente es el peaje a pagar por tener un paisaje urbano de calidad con una diversidad programática amplia. Sin embargo, lo que superficialmente parece positivo, no lo es tanto en cuanto profundizamos un poco.
Fig.4. En este mapa axial de Central London, las líneas rojas representan las calles con mayor flujo de movimiento peatonal. Es importante destacar como las líneas amarillas, naranjas y rojas forman una especie de “rueda” indicando la importancia que tienen áreas de centralidad como el Soho o la City de Londres. Fuente: SpaceSyntax.com
El gran potencial cívico que Carnaby posee morfológicamente por tratarse de un área de centralidad, con gran accesibilidad (desde dos calles principales, es peatonal y sin bordillos) y con configuraciones espacio-temporales ad-hoc durante los eventos que se celebran, no se aprovecha debido a una configuración espacial que no invita a permanecer más allá de estos eventos. Contrasta, por ejemplo, el número de bancos (casi nulo) por el número de terrazas en las que hay que consumir para sentarse. El número de árboles es también muy bajo y, en cualquier caso, no están pensados para dar cobijo y generar zonas de descanso. Es un área pensada por y para el consumo, ya sea de paso (tiendas) o de permanencia (bares, pubs y restaurantes). Se niega la urbs en tanto que los usos imprevistos difícilmente tienen cabida. Podría dar la sensación de que durante los eventos programados proliferan nuevas formas de uso del espacio público, pero hablar de usos imprevistos y de eventos programados previamente, en este y en la mayor parte de los casos, es un oxímoron. En este sentido, es difícil construir relatos inesperados a través de relaciones inesperadas que favorezcan la serendipia; todo está previamente determinado bajo un orden establecido (polis) que niega, como se mencionaba al principio, el derecho a la ciudad.
Fig.5. Entrada norte a Carnaby Street un fin de semana de mayo de 2017.
También hay ausencia de potencial político pese a los intentos de disfrazar las campañas de márketing en formas de protesta. En Carnaby encontramos tematización, no manifestación. Utilicemos el ejemplo del World Pride o Día (semanas, comercialmente hablando) del Orgullo Gay para argumentar esta posición. Históricamente, el Soho ha sido centro de referencia de la lucha por la igualdad sexual, y todavía en muchos de sus rincones se pueden apreciar reivindicaciones independientes: mensajes, banderas -durante todo el año-, libros, eventos culturales; Carnaby Street, sin embargo, se disfraza estos días en un aglomerado de mensajes, colores y hashtags que invitan a atraer gente, hacer fotos... y consumir con motivo de la lucha LGTBI que en los 80 se hacía en las calles y hoy se hace en Twitter y Facebook. Asistimos impávidos a la sustitución del espacio público político e ideológico [2] por la construcción de un discurso hueco con fines últimos lucrativos. El exponente máximo llega en épocas navideñas; los valores que supuestamente reúne la Navidad en términos de relación familiar y de amistad, bondad, reencuentro, etc. se desvanecen entre los juegos de luces (literalmente) que nos indican formas distintas de consumo. La cabecera de la web de Carnaby [3] resume bien lo expuesto: “13 streets in the heart of London’s West End with over 100 shops and 60 restaurants, bars and cafés”.
Fig.6. Carnaby durante el festival #streeteat 2017.
Fig.7. Muestra de eventos en Carnaby. Fuente: desconocida.
Fig.8. #lovehappenshere, celebración del World Pride (Orgullo Gay) en junio de 2017.
Fig.9. Taxi tematizado con motivos del World Pride.
Cuando la propuesta de uso del espacio urbano queda únicamente vinculada al consumo, se restringen los comportamientos y se limitan las relaciones. Desemboca en formas de homogeneización del paisaje urbano, en la cosificación de un espacio público convertido en objeto de museo cuando, en realidad, su identidad ha sido forjada por sus sujetos a lo largo de agregaciones espacio-temporales. Estos sujetos, los distintos colectivos y grupos de personas, las tribus urbanitas que constituyen el espacio público y que no están representadas en la visión hegemónica del urbanismo, son negadas en la ciudad neoliberal. Al final, queda la sensación de que el valor estético y simbólico [4] que aportan los rasgos identitarios se vuelve en contra de los habitantes locales por atraer a las prácticas más perversas de (no)hacer ciudad. Es lo que Schumpeter denominaba “morir de éxito” cuando predecía la desintegración sociopolítica del capitalismo [5] y que Mariela Iglesias señala con precisión sobre la ciudad neoliberal: “La esclavitud de las hipotecas arruinando vidas, la turistificación de lo emblemático robando sentidos, la precarización secuestrando futuro, la gentrificación expulsándonos. El morir de éxito de una ciudad ante mis/nuestros ojos”.
Fig.10. Usos del espacio público vinculados al consumo, junio 2017.
En definitiva, lo que sería una gran oportunidad de generar un verdadero ethos social [6], el gran potencial cívico y político que tiene Carnaby y la calidad de su paisaje urbano, corren el riesgo de convertirse (ya está pasando) en una parodia de sí mismos. Una vez más, la historia de nuestras ciudades se repite: cosificación del espacio público, tematización del paisaje urbano y museificación de la ciudad.
Artículo escrito originalmente por Jose Antonio Gras en el marco de la asignatura Espacio Público, Paisaje y Ciudadanía del Máster de Ciudad y Urbanismo de la UOC. Profesores: Paco González y Santiago Uzal Jorro.
Notas
[1]. Cabe mencionar una anécdota que me ocurrió una mañana que salí a observar la zona y los comportamientos de la gente en horario laboral. Una anciana me vio haciendo fotos y me preguntó, simpáticamente, qué me parecía la calle. En un intento de provocación le dije que era mi zona preferida de Londres, a lo que contestó negando con la cabeza: “eso lo dices porque no eres de aquí pero es la peor, esto ya no es lo que era hace años”. [2]. Lefebvre, 1978 [3]. https://www.carnaby.co.uk [4]. Borja, 2014, p.13 [5]. Diario de Schumpeter citado en McCraw, 2007, p.4 [6]. RAE: Conjunto de rasgos y modos de comportamiento que conforman el carácter o identidad de una persona o comunidad
Bibliografía
More Than Green. Las 4 sostenibilidades (2012) [En línea. Consultado en junio de 2017: http://www.morethangreen.es/ideologia/cuatro-sostenibilidades-sostenibilidad-social-cultural-economica- medioambiental/] Borja, Jordi (2013). Revolución Urbana y Derechos Ciudadanos. Madrid. Alianza Editorial. Borja, Jordi (2014). Prólogo al libro Espacios públicos, género y diversidad. Geografías para unas ciudades inclusivas. [Consultado en junio de 2017: http://jordiborja.cat/prologo-al-libro-espacios-publicos-genero-y- diversidad-geografias-para-unas-ciudades-inclusivas/] McCraw, Thomas K. (2007). Prophet of Innovation: Joseph Schumpeter and Creative Destruction. Belknap Press. ISBN 9780674025233 (https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9780674025233) Gehl, Jan (2014 [2010]). Ciudades para la gente. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Infinito. Traducción de Juan Décima. Gehl, Jan & Svarre, Birgitte (2013). How to study public life. Island Press. ISBN 978-1-61091-423-9 Lefebvre, Henri (1978). El derecho a la ciudad. Edicions 62. Traducción de J. González-Pueyo Iglesias, Mariela (2017). Tendencia no es destino. Blog de Ciudad y Urbanismo de la UOC [En línea. Consultado en junio de 2017: http://ciudad.blogs.uoc.edu/post/162389843567/tendencia-no-es-destino]
El reto de una ciudadanía económica y una economía ciudadana
Por Roger Sunyer, profesor colaborador del master universitario de Ciudad y urbanismo.
El concepto de ciudadanía social1 suele criticarse con cierta asiduidad por su tendencia a sugerir una ciudadanía pasiva, satisfecha con la simple idea del “derecho a tener derechos”. Dicha concepción aparentemente ambiciosa se opone a la de una ciudadanía activa, con vocación de asumir responsabilidades respecto a lo qué debe hacerse y al cómo debe hacerse respecto a los retos políticos, sociales y económicos urbanos.
En realidad en la actualidad ya existe un amplio espectro político que coincide en la necesidad de, más allá de garantizar derechos, profundizar en una democracia de las responsabilidades2, donde los ciudadanos deben poder expresar directamente respuestas concretas. La emergencia de una necesaria democracia directa que complemente la democracia representativa ha comportado a menudo incluso una cierta banalización de la participación cuando no caer directamente en un participacionismo estético y vacío de contenido.
Para evitar la generación de expectativas que difícilmente pueden cumplirse, el fomento de la participación de los ciudadanos probablemente debería partir de la idea que nuestras democracias no son ni estrictamente representativas ni participativas, sino algo parecido a una poliarquía3. De ser así, toda vocación de implicar a los ciudadanos debería pretender -modestamente- multiplicar los centros de poder en la medida de la posible con el objetivo de evitar -o al menos contrarrestar- cualquier proceso de monopolización del poder político. Dicha multiplicación de los centros de poder supone en la práctica ampliar y extender la capacidad de tomar decisiones a cuantas más personas mejor.
Pero ¿Es posible tomar decisiones, participar en ellas o simplemente mostrar algún interés acerca de lo público cuando no se disponen de los recursos económicos básicos o suficientes para vivir o para vivir bien?4 La respuesta lógica es no. De acuerdo al planteamiento del republicanismo democrático, por lo tanto, parece razonable aceptar que la independencia material es una condición innegociable para la independencia política. Así fácilmente podemos llegar a la conclusión que cuanto mayor sea la participación económica de los ciudadanos en la economía de la ciudad, mayor será la cantidad y calidad de su participación política.
En realidad ya en la antigua Grecia se consideraba que los ciudadanos tenían el derecho a participar en la vida política cuando eran individuos libres, en el sentido literal que no dependían de otra persona para vivir. Esta definición es la que excluyó durante siglos tanto a esclavos, como a cualquier persona que estuviese sometida a cierto grado de servidumbre: niños, mujeres, extranjeros que no gozaban de la ciudadanía o incluso los asalariados que el propio Aristóteles asociaba a esclavitud5.
Desde la democracia griega de los ciudadanos libres (propietarios en el sentido de no depender de un tercero) el desarrollo y profundización de la democracia no ha consistido en otra cosa que -mediante sucesivas oleadas y convulsos vaivenes- tratar de ampliar ese estrecho círculo de personas que sí podían participar en las decisiones políticas.
Y así hasta llegar a nuestros días donde la participación política (derecho a voto, a la libertad de expresión, de participación, etc) se ha impuesto definitivamente dado que todo individuo adulto es miembro con plenos derechos políticos independientemente de su propiedad privada, de su nivel de ingresos o su nivel riqueza particular6. Si bien es indudable que ello es un éxito colectivo, no es menos cierto que, contrariamente, en nuestras democracias modernas la participación económica ha quedado relegada en el mejor de los casos a la participación política de los ciudadanos en las decisiones económicas.
Aunque es evidente que existe una conciencia muy débil entre los habitantes de nuestras ciudades acerca la potencialidad de la ciudadanía económica, debido a que la ciudadanía ha quedado circunscrita a lo político, lo cierto es que la condición de ciudadano económico convierte al habitante en ciudadano plenamente, alejándolo de una mera posición de súbdito, de mero receptor de órdenes, prohibiciones y obligaciones o de un “mero” votante. Por ello la ciudadanía económica va mucho más allá de una garantía deliberativa sobre las cuestiones de orden social, político y económico, puesto que expresa la capacidad de participar, de tomar parte, en el proceso de creación y gestión del proceso económico en una ciudad determinada, en una dinámica opuesta a la de la concentración del capital o la monopolización del poder económico.
Obviamente en un entorno económico globalizado, donde los problemas y los retos depasan el ámbito de cualquier ciudad o Estado, el ejercicio pleno de una ciudadanía económica requeriría una concepción cosmopolita universal con instituciones democráticas globales, pero es obvio que en la actualidad éstas son tan necesarias como inexistentes.
Partiendo por lo tanto de la realidad económica presente, el reto de nuestros responsables técnicos y políticos debería consistir en plantear cómo debe desarrollarse la extensión de la ciudadanía económica en un proceso de construcción de una economía ciudadana. En virtud de lo expuesto, tres vías principales parecen fundamentales a tener en cuenta:
La participación en la toma de decisiones
Facilitar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones fundamentales que afectan a su vida económica. Ello puede ser a través de los mecanismos que prevé la democracia representativa (voto, partidos, contrapresos) complementándolos con mecanismos de democracia directa (referéndum, consultas) y una gestión pública cooperativa (comisiones, planes estratégicos, consejos), eso sí, orientada a la conciliación del conflicto, con vocación dialéctica y orientada a sacar provecho colectivo del pluralismo político y no a silenciarlo.
