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Ramiro González, fiscal federal argentino con más de cuarenta años de trayectoria en el Servicio de Justicia. Desde sus funciones actuales en el Ministerio Público Fiscal de la Nación, se ha desempeñado en casos de alta complejidad en materia penal, protección del medio ambiente y en el ámbito del derecho electoral.

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Suspendieron los aportes para desenvolvimiento institucional de 20 partidos políticos

Así lo dispuso la jueza federal con competencia electoral Maria Servini, en relación a una veintena de agrupaciones con asiento en Capital Federal. La medida, tomada de manera cautelar, se debe a que no presentaron los balances correspondientes a 2025.

En línea con lo planteado por la Fiscalía Nacional Electoral, a cargo del fiscal federal Ramiro González, 20 agrupaciones políticas con asiento en la Capital Federal (como se denomina al distrito electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) fueron sancionadas con la suspensión de los aportes públicos que pudieran recibir del Estado, a través de la Dirección Nacional Electoral, por no haber presentado para su control los balances correspondientes al ejercicio económico del 2025.

La resolución fue firmada por la jueza federal con competencia electoral del distrito Maria Servini tras un pedido de la fiscalía, que había indicado que ante el incumplimiento de las agrupaciones debía suspenderse la entrega de los aportes previstos en la Ley 26.215 de Financiamiento de los partidos políticos. En el fallo, la magistrada otorgó un plazo de 15 días hábiles para que presentes sus balances.

De acuerdo con lo previsto en la normativa, el financiamiento de los partidos políticos es mixto, lo que significa que reciben aportes privados y aportes públicos. Dentro de estos últimos se encuentra el aporte para el desenvolvimiento institucional de las agrupaciones políticas que reciben año tras año conforme la distribución pautada en la ley.

Según el artículo 5, el desenvolvimiento institucional alcanza a todas las actividades políticas, institucionales y administrativas derivadas del cumplimiento de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, la carta orgánica partidaria y la normativa sobre financiamiento, así como la actualización, sistematización y divulgación doctrinaria a nivel nacional o internacional.

Además, la Ley 26.215 impone a las agrupaciones políticas en su artículo 23 la obligación de presentar ante el juzgado federal con competencia electoral de cada distrito “el estado anual de su patrimonio o balance general y la cuenta de ingresos y egresos del ejercicio”.

De esta forma, vencido el plazo de 90 días dispuesto por la norma sin que las agrupaciones presenten los informes contables, la Fiscalía Nacional Electoral solicitó se disponga la suspensión cautelar de los aportes públicos y se lo intime a realizar la presentación bajo apercibimiento de decretar la perdida de dichos aportes de manera definitiva.

Entre las agrupaciones que fueron alcanzadas por la medida dictada por la justicia electoral se encuentran:

Partido Movimiento Político Social y Cultural Proyecto Sur Capital Federal

Partido Libertario Capital Federal

Partido Gen Orden Nacional

Partido Gen Capital Federal

Partido Federal Orden Nacional

Partido Encuentro Republicano Federal Orden Nacional

Partido Nuevo Encuentro Por La Democracia y La Equidad Capital Federal

Partido Autonomista Orden Nacional

Partido Movimiento De Integración y Desarrollo Orden Nacional

Partido Frente Patriota Federal Orden Nacional

Partido Frente Patriota Federal Capital Federal

Partido De La Victoria Orden Nacional

Partido Demócrata Cristiano Capital Federal

Partido Coalición Cívica – Afirmación Para Una República Igualitaria (ARI) Capital Federal

Partido Coalición Cívica – Afirmación Para Una República Igualitaria (ARI) Orden Nacional

Partido Frente Renovador Capital Federal

Partido Federal Capital Federal

Partido Principios Y Valores Capital Federal

Partido Demócrata Progresista Orden Nacional

Partido Socialista Autentico Capital Federal

Originally published at on  https://fiscalramirogonzalez.com.ar/ July 17 2026.

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La jueza María Servini aceptó una reparación económica de los partidos Republicanos Unidos y Política Obrera para no inhabilitar a sus dirigentes

A cambio de un aporte de 20 millones de pesos, el fiscal aceptó no pedir la inhabilitación para ocupar cargos públicos de Roberto Foco, tesorero de Republicanos Unidos y de Marcelo Ramal, Presidente y Néstor Rivas, Tesorero de Política Obrera. Es por faltante de balances.

La jueza federal con competencia electoral del distrito, Maria Servini, homologó en las últimas semanas dos acuerdos por reparaciones integrales que alcanzaron los 20 millones de pesos por pedido del fiscal electoral Ramiro Gonzalez. Se trata de dos casos de los partidos Republicanos Unidos y Política Obrera que involucraron infracciones a la ley de financiamiento de partidos políticos.

Por esta reparación se evitó que fueran penalizados con la inhabilitación para ejercer cargos públicos a Roberto Foco, tesorero de Republicanos Unidos y en Política Obrera a Marcelo Ramal, Presidente y Néstor Rivas, Tesorero de esta agrupación.

En el primero de ellos se investigó la falta de informes tras las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2023 de la agrupación Republicanos Unidos, correspondiente al distrito Capital Federal, específicamente en lo referido a las categorías de Parlamentarios del Mercosur Regional y Diputados Nacionales. Luego de un acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa, el tesorero del partido ofreció 15 millones de pesos como reparación integral del daño, lo que fue homologado por la magistrada.

La fiscalía recordó que la Ley 26.215 de Financiamiento de Partidos Políticos estipula en el artículo 63, inciso b, que tanto el presidente como el tesorero del partido y los responsables políticos y económico-financieros de campaña podrán ser inhabilitados de 6 meses a 10 años para el ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegido en las elecciones a cargos públicos nacionales en caso de que no pudieran acreditarse debidamente “el origen y/o destino de los fondos recibidos”.

En ambos casos, una vez formulada la acusación por parte de Ramiro González, en el marco de la audiencia de juicio del procedimiento de aplicación de sanciones electorales, las defensas propusieron una reparación integral del perjuicio de carácter económico. Las propuestas contó con el acuerdo del representante del MPF.

Además, la Fiscalía Nacional Electoral propuso que el dinero ofrecido sea destinado al Fondo Partidario Permanente administrado por la Dirección Nacional Electoral, planteo con el que coincidió la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, que ordenó que los 20 millones de pesos sean depositados en la cuenta correspondiente.

En las resoluciones, destacó que el fondo al que se destinarán los 20 millones de pesos “contribuye al normal funcionamiento institucional de los partidos políticos, a la capacitación y formación política y a financiar parte de las campañas electorales generales”, lo que permite “reducir los gastos públicos dedicados a tales fines”.

Argumentos

La jueza Servini consideró que las resoluciones de los casos se presentan como un mecanismo alternativo de resolución, orientado a lograr la reparación integral del eventual perjuicio ocasionado como consecuencia de la conducta investigada.

En ese sentido, ponderó la relevancia de la intervención del MPF y recordó que en noviembre de 2019 se resolvió la implementación del artículo 22 del Código Procesal Penal Federal, donde se dispone que tanto los jueces como los representantes del Ministerio Público “procurarán resolver el conflicto que surja como consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y la paz social”.

Sostuvo también que la solución arribada por las partes se vislumbra como justa y reparadora y consideró que los medios alternativos de solución de conflictos son la herramienta que mejor se adecue a la reparación del daño causado.

Según sostiene la fiscalía, es posible la identificación de un daño mensurable y de un damnificado, cuyo perjuicio puede ser reparado en los términos del instituto sobre el que se discute. En definitiva, se trata de la búsqueda de recomponer, en términos genéricos, la hacienda pública que puede expresare en una ecuación económica.

Originally published at on  https://fiscalramirogonzalez.com.ar/ June 11 2026.

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Confirman que el fuero electoral es competente en cuestiones de ciudadanía

Así lo consideró la Cámara Nacional Electoral, en línea con lo planteado por el fiscal federal Ramiro González. En la misma resolución, los magistrados decretaron la nulidad del DNU 366/2025, que había asignado a la Dirección Nacional de Migraciones la competencia para otorgar la ciudadanía argentina.

En línea con lo planteado por el fiscal federal Ramiro González, la Cámara Nacional Electoral resolvió esta semana que tiene competencia para intervenir en cuestiones que involucren el rechazo u otorgamiento de la ciudadanía argentina. En la misma resolución, declaró la nulidad del decreto de necesidad y urgencia N° 366/2025, que había asignado a la Dirección Nacional de Migraciones la potestad de intervenir en los trámites de ciudadanía argentina. El tribunal consideró que dicha norma fue dictada en exceso de las atribuciones que la Constitución Nacional confiere al Poder Ejecutivo para actos de esa naturaleza.

