🪧 Alguien le tiene que recordar al gobernador @mauvila sus responsabilidades constitucionales.
Desde el @colectivoptfyuc y @kanan_ddhh presentamos un amparo en contra del gobernador de Yucatán por negarse a promulgar la reforma que prohíbe las mal-llamadas “terapias de conversión” que el @congresoyucatan aprobó desde hace dos años. Aquí el comunicado en conjunto:
“Mérida, Yucatán (31 de Agosto, 2023).- A dos años de la aprobación de la reforma al Código Penal del Estado de Yucatán por el Congreso de la misma entidad que prohíbe las mal-llamadas “terapias de conversión” o ECOSIG (esfuerzos para corregir la orientación sexual o identidad de género), el jefe del ejecutivo estatal Mauricio Vila Dosal ha hecho caso omiso una vez más de sus responsabilidades de promulgar y publicar la reforma, lo cual impide que entre en vigor y puedan ser denunciadas dichas violencias contra las personas LGBTQ+ en Yucatán.
El día 29 de agosto, integrantes de Kanan Derechos Humanos y el Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán (ColectivoPTFYuc) presentamos una demanda de amparo en contra del Gobernador de Yucatán para exigirle que promulgue y publique la reforma en cuestión que el Congreso de Yucatán aprobó desde el 25 de Agosto de 2021, en cumplimiento de su obligación constitucional, para que finalmente entre en vigor.
Es por ello que el día de hoy 31 de agosto, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán admitió la demanda, con el cual se busca que el Gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, acate sus obligaciones legales y constitucionales de promulgar y publicar la reforma al Código Penal del Estado con el cual se pretende prohibir los ECOSIG y tener la oportunidad legal de responsabilizar a aquellas personas que continúan con dichas prácticas en la entidad buscando “curar” o “corregir” la orientación sexual e identidad de género.
Debido a que los derechos de la comunidad LGBTQ+ no han sido tomados en consideración por parte del gobernador durante toda su gestión, nos vemos en la necesidad una vez más de obligarlo desde la sociedad civil a hacer su trabajo por la vía judicial para contrarrestar la violencia institucional contra la población LGBTQ+ que ha caracterizado a toda su administración.”
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