La participación en la capacidad de creación de riqueza
La ciudadanía económica se ejerce plenamente en el ámbito de la creación de riqueza. Una ciudad por lo tanto que promueva la ciudadanía económica tenderá a tener una economía ampliamente distribuida entre grandes, medianas y pequeñas empresas; un equilibrio entre empresas globales y locales, entre empresas propiedad de accionistas y empresas privadas de propiedad individual o colectiva, entre asalariados y emprendedores, entre funcionarios y autónomos, será facilitadora del ciudadano-productor. Pese a la moda de la economía del acceso7, subsiste en nuestras sociedades una larga tradición propietarista que defiende la propiedad privada (históricamente, de la tierra) convencidos que puede permitir las condiciones de posibilidad de la independencia individual que, a su vez, hace posible el ejercicio de la libertad política como el desarrollo personal. Igualmente esa voluntad de libertad y autonomía es lo que empuja a una persona a crear su propia empresa, a impulsar su proyecto profesional particular o a una tercera a adquirir -invirtiendo sus ahorros o a través de un préstamo-una propiedad con fines lucrativos –un taller, una máquina, un ordenador o un barco de pesca.
Disponer de recursos básicos cuando no se genera riqueza
Tal y como ya he sugerido, una vez conseguido el voto universal, en nuestras democracias modernas aumenta la percepción que la participación y la libertad política deben ir acompañadas de una equivalente libertad económica entendida como la no dependencia económica, que la ciudadanía para ser plena debe ir vinculada a la disposición de unos recursos económicos básicos. Por ello, cuando estos no se consiguen mediante el desarrollo propio y colectivo de las capacidades para generar riqueza deben de algún modo poderse proporcionar. Ello motiva la idea del Estado protector, social o del Bienestar y más recientemente, por ejemplo, el amplio movimiento en favor de una renta ciudadana8.
En resumen, una economía ciudadana será por lo tanto aquella que no se limitará a insistir obstinadamente en la importancia de la participación política de cualquier ciudadano, ni tampoco se limitará a una simple redistribución de la riqueza creada por unos pocos, sino que tratará que todos los ciudadanos cuenten o puedan contar directamente con la subsistencia material suficiente, facilitando que cada ciudadano se apropie directamente de ellos, que sea propietario de esos recursos, promoviendo que sea propietario individual y/o colectivo de sus propios medios de producción.
Una economía ciudadana no renuncia a los aportes de empresas globales, grandes y medianas -que permiten por ejemplo, contar con ingentes números de asalariados o importantes contribuciones fiscales-, pero consciente de la evolución del mercado de trabajo y la imposibilidad del antaño prometido pleno empleo, debe impulsar una miríada de pequeñas y medianas empresas. Fomentará igualmente una economía lo más distribuida posible a través de incontables ciudadanos productores capaces de ser autónomos y libres generando ingresos a través de sus propios recursos (inmobiliarios, sea un coche, una casa o una habitación y mobiliarios, talento, habilidad determinada) aprovechando para ello, por ejemplo, todas las potencialidades que ofrece hoy en día la tecnología digital.
¿Cómo debe hacerse? Si duda, dialécticamente, contando y preservando la iniciativa individual y colectiva de los ciudadanos; con la iniciativa pública superando amenazas, contradicciones y tratando de aprovechar oportunidades, buscando la conciliación y cooperación entre lo individual y lo común y tratando de evitar de no caer en el perfeccionismo ni la tentación de promover directamente lo imposible, sea por pura inocencia y voluntarismo, sea por populismo o mala fe, cuando se sabe de antemano que las expectativas que se crean no se podrán cumplir. El reto está servido.
Notas
[1] T.H. Marschall and T. Bottomore, Citizendship ans social class, Pluto classic, London, 1992. [2] A. Cortina, Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la democracia, Alianza Editorial, Madrid, 1997. [3] R. A. Dahl, La democracia y sus críticos, Paidós, Barcelona, 1993. [4] Depasa el ámbito de este artículo la definición de lo que es el nivel de subsistencia necesaria o suficiente, que ocupa por otro lado buena parte de los debates acerca de los beneficios o perjuicios de instaurar, por ejemplo, una renta ciudadana garantizada. [5] Aristóteles, Política, Alianza Editorial. Cap. V. Madrid, 1993. [6] Para una visión histórica del republicanismo –democrático- ver A. Domènech, El eclipse de la fraternidad: una visión republicana del socialismo, Crítica, Barcelona, 2003. [7] J. Rifkin, La era del acceso, Paidós, Barcelona, 2013. [8] Ver en http://www.redrentabasica.org/rb/
Las ciudades y los gobiernos locales, ¿centralidad política ante el cambio de era?
Por Josep Xurigué, profesor colaborador del master universitario de Ciudad y urbanismo.
En este artículo, reflexionamos sobre el nuevo rol que desarrollan los gobiernos locales ante la gestión y solución de los problemas de la humanidad, en un mundo más urbano. Tratamos de aportar elementos para la reflexión y la acción local en este entorno cambiante, incierto y apasionante a la vez.
Lo político, en su vertiente institucional y no institucional, en la ciudad es el objeto. Concebimos la ciudad como un conjunto de sistemas, que finalmente deben orientarse a una vida en común mejor para todas las personas que viven en ella. Se ofrece, por tanto, una visión ética y normativa de lo político y del gobierno local. Un gobierno que es cada vez más gobernanza: a nivel interno, gestión de la red de actores sociales, públicos y privados y, a nivel externo, la gestión de la relación con otros niveles de gobierno.
La transformación de la sociedad, transforma su manera de gobernarse. Desde la visión jerárquica, a partir de las instituciones políticas nacidas de la Ilustración y de la era industrial; hasta la flexibilidad, la influencia y la gestión de la red dentro y fuera de la ciudad como bases del nuevo paradigma de gobierno.
En primer lugar, trazamos una breve descripción de algunos de los retos actuales de las ciudades contemporáneas; en segundo lugar, describimos algunos principios de la organización política de lo local; y en tercer lugar de la innovación social y la participación ciudadana.
Respecto al primer ámbito, a la respuesta a los retos actuales, cabe analizar cómo responden y se adaptan las ciudades a procesos de integración regionales y mundiales como la europeización y la globalización. Y cómo estos procesos condicionan e impactan en la vida de la ciudad, de los barrios. También nos centramos en la respuesta política para avanzar en el objetivo del derecho a la ciudad (Lefebrve, 1968). [2]
Este es un concepto esencial de nuestra visión urbana. Las ciudades son el espacio de tensión de los principales problemas de la humanidad. De una humanidad cada vez más concentrada en el hábitat urbano. Los movimientos sociales, las clases medias más jóvenes y empobrecidas, la inmigración plantean una tensión en el territorio urbano, muchas veces en barrios, colonias y distritos determinados, respecto de las clases corporativas y los grupos de edad más avanzados de las clases medias (Sassen, 2004). Los problemas sociales de la humanidad, en gran medida, se disputan en los espacios urbanos.
La ciudad recibe la tensión entre su construcción polarizada, o bien por parte del mercado y los negocios, con un papel más o menos notable de coordinación por parte del sector público y del gobierno local, o bien desde una influencia mayor o menor de una cultura que surge de sus comunidades dinámicas, y que le otorga personalidad e identidad diferenciada. El reto y nuevo paradigma es la armonización de estos polos, su construcción concertada y equilibrada.
Los retos sociales de edad, de envejecimiento, de sostenibilidad, de incorporar a los distintos grupos de edad al proyecto de ciudad, de responder al extremismo y de fortalecer la convivencia en la diversidad, son otro retos políticos a los que hay que responder desde el derecho a la ciudad y las políticas locales que lo desarrollan.
El aumento del tamaño de las ciudades, la dinámicas de urbanización, la aparición de áreas metropolitanas extensas, requiere de gobernanza metropolitana. ¿Cómo se forman estos gobiernos de las conurbaciones? ¿Están más o menos institucionalizados? ¿Qué tipos de competencias tienen? ¿Se financian con ingresos propios? ¿ ¿son dependientes? Algunas de estas preguntas motivan una reflexión sobre la institucionalización política de lo metropolitano.
En el segundo ámbito, cabe abordar la dimensión política e institucional de la ciudad. Su gobierno local. Y lo realizamos desde un principio normativo; la necesidad que las ciudades profundicen y gocen de Autonomía Local. Entendida como la máxima capacidad de organizar su representación política, de acomodar el sistema electoral a su realidad, de autoorganizarse, de gozar de una sostenibilidad y suficiencia financiera, de reflejar la sociedad local con un sistema de partidos políticos propio, de descentralizar las decisiones políticas en barrios, villas, colonias, distritos; de tener una administración pública local desconcentrada, entre otros.
Estos objetivos se establecen dentro de un marco jurídico que descansa y convive con el de los niveles de gobierno federal, autonómico, provincial, regional, estatal en definitiva. Cada sistema político centralizado, en mayor o en menor medida, ofrecerá un margen distinto para la autonomía local. Una autonomía que, en todo caso, también responderá a la variable de la voluntad política e innovadora de la alcaldía y el equipo de gobierno local; y a la identidad y dinamismo de la comunidad de la sociedad local.
El marco competencial local, abierto o tasado, permitirá o bien que los gobiernos locales gestionen las incumbencias que afectan a la vida cotidiana de la ciudadanía, o bien tendrá un régimen jurídico local que delimitará de manera estricta su ámbito de actuación. No obstante, la autonomía local, en cualquier marco de competencias locales se ejerce, con mayor o menor dificultad, desde un liderazgo y desde una voluntad de resolver y de abordar los retos de los colectivos, grupos sociales y de las personas.
El contexto de crisis del estado, de la representación política, de los cambios profundos en la realidad económica, social y familiar, propicia este resurgir de las ciudades y de los alcaldes como líderes de la colaboración, artífices de juegos de suma positiva, para establecer estrategias y objetivos con el máximo consenso (Pascual, 2016). En un momento, en que la tradicional distinción entre Estado y mercado se debilita: y lo público desborda lo institucional hacia lo colectivo. Mientras lo privado toma formas sociales, de nueva economía (Subirats, 2016). [3]
En último término, en este panorama de cambios, de sociedad postindustrial con estructuras políticas y organizativas más flexibles y porosas, para ser útiles a una sociedad más heterogénea socialmente, la innovación social deviene fundamental -como epicentro de los cambios- para encontrar nuevas respuestas a los retos que tenemos planteados: sostenibilidad y gestión de bienes comunes como el aire, el agua, la energía; transformación económica; gestión del derecho a la vivienda; educación que responda a la nueva realidad; envejecimiento activo; gobernanza de los espacios públicos sometidos a usos e intensidad diversa.
La innovación social se apoya en nuevas formas de participación política que incluyen al máximo número de actores y personas -organizadas y no organizadas- con el uso inteligente de las TIC. La innovación social también amplía el abanico de la participación hasta la co-creación y coproducción de políticas públicas locales, en sus distintas fases de elaboración. Y mediante formas de participación híbridas entre lo presencial y lo virtual. Con plataformas digitales de participación ciudadana realizadas en código libre para evitar el monopolio de la información (y posterior reutilización) por parte de corporaciones empresariales de la tecnología. Para garantizar un valor ciudadano añadido a la reutilización de los datos generados en la vida social.
Se trata de avanzar hacia un gobierno local, abierto, transparente, colaborativo, participativo, que no renuncie al rol político del gobierno local para conformar el proyecto de ciudad; que no renuncie al liderazgo en el proyecto colectivo, de interés general, de modo participado y compartido.
Las ciudades como hace más de dos milenios en la antigua Grecia, o antes, en el nacimiento de la civilización en la antigua Mesopotamia, vuelven a estar en el centro de las decisiones y las soluciones a los problemas humanos y sociales.
Hoy, la centralidad política de la ciudad o de lo ‘urbano’, se expresa mediante instrumentos tecnológicos y la voluntad humana, colectiva y de los gobiernos locales; por medio del aprendizaje institucional atesorado y con la experiencia acumulada en la evolución democrática de nuestras sociedades. Y a través de una mirada enfocada a pensar en lo local para actuar en lo global, y viceversa. Global y local son categorías en contacto en las ciudades, que forman una dialéctica que debe resolverse a favor de la ciudad autónoma, inclusiva y agente principal del desarrollo humano.
Notas
1. Acerca del título: El concepto de ‘cambio de era’ es utilizado por el experto y consultor urbano Josep Maria Pascual en su última obra: Pascual, J. M (2016). Las ciudades ante el cambio de era. Barcelona: hacer.
2. Lefrebve, H. (1968). Le Droit à la ville. Paris: Anthropos (2a ed).
3. Subirats, J. (2016). El poder de lo próximo. Las virtudes del municipalismo. Barcelona: Catarata.
Urbanismo libre: cuidar de la ciudad común
Por Adolfo Estalella, profesor colaborador del master universitario de Ciudad y urbanismo.
El Campo de Cebada, un enorme espacio al aire libre (5.500 m2) en el centro de Madrid, gestionado por vecinas y vecinos desde 2011. Un lugar pleno de actividades, donde se han celebrado talleres de auto-construcción, festivales de música, obras de teatro, eventos deportivos… similar a una plaza pública pero distinto de ella, El Campo de Cebada el tránsito apresurado de la calle y ofrece la oportunidad para que propios y extraños exploren una relación distinta con la ciudad. Uno de los muchos espacios surgidos en años recientes en diferentes ciudades de España. Una respuesta inventiva y esperanzada que medra en mitad de la crisis económica y el urbanismo de austeridad, alumbrando espacios donde vecinas y ciudadanos intervienen materialmente en la ciudad y exploran otras formas de habitarla.