En el caso, un hombre de origen chino había presentado la solicitud de ciudadanía argentina, planteo que fue rechazado por el magistrado que intervino en primera instancia. “No es posible conceder la ciudadanía a quien se encuentra en una situación de irregularidad migratoria ya que la regularización de su estado es una condición previa e indispensable”, sostuvo el juzgado federal que intervino en el caso. Ante ello, el hombre presentó un recurso ante la Cámara Nacional Electoral.

La postura del MPF

En su dictamen, el titular de la Fiscalía Nacional Electoral hizo foco en la normativa donde se sostiene que el fuero electoral es competente para intervenir en cuestiones de ciudadanía. “Además de atender a la normativa involucrada y sus posibles interpretaciones, no puede soslayarse que el concepto de ciudadanía posee un estatus constitucional de suma relevancia y que, según mi opinión, no debe ceñirse exclusivamente a un requisito de la ley migratoria pues, por resultar involucrado un derecho constitucional de primer orden, corresponde que el caso sea analizado en el ámbito general de protección propio de nuestra Carta Magna”, recalcó luego.

Al analizar el recurso presentado, el representante del MPF realizó una distinción entre situación migratoria y ciudadanía y citó un fallo de la Corte Suprema sobre la temática. “Toda vez que la normativa que regula la situación migratoria se circunscribe al ámbito del ingreso y permanencia de extranjeros, distinto del planteado en el supuesto del extranjero que, como en el presente caso, solicita la naturalización. Dicho de otro modo: una vez presentada la solicitud para obtener la carta de ciudadanía, comienzan a regir las reglas relativas a la ciudadanía y naturalización y es facultad de la justicia federal resolver la cuestión”, sostuvo el Máximo Tribunal.

En relación con el caso concreto considero que la situación del apelante no debe ser observada solo desde la perspectiva de la condición migratoria “sino además incorporar el contexto, la dimensión social, que dé cuenta de la relevancia que adquieren los derechos personales, sociales y políticos del reclamante y si, efectivamente, de acuerdo a los precedentes de la Corte Suprema que han sido invocados, la situación migratoria no debe ceder, compensarse o tenerse por ‘purgada’ a los efectos de analizar la solicitud de ciudadanía rechazada”. Por todo ello, consideró que correspondía que se haga lugar al planteo y que se reevalúe la situación del peticionante.

El fallo de la Cámara

En la resolución, los jueces Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas sostuvieron que el fuero electoral era el que debía intervenir en el caso, tal como había postulado la Fiscalía Nacional Electoral. “En una interpretación sistémica y, atento a razones registrales, de administración electoral y jurídicas —fundadas en la intrínseca vinculación entre el otorgamiento de Cartas de Ciudadanía y la adquisición de los derechos político electorales—, se ha establecido invariablemente que la justicia nacional electoral es competente para entender en causas de la naturaleza que reviste la presente”, explicaron.

Tras ello, mencionaron que si bien el decreto de necesidad y urgencia 366/2025 regula mayormente cuestiones de naturaleza migratoria también lo hace sobre aspectos que tienen real incidencia en materia electoral. “ En particular, al modificar la atribución de los juzgados para decidir respecto del otorgamiento o no de la ciudadanía argentina altera el régimen establecido por el legislador para la adquisición de los derechos políticos”, recalcaron los magistrados.

En otro tramo del fallo, cuestionaron la utilización de un DNU en este caso y sostuvieron que las circunstancias alegadas para dictar el decreto cuestionado no constituyeron razones de “rigurosa excepcionalidad y urgencia que pusieran en riesgo el normal funcionamiento del régimen de naturalización sino que, por el contrario, traducen la decisión de modificarlo de manera permanente, sin recorrer el cauce ordinario que la Constitución prevé”.

En ese sentido,sostuvieron que los tribunales deben resguardar el principio de jerarquía normativa, que les impone aplicar la norma legal frente a un decreto que la modifica con exceso de facultades constitucionales. En base a todo ello, revocaron la decisión apelada, confirmaron la competencia del fuero electoral y declararon nulo el decreto de necesidad y urgencia.

Originally published at on  https://fiscalramirogonzalez.com.ar/ June 2 2026.

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La historia de la banda que hackeó bases públicas para cambiar identidades y recaudar 130 millones de pesos

A través de canales de Telegram vendía el acceso a registros del RENAPER, de la Policía Federal y de PAMI y cobraban entre ocho y 14 mil pesos.

El rol central de un agente encubierto, cómo era la maniobra y los peligros para la seguridad nacional.

Benjamín Domado por Lexx es un nombre real pero al mismo tiempo no existe. Esa identidad figura oficialmente en el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) pero nadie se llama así. Una organización de hackers modificó -se presume que a modo de broma- la identidad. Pero además vendían el ingreso a bases de datos de organismos nacionales. Así recaudaron 130 millones de pesos en por lo menos un año y generaron un problema a la seguridad nacional cuyas dimensiones son difícil de mensurar.

Esa información forma parte de una causa judicial y que está semana derivó en 11 allanamientos en distintas provincias del país con siete personas detenidas, informaron a Clarín fuentes judiciales. Lejos de ser el fin del expediente, es el inicio de una nueva etapa. Se van a peritar celulares y computadoras secuestradas y se avanzará con la identificación de más involucrados en una modalidad delictiva ya instalada: organizaciones criminales digitales cuyos integrantes no se conocen personalmente pero que tienen una gran capacidad de daño.

Así fueron hackeadas las bases del RENAPER, de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA), del Sistema de Gestión Hospitalario (SIGEHOS), del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), de la Dirección Nacional de Vialidad (DNVN), del Registro Estadístico Unificado de Niñez y Adolescencia (REUNA), del PAMI, del sistema SUBE, de las policías de San Luis y Santa Cruz y de la aplicación “Mi Argentina”, entre otros.

Prácticamente, la información oficial con datos muy sensibles de todos los argentinos a disposición de quien la pague. Por ejemplo, quiénes están prófugos de la justicia, direcciones de domicilios, cuentas bancarias, bienes, etc. “El acceso era ilimitado y no sabemos qué información se obtuvo y con qué fin. Si fue para extorsionar, para robar, para hacer denuncias”, le confió a este medio uno de los investigadores

Allí dieron cuenta que había canales en Telegram que vendían el ingreso a bases de datos. Algunas de esas cuentas eran “CorvusDoxBot”, “AfaArgBot”, “Laburados_BOT”, “ElSobrino_BOT”, “Renacer Bot” / “ExpertoPDF_Bot”, “ArgentinaDataaBot”, “LaxorusBot”, “Dniclub_Bot”, “Movistar_Bot”, “Buscadoss_Bot” y “NoLaVenBot”.

La causa quedó a cargo del fiscal federal Ramiro González. La investigación comenzó con una medida para entrar al corazón de la maniobra. Se utilizó un agente revelador digital. Un oficial de una fuerza de seguridad federal que ingresó a los canales de Telegram para hacerse pasar por una persona que quería comprar información. Así se comenzó a entender la maniobra y a llegar a los responsables.

Cada una de las cuentas facilitaba un link para acceder al sistema hackeado que la persona pedía. El ingreso era para obtener un dato de la base, no ilimitados. Cada un ingreso era por un dato y por lo tanto un pago. El valor por cada acceso iba de los ocho a los 14 mil pesos.

Los pagos se hacían a través de billeteras virtuales y direcciones de criptoactivos que no estaban directamente vinculadas a los integrantes de la asociación. Tenían dos modalidades. Una era que esas cuentas estaban asociadas a otras para esconder la identidad. Y la segunda a través de “mulas”.

Son personas reales a las que se les usurpaba la identidad y se les abrían cuentas a su nombre para que los depósitos se hagan allí. Inclusive hubo casos de personas que dieron su nombre a cambio de 30 mil pesos para abrir la cuentas.

La investigación no solo detectó esa maniobra sino también algo que fue considerado como una broma pero que entraña muchos peligros. Uno de los integrantes de la organización ingresó a la base de datos del RENAPER y le cambió la identidad a otro de los involucrados. El propio organismo informó que eso ocurrió y quedó asentado el nombre de “Benjamín Domado por Lexx”.

A pedido del fiscal González, el juez federal Sebastián Ramos allanó esta semana 11 domicilios en distintas provincias del país. Siete personas fueron detenidas por los delitos de violación de secretos, violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, sustracción y alteración de registros oficiales, daño informático calificado y asociación ilícita.

La gran mayoría son personas de menos de 30 años y dos de los acusados son menores de edad. Los investigadores además creen que no se conocen personalmente, sino que los vínculos con estrictamente virtuales.

En los procedimientos, a cargo del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Federal, se secuestraron celulares, computadoras y otros elementos informáticos a los que se les realizó un allanamiento digital en el momento. Eso es que se abrieron durante los operativos. Se espera que allí se encuentre más información.

Originally published at on  https://fiscalramirogonzalez.com.ar/ June 1 2026.

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Cayó una red de hackers que vendía datos de organismos públicos: uno de los detenidos tiene 15 años

La Policía Federal desarticuló la organización tras once allanamientos simultáneos en seis provincias. Los datos robados se comercializaban por Telegram y se usaban para estafas y extorsiones.

La Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una red de hackers dedicada al robo y venta ilegal de datos de organismos públicos nacionales. 

El operativo incluyó once allanamientos simultáneos en la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, La Rioja, San Juan y Entre Ríos, y terminó con siete detenidos: cinco hombres, una mujer y un adolescente de 15 años.

Entre los datos comprometidos había información del RENAPER, registros vehiculares de la DNRPA, historiales clínicos del SISA, antecedentes penales y credenciales de acceso a varios organismos. Todo se ofrecía a la venta a través de Telegram y luego se utilizaba para cometer estafas, extorsiones y amenazas.

La red operaba con un equipo de hackers que usaba billeteras virtuales y criptoactivos para mover el dinero ilegal. Algunos integrantes actuaban como “mulas digitales”. Los investigadores los identificaron mediante trazabilidad financiera y geolocalización de conexiones IP.

La pesquisa fue encabezada por el fiscal Ramiro González, de la Fiscalía Federal 7, y arrancó en octubre del año pasado. Los allanamientos fueron ordenados por el juez Sebastián Roberto Ramos, del Juzgado Federal 9.

Vínculo con los “Dictadores”

La organización estaba estrechamente vinculada a la banda conocida como “Dictadores”, desarticulada meses atrás y dedicada al hackeo de cuentas digitales y lavado de activos. Varios de los ahora detenidos compartían estructura con esa red transnacional.

En total participaron del operativo 128 efectivos y 20 móviles de la PFA. Se secuestraron 14 celulares, 6 computadoras, 3 notebooks, tarjetas de débito, discos externos, pendrives y un dispositivo Mercado Pago, entre otros elementos. Todo quedó a disposición del juez interviniente.

Originally published at on  https://fiscalramirogonzalez.com.ar/ May 28 2026.

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Actualizan el e-book de jurisprudencia sobre derechos electorales de las mujeres

La Dirección General de Políticas de Género, la Fiscalía Nacional Electoral y la Fiscalía Federal N°1 de La Plata —con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires—, presentaron la actualización 2026 del compendio “Perspectiva de género en las sentencias judiciales. Derechos electorales de las mujeres”. El documento aborda sentencias dictadas entre 2013 y 2025. La nueva edición incorpora fallos recientes sobre paridad, reemplazos de bancas, violencia política, violencia digital y valoración probatoria con perspectiva de género.

En el marco del Día Internacional de las Mujeres, la Dirección General de Políticas de Género (DGPG) del Ministerio Público Fiscal, junto con la Fiscalía Nacional Electoral y la Fiscalía Federal N°1 de La Plata, publicaron la actualización —marzo 2026— del e-book “Perspectiva de género en las sentencias judiciales. Derechos electorales de las mujeres”, una compilación de jurisprudencia relevante en materia de participación política y derechos electorales de las mujeres.

El trabajo sistematiza jurisprudencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Cámara Nacional Electoral, juzgados federales con competencia electoral y de los Superiores Tribunales de Justicia y juzgados provinciales.

La publicación, cuya primera versión fue difundida el año pasado, reúne fallos desde 2013 hasta 2025 y organiza los precedentes en cinco ejes temáticos: “Mujeres en la integración de listas y órganos partidarios”; “Reemplazos”; “Identidad de género – Trato digno”; “Violencia política y violencia digital contra las mujeres (Leyes N°25.533 y N°27.736)” y “Mujeres imputadas en delitos electorales”.

Principales actualizaciones

La edición 2026 incorpora y reorganiza contenidos a partir de modificaciones normativas y nuevos pronunciamientos judiciales:

Paridad de género y decreto reglamentario 171/2019: se actualizó el apartado referido a las cuestiones sobre la aplicabilidad de la Ley 27.412, incluyendo nuevos criterios jurisprudenciales sobre su alcance y la interpretación del decreto reglamentario.

Reemplazos de bancas con perspectiva de paridad: se sumaron decisiones recientes de la Cámara Nacional Electoral dictadas en 2024 y 2025 vinculadas a la sustitución de candidaturas y bancas legislativas, que profundizan el análisis sobre la aplicación del principio de alternancia y la sustitución por persona del mismo género.

Violencia política y digital contra las mujeres: el compendio actualiza el capítulo dedicado a la incorporación de los tipos y modalidades previstos en las Leyes 27.533 y 27.736 (conocida como “Ley Olimpia”) a la Ley 26.485, y agrega fallos que examinan su aplicación en el ámbito electoral.

Valoración probatoria en delitos electorales: se incorporaron nuevos precedentes en los que se analizó la situación de mujeres imputadas en infracciones electorales, con especial atención al contexto de género y a la aplicación de estándares diferenciados en la apreciación de la prueba.

Asimismo, actualiza referencias, agrega enlaces a resoluciones y dictámenes del Ministerio Público Fiscal en primera instancia y ante la Cámara Nacional Electoral y amplía el desarrollo de antecedentes vinculados a la evolución normativa en materia de derechos políticos de las mujeres, desde la Ley N°24.012 de Cupo Femenino hasta la Ley N°27.412 de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política.

Una herramienta para el fuero electoral

La DGPG, a cargo de Romina Pzellinsky, tiene entre sus funciones brindar asesoramiento y asistencia técnica a las fiscalías y otras áreas del organismo para transversalizar la perspectiva de género en el ejercicio de sus competencias. En ese marco, la sistematización y difusión de jurisprudencia especializada constituye una herramienta central para fortalecer la intervención del Ministerio Público Fiscal en el ámbito electoral.

La Fiscalía Nacional Electoral —cuyo titular es el fiscal Ramiro González— actúa como fiscalía de primera instancia ante la Secretaría Electoral del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1 de la Capital Federal y, a la vez, como representante del MPF ante la Cámara Nacional Electoral y ejerce funciones respecto de las fiscalías electorales del interior del país. Por su parte, la Fiscalía Federal N° 1 de La Plata —a cargo de la fiscal María Laura Roteta—, tiene competencia electoral en toda la provincia de Buenos Aires, que representa aproximadamente el 37% del padrón electoral del país.

Desde la DGPG y las fiscalías intervinientes destacaron que la actualización del e-book busca contribuir a la labor de las operadoras y operadores del fuero electoral y reforzar el compromiso institucional con la igualdad real de oportunidades, la representación paritaria y la prevención de la violencia política y digital contra las mujeres en el ámbito de la participación democrática.

Originally published at on  https://fiscalramirogonzalez.com.ar/ March 8 2026.

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La Fiscalía Nacional Electoral impulsó el control anual de legalidad y vigencia de las personerías de los partidos políticos

El proceso se enmarca en lo previsto por la Ley de Partidos Políticos y alcanza a agrupaciones de distrito y de orden nacional con personería vigente. La verificación incluye el cumplimiento del número mínimo de afiliados y demás exigencias legales, bajo apercibimiento de caducidad.

El fiscal federal Ramiro González, a cargo de la Fiscalía Federal N°1 con competencia electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ante la Cámara Nacional Electoral, impulsó el control de legalidad y vigencia de las personerías jurídico-políticas de los partidos políticos, en el marco de lo previsto por la Ley de Partidos Políticos N°23.298.

A comienzos de febrero, el fiscal González solicitó a la jueza federal electoral de la Capital Federal, María Servini, que se inicie el procedimiento de verificación correspondiente.

El control previsto en los artículos 7 ter y 8 de la mencionada ley tiene por objeto constatar si las agrupaciones políticas con reconocimiento para actuar en el distrito —así como aquellas con alcance nacional— mantienen los requisitos exigidos para conservar su personería jurídico-política. Entre ellos, se encuentra el cumplimiento del número mínimo de afiliados en el caso de los partidos de distrito o la cantidad mínima de partidos distritales necesarios para integrar un partido nacional.

La normativa establece que el Ministerio Público Fiscal debe efectuar esta verificación durante el segundo mes de cada año y, de corresponder, promover la declaración de caducidad de las personerías. Dicho efecto no opera de manera automática: el procedimiento comienza con la constatación del incumplimiento y continúa con una intimación para que la agrupación regularice su situación dentro del plazo de 90 días, bajo apercibimiento de declararse la caducidad.