El lugar de El Campo de Cebada estaba ocupado por un antiguo centro deportivo público, hasta su demolición en 2007. El ayuntamiento tenía la intención de construir un flamante nuevo contenedor, pero llegó la crisis (2008), se cortó la financiación y se pararon las obras. Allá quedó un enorme socavón varado. Solar vació hasta que los vecinos se animaron a ocuparlo. Precipitó el gesto una intervención artística que ejecutada en 2010, una obra que ocupó temporalmente el espacio y excitó la imaginación del vecindario. Elaboraron un proyecto técnico sofisticado, lo propusieron al ayuntamiento y obtuvieron la cesión legal del espacio. Desde entonces, El Campo de Cebada ha operado sin ningún tipo de financiación (ni pública ni privada) y ha estado abierto a la participación de cualquiera que deseara involucrarse.
Cada lunes El Campo de Cebada celebra una asamblea abierta en la cual cualquiera puede tomar parte y participar en los debates y decisiones que se toman sobre la programación de actividades, la organización del espacio o la administración de su gobernanza. Basta con dejarse caer por esa reunión semanal o sencillamente implicarse en alguna de sus actividades para involucrarse en el espacio. Es una relación distinta con la ciudad, diferente a la del profesional remunerado que interviene en ella, el viandante ajetreado que la transita, el consumidor atareado que la ignora o el turista ocioso que simplemente la admira. Uno se hacer cargo de los asuntos que antes le eran ajenos. Podríamos decir que estamos ante lugares que experimentan con nuevas formas de gobernanza urbana, que redefinen la relación que mantenemos con la administración y el lugar que los ciudadanos ocupan en la gestión de lo urbano. El Campo de Cebada no muestra una singular concepción de lo público expresada a través de la idea de la gobernanza abierta de los comunes urbanos. Se refieren con ello a que cualquiera puede tomar parte en la gestión de esos bienes públicos, sin límites de afiliaciones (a las asociaciones que los gestionan), pertenencias (vivan o no en el barrio) o inclinaciones ideológicas (cualesquieras que sean).
Los participantes han cuidado el lugar con mimo y lo han equipado a lo largo del tiempo con un amplio repertorio de infraestructuras materiales: unas gradas, mobiliario básico, un contenedor de almacenaje, un pequeño huerto, un espacio deportivo, cine en verano... Ejercicios de amueblamiento que nos recuerdan a la auto-construcción de la ciudad informal del sur global (ver segunda pieza: TÍTULO). Constituyen una excepción en la ciudad del norte, donde la gestión de la calle es potestad de las instituciones públicas o privilegio de la iniciativa empresarial privada. Aquí estamos sin embargo ante singulares ejercicios de auto-construcción colectiva que nos desvelan una ciudad que se auto-construye en ejercicios de aprendizaje. Las vecinas diseñan el espacio urbano, lo amueblan, lo documentan y aprenden en ese proceso a habitar la ciudad en nuevos términos. El proyecto de ha suscitado el interés de instituciones internacionales de prestigio. El año 2013 recibió del prestigioso festival austriaco Ars Electronica el premio Golden Nica, el mismo año que la XII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de España le concedió uno de sus galardones.
El Campo es solo uno de toda una serie de proyectos urbanos similares que han proliferado en Madrid durante la crisis. Lugares que alumbran una ciudad hecha a mano, por sus propios vecinos, mediante la reutilización de materiales y la colaboración conjunta, reunidos en la tarea conjunta e inusual de re-amueblar el espacio público de la calle y la plaza. Intervenciones materiales que exploran otra forma de vida urbana en común. Una ciudad provisional y frágil emerge en esos solares en los cuales las vecinas se ocupan del cuidado y mantenimiento material del espacio público. Descubrimos un espacio urbano sostenido por quienes se comprometen y obligan libremente a ello, una ciudad hecha de cuidados que nos emplaza al compromiso y la dedicación con los asuntos relevantes de la vida en común.
Una práctica habitual que acompaña a muchos de estos proyectos es la producción de documentación que describe e instruye los procesos. Manuales, guías, archivos… toda una serie de géneros documentales dan cuenta de cómo la ciudad se auto-construye. El objetivo es lograr que los aprendizajes producidos puedan viajar a otros lugares. Una práctica que se inspira a menudo en la cultura y el software libre surgidos de Internet y movidos por el impulso de hacer que el conocimiento viaje libremente: el impulso liberado de los mundos digitales es emplazado en la ciudad. Esta es quizás un elemento distintivo del hacer ciudad alumbrado en tiempos recientes en Madrid y otras ciudades españoles: el encuentro inusual de la auto-construcción con la cultura libre, donde la sensibilidad material de la ciudad informal se cruza con el impulso liberador de los mundos digitales para alumbrar un urbanismo libre.
Podríamos decir que el proyecto de El Campo de Cebada es excepcional, pero deberíamos añadir entonces que no es único. En los últimos años han proliferado por las ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Málaga, Guernica...) una larga serie de espacios similares, iniciativas ciudadanas (como se las designa en Madrid) en las que vecinos y vecinas se afanan en el cuidado de espacios urbanos. Lugares abiertos y hospitalarios a la participación del extraño. Iniciativas que evidencian una singular ola de creatividad ciudadana e inventiva política que desde hace varios años recorre las ciudades españolas. Un largo proyecto de investigación antropológica (en colaboración con mi colega Alberto Corsín Jiménez) dedicado a entender el urbanismo informal que ha proliferado por Madrid me ha permitido conocer con detalle e involucrarme en esa particular manera de intervenir en la ciudad. He sido testigo de cómo las personas que participan en esos proyectos despliegan toda una serie de prácticas que evidencian un alto grado de sofisticación social y pericia técnica.
No todo es una visión edénica en unas iniciativas que no están exentas de conflictos entre sus participantes, tensiones ocasionales con su entorno y críticas de sus detractores. La participación en ellas requiere notables esfuerzos: hablar en las asambleas que gestionan los espacios no es sencillo, como tampoco lo es desenvolverse en un ambiente de extraños. Los aprendizajes son largos pero cuando se logran traen a la ciudad algo de indudable valor. Preñados de dificultades y faltos de financiación, la iniciativa ciudadana florece en condiciones de precariedad económica y limitación material. No es extraño que al cabo del tiempo declinen por falta de energías o fracasen por un prolongado cansancio. Sin embargo, por breve que sea su existencia, esos lugares nos muestran una ciudad que cobra una forma inusual: un espacio donde nadie es dueño o propietario, donde los asuntos públicos no están determinados de antemano ni son gobernados por terceros, sino que son negociados y resueltos directamente por los habitantes de la ciudad.
Experimentos colectivos, frágiles y precarias experiencias urbanas que alumbran una ciudad que se hace en común. Nos demuestran otras formas posibles de habitar y tramar la vida urbana, tejer complicidades, enredarse en la ciudad y ocuparse de la construcción conjunta de lo público. Vecinas y ciudadanos curan las cicatrices dejadas por la crisis económica y cultivan las esperanzas futuras de una ciudad mejor: más justa, equitativa y abierta.
Documental
Guerrilla architect, por Ana Naomi de Sousa (2014), documental de Aljazeera, dentro de la serie ‘Rebel architecture’. http://www.aljazeera.com/programmes/rebelarchitecture/2014/06/spain-guerrilla-architect-201462993348959830.html
Más información.
Exposición ‘Madrid, a medias’. http://a-medias.org/
Las huelgas del alquiler, una expresión por el Derecho a la vivienda.
Xavier Anzano, profesor colaborador en el master universitario de Ciudad y Urbanismo
La huelga, entendida como desobediencia o insumisión, es el último recurso de movilización y lucha no violenta que puede utilizar un colectivo contra un poder que actúa en contra de su dignidad. Se asocia con movimientos políticos, como respuesta a abusos del poder establecido por falta de libertades, por motivos nacionalistas, pacifistas… Pero es en el desarrollo y consolidación de los derechos sociales donde la huelga adquiere una importancia fundamental como herramienta de defensa de la ciudadanía. Mediante huelgas y movilizaciones hemos impulsado derechos sociales hoy indiscutibles como el trabajo, la educación, la sanidad o las pensiones, y con esas mismas herramientas ha defendido estos derechos cuando se han visto amenazados.
En la lucha por el Derecho a la vivienda tenemos recientes experiencias de desobediencia e insumisión que han logrado una importante repercusión, parcialmente han alcanzado sus objetivos pero en cualquier caso han representado y marcado un punto de inflexión en la concepción de la sociedad del Derecho a la vivienda. Serían ejemplo de ello los movimientos de resistencia contra desalojos forzosos, en España la propia Plataforma de Afectados por la Hipoteca, o los colectivos, familias y personas que ocupan sin título legal una vivienda vacía.
En el ámbito del alquiler también se ha recurrido a la huelga para defender el Derecho a la vivienda, y cuando se ha hecho tanto en el pasado como recientemente ha sido porque se han dado una serie de condiciones que no han dejado otra opción a la ciudadanía afectada. Podríamos pensar que si comparamos las huelgas de alquileres de Buenos Aires en 1907, Barcelona 1931, Varsovia 2010, Londres 2016 y Gran Canaria 2016 no tendrían que haber muchas similitudes ya que afectan a colectivos, sociedades y épocas diferentes. Pero por contra las causas y efectos que las provocan, las reacciones posteriores o los agentes implicados son y tienen comportamientos muy similares.
Las causas principales que se han dado en estos ejemplos han sido la carestía de vida, la precariedad social, el desempleo, la subida de alquileres, la especulación inmobiliaria, unas viviendas en mal estado, una regulación del alquiler que no protege al arrendatario y la falta de vivienda asequible o protegida de alquiler. En el caso de Buenos Aires en 1907 las viviendas donde residían de alquiler parte de la población obrera más precarizada, fundamentalmente inmigrantes europeos, fueron afectadas por un impuesto municipal que sus propietarios no dudaron en trasladar a los arrendamientos. En la Barcelona de 1931 miles de trabajadores inmigrantes de otras zonas de España malvivían hacinados en viviendas en mal estado y muchos estaban en situación de desempleo, en Varsovia en 2010 la población más vulnerable sufrió la privatización del parque público de vivienda que aunque estaba en un estado ruinoso conllevó subidas de hasta el 300%, en Gran Canaria en 2016 los afectados fueron una comunidad de inmigrantes africanos, algunos en situación irregular, que residían en infraviviendas por precios abusivos, y ese mismo año en Londres eran los estudiantes universitarios los que actuaron frente al incremento de las tasas de sus estudios, a su precario acceso al mercado laboral y al incremento de los precios de alquileres para estudiantes. En todos estos casos nos encontramos con modelos urbanísticos y legales que no limitan sino que alientan la especulación sobre la vivienda y que por el contrario no protegen, o lo hacen muy levemente, el derecho de los inquilinos a una vivienda digna. Además las administraciones competentes no disponían o habían impulsado el necesario parque de viviendas de alquiler asequible. En cualquier caso los afectados son colectivos precarizados que reclaman dignidad para sus vidas.
Los efectos sobre los afectados de estas situaciones; desahucios por impago de las abusivas rentas de alquiler, procesos de gentrificación y expulsión de residentes a otras áreas urbanas y situaciones generalizadas de pobreza energética que comportan el no disfrute de una vivienda digna además de los problemas de salud derivados. Así en Barcelona de 1931 o Varsovia de 2010 se multiplicaron los desahucios o en Gran Canaria, Varsovia y Londres las malas condiciones de las viviendas conllevaban graves problemas de salubridad para sus habitantes.
Ante estas situaciones fueron sindicatos de trabajadores o estudiantiles, asociaciones de vecinos o de inquilinos, o movimientos de base los impulsores de la reacción de los afectados. En Buenos Aires en 1906 la Federación Obrera Regional Argentina, formada por socialistas y anarquistas, creó la Liga de lucha contra los altos alquileres e impuestos, que dio amparo a las comunidades de inquilinos (conventillos) que se declararon en huelga de pago de alquileres. En Barcelona en 1931 fue la anarquista CNT mediante el Comité de Defensa Económica del Sindicato de la Construcción la que llamó a la huelga de los alquileres. En Varsovia en 2009 vecinos afectados por la privatización de sus viviendas crearon el Comité de Defensa de Inquilinos desde donde convocan asambleas en el barrio y apoyan a otros afectados, y en 2010 el sindicato anarquista ZSP convocó una huelga de alquileres en las viviendas afectadas por las privatizaciones. En Gran Canaria en 2016 fue la Federación Anarquista de Gran Canaria la que apoyó a los residentes afectados por las amenazas de desahucio de un propietario a responder mediante la denuncia y la suspensión del pago de rentas. Y en el mismo año en Londres el colectivo de estudiantes “UCL Free Education” inició la campaña “Cut the Rent” con la que 150 estudiantes dejaron de pagar el alquiler.