Respecto de los partidos de distrito —únicos habilitados para postular candidatos a senadores y diputados nacionales y a parlamentarios del Mercosur por distrito—, el artículo 7 ter, que remite al art. 7 bis de la ley, exige que mantengan de forma permanente un número mínimo de afiliados. En el caso del distrito Capital Federal, el piso requerido es de 4.000 afiliados.

Por su parte, la Cámara Nacional Electoral debe publicar, antes del 15 de febrero del año siguiente al cierre anual, el número mínimo de afiliados exigido para el mantenimiento de la personería de los partidos de distrito. El cálculo se efectúa sobre la base de lo establecido en el artículo 7 inc. a), que dispone “un número de electores no inferior al cuatro por mil (4‰) del total de los inscritos en el registro de electores del distrito correspondiente, hasta el máximo de un millón (1.000.000)”.

Para el caso de los partidos nacionales —únicos habilitados para nominar candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación y parlamentarios del Mercosur por distrito nacional—, la ley exige que deben mantener de manera permanente al menos cinco partidos de distrito con personería jurídico-política vigente.

Desde la Fiscalía Nacional Electoral se explicó que la eventual declaración de caducidad implica, además de la imposibilidad de presentar candidaturas en elecciones nacionales, primarias y generales, la pérdida del derecho a recibir aportes públicos ordinarios o extraordinarios, así como la baja de la agrupación del registro correspondiente, junto con su nombre y sigla.

Este proceso de control que se inicia de manera simultánea en cada una de las 24 jurisdicciones, supone la revisión de 725 partidos distritales y 45 partidos nacionales con personería vigente al año 2026.

Finalmente, la fiscalía recordó que también interviene en los demás supuestos de caducidad previstos por el artículo 50 de la Ley 23.298, entre los que se encuentran la falta de realización de elecciones partidarias internas durante cuatro años, la no participación en dos elecciones nacionales consecutivas, no alcanzar el dos por ciento del padrón electoral en dos comicios sucesivos, no llevar los libros partidarios en forma regular y el incumplimiento de la paridad de género en la elección de autoridades y órganos partidarios.

Originally published at on  https://fiscalramirogonzalez.com.ar/ February 26 2026.

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La Fiscalía Nacional Electoral recibió más de 360 denuncias durante las elecciones legislativas, la mayoría por violaciones a la veda y contenidos con IA

Durante el fin de semana electoral, la fiscalía mantuvo una guardia activa y procesó 362 incidencias de todo el país, principalmente por infracciones a la veda en medios y contenidos en redes sociales. También se reportaron casos vinculados con la difusión de videos falsos generados con inteligencia artificial y se consultó por la posibilidad de llevar lapiceras propias para marcar la Boleta Única de Papal.

La Boleta Única de Papel (BUP) empleada por primera vez en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. Foto: Diego Salotto / Fiscales.gob.ar.

La Fiscalía Nacional Electoral, encabezada por el fiscal federal Ramiro González, evaluó que el proceso electoral desarrollado el domingo pasado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se llevó a cabo con normalidad, al igual que en el resto del país. Además, informó que recibió más de 360 denuncias, principalmente, por violaciones a la veda en medios de comunicación y redes sociales, o por videos falsos confeccionados con inteligencia artificial (IA).

Durante el fin de semana comprendido entre el viernes 24 y el domingo 26 de octubre pasado, la fiscalía mantuvo una guardia activa para recibir denuncias, reclamos y consultas relacionadas con el desarrollo de las elecciones legislativas. Los canales disponibles fueron el portal denunciaselectorales.mpf.gov.ar, el correo electrónico institucional y las líneas telefónicas del organismo.

En ese marco, se recibieron, procesaron y respondieron un total de 362 incidencias provenientes de distintas jurisdicciones del país. La mayoría -291- fueron canalizadas a través del portal web, que concentró los reportes de la ciudadanía.

Tipos de denuncias y consultas

La fiscalía indicó que las infracciones más frecuentes estuvieron vinculadas con violaciones a la veda electoral, tanto en medios de comunicación como en plataformas digitales y redes sociales.

En segundo lugar, se registraron denuncias por la difusión de videos creados con herramientas de inteligencia artificial, que simulaban discursos de dirigentes políticos. Estas publicaciones motivaron la intervención coordinada con la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), lo que derivó en medidas urgentes como la preservación de evidencia digital y la solicitud de baja de los contenidos ante las plataformas involucradas.

Además, se recibieron consultas e incidencias menores vinculadas con el nuevo sistema de Boleta Única Papel (BUP), principalmente sobre la posibilidad de que los votantes llevaran y utilizaran lapiceras propias al momento de emitir el sufragio.

Desde la Fiscalía Nacional Electoral señalaron que las denuncias y consultas recibidas reflejan una estrecha relación con la información que consume el electorado a través de internet y, muy especialmente, de las redes sociales.

En ese sentido, la fiscalía recordó que con anterioridad al proceso electoral había advertido públicamente sobre campañas de desinformación masiva y el uso de inteligencia artificial en la creación y difusión de contenidos falsos, en el marco de un expediente que tomo relevancia púbica.

Próximos pasos

Los expedientes iniciados por faltas o delitos electorales continúan actualmente en etapa de instrucción.

Por otra parte, la Fiscalía Nacional Electoral se encuentra elaborando un informe estadístico nacional que detallará la cantidad, el tipo y la distribución geográfica de las denuncias recibidas. Ese relevamiento será publicado en el informe de gestión anual que el organismo eleva a la Procuración General de la Nación.

Originally published at on  https://fiscalramirogonzalez.com.ar/ October 29 2025.

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Incautaron 14 kilos de pólvora negra que se comercializaba para ser usada en rituales umbanda

Una persona está imputada por ofrecer a través de un sitio de compraventa “fundanga”, un compuesto utilizado con supuestos fines religiosos y espirituales, sin contar con autorización de tenencia y/o comercialización de materiales explosivos.

En el allanamiento se incautaron 14 kilos de pólvora y una balanza digital, entre otros elementos. Foto: Policía Federal.

En el marco de una investigación de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo de Ramiro González, la Policía Federal Argentina (PFA) incautó el jueves pasado 14 kilos de pólvora negra de un domicilio en la ciudad bonaerense de Guernica que era comercializada a través de Facebook como parte de un compuesto utilizado con presuntos fines espirituales durante rituales del culto umbanda. Por el hecho se encuentra imputado un hombre por tenencia y comercialización de material para preparar explosivos sin su debida autorización.

El caso

La investigación comenzó el 25 de septiembre último, a partir de tareas de ciberprevención en fuentes abiertas efectuadas por la División Antiterrorismo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. De estas tareas se desprendió la existencia de una publicación en la red social Facebook, dentro del sitio de compra y venta Marketplace, en la cual un usuario ofrecía a la venta “fundanga premium”, un producto compuesto principalmente por pólvora negra, utilizado en rituales de “purificación” con fines religiosos o espirituales.

A partir de ello, y tras la intervención de la fiscalía, el juez federal Sebastián Ramos, interinamente a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°9, dispuso la intervención del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA para la continuidad de las tareas investigativas.

Entre otras medidas, Ramos dispuso la verificación del domicilio denunciado de Guernica, a fin de constatar la identidad del usuario de la red social y determinar la posible existencia de maniobras vinculadas a la comercialización de materiales explosivos.

En el marco de las diligencias ordenadas, personal de la PFA logró verificar el domicilio de la persona investigada que, tras ser consultada de manera encubierta, reconoció dedicarse a la venta del producto por kilo y por encargo.

En atención a estas circunstancias, se libró la orden de allanamiento correspondiente, dispuesta por el Juzgado Federal N° 9, con intervención de la Secretaría N°17. El procedimiento se llevó a cabo el 16 de octubre y en el domicilio se secuestraron aproximadamente 14 kilogramos de pólvora, un teléfono celular, una balanza digital, un trompo mezclador y demás elementos de interés para la investigación.

Una vez cumplidas las medidas ordenadas, como los hechos investigados tuvieron lugar en Guernica, cabecera del municipio bonaerense de Presidente Perón, el juzgado federal porteño interviniente dispuso la remisión de las actuaciones a la Justicia Federal de Lomas de Zamora, con jurisdicción en esa región, a fin de que se continúe con las diligencias procesales pertinentes, entre las que se encuentran investigar el proveedor del material explosivo.

Originally published at on  https://fiscalramirogonzalez.com.ar/ October 22 2025.

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Se ordenó la expedición de nueva documentación registral para la nieta recuperada 139 y la de sus dos hijos

La Fiscalía Federal Nro. 7 interviene en el caso.

 En el marco del expediente en el que se investiga su apropiación, M.P. se presentó conjuntamente con la representación legal de Abuelas de Plaza de Mayo y solicitó que se declare la falsedad de la información de la documentación con la cual fue inscripta como hija de los actuales imputados y, consecuentemente, se disponga la expedición de nueva documentación conservando sus nombres de pila, pero modificando su apellido de forma que coincidiera con el de su madre y padre desaparecidos durante la última dictadura militar. También pidió que se rectificara la documentación correspondiente a sus dos hijos.

La intervención del Ministerio Público Fiscal

En oportunidad de dictaminar, el fiscal federal Ramiro González consideró que más allá del devenir de la investigación sobre la apropiación de M.P., a los efectos de la adecuación registral resultaba dirimente el resultado de dictamen elaborado por el Banco Nacional de Datos Genéticos con fecha 20 de enero del año 2025 mediante el cual se dio por acreditado el vínculo biológico entre la víctima y sus progenitores, ambos secuestrados y desaparecidos en el marco del terrorismo de Estado desde el 2 de noviembre de 1977.

En ese marco, el fiscal sostuvo que “como correlato directo de tal hecho probado en autos y atendiendo a las particulares circunstancias del caso, a la gravedad de los hechos y al carácter esencial del derecho a la identidad, entiendo que corresponde hacer lugar a la solicitud formulada y disponer las medidas necesarias para la restitución integral de la identidad de M. P. y la rectificación de la documentación de sus hijos”

La fiscalía agregó que correspondía hacer lugar a lo requerido “en cumplimiento de la obligación estatal de garantizar la restitución plena de la identidad de las víctimas, mediante la modificación de la documentación obrante en los registros públicos pertinentes”. Invocó como normas aplicables específicamente al caso el artículo 69 del Código Civil y Comercial de la Nación y lo dispuesto en los arts. 2.7 y 8 de la Convención de los Derechos del Niño; art. 18 la Convención Americana de Derechos Humanos y art. 24 inciso 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La decisión judicial

Al momento de resolver, el Dr. Sebatián Ramos, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 9, consideró que el categórico resultado que arrojó el cotejo de muestras llevado a cabo ante el BNDG despejaba toda duda respecto a la verdadera identidad de la solicitante y que no existía en el expediente algún elemento que autorice apartarse de ese estudio científico.

Sobre esa base, consideró que el pedido resultaba procedente “en este momento del proceso, sin perjuicio de los avances que se logren en el legajo principal”. Y en ese sentido, consideró que no correspondía aguardar a una sentencia definitiva -en su interpretación del art. 526 del Código Procesal Penal de la Nación- pues “al retardar la respuesta a la víctima se vulnerarían sus derechos constitucionales”.

Así, el juez consignó que “los derechos a gozar de su nombre, a preservar su identidad, a la protección integral de la familia, a conocer la verdad y a contar con un recurso rápido y sencillo que garantice la tutela de sus derechos fundamentales…”, se encontraban amparados por la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales con igual jerarquía -CADH, PIDCyP, DUDH y la Convención sobre los Derechos del Niño-, que declaró aplicables al caso.

Al momento de resolver, el juez federal declaró la nulidad de la información originalmente registrada en las actas de nacimiento, tanto de M.P. como de sus hijos y ordenó la expedición de nuevas con las rectificaciones correspondientes. Consecuentemente, según el caso, también de nuevos Documentos Nacionales de Identidad y Pasaporte, además de la oportuna notificación de lo resuelto a la Cámara Nacional Electoral, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ANSES, la Obra Social IOMA, un Registro Automotor, entre otros organismos.

Originally published at on  https://fiscalramirogonzalez.com.ar/ December 15 2025.

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Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA)

La UNIDAD es una Fiscalía de investigación de delitos ambientales ubicada geográficamente en la ciudad de Buenos Aires, pero que posee alcance funcional en todo el país, ya que es la única unidad federal en la materia.

Ufima

La Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA) se encuentra a cargo del Fiscal Federal Dr. Ramiro González desde su creación. La UNIDAD es una Fiscalía de investigación de delitos ambientales ubicada geográficamente en la ciudad de Buenos Aires, pero que posee alcance funcional en todo el país, ya que es la única unidad federal en la materia. Desde el punto de vista institucional y en materia de acceso a la justicia ambiental, la creación de la UFIMA representó un marcado avance en aras de coadyuvar a la actuación que la justicia -en el ámbito nacional- puede brindar con relación al sistema de responsabilidad penal Orgánicamente surgió de un ambicioso convenio suscripto entre la Procuración General de la Nación y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAYDS).

La creación de la Unidad Fiscal se enlazó con el renovado impulso que la cuestión ambiental tomó en el Argentina, con temas tan candentes como fue la instalación de las pasteras en la vecina República Oriental del Uruguay y el imperativo judicial de políticas públicas destinadas al saneamiento de la Cuenca MatanzaRiachuelo, derivado del fallo de nuestro máximo Tribunal en la causa “Mendoza”.

La UFIMA apuntó a constituirse como un mecanismo institucional que optimizara los estándares de acceso a la justicia ambiental, ya que se trata de un organismo especializado, con la función específica de velar por la protección ambiental mediante la optimización de la persecución y represión, en todo el país de los delitos que afectan el medio ambiente.

De conformidad a la política criminal trazada por la Procuración General de la Nación, la resolución que crea la Unidad (Res. PGN 123/06), establece como principal objetivo: generar investigaciones preliminares y apoyar las investigaciones en curso en materia de: infracción a la Ley de residuos peligrosos, todo aquellos delitos que protegen la salud pública vinculados con la protección del ambiente conforme lo determinan los tipos penales establecidos en los arts. 200 a 207 del Código penal; las infracciones a la ley 22.421 de protección y conservación de la fauna silvestre, así como los delitos conexos con la materia.

Posee alcance funcional en todo el ámbito de la República Argentina, habiendo sido designados los Sres. Fiscales Generales ante las Cámaras de Apelaciones del interior del país como enlaces de la Unidad en sus respectivas jurisdicciones (Res.PGN 88/09).

Modo de Actuación de la UFIMA

A) Investigaciones preliminares: El Ministerio Público es el encargado de defender y representar el interés público en todas las causas y también tiene la función de promover y ejercer la acción pública en causas correccionales y criminales.

Especialmente en el art. 26 de la ley del MP. se establece una herramienta fundamental para la investigación de delitos ambientales, al disponer que los fiscales penales, anoticiados de la perpetración de un posible hecho ilícito –sin perjuicio de las directivas que el Juez imparta a las fuerzas de seguridad- podrán realizar la práctica de toda medida que consideren útil y pertinente para el desarrollo de la acción penal. Están entre las facultades: – Requerir informes a los organismos Nacionales, Provinciales y Municipales, a los organismos públicos y a los privados cuando corresponda. – Obtener la colaboración de las autoridades policiales, estas fuerzas deberán prestar la colaboración que les sea requerida, adecuándose a las directivas impartidas por los miembros del MP. y destinando el personal y los medios a su alcance. Desde el ámbito de la Unidad contamos con un criterio amplio a la hora de concentrar la prueba. Es por ello que tenemos en cuenta: Los informes solicitados en el marco de la actuación, expedientes enviados por la autoridad administrativa con competencia en el caso, los informes presentados por particulares y/o instituciones que coadyuven con la investigación. A la fecha se han iniciado más de 1266 actuaciones preliminares.

Algunas de las investigaciones preliminares versan sobre temática muy variada como: – Contaminación del agua, del aire o del suelo (Ley 24.051) por efluentes industriales líquidos y gaseosos; agroquímicos/pesticidas, PCBS, denuncias por efluentes cloacales, residuos sólidos urbanos. – Contrabando de importación de residuos peligrosos (causa TEFASA, CELULOSA ARGENTINA, etc.), o de mercadería que se encuentra incluida en las listas CITES sin la correspondiente documentación. B) Pedidos de colaboración de Juzgados y/Fiscalías: b. 1- Propuesta de medidas de prueba en las causas: Este resulta también un aspecto relevante, dado que poco a poco los tribunales tanto de esta ciudad, como del interior, están remitiendo diversos sumarios para que se proceda a la sugerencia de las medidas probatorias de acuerdo a las características particulares de cada caso. b. 2- requerimientos de colaboración a organismos públicos y privados: Esta faceta se vincula a las numerosas solicitudes por parte de las fiscalías y/o juzgados de la ciudad como del interior. Los aspectos vinculados resultan muy heterogéneos, pudiendo destacarse que en general tuvieron como objetivo la coordinación con organismos nacionales para realizar medidas de prueba que dada su complejidad técnica requerían equipos especiales para su producción

Tráfico Ilícito de Desechos peligrosos

El artículo 41 de nuestra Constitución Nacional deja sentada las bases de la política de nuestra Nación en materia de tráfico internacional de sustancias peligrosas y residuos peligrosos. El mismo expresa “…se prohíbe el ingreso al país de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radioactivos”. Desde la reforma de la Constitución Nacional, en el año 1994, la Argentina ha suscripto numerosos instrumentos internacionales en relación a la materia del tráfico internacional de los denominados residuos peligrosos. Entre ellos se destacan, por un lado, el Convenio de Basilea, (1991) y por el otro el Convenio de Estocolmo (2004). Sobre esta temática puntual, en la UFIMA se han llevado a cabo diversas acciones. Por un lado, hemos confeccionado de manera conjunta con la Secretaría de Ambiente en la confección del “Manual de Instrucciones sobre la interposición de acciones judiciales contra el tráfico ilícito de desechos peligrosos o de otros desechos”. Por otro lado, hemos iniciado diversas investigaciones preliminares tendientes a verificar el contrabando de residuos peligrosos o de mercaderías incluidas en los listados CITES, algunas de ellas, fueron iniciadas de oficio por la Unidad o por la remisión del expediente administrativo por parte de la Secretaria de Ambiente.