Las reacciones y consecuencias a estas movilizaciones no fueron tan homogéneas como sus causas, aunque la represión por parte del poder judicial y ejecutivo fue similar, al menos en las huelgas que fueron contemporáneas. Así en Buenos Aires durante la huelga de 1907 fue asesinado un militante por las fuerzas de orden público, en Barcelona en 1931 igualmente los desahucios se hicieron más violentos y la acción policial causó la muerte de 18 personas además de centenares de detenciones y procesamientos. Las huelgas de Varsovia, Londres o Gran Canaria no han tenido las mortales consecuencias de la represión del siglo pasado, pero el poder judicial y las fuerzas de orden público siempre actúan de forma contundente en base a la legislación y autoridad dada, especialmente cuando entienden que se desobedece a alguno de los principios generales del sistema, y la propiedad privada lo es. Así por ejemplo Ruymán Rodríguez, uno de los líderes de la huelga de Gran Canaria, fue detenido y acusado de un delito de resistencia, o la condena a prisión que sufrió el líder político polaco Piotr Ikonowicz por su participación en movilizaciones ante desahucios. Y es que el Estado, alentado por el poder económico de la propiedad, no es indiferente ante las importantes repercusiones de estas movilizaciones que aún iniciándose de forma aislada se extienden cuando la precariedad está generalizada. Así ocurrió en Buenos Aires en 1907 donde de inicialmente un único “conventillo”, una comunidad formada por 130 familias, se declaró en huelga de alquileres, pero ésta se extendió durante tres meses por otros municipios de la provincia de Buenos Aires como Avellaneda, Rosario, Bahía Blanca, Mar de Plata y La Plata y también a otras Provincias como Mendoza o Córdoba, sumándose a ella más de 700 “conventillos” lo que representó una participación cercana a las 100.000 personas en las movilizaciones. O en abril de 1931 en el barrio de la Barceloneta de Barcelona, lugar donde se inicia la huelga de alquileres y que hasta diciembre de ese mismo año se suman muchos barrios populares de la ciudad como Sants, El Clot, Poblenou… y se extiende a ciudades limítrofes como L’Hospitalet o Santa Coloma de Gramenet, con un seguimiento según la CNT de entre 50.000 y 100.000 hogares. También el éxito de las movilizaciones de los vecinos de un edificio de viviendas que iba a ser privatizado en Varsovia en 2009 hace que el Comité de Defensa de los Inquilinos creado por ellos sea la plataforma necesaria junto con el sindicato ZSP para extender la Huelga de alquileres en 2010 y 2011 a otros edificios en la misma situación. Y finalmente en enero de 2016 en Londres 150 estudiantes de la UCL alojados en sus residencias inician una huelga de alquileres, en mayo ya son más de 1.000 los que la secundan y con el apoyo de la Radical Housing Network, red de activistas por el derecho a la vivienda de Londres, y de los principales sindicatos estudiantiles la huelga se extiende a otras universidades de Londres como Goldsmiths, Roehampton y el Courtauld Institute.
Estos ejemplos de huelgas de alquileres, que han tenido un seguimiento muy importante entre los afectados, siempre han representado un punto de inflexión. La huelga de alquileres de Buenos Aires de 1907 que planteaba además de reformas laborales, rebajas del 30% de los alquileres, viviendas en mejor estado y garantías en los desalojos, consiguió que buena parte de los propietarios accedieran a rebajar los alquileres, pero sobretodo creó un nuevo espacio reivindicativo que a través de la Liga Pro Rebaja de Alquileres introdujo el derecho a la vivienda en el debate político al mismo nivel que los derechos laborales básicos, al fin al cabo la población afectada era la misma, el proletariado más precarizado. Un buen ejemplo de esta consecuencia política se dio en la provincia argentina de Mendoza donde en 1916 por vez primera una Constitución hace referencia al derecho a la vivienda [1]. La huelga de Barcelona de 1931 a pesar de su dilación y resistencia a la dura represión gobernativa, no obtuvo los resultados deseados por los inquilinos afectados, principalmente una rebaja del 40% de los alquileres, si que algunos propietarios rebajaron los alquileres y que la reacción y solidaridad popular hizo posible parar muchos desahucios pero sobretodo replanteó las políticas públicas de construcción de vivienda social de la incipiente República Española y de la Generalitat de Catalunya. Además los inquilinos pasaron a autoorganizarse en asociaciones como la Unión de Inquilinos o L’Associació de veïns i llogaters de Catalunya, que estuvieron operando hasta la derrota republicana en la Guerra Civil de 1939. En 2011 en Varsovia se consiguieron frenar desahucios, el realojo de inquilinos en viviendas en mejor estado, y aunque pocas privatizaciones de edificios de viviendas se consiguieron parar el Parlamento rechazó una segunda ley que aún liberalizaba más el mercado de vivienda. El Comité de defensa de Inquilinos continúa trabajando apoyando a otros vecinos de Varsovia y del resto de Polonia. En 2016 la movilización de la comunidad de 16 viviendas de un edificio de Gran Canaria, consiguió mediante la amenaza de denuncia y de huelga de alquileres que la propiedad aceptara formalizar los contratos de arrendamiento, mejorar la habitabilidad del edificio, rebajar los alquileres y renunciar a reclamar atrasos de rentas anteriores. Esta victoria animó a parte de sus participantes a impulsar el Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria que en enero de 2017 anunció su fundación. También fueron un éxito los resultados de la huelga de alquileres de Londres de ese mismo año, el rectorado de la UCL se comprometió a mejorar los alojamientos, congelar los alquileres de forma general y rebajarlos a los estudiantes con menos recursos, dotando para ello un fondo de 350.000 libras como ayudas para ese año y de 500.000 libras para el siguiente, y a no reclamar las rentas impagadas durante la huelga. Este ejemplo está animando a movilizaciones futuras en Londres, una de las ciudades con alquileres más elevados de Europa.
Todas estas experiencias demuestran que ante la pasividad de las administraciones públicas por atender las necesidades básicas de la ciudadanía más precarizada, está se organizará o se dejará guiar por movimientos de base para poder defender derechos fundamentales como el de la vivienda. Es significativa en estos ejemplos la relevancia de la población inmigrante como principal afectada de un mercado de alquiler abusivo, igualmente es destacable la siempre presencia de movimientos libertarios en la articulación de estas huelgas. Los gobiernos competentes en materia de vivienda deben promulgar leyes que fomenten el alquiler como una opción digna, para ello también deberán regular aspectos críticos como su accesibilidad y asequibilidad. Complementariamente las administraciones también deben dotarse de un amplio parque público de alquiler a la vez que favorece otras fórmulas de promoción de vivienda social colaborativa.
Notas
Constitución de la Provincia de Mendoza de 1916. Art. 45: La Legislatura dictará una ley de amparo y reglamentaria del trabajo de las mujeres y niños menores de dieciocho años, en las fábricas, talleres, casas de comercio, y demás establecimientos industriales, asegurando, en general, para el obrero, las condiciones de salubridad en el trabajo y la habitación.
Enlaces y bibliografía
1. La huelga de inquilinos de conventillos de 1907. Silvina Pascucci. Cartelera de Historia.
https://carteleradehistoria2.wordpress.com/2009/08/17/la-huelga-de-inqulinos-de-conventillos-de-1907-por-silvina-pascucci/
2. La huelga de inquilinos de 1907. Felipe Pigna. El-historiador.com.ar
http://www.el-historiador.com.ar/articulos/republica_liberal/la_huelga_de_inquilinos_de_1907.php
3. Huelga de los inquilinos, historia de los conventillos de Buenos Aires. Claudio Pellini. Historiaybiografias.com
http://historiaybiografias.com/conventillos1/
4. La huelga de alquileres y el comité de defensa económica. Manel Aisa. Ed El Lokal
5. El día que los barceloneses dejaron de pagar el alquiler. Clara Blanchar. El País
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/08/16/catalunya/1439744036_549759.html
6. Inquilinos en huelga en Varsovia. Sebastián Frei. Diagonal
https://www.diagonalperiodico.net/global/inquilinos-huelga-varsovia.html
7. Polonia: ¡A la cárcel por defender a jubilados arrojados a la calle!. Stefan Bekier. Sinpermiso.info
http://www.sinpermiso.info/textos/polonia-a-la-crcel-por-defender-a-jubilados-arrojados-a-la-calle
8. Ciento cincuenta estudiantes lanzan una huelga de alquileres en Londres. Thomas Youngman. Diagonal
https://www.diagonalperiodico.net/global/29271-ciento-cincuenta-estudiantes-londinenses-lanzan-huelga-alquileres.html
9. Estudiantes, alquileres, huelga y victoria. Todoporhacer.org
https://www.todoporhacer.org/estudiantes-alquileres-huelga/
10. Huelga de alquileres. FAGC. Regeneraciónlibertaria.org
https://www.regeneracionlibertaria.org/huelga-de-alquileres
11. Nace el Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria. Revista Nada.
https://revistanada.com/2017/01/27/nace-el-sindicato-de-inquilinos-de-gran-canaria/
Urbanismos insurgentes: un proyecto de emancipación urbana
Por Adolfo Estalella, profesor colaborador del master universitario de Ciudad y urbanismo.
La década de los sesenta y setenta fue un momento de intensas exploraciones políticas en la arquitectura y el urbanismo, un periodo en el que muchos profesionales se internaron en experimentos encaminados a repensar la función social de su disciplina. Encontramos un ejemplo paradigmático de esa arquitectura social en el papel asumido por algunos profesionales en el movimiento vecinal madrileño durante la década de los setenta, un momento excepcional en la construcción de la ciudad de Madrid. Una gran emigración rural comenzada en las décadas anteriores pobló las periferias de la ciudad con precarias y humildes viviendas (chabolas). Sus residentes se organizaron en asociaciones vecinales, una ola de compromiso político cristalizó en un movimiento que peleó por lograr unas condiciones de vida digna y una ciudad más justa. Relevantes actores dentro de ese movimiento fueron algunos arquitectos que trabajaron de manera muy estrecha con las asociaciones vecinales (Castells, 1983).
Esa arquitectura comprometida suponía una reacción a la formalización disciplinar que desde principios del siglo XX había definido la práctica profesional del urbanismo como un ejercicio científico de planeamiento racional del suelo. Mediante el trabajo con comunidades desfavorecidas y marginadas, algunos urbanistas y arquitectos reorientan su práctica profesional. Del gran plan de ordenación urbana se pasa ahora a ejecuciones de menores dimensiones, de grano más fino, que se realizan a través de instrumentos como los proyectos y otras estrategias centradas en barrios. Un compromiso arrinconado nuevamente en la década de los ochenta en un viraje hacia planteamientos esteticistas y formales dentro de la arquitectura. Una dura crítica surge hacia esos planteamientos racionalistas y jerárquicos que entienden la práctica del urbanismo como un ejercicio lineal donde el profesional está al servicio de los gobiernos.
El antropólogo James Holston, en su trabajo sobre el epítome del planeamiento modernista: Brasilia, centrará su crítica en la forma como la disciplina ha imaginado el futuro. Criticará su obsesión con un diseño desconectado de las condiciones locales del presente, que imagina la posibilidad de dominar el futuro mientras ignora los conflictos del presente y sus efectos venideros. Emergen en el contexto crítico de la década de los ochenta toda una serie de propuestas bajo el nombre de planeamiento justo, participativo o comunicativo. Todas ellas articulaciones de la práctica profesional del urbanismo que se mantienen dentro de los límites de la disciplina: preservan en todos los casos la idea de que el urbanista mantiene el monopolio experto sobre el diseño de la ciudad, pero trata de incluir a los ciudadanos en ese ejercicio.
Serán las propuestas de un urbanismo radical las que lleven un paso más allá la contestación al planeamiento racionalista. Frente a la convención disciplinaria que ha entendido el urbanismo como un trabajo práctica de ordenación de la sociedad (en su versión modernista: el urbanismo como guía de la sociedad), se desarrolla ahora un urbanismo destinado a la transformación social. Ahí encontramos las dos grandes tradiciones de la disciplina del planeamiento urbano, según John Friedmann, en un sumario que hace Victoria A. Beard: “planning as societal guidance operates as ‘conventional planning’ conducted by a professionally trained practitioner. In contrast, planning as social transformation is most fully represented by the fourth tradition in planning thought – social mobilization, which draws on three oppositional currents: social anarchism, historical materialism, and utopianism (Friedmann, 1987: 225). According to Friedmann, planning as social transformation is radical planning” (Beard, 2003: 16).
Siguiendo el itinerario del compromiso social abierto desde los 70, y tomando inspiración de James Holston, Leonie Sandercock da una vuelta de tuerca en esa reorientación de la disciplina cuando argumenta que el planeamiento de la ciudad tiene lugar a través de las prácticas cotidianas y por lo tanto no es una actividad reservada únicamente a los expertos. El planeamiento ejecutado por comunidades afroamericanas, el community-driven planning y community-based planning, serían dos ejemplos localizados en EE UU. Lo que ella designa como urbanismo insurgente (en clara resonancia con Holston y la cierta literatura sobre la ciudad informal —ver pieza anterior: Teoría favela: la auto-construcción del sur global— ) representa una radical reorganización epistémica de lo que supone planear la ciudad. Hay un aspecto relevante en el alegato de Sandercock: está realizado desde la misma disciplina del urbanismo en un intento por interpelar a sus miembros:
to a new generation of planners who are not necessarily employed in traditional public or private consulting organizations (see contributions to Douglas and Friedmann, 1998). This planning scholarship demonstrates how de facto community and urban developments take place through everyday practices of squatter citizens, determined poor women, illegal immigrants and other disfranchised and marginalized communities (Beard, 2003; Friedmann, 1988; Irazábel, 2008; Miraftab, 2005; Sandercock, 1998b). Through their development of houses and infrastructure such actors also build deep democracies (Appadurai, 2001). (Miraftab, 2009: 42)
Desde esta perspectiva, el urbanismo se hace más allá de los despachos institucionales, por personas que no son expertos sancionados. El problema, tal es el argumento de Sandercock, es que la historia oficial ha invisibilizado estas formas de hacer ciudad al ofrecer un relato del planeamiento ejecutado por el Estado, llevado a cabo por urbanistas heroicos como Ebenezer Howard, Le Corbusier... Sin embargo, han existido siempre tradiciones del urbanismo más allá del Estado y, en ocasiones, en confrontación con este. Tradiciones que desafían la misma noción de lo que entendemos como urbanismo (planning): “histories of insurgent planning practices, stories of marginalized and oppressed groups excluded from or in resistance to state-directed, modernist planning” (Sandercok, 1998: 21).