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Condenas por contaminación ambiental en Santa Fe

En un expediente iniciado por la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente a cargo del fiscal federal Ramiro González, el Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial Nº 2 de Rosario, dictó sentencia condenatoria a tres años de prisión de ejecución condicional respecto de dos personas consideradas autoras del delito previsto por el art. 55 de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos nro. 24.051 en función del art. 200 del Código Penal.

La decisión tuvo como base la acreditación de que los responsables penales habían llevado a cabo actividades de gestión, manipulación y procesamiento de residuos peligrosos -principalmente envases plásticos contaminados con sustancias químicas-, en diversos predios ubicados en las ciudades de Rosario y Pérez, provincia de Santa Fe, generando con ello un riesgo concreto para el ambiente.

La investigación

 La causa tuvo origen en una denuncia formulada por el fiscal federal Ramiro González que fue presentada ante el Agente Fiscal a cargo de la Fiscalía Regional Nro. 2 de Rosario, provincia de Santa Fe, en virtud de la presunta comisión del delito previsto en el art. 55, primer párrafo, de la ley 24.051 por parte de una de las personas que fue, en un principio, identificada.

Según afirmó el fiscal federal, luego de la intervención del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal, las inspecciones e informes requeridos a las autoridades municipales y provinciales, se pudo constatar que en un predio denominado “Campo Festice” en la localidad de Pérez, “se almacenaban bidones con agroquímicos con restos de estos productos, es decir, sin el lavado previo, sin contar con ningún tipo de recaudo ni protección para evitar la contaminación producto de su inadecuada gestión”.

En este sentido, el fiscal Ramiro González concluyó que el propietario denunciado “no solo estaría realizando una inadecuada gestión de envases que contienen restos de residuos fitosanitarios y no adoptó las medidas de contingencia necesarias para que su actividad no genere un impacto negativo al ambiente, sino que además, habría puesto en riesgo la salud de los trabajadores que allí se desempeñaban regularmente y habría violado la clausura dispuesta por personal municipal”. La denuncia dio origen a la causa CUIJ 2109068304-4 del registro de la fiscalía local.

En el marco del desarrollo de las investigaciones, se determinó que los imputados desarrollaban tareas de acopio, lavado, trituración y tratamiento de envases contaminados, utilizando maquinaria específica (molinos, cintas transportadoras, piletas de lavado y trailers) sin cumplir con las exigencias técnicas y ambientales aplicables a este tipo de residuos, definidos por la ley 24.051 como peligrosos por su potencial de afectar la salud, el suelo, el agua o el ambiente en general.

En ese sentido, cabe destacar que los desechos de productos fitosanitarios, se encuentran considerados como residuos peligrosos como corrientes de desechos “Y4 Desechos resultantes de la producción, la preparación y utilización de biocidas y productos fitosanitarios”, conforme el anexo I de la ley 24.051.

De acuerdo a lo actuado por el fiscal de Rosario, las actividades en infracción a la ley se realizaban en predios localizados en Bernheim 8991 (Rosario), en el establecimiento conocido como “campo Festice” en Pérez (coordenadas 33,013799º S – 60,779152º O) y en un inmueble ubicado en Camino de los Indios (Rosario). Todos ellos afectados por acopios irregulares y manejo inadecuado de este tipo de materiales peligrosos.

Sobre esa base y conforme las pruebas del caso, las autoridades judiciales de la provincia consideraron que las conductas configuraron una forma de contaminación dolosa mediante el uso de residuos peligrosos de manera riesgosa para el ambiente.

Obligaciones, decomiso y remediación

Además de las condenas a penas de prisión en suspenso, con fines educativos y de concientización en materia ambiental del conjunto de la sociedad, se impuso a los imputados la obligación de realizar -y luego acreditar- un curso y/o capacitación, dentro de los disponibles, sea por las autoridades nacionales en la materia y/o en el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia. En su caso, según dispone la sentencia, también podían optar por alguno de los 53 cursos en materia ambiental disponibles en reparticiones públicas.

En la decisión judicial también se dispuso el decomiso de los instrumentos del delito: tres trailers, dos molinos para procesamiento de plástico, una unidad sin fin conectada a uno de esos molinos, una cinta transportadora y dos piletas de lavado y centrifugado construidas de hierro y acero inoxidable.

Asimismo, el Tribunal dispuso que los condenados deben concluir dentro del plazo de los tres años -a contar desde la firmeza del fallo-, la remediación por ellos comprometida en los tres predios identificados. Según la sentencia de la magistratura provincial, la reparación del daño será controlada y supervisada por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe.

Originally published at on  https://fiscalramirogonzalez.com.ar/ December 15 2025.

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Misterio en Misiones por la desaparición de dos cachorros de yaguareté

Las crías fueron relocalizadas junto a su madre al Parque Provincial Esmeralda en octubre de 2025.

Desde entonces se desconoce su paradero.

En este contexto, la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente abrió una causa para esclarecer lo ocurrido.

Tras cuatro meses sin novedades sobre los cachorros de yaguareté desaparecidos en Misiones, la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA) abrió una causa para esclarecer lo ocurrido.

Las crías, junto a la hembra identificada como Pará, fueron capturadas y relocalizadas en octubre de 2025 por el Ministerio de Ecología provincial, en medio de un clima de tensión con vecinos de Puerto Iguazú. Sin embargo, tras el operativo, los cachorros dejaron de figurar en los sistemas de monitoreo y, desde entonces, no volvieron a registrarse datos sobre su paradero.

¿Qué pasó con los cachorros de yaguareté desaparecidos en Misiones?

El traslado de los yaguaretés se realizó en medio de una creciente tensión con los vecinos de la zona. Según estimaciones de la Subcomisión Selva Paranaense, Pará habría depredado a más de 50 perros. A su vez, semanas antes del traslado, la yaguareté fue registrada dentro de una vivienda y el video se viralizó en redes sociales, lo que causó mayor temor entre los residentes del lugar.

La noche del 16 de octubre, autoridades provinciales, junto a científicos del Proyecto Yaguareté-Conicet, la Fundación Félix de Azara y la Administración de Parques Nacionales, localizaron a Pará en una zona conocida como Las 2000 Hectáreas, una reserva ubicada en Puerto Iguazú, para posteriormente trasladarla.

Sin embargo, durante el operativo confirmaron que la hembra estaba acompañada por dos cachorros de no más de dos meses, un dato que complejizó la intervención.

En este contexto, el equipo del Ministerio de Ecología provincial decidió trasladar a los tres ejemplares al Parque Provincial Esmeralda, dentro de la Reserva de Biosfera Yabotí. Tras la liberación, la madre se alejó de dónde la habían dejado los especialistas y los cachorros permanecieron en las inmediaciones.

Desde entonces, no se los volvió a detectar. Las cámaras trampa instaladas en la zona no registraron imágenes de las crías y, por su corta edad, no existía la posibilidad de colocarles collares rastreadores.

Diversas organizaciones presumen que los cachorros podrían haber muerto, aunque no existe confirmación oficial. Según la agencia NA, especialistas cuestionaron la elección de Esmeralda como destino y recordaron que en un primer momento propusieron trasladar a los animales al Parque Nacional Iberá, en Corrientes.

En diciembre de 2025, desde el Ministerio de Ecología aseguraron que el monitoreo de la yaguareté y sus cachorros tras su relocalización continúa. Además, expresaron que la hembra demostró señales de adaptación favorable y explicaron que “la confidencialidad de los datos es esencial para proteger al grupo y garantizar condiciones seguras para su desarrollo en libertad”.