El urbanismo insurgente nos coloca ante una larga tradición que ha sido cultivada dentro de las disciplinas del urbanismo y la arquitectura, que se remonta en el tiempo décadas atrás. Una modalidad que entiende el planeamiento más allá del practicante que trabaja para el Estado e incluye a organizadores de comunidades, activistas y ciudadanos de todo tipo. Tal propuesta entiende el planeamiento como un ejercicio orientado a la transformación social, un proyecto emancipatorio de carácter antagonista (oppositional) que requiere una reorganización epistémica:
Radical practice emerged from experiences with and a critique of existing unequal relations and distributions of power, opportunity, and resources. The goal of these practices is to work for structural transformation of systematic inequalities and, in the process to empower those who have been systematically disempowered. (Sandercock, 1998b: 97–8)
Si los estudios urbanos nos muestran que la ciudad informal es construida por sus propios habitantes sin la necesidad de expertos, el urbanismo insurgente señala un desplazamiento de los profesionales del planeamiento que toma inspiración y dialoga con esa manera de entender la ciudad. Dos formas de dar cuenta de las maneras de hacer ciudad que están movidas por un impulso insurgente y emancipador.
Referencias
Castells, M. (1983). The City and the Grassroots: A Cross-Cultural Theory of Urban Social Movements. Londres: Edward Arnold.
Miraftab, F. (2009). Insurgent Planning: Situating Radical Planning in the Global South. Planning Theory, 8(1), 32-50.
Sandercock, L. (1998a). Making the Invisible Visible: A Multicultural Planning
History: University of California Press.
Sandercock, L. (1998b). Towards Cosmopolis: Planning for Multicultural Cities. Chichester: Wiley.
Beard, V. A. (2003). Learning Radical Planning: The Power of Collective Action. Planning Theory, 2(1), 13–35.
Teoría favela: la autoconstrucción del sur global
Por Adolfo Estalella, profesor colaborador del master universitario de Ciudad y urbanismo.
Rocinha, la mayor favela de Brasil. 70.000 habitantes viven al margen de las convenciones de la ciudad formal. Un barrio levantado de forma humilde por sus propios habitantes, hecho de casas autoconstruidas, tramas enredadas y planeamientos informales. Favelas como Rocinha se han convertido en el epítome de la metrópolis brasileña y las ciudades del sur global, caracterizadas a través de los enormes asentamientos informales que pueblan sus periferias. Regiones que han sido desacreditadas por su condición caótica y desordenada, pero también expresiones urbanas que desafían teorías establecidas de la ciudad.
Favela Rocinha, Rio de Janeiro.
De Mumbai a Sao Paulo, de Ciudad del Cabo a Yakarta, las ciudades del sur global han crecido a través de asentamientos informales, lugares donde se concentra la expansión urbana de nuestro mundo contemporáneo. Brasil es un ejemplo entre los muchos posibles: si a mediados del siglo XX el 70% de la población estaba asentada en el contexto rural, cincuenta años después la población del campo era solo el 20%. Ciudades como Brasilia y Sao Paulo dan cuenta de la transformación del ecosistema político que va pareja al reordenamiento demográfico del país. Sao Paulo pasó de tener 31.000 habitantes en 1872 a contar con una población de 10 millones en el año 2000. La ciudad creció y su periferia informal se expandió al mismo tiempo.
Favelas en Brasil, slums en india, villas miserias en Argentina, la ciudad informal tiene su expresión local en cada geografía. Son todas ellas ciudades que se levantan siguiendo el trazado oportunista de la inventiva ciudadana. Acostumbrados a pensar lo urbano desde los mundos del norte, estamos desarmados conceptualmente ante las ciudades informales del sur, urbes que no siguen la trama ordenada del urbanismo formal trazado por expertos y sancionado por instituciones. Paisajes urbanos que dejan en evidencia las limitaciones de unos estudios urbanos incapaces de imaginar lo que no encaja en sus concepciones de la ciudad.
Esas expresiones informales de lo urbano han sido convertidas, por la literatura académica y por el imaginario mediático, en el epítome de la megalópolis del sur global. Pensamos, percibimos y entendemos a través de la favela (o el slum) a las grandes capitales del hemisferio sur. Las periferias son descritas como ciudades a medias, expresiones informes y defectuosas, nodos de pobreza y miseria, desconectados de los flujos globales y aislados de las ciudades formales, excesos incontrolados (también incontrolables) de la ciudad instituida y ordenadas. Así nos lo presenta la visión apocalíptica y distópica de Mike Davis (2006) en Planet of Slums, o lo encontramos en narraciones populares que circulan globalmente como la famosa película Slumdog Millonaire ambientada en el slum Juhu de Mumbai (Bombay).
Y sin embargo, el slum, la favela y la villa miseria son algo más (y algo distinto) que el exceso monstruoso que desborda los límites geográficos de la ciudad: es también el desborde de nuestros marcos conceptuales y la evidencia de sus limitaciones. Los trabajos de James Holston y Teresa Caldeira (2008) sobre Sao Paulo y Brasilia, por ejemplo, nos muestran la inventiva urbana y la movilización política que rezuma la vida cotidiana de las periferias. Habitantes expulsados del centro de la ciudad por un entramado legal y económico excluyente se han esforzado durante décadas en hacer ciudad con sus propias manos (Holston, 1991). En un contexto donde la propiedad de la tierra es compleja, las familias que ocupan primero ilegalmente los terrenos tratan después de comprar legalmente la tierra, tal es la vía para convertirse en una familia respetada. Lo siguiente son años autoconstruyendo (como se dice en Brasil) sus propias casas. Sobre ese ejercicio material de autoconstrucción se fundamenta su propia ciudadanía: un espacio de reclamación de derechos políticos que nace y se alimenta de sus esfuerzos por hacer ciudad.
Favela Rocinha de noche, Rio de Janeiro.
Los trabajos de James Holston y Teresa Caldeira, como otros académicos, nos colocan ante una cuestión desafiante: quizás la ciudad informal del sur global no puede entenderse como una urbe defectuosa o una ciudad amorfa, quizás estamos sencillamente ante una ciudad distinta y una forma diferente de construir nuestro entorno habitado. Un planteamiento así deja en evidencia las teorías urbanas que nos explican cómo funcionan las ciudades. Marcos conceptuales fundados exclusivamente en las urbes de Europa y Norteamérica. Londres, París, Nueva York o Chicago han sido convertidas en modelos a partir de los cuales se piensa y describe el resto de ciudades del globo: el espacio público, la gobernanza urbana, la circulación de flujos, los movimientos de población… Es precisamente cierta idea de ciudad alumbrada en el norte la que lleva repetidamente a interpretar la periferia informal como un exceso defectuoso de la ciudad. Pero, ¿y si la ciudad informal hubiera de ser pensada en otros términos?, no desde los marcos conceptuales acuñados desde la ciudad del norte.
Poco de lo que sabemos a partir de las ciudades europeas es aplicable para describir las urbes de latitudes meridionales: desde el lugar que las ciudades han jugado en los procesos de modernización, las concepciones del espacio público o el rol de las infraestructuras (o su ausencia). Más aún, los estudios empíricos (como los de Holston y Caldeira) nos muestran que demasiado a menudo las descripciones de la periferia carecen de matices, cometen el error de equiparar informalidad con pobreza (cuando no siempre es así) y no reconocen la enorme variabilidad urbana que existe dentro de ellas. Toda una serie de investigaciones producidas en la última década nos proporcionan informes empíricos que muestran el enorme dinamismo económico de las periferias, los espacios de inventiva urbana que se desarrollan en ellas y las denodadas luchas políticas que albergan.
No se trata de romantizar esas regiones depauperadas, asoladas por la criminalidad y por condiciones de vida precarias, zonas que sufren el estigma de la exclusión y condiciones materiales extremas. Pero resulta ineludible reconocer la complejidad de esos territorios y la naturaleza paradójica de la vida urbana que en ellos se desarrolla. Si tenemos en cuenta tales aspectos y evitamos las descripciones planas y desacreditadoras, la ciudad informal nos presenta un doble desafío: primero, evidencia las limitaciones de nuestro corpus teórico sobre lo urbano y, segundo, nos sitúa ante la existencia de todo un mundo urbano que demanda ser teorizado en sus propios términos. La ciudad informal nos reclama una forma de entender y pensar lo urbano más allá de la lógica experta del urbanismo convencional y las formulaciones teóricas producidas en el norte.
Vía principal de favela Rocinha, Rio de Janeiro.
Aunque podemos ir más allá, como han hecho, entre otras, Ananya Roy, Vyjayanthi Rao o AbdulMaliq Simone, al plantear que quizás no se trata únicamente de producir marcos teóricos para dar cuenta de la periferia sino de alumbrar nuevas maneras de entender la ciudad. Un debate que se prolonga en cierto ámbito de los estudios urbanos desde hace una década. En diálogo con los estudios postcoloniales y en un intento por trasladar sus contribuciones al análisis de lo urbano Ananya Roy (2011) argumenta la necesidad de reconocer la agencia de los subalternos y los excluidos, ignorada e invisibilizada cuando hemos dado cuenta de la ciudad, un urbanismo subalterno que ha sido invisibilizado. Roy sugiere trasladar la producción teórica a la periferia y pensar en la ciudad informal como otra modalidad de urbanización. Desde esta perspectiva, la informalidad puede ser entendida de una forma radicalmente distinta, en palabras de Roy como “an idiom of urbanization, a logic through which differential spatial value is produced and managed […] not restricted to the bounded space of the slum or deproletarianized/entrepreneurial labor; instead, it is a mode of the production of space that connects the seemingly separated geographies of slum and suburb” (Roy 2011: 233).
La periferia deja de ser entonces un segmento demográfico y una localización geográfica y se convierte en un espacio conceptual: “the periphery is then a potentially generative space—a source of innovation and adaptation” (Simone, 2010: 41). El objetivo es liberar la metonimia geográfica que colapsa el urbanismo subalterno con el slum y la ciudad informal con la metrópolis del sur global. Tal planteamiento requiere, según Roy, subvertir la dicotomía formal/informal para pensar en la informalidad como un tipo de transacciones que conectan distintos espacios y economías. Lo informal estaría diseminado con expresiones distintas en nuestros mundos urbanos: en algunos lugares toma la forma de grandes centros comerciales construidos ilegalmente en Yakarta, en otros emerge como favela en Rio de Janeiro y en distintas geografías toma la expresión de proyectos ciudadanos insurgentes en mitad de las urbes europeas, como argumentaré en la última pieza (Urbanismo libre: cuidar de la ciudad común).
El desafío y la oportunidad que nos presentan la favela (y el slum) es re-aprender a teorizar la ciudad a través de los modos como hacen ciudad aquellos que han sido excluidos de ella e invisibilizados de las teorías urbanas. Un singular desplazamiento que nos invita, a localizar la producción teórica en las ciudades del sur o, en palabras de Vyjayanthi Rao (2006), a pensar en el slum (y la favela) como teoría.
Referencias
Davis, M. (2006). Planet of Slums. London: Verso.
Holston, J. (1991). Autoconstruction in Working-Class Brazil.“ Cultural Anthropology. Cultural Anthropology, 6(4), 447- 465.
Holston, J., & Caldeira, T. (2008). Urban Peripheries and the Invention of Citizenship. Harvard Design Magazine, 28, 18-23.
Rao, V. (2006). Slum as theory: the South/Asian city and globalization. International Journal of Urban and Regional Research, 30(1), 225-232.
Roy, A. (2011). Slumdog Cities: Rethinking Subaltern Urbanism. International Journal of Urban and Regional Research, 35(2), 223–238.
Simone, A. (2010). City Life from Jakarta to Dakar. Movements at the Crossroads. New York and London: Routledge.
Documental
Rocinha: The pedreiro and the master planner, por May Abdalla (2014), documental de Aljazeera, dentro de la serie ‘Rebel architecture’. http://www.aljazeera.com/programmes/rebelarchitecture/2014/06/pedreiro-master-planner-201463095846773290.html
La ciudad informal: urbanismos en busca de la reinvención urbana
Por Adolfo Estalella, profesor colaborador del master universitario de Ciudad y urbanismo.
¿Quién es el responsable de diseñar y planear la ciudad hoy en día? ¿Qué conocimientos son necesarios para abordar las problemáticas que lo urbano nos platea? ¿Qué instituciones necesita la gobernanza de metrópolis cada vez más complejas? ¿Dónde podemos encontrar inspiración para planear las ciudades venideras? En tiempos recientes hemos visto cómo esas cuestiones adoptan renovada relevancia y hemos presenciado también cómo desde lugares inesperados se insinúan novedosas respuestas. Así podríamos describir toda una serie de proyectos promovidos por los habitantes de la ciudad, iniciativas en las que vecinas y ciudadanos se lanzan a intervenir en el espacio público, ya sea mediante el cultivo de huertos, la ocupación de plazas o la auto-gestión de espacios diversos.
Esta es una plaza, Madrid.
Madrid, Barcelona, y otras ciudades han visto proliferar espacios donde sus habitantes se hacen cargo de asuntos urbanos: intervienen en el espacio, diseñan su organización, construyen sus infraestructuras y coordinan su uso. Lo que antes eran atribuciones del Estado o privilegios del sector privado son tareas asumidas ahora de manera libre y comprometida por el vecindario. Estamos ante formas singulares de relación con la ciudad, experimentos urbanos que exploran otra forma de vida urbana. Formas de urbanismo insurgente que desafían los modos convencionales de hacer ciudad y las instituciones y los saberes convencionales en esa práctica. Proyectos esperanzados que se esfuerzan por alumbrar otra ciudad distinta, una vida en común diferente.
Esto que en años recientes ha ocurrido en España no es una singularidad absoluta — aunque tiene aspectos distintivos, como describiré en la cuarta pieza Urbanismo libre: cuidar de la ciudad común—. Intervenciones similares en el espacio público se desarrollan con a lo ancho y largo de la geografía global: de Bogotá a Berlín, de Nueva York a Yakarta, un urbanismo insurgente ha proliferado durante la crisis económica global desencadenada en 2008 (Zeiger, 2011). Intervenciones caracterizadas en otras geografías por su carácter temporal, el uso de espacios vacantes, la ocupación al margen de la legalidad, la ausencia de financiación privada o pública, la limitación de recursos y la ligereza y provisionalidad de las infraestructuras materiales que se construyen (Iveson, 2013). Todo un repertorio de conceptos han sido alumbrados para referirse a estas modestas formas de hacer ciudad, cada uno de los cuales destaca aspectos específicos: urbanismo DIY (Iveson, 2013), urbanismo táctico (Zeiger, 2011) o makeshift city (Vasudevan, 2015).
Juhu slum, Mumbai.
Esas formas de hacer ciudad a contra-corriente de la urbe formal y los modos de diseño institucional muestra una enorme diversidad de expresiones a lo ancho del globo, como muestra Jeffrey Hou (2010) en una compilación sobre lo que designa como espacios públicos insurgentes (Insurgent Public Space. Guerrilla urbanism and the remaking of contemporary cities). Desde una perspectiva interdisciplinar, el volumen describe una tipología diferenciada de prácticas de resistencia que incluyen la apropiación, reclamación, pluralización, transgresión, desvelamiento y contestación de las formas convencionales del espacio público.
Alabadas por su naturaleza insurgente, su condición resistente y antagonista, la literatura académica oscila entre la conceptualización de estos proyectos ciudadanos como actos de insurgencia (a la manera de Hou) o criticarlos porque acaban siendo cooptados por las administraciones públicas y el sector privado. Huertos o espacios auto-gestionados que son instrumentalizados a favor de proyectos de ‘regeneración urbana’ que simplemente engrasan políticas regresivas y reproducen formas de gobernanza neoliberal (Mould, 2014). En mitad de esa ambigüedad, el urbanismo DIY/insurgente/táctico puede leerse dentro de la amplia ola de movimientos que reclaman en tiempos recientes el derecho a la ciudad, como hace Kurt Iveson. Una reclamación a determinados derechos sobre el espacio y la vida urbana, como Henry Lefebvre nos enseñó décadas atrás. Pero podemos hacer también una lectura alternativa según la cual esos proyectos no señalan nuevos derecho sobre la ciudad sino una ciudad distinta dentro de aquella que conocemos. La ciudad que contesta la autoridad de las instituciones, la representación de la política convencional y la experticia del saber del saber experto.
Esas experiencias que problematizan las formas tradicionales del urbanismo conectan con tradiciones históricas que durante la década de los setenta desarrollaron colectivos de arquitectura como Ant Farm y Archigram en EE UU, entroncan con la experiencia contracultural de los back to the land, y tienen resonancias con experiencias italianas como Global Tools. Intentos todos ellos por repensar la práctica misma de la arquitectura. Más aún, sería posible trazar un hilo que permite establecer algunas continuidades con los movimientos de embellecimiento y mejoras urbanas del siglo XIX, justo antes de la institucionalización del urbanismo, como hace Emily Talen (2015). Una época en la que las mejoras urbanas son promovidas desde abajo por ciudadanos, llevadas a cabo por personas individuales o pequeñas asociaciones que realizan intervenciones incrementales de pequeña escala.
Instant City, Archigram.
Estas formas de urbanismo que ahora presenciamos en las ciudades del norte constituye en realidad la práctica fundacional de muchas ciudades del sur global. Grandes urbes auto-construidas lenta y afanosamente por sus propios habitantes en las periferias informales de las grandes metrópolis. Sin la presencia de expertos tradicionales, los propios habitantes diseñan y construyen sus hogares y tienden las infraestructuras necesarias para sostener la posibilidad de habitar la ciudad, mezclando pericia técnica con la implicación política (Holston, 1991; Annand, 2011). Quienes han sido expulsados de la ciudad autoconstruyen materialmente su derecho a habitarla en lo que James Holston ha designado como ejercicios de ciudadanía insurgente. A través de ellos nos demuestran otra manera de pensar en la cuidad, sus fuentes de creatividad y el lugar que sus habitantes pueden jugar en su diseño material, como desarrollo en la segunda pieza de esta serie titulada Teoría favela: la autoconstrucción del sur global.
Las ciudades contemporáneas nos descubren formas de urbanismo que desafían los lugares, conocimientos, materiales y fuentes de autoridad del planeamiento institucional. No son los expertos desde sus departamentos públicos de urbanismo quienes trazan las líneas del diseño de la ciudad sino vecinas y habitantes concernidos que se involucran en la construcción material del espacio público. Una ciudad provisional y frágil, vulnerable y distinta emerge como resultado de ejercicios donde las vecinas se involucran colectivamente en los asuntos urbanos.
Podemos aproximarnos a esos urbanismos insurgentes que alumbran una ciudad informal precaria desde dos perspectivas. La tradición disciplinar del urbanismo los ha pensado como ejercicios que reconfiguran la práctica profesional de los urbanistas y arquitectos, formas de compromiso político e implicación directa con aquellas comunidades con las que trabajan. Otra segunda aproximación piensa estas modalidades de urbanismo como una práctica extendida que desborda su carácter técnico y disciplinar, el urbanismo se entiende desde esta perspectiva como una forma de implicarse en el diseño y la construcción cotidiana de la ciudad. Dos fuentes teóricas para contextualizar la singularidad de los urbanismos que han emergido en tiempos recientes en algunas ciudades del norte y que nos ayudan a entender la extensa práctica a través de la cual se hace la ciudad en el sur global.
Esta pieza es la introducción de una serie de cuatro textos (incluido el presente) en los cuales me referiré a tres tradiciones distintas que nos ayudan a pensar qué significa hacer ciudad hoy en día: (i) los urbanismos informales de la ciudad del sur global, (ii) el urbanismo insurgente surgido desde la década de los setenta dentro de la disciplina del urbanismo y (iii) las intervenciones ciudadanas desarrolladas en ciudades del norte que describiré a través de la experiencia reciente en la ciudad de Madrid. En la serie me referiré primero a los urbanismos subalternos de las ciudades del sur global y al desafío teórico que nos plantean: teorizar la ciudad en nuevos términos desde la favela, el slum y la villa miseria: Teoría favela: la auto-construcción del sur global. En la segunda pieza haré un recorrido por las tradiciones del urbanismo comprometido políticamente desarrolladas de la década de los 70 en la disciplina: Urbanismos insurgentes: un proyecto de emancipación urbana. En la tercera contribución regreso sobre las experiencias en ciudades europeas y de manera particular sobre el caso de Madrid, donde he realizado mis investigaciones desde el año 2010, ahí señalaré una expresión singular que adoptan estos urbanismos ciudadanos. Lo que llamaré urbanismo libre señala la convergencia entre las prácticas urbanas de autoconstrucción y la cultura libre surgida en Internet: Urbanismo libre: cuidar de la ciudad común.
Pudiera parecer anecdótico para las grandes teorías urbanas cada una de estas experiencias, pero lo cierto es que nuestras ciudades se enfrentan cada día a problemáticas de mayo alcance: flujos globales que las desbordan, especulaciones financieras que las doblegan y problemas medioambientales que las sobrepasan. Problemáticas que requieren un renovado equipamiento teórico para pensar la ciudad y acometer el diseño de una vida futura vivible. Y eso es lo que nos ofrecen muchas de estas experiencias: recursos para repensar la ciudad. Deberíamos juzgarlos no por su dimensión espacial sino por su escala conceptual. Son relevantes porque nos ofrecen herramientas teóricas para pensar la ciudad en nuevos términos, al menos eso es lo que argumenta Vijayanthi Rao (2006) al proponer que pensemos en el slum (o la favela) como teoría. La favela convertida en el lugar desde el que teorizar no solo la periferia sino la ciudad misma, un punto de partida sobre el cual se sostiene esta serie de piezas.
Referencias
Anand, N. (2011). Pressure: The PoliTechnics of Water Supply. Cultural Anthropology, 26(4), 542–564.
Holston, J. (1991). Autoconstruction in Working-Class Brazil." Cultural Anthropology. Cultural Anthropology, 6(4), 447- 465.
Hou, J. (Ed.). (2010). Insurgent Public Space. Guerrilla urbanism and the remaking of contemporary cities. London, New York: Routledge.
Iveson, K. (2013). Cities within the City: Do-It-Yourself Urbanism and the Right to the City. International Journal of Urban and Regional Research, 37(3), 941–956.
Mould, O. (2014). Tactical Urbanism: The New Vernacular of the Creative City. Geography Compass, 8(8), 529–539.
Rao, V. (2006). Slum as theory: the South/Asian city and globalization. International Journal of Urban and Regional Research, 30(1), 225-232.
Talen, E. (2015). Do-it-Yourself Urbanism: A History. Journal of Planning History, 14(2), 135-148.
Vasudevan, A. (2015). The makeshift city: Towards a global geography of squatting. Progress in Human Geography, 39(3), 338-359.
Zeiger, M. (2011). The Interventionist's Toolkit. Places Journal.
La cultura en la agenda urbana
Jordi Pascual es profesor colaborador en Políticas públicas y derecho a la ciudad en el programa de Ciudad y urbanismo de la UOC, y coordinador de la Agenda 21 de la cultura en Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU).
Podemos afirmar que los temas culturales son centrales en el debate sobre el futuro de nuestras ciudades. Que la construcción colectiva del futuro incluye debatir sobre el pasado, las memorias y los patrimonios culturales de sus habitantes. Que la mundialización cultural presente en la ciudadanía está para quedarse y obliga a ir más allá, bastante más allá, de la "aceptación" de la diversidad para transitar hacia, por un lado, la visibilidad y la promoción de tal diversidad y, a la vez, el despliegue de procesos de interculturalidad y de mezcla. Que sin mayor presencia de elementos cotidianos vinculados con la creatividad resulta difícil el empoderamiento (es decir, el aumento del poder, de la capacidad de actuar en pie de igualdad) y la consciencia de los habitantes de una ciudad. Que sin conocimiento crítico (textual, gestual, espacial, visual, audiovisual) resulta imposible tener una perspectiva más completa de lo imposible y de lo posible (desenmascarando realidades alternativas, post-verdades y demás mentiras).
Sí, desde un punto de vista académico, estaremos todas y todos de acuerdo que los temas culturales son centrales en el debate sobre el futuro de nuestras ciudades. Pero esta afirmación, desde un punto de vista ciudadano, aún no es una obviedad. Debería serlo, pero no lo es.
Veamos, con cierta voluntad de activar el debate, por qué.
En primer lugar porque, en los últimos lustros, el debate sobre la responsabilidad de construir un marco sólido sobre las políticas urbanas que tienen que ver con la cultura (es decir, las políticas culturales) se ha institucionalizado. No es lo mismo "público" que "institucional". El marco sólido de las políticas culturales debería reposar tanto en la sociedad civil y las comunidades culturales como en la administración pública. En sus estrategias, históricamente, una parte de los actores culturales ha buscado más su institucionalización que la potenciación de su carácter público. El actual grado de institucionalización de la cultura, sobre todo en los países europeos, aconsejaría un debate nuevo, más valiente, sobre lo público y reposaría también (¿sobre todo?) en la determinación de los actores culturales en ser actores más relevantes para la sociedad.