Sin embargo, no dieron a conocer videos de los ejemplares y tampoco confirmaron que se tenga información sobre su paradero. Mientras tanto, la causa judicial se encuentra en trámite y espera los informes técnicos que permitan determinar responsabilidades y establecer qué ocurrió con las crías.

En paralelo a la apertura de la causa, el Gobierno de Misiones anunció una inversión de 40 millones de pesos provenientes de la Ley de Bosques para “ordenar el crecimiento de las 2.000 hectáreas” en Iguazú.

El medio Misiones Online explica que el proyecto “busca garantizar la seguridad de los vecinos y la protección de la fauna mediante corredores biológicos y un esquema de urbanismo sustentable”. Además, sostiene que la iniciativa surge como respuesta directa a los conflictos de convivencia con fauna nativa, especialmente tras los episodios vinculados a Pará durante el último año.

Originally published at on  https://fiscalramirogonzalez.com.ar/ February 12 2026.

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Un fiscal instó a que el Gobierno adhiera al Compromiso Ético Digital contra las fake news en campaña electoral

Ramiro González pidió que el Poder Ejecutivo informe sobre la campañas para votar con Boleta Única y para estar prevenido ante las deep fakes en las redes.

El fiscal nacional electoral Ramiro González instó a que la Justicia electoral invite al Poder Ejecutivo a que firme el Compromiso Ético Digital para evitar la publicación de fake news y que le pida informes sobre la campañas que realiza contra la utilización de deep fakes y el uso de la Boleta Única por primera vez. El fiscal hizo estas consideraciones en un dictamen que presentó ante la jueza federal María Servini, quien tramita un amparo presentado por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Ads by La jueza María Romilda Servini investigará si el presidente cometió algún delito penal La jueza María Romilda Servini investigará si el presidente cometió algún delito penal GETTY IMAGES Ramiro González instó a que la Justicia ordene medidas preventivas concretas y urgentes al Poder Ejecutivo Nacional contra la difusión de “deep fakes” y el uso no autorizado de servicios de clonación de voz y rostro con inteligencia artificial en el proceso electoral.

El Compromiso Ético Digital 2025 es una iniciativa de la Cámara Nacional Electoral que busca proteger la integridad del debate democrático y el proceso electoral nacional ante los desafíos de la desinformación y las nuevas tecnologías, como los deep fakes. Se implementa desde 2019 para “preservar el debate democrático en las redes sociales y plataformas digitales durante las elecciones nacionales”. Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista El Compromiso busca “construir conciencia ciudadana sobre el buen uso de las nuevas tecnologías de comunicación en el desarrollo del proceso electoral”. Y trabaja para “contrarrestar la manipulación de contenido digital sin menoscabar la libertad de expresión”. La idea del tribunal es que lo firmen los partidos políticos, los candidatos, los medios de comunicación, los bloques parlamentarios y las plataformas tecnológicas, con el objetivo de “mitigar los efectos negativos de la divulgación de contenido falso y demás tácticas de desinformación en redes sociales y otros entornos digitales”. Las empresas tecnológicas que se adhieren al Compromiso Ético Digital 2025 declaran que reconocen la complejidad y la tensión generada por la difusión o proliferación de “información inexacta o noticias falsas” durante el proceso electoral y acuerdan “colaborar con las autoridades competentes en este proceso respetando los valores democráticos y la libertad de expresión,” dentro del marco de sus posibilidades y herramientas. La acción de amparo, contra la Jefatura de Gabinete de Ministros del ministerio del Interior, se inició el 4 de agosto pasado. Gil Domínguez argumentó que esta práctica vulnera derechos fundamentales y humanos.

El fiscal González coincidió con esta preocupación del amparista que atenta “de manera colectiva” contra “el derecho fundamental y el derecho humano a elegir libremente en el marco de un proceso electoral transparente”. El dictamen subraya que el Ministerio Público Fiscal comparte la preocupación de que la voluntad popular se exprese libremente, “exenta de confusiones y, particularmente, de aviesa desinformación”. González recordó que la incursión de los “deep fakes” ya ha lesionado el derecho de elegir libremente”. Y citó el caso de las elecciones legislativas del 18 de mayo en la ciudad de Buenos Aires, donde se difundieron videos de IA simulando que hablaban el expresidente Mauricio Macri y Silvia Lospennato, su candidata. Y hay otro antecedentes sobre elecciones en Córdoba, donde fue sancionada una empleada de una agencia de publicidad por subir en Facebook avisos falsos. “No caben duda respecto a los riesgos que genera los ‘deep fakes’ para la actividad política en general y los procesos electorales en particular”, dijo el fiscal. González sostuvo que la utilización de deep fakes con fines electorales “constituye una forma de interferencia política sofisticada y profundamente lesiva para el sufragio libre e informado de las personas”.

Además, indicó que el uso no autorizado de clonación de voz y rostro con IA en procesos electorales podría configurar un delito, como lo es la inducción de engaños al sufragar, que se castiga con penas de gasta dos años de prisión. A pesar de que el Estado Nacional solicitó el rechazo de la acción, porque dijo que Gil Domínguez no tenía personería, el fiscal González sostuvo que puede demandarse al Ejecutivo un “compromiso adicional” en el ámbito de la prevención. Por ello, el dictamen solicita a la jueza que haga lugar al amparo y se requieran informes urgentes y medidas preventivas, para evitar el uso ilegal o abusivo de la IA. El Fiscal específicamente requirió que el Poder Ejecutivo informe sobre que acciones de difusión y sensibilización realizó sobre los usos indebidos de las herramientas de Inteligencia Artificial que pudieran afectar el normal desarrollo de los comicios. Y además que se notifique a las empresas responsables de plataformas digitales (X, TikTok Pte. Ltd. y Google Argentina SRL) sobre la regulación aplicable en materia de infracciones o delitos electorales.

Originally published at on  https://fiscalramirogonzalez.com.ar/ October 6 2025.

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Azul: procesaron al presidente de un frigorífico de faena de aves por volcar efluentes contaminantes al Río Salado

Tras una pesquisa a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada de esa jurisdicción, que incluyó inspecciones y tomas de muestras, se constató que como parte del proceso industrial y al menos entre enero de 2023 y febrero de 2025, se vertieron líquidos contaminantes, que afectaron la salud y el medio ambiente. Además del procesamiento por infracción a la ley de residuos peligrosos, el juez le fijó al directivo un embargo de 20 millones de pesos.

Según la resolución, se habría establecido que el frigorífico volcó efluentes contaminantes al Río Salado – Foto del expediente judicial

En el marco de una investigación desarrollada por la Sede Fiscal Descentralizada Azul, el juez federal Gabriel Di Giulio procesó —sin prisión preventiva— al presidente del directorio del frigorífico Absolon S.A. por el vertido de efluentes contaminantes al ecosistema del Río Salado y le trabó un embargo por 20 millones de pesos. La resolución se dictó en línea con lo requerido por el titular de la Sede Fiscal Descentralizada de Azul, el fiscal Santiago Eyherabide, y los auxiliares fiscales María José Buglione y Lucas Moyano.

El procesamiento se dictó al considerar que el directivo violó el artículo 55 de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, que castiga con una pena de entre 3 y 10 años de prisión, a quien “utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”. Esta misma normativa, en su artículo 57, prevé la aplicación de la pena a sus directores, cuando los hechos se hubiesen producido por decisión de una persona jurídica.

La causa se inició por una denuncia de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA), que conduce Ramiro González. Allí se abrió una investigación preliminar que permitió trazar una primera hipótesis sobre dos frigoríficos que habrían vertido efluentes al Río Salado. En diciembre de 2025, el magistrado había procesado al directivo de la otra empresa involucrada por contaminación.

El caso

“En todos los casos, las muestras evidenciaron la presencia de efluentes contaminantes o en concentraciones prohibidas por la normativa ambiental vigente, y las autoridades constataron infracciones de la normativa para la actividad y tratamiento de efluentes, configurando así un vertido contaminante en cuerpos receptores de agua superficial”, sostuvo el Ministerio Público Fiscal en su acusación e indicó que la conducta se habría desplegado en una serie indeterminada de ocasiones como parte del proceso industrial, al menos entre enero de 2023 y febrero de 2025, verificada en cuatro instancias concretas en el marco de las inspecciones realizadas por las autoridades competentes.

Al momento de dictar el procesamiento y de acuerdo con lo expuesto por el MPF, el magistrado federal indicó que en el ámbito de la provincia de Buenos Aires opera la Autoridad del Agua como autoridad administrativa que establece los parámetros que deben ser observados en lo relativo al aprovechamiento de los recursos hídricos. “Dicho organismo determinó que el accionar de la firma Absolon S.A. ponía en peligro bienes jurídicamente tutelados, debiendo adoptar diferentes medidas administrativas para paliar sus efectos adversos; así dispuso clausuras preventivas, aplicó multas y ordenó adecuaciones estructurales en el establecimiento para el adecuado tratamiento de los efluentes, entre otros”, advirtió el juzgado.