En segundo lugar, porque los actores culturales raramente han justificado su aportación a la sociedad a partir de los derechos culturales. Años después de la aprobación de la Agenda 21 de la cultura (2004), la declaración de Friburgo (2007) y de los numerosos informes publicados por las relatoras especiales de Naciones Unidas en la esfera de los derechos culturales (Farida Shaheed en el período 2009-2015 y Karima Bennoune desde esta fecha hasta hoy), el desconocimiento sobre los derechos culturales sigue siendo notorio. Las organizaciones y los activistas de la sociedad civil dedicados a los derechos humanos se han centrado en los derechos civiles o en los derechos económicos o sociales, ignorando (o casi) una categoría fundamental, los derechos culturales. Sin embargo, poco a poco, los derechos culturales, a menudo vinculados al recientemente recuperado "derecho a la ciudad" o en otras ocasiones asociado al carácter de la cultura como un bien común, están transformando (más implícitamente que explícitamente) los relatos que articulan las políticas culturales. Y ello es así gracias, sobre todo, a los centenares de iniciativas culturales comprometidas con la profundización democrática. En estas iniciativas el foco se sitúa más en el proceso posible (democracia) que en el canon establecido (democratización), y los actores centrales de la acción pasan (deberían pasar) de ser los profesionales de la cultura a ser los ciudadanos que la necesitan. Si este cambio se consolidara, tendría un impacto considerable en la orientación de las políticas culturales locales.
En tercer lugar, porque los actores culturales de las instituciones públicas se encuentran cómodos en su zona de confort y no consiguen (¿no desean?) rebasar su ámbito "propio" de acción, tanto conceptual como físico. En otras palabras, en los programas de los gobiernos dedicados a la equidad (la educación, la salud) o al territorio (planes comunitarios, espacios públicos, urbanismo, medio ambiente) se sigue contando con una presencia muy limitada de los actores y de los factores culturales (la memoria, la diversidad, la creatividad, el conocimiento crítico). Esto es así, en buena parte, porque no hay un análisis completo del impacto real de las políticas culturales en la ciudadanía. En otras palabras: las personas que, ahora y aquí, en nuestras ciudades, más necesitan la cultura ("más necesitan participar activamente en procesos vinculados a la memoria, la creatividad, la diversidad y el conocimiento crítico") no son los actuales usuarios o consumidores de la cultura propuesta desde las instituciones culturales.
En cuarto lugar, porque resulta sorprendente la ausencia de un debate serio sobre la relación entre las instituciones culturales y el poder. La crisis económica (y democrática) ha impactado de manera desigual en las instituciones culturales. Algunas han apostado sus cartas a la instrumentalización económica (turismo, marketing), otras se han refugiado en la excelencia artística... y la gran mayoría ha consolidado su relación de proximidad con los poderes políticos y económicos. Las instituciones (y los actores) culturales no han constituido instancias autónomas de debate y de acción en casi ninguna ciudad del mundo. La excepción es (¿ha sido?) Montreal, gracias a la organización Culture Montreal y alguna que otra ciudad europea de la cultura (como en Pilsen), cuyos fastos han activado plataformas culturales autónomas, con visión a largo plazo y énfasis en los derechos culturales de la ciudadanía.
En fin, acabemos con una idea de síntesis. En esta última década han aparecido centenares de iniciativas culturales comprometidas con la profundización democrática, iniciativas de co-producción, de co-creación o de democracia cultural. Éstas constituyen una formidable cantera de innovación en los contenidos y en las metodologías de trabajar en la cultura (o en lo cultural), en todas las ciudades del mundo. Estas iniciativas relacionan cultura con la equidad social, el equilibrio ambiental, la vitalidad económica y el entorno digital. Corresponde a estas iniciativas culturales, y a sus actores, la conquista de los espacios de debate sobre las políticas culturales. Sería justo, muy justo y muy merecido, que las acciones relativas a la gobernanza de la cultura de las administraciones locales les ayudaran un poco. Por ejemplo, (a) invitando a estas iniciativas a estar presentes en los órganos de gobierno de las grandes instituciones culturales (con voz y voto), y/o (b) asegurando que un porcentaje del presupuesto (¿el 15%?) de tales grandes instituciones culturales se dedicara a proyectos de innovación ciudadana. En nuestras ciudades, hoy toca (es imperativo) encontrar un equilibrio nuevo entre administraciones, instituciones y actores. Toca modificar las estructuras de gobernanza de la cultura y acercarlas a la ciudadanía. Hay debate.
La ciudad de las Redes
Por Mireia Hernández, profesora colaboradora del máster universitario de Ciudad y urbanismo.
En los últimos años el planeamiento de nuestras ciudades se ha visto interrumpido por nuevos conceptos que han obligado a entender la ciudad de una forma diferente. Durante mucho tiempo el papel de las redes de infraestructuras se ha menospreciado, relegado casi a la función básica de abastecer a los ciudadanos, sin plantear el poder de extensión que ejercían sobre la ciudad. Pero el tiempo y el afán por convertirnos en una sociedad altamente tecnológica parecen haber vislumbrado algo que profesionales del territorio hemos defendido durante décadas: el poder de las redes. En realidad, que “smart city” se haya convertido en una palabra en boca de todo el mundo nos ha hecho un gran favor, a nosotros y a la ciudad. Pues en esta nueva era tecnológica la ciudad ya no se entiende sin su soporte infraestructural, y aunque llevamos mucho tiempo trabajando para demostrarlo, sin duda esto vislumbra una realidad escondida, o tal vez una realidad que no quería ser aceptada.
Nuestro más reconocido urbanista ya ponía en relieve que la ciudad no podía ser entendida sin sus redes. Cerdà entendía perfectamente la relación entre infraestructura y ciudad ciudad, y así diseñó el ancho de sus calles, la forma de sus manzanas y tantos otros elementos atendiendo a los requerimientos de soporte de las mismas. Esta forma de entender el territorio a través de sus infraestructuras fué sólo el primer eslabón de un urbanismo que no sólo se fijaba en la forma de la ciudad, sino también en los elementos que formaban parte de ella.
Años más tarde, en 1991, Gabriel Dupuy escribía el libro L’urbanisme des reséaux: théories et méthodes, que se convirtió en referencia para la lectura del territorio a través de sus redes. Su investigación dio a conocer nuevas herramientas con las que trabajar el territorio leído a través de sus infraestructuras, y los posteriores avances que se han dado en este campo partieron de las teorías de redes de la escuela francófona.
Las redes de infraestructuras ejercen una fuerte influencia sobre la morfología de nuestras ciudades, y por ello no podemos olvidarlas al planificar el territorio. Manuel Herce presentaba en los noventa su tesis sobre variantes de carretera y forma urbana, demostrando el poder de atracción de la red sobre el espacio construido. Años más tarde, y utilizando como punto de partida esta investigación, nosotros demostramos efectos similares respecto la infraestructura férrea [1].
Las redes han ejercido, y continúan ejerciendo, tensiones sobre el territorio. La planificación de éstas si atender a sus interrelaciones con los sistemas urbanos es un despropósito. Toda nueva carretera, línea eléctrica, o infraestructura de cualquier índole debe proyectarse pensando en los futuros efectos e impactos causados. Inclusive cuando se abastecen territorios sin urbanizar. La accesibilidad a la red, la conectividad y la capacidad de extensión de las mismas deben ser elementos importantes a considerar.
Existen notorios ejemplos en los que el mal entendimiento de las redes ha llevado a soluciones nefastas. Desde las islas artificiales de Dubai, donde no se pensó en la renovación de las aguas internas que recorren la urbanización, provocando serios problemas en el tratamiento de las aguas negras; hasta la implantación low-cost de los BRT’s en Latinoamérica para reducir costes, creando cicatrices urbanas difìciles de resolver. ¿Podemos planificar nuestras ciudades sin pensar en las redes de servicios? ¿Es sostenible que nuevos proyectos de infraestructuras se implementen sin atender sus potenciales impactos? ¿Cómo esperamos integrar las diferentes piezas que componen el puzzle urbano para que funcionen de forma integrada y alcancen la excelencia?
En la ciudad del ahora, donde ya no se entiende lo urbano sin lo tecnológico, donde la esfera física no tiene sentido sin la esfera digital, las redes de infraestructuras emergen de nuevo. El territorio de las redes ha resultado ser el territorio del futuro, y este ya no puede quedar relegado del proceso planificador de la ciudad.
Notas:
[1] Ver artículo “Modelo morfológico de crecimiento urbano inducido por la infraestructura ferroviaria. Estudo de caso en 25 ciudades catalanas” en Revista Scripta Nova, Vol. XX – Núm. 527.
De la ciudad sostenible a la ciudad inteligente y autosuficiente: reflexiones críticas desde la Ecología Política Urbana
Hug March Corbella, profesor del máster universitario de Ciudad y urbanismo.
Ya desde la década de los 90 del siglo pasado la sostenibilidad se ha convertido en un eje estructurador de cualquier nuevo imaginario urbano. De las ciudades sostenibles y la Agenda 21 Local hemos pasado a nuevos paradigmas o imaginarios como son las Smart Cities o ciudades inteligentes, las ecocities, las ciudades resilientes o las ciudades autosuficientes, entre muchos otros términos. En todos estos modelos la crisis ambiental aparece como uno de los ejes estructuradores de las narrativas que movilizan. La gestión del agua, de la energía, de los residuos, el verde urbano, las emisiones del transporte pasan a ser preocupaciones centrales en estos nuevos modelos.
Sin embargo, y más allá de la urgencia de afrontar la crisis ambiental global, también desde la escala urbana, es necesario cuestionar que se entiende por sostenibilidad o por medio ambiente urbano. ¿Quién gana y quien pierde con la transformación del medio ambiente urbano, incluso si se trata de transformaciones cualificadas como sostenibles y necesarias? ¿Existen soluciones técnicas que puedan abordar las causas de fondo del acceso desigual al medio ambiente urbano? ¿Por qué se privilegian ciertos imaginarios y ciertas “naturalezas”?
La literatura en sostenibilidad urbana se ha olvidado mayoritariamente de todas estas cuestiones y ha llevado a cabo lecturas e interpretaciones “apolíticas” del cambio ambiental urbano. Ha partido desde unas posiciones ontológicas que reproducen la separación entre naturaleza y sociedad, y se ha desarrollado sofisticados modelos y metodologías para supuestamente “mejorar” la sostenibilidad urbana. Por bien que se han hecho contribuciones muy importantes sobre cómo ser más eficientes en el uso de recursos naturales o como mejorar los problemas de contaminación estas aproximaciones se han centrado en aspectos técnicos olvidando consideraciones de cariz más general. En otras palabras, se han centrado, especialmente esas intervenciones influenciadas por la Modernización Ecológica, en proponer pequeños parches para que todo siga igual. En el otro extremo, encontramos blueprints o planes de acción sobre futuros urbanos (ciudades completamente autosuficientes, ciudades inteligentes o Smart, imágenes de ciudades totalmente verdes) que están faltas de un rigor analítico sobre cuál es el camino para llegar a ellas. La mayor parte de estos imaginarios se abstraen de la desigualdad social y del desarrollo desigual que caracteriza las ciudades del Norte y del Sur Global.
En este contexto, y para llenar este vacío académico, la Ecología Política Urbana aborda de manera crítica la relación entre el cambio ambiental y los factores políticos, económicos y culturales. De este modo se interesa de cómo unas determinadas relaciones de poder resultan en una determinada distribución desigual de los recursos ambientales. En este proceso algunas socio-naturalezas se privilegian mientras que otras son marginadas, y por ende unos determinados colectivos (en base a clase, género y/u origen) son favorecidos y otros perjudicados. La Ecología Política Urbana, podríamos argumentar, se centra en entender “quien gana” y “quien pierde” en los procesos de “urbanización” del medio ambiente y “qué” tipos de socio-naturalezas e ideales ambientales lo sustentan.
Probablemente en la actualidad, son las Smart Cities, o ciudades inteligentes, el paradigma urbano que más atención copa. En este escenario las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) permean todos la infraestructuras urbanas, desde las redes de transportes a las tuberías de agua, pasando por la infraestructura de energía o la gestión de los residuos urbanos, entre muchas otras dimensiones. Su promesa es la de optimizar la gestión urbana, como si esta pudiera ser reducida a una mera ecuación ingenieril. Sus versiones más ortodoxas llevan al extremo la privatización de los servicios urbanos bajo una narrativa despolitizadora caracterizada por la urgencia de la crisis ambiental.
Sin embargo más allá de la crítica necesaria a las aproximaciones dominantes, es necesario reflexionar sobre como diferentes alternativas socio-ambientales urbanas se pueden articular subvirtiendo tales conceptos o reapropiándose de manera instrumental de algunas de sus tecnologías. El uso alternativo de las TIC en la gestión urbana desde abajo puede ser muy interesante para articular alternativas a los modelos dominantes corporativos de Smart City. Nuevas tecnologías, como la fabricación digital, articulada en distintos espacios como los Fablabs o los Ateneos de Fabricación Digital (experiencia pionera en Barcelona) pueden contribuir a cuestionar (por bien que muy tímidamente o casi de manera anecdótica actualmente) las modelos de producción y distribución y consumo de bienes y servicios.
De manera análoga al de la fabricación digital ha emergido un fuerte interés desde los nuevos paradigmas socio-ambientales urbanos en la agricultura urbana. Sin embargo, este movimiento está caracterizado por movilizar visiones dispares de los que significa un huerto urbano y de cuáles son sus principales virtudes. Así, mientras existe una agricultura urbana, sobretodo promovida por los ayuntamientos que buscar ser una herramienta de inclusión social o de emprendería, otras visiones más radicales utilizan la agricultura urbana como un medio para reclamar el derecho a la ciudad y al espacio público. En el otro extremo del abanico, encontramos visiones de la agricultura urbana, muy ligadas a las visiones más tecno-optimistas de la Smart City que ven en la agricultura urbana mediante técnicas que permiten el cultivo de alimentos en sitios poco convencionales (azoteas, invernáculos en edificios…etc.) como una alternativa viable a producir la mayor parte de los alimentos en los límites actuales de la ciudad.
Finalmente, la quimera por la autosuficiencia socio-ambiental urbana, ha permeado también en la gestión del agua, de manera análoga a como permeó hace ya unos años la producción de electricidad a escala local. Cada vez son más los municipios que promueven la adopción de tecnologías a nivel del hogar, como la reutilización de aguas grises o la captura de aguas pluviales, o a nivel de barrio/municipio, como la reutilización de aguas residuales.
Por bien que todas estas reconfiguraciones de las relaciones naturaleza-sociedad, o en otras palabras de la producción de socio-naturalezas pueden contribuir a la mejora de la calidad de vida urbana, desde una óptica de Ecología Política Urbana se tiene que explorar críticamente que posibilidades y nuevos retos conllevan estas reconfiguraciones, y sobre todo como cuestionan o refuerzan los modelos dominantes de gobernanza socio-ambiental urbana. ¿Son capaces de producir futuros urbanos más justos y emancipadores para la mayor parte de la ciudadanía?
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Barcelona a 25 años de 1992, reconquistar el Derecho a la Ciudad
Josep Xurigué (@josepxurigue), profesor colaborador del Máster universitario de Ciudad y urbanismo de la UOC.
Hace 25 años Barcelona celebró unos Juegos Olímpicos vibrantes. Una oportunidad para una transformación urbanística sin precedentes. Para una rápida modernización urbana. Ciudades de todo el mundo se transforman a lo largo de décadas para obtener efectos visibles. Barcelona lo hizo en dos lustros.
Además de los factores agencia, del contexto barcelonés, catalán y español, la evolución de Barcelona en este último cuarto de siglo nos aporta luces sobre la evolución de la gobernanza urbana. Lo abordaremos brevemente en este artículo.
Hace 25 años el estado español se adentraba en la senda de la europeización, de la internacionalización, Barcelona una gris ciudad sometida durante el franquismo, convulsa en los primeros años de la democracia recuperada en 1977, escalaba hasta la primera división de ciudades europeas e internacionales. El muro de Berlín había caído 3 escasos años de los Juegos, e Internet no era un medio masivo. No era una herramienta organizativa ni cotidiana determinante. ¿Podemos imaginar hoy la organización de un evento global sin Internet? ¿o la articulación de los movimientos sociales urbanos sin él?
Bajo el liderazgo visionario y proactivo (Brugué i Vallés, 2002 1) del alcalde Pasqual Maragall se hacía posible un programa socialdemócrata local. A cierto contrapié en Barcelona, mientras el neoliberalismo se extendía en occidente: se atraían capitales locales e internacionales para una transformación urbana con escaso parangón, se construían modernas infraestructuras urbanas de comunicación, telecomunicación, deportivas, hoteleras y a la vez, (con escaso tiempo y resultados eficaces; especialmente al fin de los Juegos -y con anterioridad a ellos-), se atendió los barrios para erradicar ‘la visión de periferia’; se monumentalizaba ‘la periferia’ y se higienizaba la Ciutat Vella, el casco antiguo -según la doctrina del ideólogo del urbanismo barcelonés Oriol Bohigas.
Maragall aglutinó una alianza de grupos sociales: burguesía urbana ilustrada, clase media profesional, clase trabajadora, y distintos y diversos distritos municipales; por medio de un discurso modernizador que repartía costes y beneficios entre grupos sociales y territorios de la ciudad. Los Juegos fueron unos Juegos de suma positiva (Botella, 1993 2).
Su visión municipalista, con los años, traspasarían los límites de los 10 distritos barceloneses- impulsados y concebidos bajo la dirección de Jordi Borja-, e impregnaron la presidencia de Maragall en el Comité de las Regiones y Ciudades de Europa; e influyeron en su etapa como presidente de la Generalitat de Catalunya (2003-2007) (Pradel, 2016 3).
‘La ciudad tenía poder’, rezaba una rumba catalana convertida en himno oficioso. Y Barcelona se encumbraba en el Olimpo de la ciudades. El título de la rumba explicitaba la voluntad de una ciudad, de su gobierno, de una amplia alianza de actores sociales, políticos y económicos para llevar a cabo juntos, con el liderazgo político de la alcaldía, un proyecto de ciudad. En un tiempo de mayor homogeneidad social, de consensos interclasistas y de sociedad más cohesionada.
Los 90 y 2000 discurrieron con la necesidad que la ciudad no perdiera fuelle. El Fórum Universal de las Culturas de 2004 fue un invento adecuado y administrado con un liderazgo distinto, más gerencial, del alcalde Clos. La gobernanza multinivel con el estado fue más difícil, con un gobierno conservador desde 1996, que pretendía desarrollar una nueva visión más centralizadora del estado, con una apuesta implícita de desarrollo radial de las infraestructuras desde la capital española.
En la escena internacional, el 11-S de 2001 con el atentado de las Torres Gemelas en Nueva York, originaba un mundo y una época, más urbana sí, pero más inestable, incierta, sembrada de extremismo y de mayor violencia. Por tanto, en paralelo a la aceleración de la mundialización, ciudad e incertidumbre de futuro, devenían conceptos asociados.
En la Unión Europea la irrupción del euro como moneda común supuso a medio plazo un golpe a las economías de las clases medias y trabajadoras del sur, un mazazo que se vislumbraría crudamente -después de la ilusión de los bajos tipos de interés y del auge del consumo- a partir de la crisis financiera de 2007. Nuevo cambio de época.
Hasta entonces, los bajos tipos de interés y el endeudamiento masivo habían fortalecido la sensación de opulencia e incrementado la especulación en el mercado inmobiliario. Y desde el año 2000, otro fenómeno de la globalización, los flujos migratorios, hacían acto de presencia en la ciudad.
En la capital catalana, la distancia entre sociedad y política había ido creciendo. A pesar del éxito internacional de la ciudad, la alcaldía, el gobierno local y la sociedad barcelonesa se habían distanciado. La sociedad de los consensos que había hecho realidad los “mejores Juegos Olímpìcos de la historia’ se iba poblando de heterogeneidad social, de disenso, de movimientos sociales activos y convulsos. Una realidad incubada lentamente que emergería con intensidad a partir de la crisis de 2007.
El sistema político local, estatal y europeo se mostró incapaz de administrar y gestionar una alternativa, o bien de frenar los impactos negativos de la globalización económica; incapaz de mantener las expectativas de unas clases medias urbanas que se empobrecían, y de una clase trabajadora víctima del aumento exponencial del paro.
A pesar de todo, la hacienda local barcelonesa atesoraba superàvit fiscal. Tras los Juegos, los hermanos Maragall habían dibujado una inversión municipal constante que no necesitaría, en exclusiva, ni fundamentalmente, de los capitales en los mercados internacionales para financiar el endeudamiento olímpico y las posteriores inversiones municipales. La inversión se financiaría con importantes tasas de ahorro corriente municipal, sostenidas en el tiempo de manera estratégica.
Se redujo la plantilla del personal municipal, se prestigió el sector público local y éste ganó en eficiencia y eficacia. Algunas de estas reformas presupuestarias y del sector público barcelonés serían contemporáneas a las reformas del estado de bienestar sueco en los años 90s, y se anticiparon a las reformas sociales en la Alemania regida por el canciller Schroeder (Xurigué, 2015 5).
La Barcelona de los alcaldes Hereu y Trias, hasta la victoria electoral de Ada Colau en mayo de 2015, siguió el patrón básico trazado tras los Juegos. En este sentido, el mantenimiento de acuerdos y consensos políticos básicos y estratégicos, sostenidos en el tiempo, fue otro aprendizaje de éxito local: de un gobierno local referente, con tradición y voluntad de autonomía local y autogobierno, con separación de las esferas gerencial y política, y con capacidad inversora autosostenida, entre otros aspectos. Los alcaldes y equipos citados se apuntaron a consolidar la fortaleza de los congresos, de los negocios, de la Smart City. Barcelona se convertiría en la Capital Mundial de las Industrias de la Tecnología Móvil (Mobile World Congress). Un evento global tecnológico.
No obstante, los cambios estructurales se asentaban, y la crisis de 2007, introdujo el cambio de paradigma. En el modo de gobernar, el sistema gerencial agotaba su recorrido. Los ciudadanos ya no eran usuarios, ni clientes pasivos. La impotencia del gobierno local, por descontado, y de los estados para mantenir el nivel de vida de la población ante la virulenta crisis bancaria, resuelta socializando las pérdidas, con un un reparto no equitativo de las cargas fiscales y de los recortes en el gasto público, pasaron factura a los partidos políticos que habían administrado los años de bonanza, sin preveer un guión alternativo.
Los movimientos sociales urbanos, ante la crisis de la vivienda y el incremento de los desahuicios, auparon a Ada Colau, líder de la PAH (Plataforma contra los desahucios) a la alcaldía de Barcelona, a través de un nuevo movimiento político gestado ‘de abajo a arriba’. En Madrid, Valencia, Zaragoza, A Coruña, Badalona también sucederían episodios similares.
Con un nuevo relato –al que se denominó ‘nueva política’- en oposición a los viejos partidos de la modernización contemporánea de Barcelona, Colau ganó las elecciones de mayo de 2015 con un discurso popular: para reconquistar el derecho a la vivienda, al empleo, a la ciudad, en una urbe asediada por un desarrollo turístico no sostenible que, no repartía con suficiencia y/o eficacia sus beneficios, y que agudiza la gentrificación. El desarrollo turístico masivo es un impacto económico negativo de la mundialización que hace sentir vulnerable a la población local, en su estilo de vida, en la vida de los barrios.
De un liderazgo proactivo, visionario y ‘desde arriba’ de Pasqual Maragall, (Brugué, Vallés, 2002), 25 años después se dejaba paso a un liderazgo innovador, ‘de abajo arriba’, de retórica reactiva primero, de liderazgo transformador después, igualmente capaz de aglutinar a distintos sectores sociales, en una sociedad más heterogénea:
Barcelona ahora no renuncia a su Mobile World Congress, pero le da una mirada de igualdad de género y trata de socializar la tecnología; Barcelona no renuncia a sus terrazas, a su turismo, a su icono global la Sagrada Família, pero trata de regularlas, de establecer límites al desarrollo turístico; de establecer nuevas pautas de gobernanza en los espacios públicos, de controlar y regular los flujos de turistas a su templo emblemático.
Ante el impulso formal e institucionalizado a la participación ciudadana de los últimos años, desde mayo de 2015, el Ayuntamiento trata de impulsar la participación ciudadana mediante la innovación social: con plataformas digitales como Decidim Barcelona, evolucionada de la ‘Madrid Decide’; buscando la coproducción de políticas públicas; estableciendo ante la ciudad global y mercantilizadora -que asoma después del éxito olímpico- una visión de la ciudad de lo procomún, de los bienes públicos, donde el aire, el agua, la energía, la convivencia, el desarrollo socioeconómico y territorial, los flujos turísticos y de riqueza, y la ciudadanía son la ciudad; son materia de la gobernanza colaborativa entre sociedad, sector privado y nuevas economías; entre el gobierno local y la red de gobernanza multinivel (Subirats, 2016 5).
El reto actual, en un mundo más urbano, es recuperar la ciudad, su poder, desde y para la ciudadanía. Para conquistar una sociedad humana de derechos y oportunidades, para vivir mejor.
Josep Xurigué (@josepxurigue)
Notas
[1] Brugué, Q. i Vallès, J.M., (2002). “Nuevos Ayuntamientos, Concejales Diferentes. Del Gobierno de las Instituciones al Gobierno de las Redes”, Revista Española de Ciencia Política, nº 7, pp. 9-38. [2] Botella, J., (1993). ”Els Jocs Polítics. Actors i estratègies entorn dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992” WP no 42, Barcelona: Centre d’Estudis Olímpics i de l’Esport, (UAB). [3] Pradel, M. (2016). Catalunya, xarxa de ciutats. El municipalisme de Pasqual Maragall i la seva influència en la governaça de Catalunya. Barcelona: Llegat Pasqual Maragall. Generalitat de Catalunya. Ajuntament de Barcelona. [4] Xurigué, J. (2015). “Estratègies i resultats en el desenvolupament territorial de Barcelona 1990-2010”. Un estudi de les polítiques de màrqueting territorial, i dels seus costos i beneficis, entre grups socials i districtes.” Tesi doctoral. Barcelona: Departament de Ciència Política i Dret Públic (UAB). http://www.tdx.cat/handle/10803/310594 [5] Subirats, J. (2016). El poder de lo próximo. Las virtudes del municipalismo. Barcelona: Catarata.