En esa misma línea, marcó que, de los resultados de laboratorio de las muestras colectadas, se extrajó que las mismas compartían las características de peligrosidad previstas en el Anexo II de la ley 24.051, que tutela la salud y el medio ambiente. “La valoración de estas probanzas permite afirmar, con la provisoriedad propia de esta etapa, que el efluente contenía residuo calificado como peligroso por la normativa vigente”, indicó Di Giulio.

En esta línea, sumó que personal del Departamento de Delitos Ambientales de la PFA verificó que el destino final de los efluentes producidos en el proceso industrial por la firma investigada era el cauce del Río Salado, lo que comprometía “el agua, la vida y el ambiente en general”. Además, mencionó que el río atraviesa numerosas localidades bonaerenses y reviste importancia para las actividades ganaderas y agrícolas, además de la relevancia que tiene para el ecosistema en general e incluso para la recreación de la ciudadanía.

“No basta que se afirme la ausencia de intención cuando a pesar de las reiteradas observaciones y medidas preventivas, la conducta fue continuada verificándose el volcado de efluentes sin debido tratamiento”, indicó el magistrado federal ante uno de los cuestionamientos que hizo la defensa del directivo.

Por último, marcó que si bien las actuaciones administrativas llevaron a la firma a proponer la implementación de obras, en su resolución que se constató que resultarían “insuficientes para el correcto tratamiento del volumen proveniente del sector de proceso” y que la modificación anunciada “se encontraba detenida desde hace aproximadamente dos años” y que faltaba “principalmente la conexión con las tres lagunas existentes, las cuales se encontraban sin funcionamiento y con agua de lluvia”.

Originally published at on  https://fiscalramirogonzalez.com.ar/ April 20 2025.

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Fiscalía Nacional Electoral - Fiscal Ramiro Gonzáles

Fiscalía Nacional Electoral - fiscal Federal Ramiro González

La Fiscalía Nacional Electoral tiene como función esencial resguardar la transparencia de los procesos electorales del país, asegurando que

La Fiscalía Nacional Electoral tiene como función esencial resguardar la transparencia de los procesos electorales del país, asegurando que estos reflejen de manera auténtica y libre la voluntad popular. Su labor apunta a consolidar el derecho constitucional de participación política y fortalecer la legitimidad democrática.

Origen institucional y marco normativo

La creación de la Cámara Nacional Electoral (CNE), formalizada mediante la Ley N.º 19.108 y sus modificaciones, constituyó el punto de partida del fuero Electoral Federal. Dicha estructura se vio consolidada tras la reforma constitucional de 1994, que incorporó el capítulo segundo de la Primera Parte y reformuló los artículos 37 y 38 de la Constitución Nacional. Desde entonces, el sistema político y electoral argentino ha atravesado un proceso sostenido de modernización, que amplió de forma considerable las atribuciones y responsabilidades de esta Fiscalía, tanto en su actuación ante los tribunales de primera instancia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como ante la propia Cámara Nacional Electoral.

Competencias y atribuciones

El Fiscal Electoral de Primera Instancia de la Capital Federal interviene en procedimientos de naturaleza electoral, ya sean voluntarios o contenciosos, conforme lo dispuesto por la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y las normas complementarias, así como por el artículo 146 y siguientes del Código Electoral Nacional (CEN).

Entre sus funciones principales, la Fiscalía dicta dictámenes sobre el reconocimiento y la caducidad de partidos políticos, tanto nacionales como distritales, y supervisa las rendiciones de cuentas y gastos anuales de las agrupaciones políticas, de acuerdo con las leyes 26.215 y 26.571 y sus modificaciones, que regulan el financiamiento partidario. Asimismo, emite opinión en cuestiones vinculadas con la validez de candidaturas, la confección de listas y boletas en los procesos de elecciones primarias (PASO) y generales.

En el ámbito del padrón electoral de la Ciudad de Buenos Aires, interviene en causas judiciales relacionadas con la habilitación o inhabilitación de electores, garantizando la correcta inclusión de los ciudadanos conforme a sus derechos políticos.

Actuación en segunda instancia y ante la Corte Suprema

Como órgano de alzada, la Fiscalía Nacional Electoral dictamina sobre apelaciones contra resoluciones emitidas por los jueces electorales federales de todo el país. En los casos en que lo considere pertinente, puede interponer recursos extraordinarios ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cumplimiento de la misión establecida en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal de la Nación, que le encomienda velar por la vigencia efectiva de la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos y el acceso a la justicia.

Función investigativa y control del proceso electoral

Además, la Fiscalía está facultada para investigar delitos y contravenciones vinculados con el financiamiento partidario y con las infracciones electorales en general. Su tarea comprende la detección y persecución de cualquier conducta que altere el normal desarrollo de los comicios o atente contra los principios del voto universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible.

Finalidad institucional

La Fiscalía Nacional Electoral cumple un papel estratégico en la defensa del sistema democrático argentino. Su misión es garantizar el ejercicio efectivo de los derechos políticos de la ciudadanía y supervisar la conducta de todos los actores que participan en la vida política y electoral del país, asegurando que el proceso democrático se desarrolle bajo los principios de legalidad, transparencia y equidad.

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La fiscalía electoral alertó sobre campañas masivas de desinformación

El fiscal federal Ramiro González, a cargo de la Fiscalía Federal N°1 con competencia electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitó que se hiciera lugar a un amparo presentado con el objetivo de prevenir “acciones masivas de desinformación” mediante el uso de Inteligencia Artificial (IA) durante la campaña electoral.

En el dictamen, solicitó a la jueza María Servini que se requieran a las autoridades nacionales informes “sobre acciones de difusión y sensibilización planificadas o ya realizadas, relativas al proceso electoral en curso, particularmente, concernientes al voto informado respecto de la Boleta Única Papel como nuevo instrumento de votación”.

En esa línea, también sugirió la adhesión voluntaria al Compromiso Ético Digital 2025 que, para estas elecciones, propone la Cámara Nacional Electoral como herramienta para preservar el debate democrático en redes sociales y plataformas digitales y que suscriben partidos políticos, bloques parlamentarios, entidades periodísticas, empresas y plataformas.

El dictamen y la postura del MPF

En agosto de este año, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez realizó una presentación donde demandó una serie de acciones para garantizar el voto libre e informado y donde se cuestionó el uso no autorizado de la clonación de voz y rostro con Inteligencia Artificial. 

Allí mencionó el uso de “deepfakes” en las campañas electorales. Puso como ejemplo la circulación de imágenes creadas mediante IA de Mauricio Macri y Silvia Lospennato durante los comicios porteños de 2025 y un caso de 2021 donde se utilizó esa modalidad para perjudicar al dirigente Mario Negri.

En su dictamen, el fiscal citó una serie de acordadas y resoluciones de la Cámara Nacional Electoral donde se plantea el “objetivo de construir conciencia ciudadana sobre el buen uso de las nuevas tecnologías de comunicación en el desarrollo del proceso electoral y contrarrestar la manipulación de contenido digital sin menoscabar la libertad de expresión, entendida como un instrumento necesario para garantizar la libertad de información y la formación de la opinión pública”.

“De acuerdo a la opinión de este Ministerio Público, no caben duda respecto a los riesgos que genera los ‘deepfakes’ para la actividad política en general y los procesos electorales en particular, afectados por actos de comunicación malintencionada, falsa o directamente difamatoria, mediante el recurso -a veces más, a veces menos, sofisticado pero igualmente pernicioso-, a la inteligencia artificial. En cierto supuestos, directamente un uso constitutivo de delito”, explicó el fiscal.

En el escrito, el representante del MPF indicó que el amparo se centraba en los usos no autorizados (o ilegales) de recursos que proveen las herramientas de Inteligencia Artificial. “Tal como sostiene el amparista, el recurso específico a la IA, luego virilizada en el espacio digital y utilizada como instrumento nocivo de cara a las elecciones, trasciende largamente las fronteras del Estado Nación en el sentido de una concepción ya añeja de la división política propia de los viejos mapamundis”, recalcó.

De acuerdo a lo expresado por el fiscal González, “no caben duda respecto a los riesgos que genera los ‘deepfakes’ para la actividad política en general y los procesos electorales en particular, afectados por actos de comunicación malintencionada, falsa o directamente difamatoria”.

“Es claro que convertir sin más, estrategias de comunicación digital de carácter político-partidario en actos prohibidos sería negar la conversación política en el espacio público”, aclaró para luego explicar que eso no implica que el espacio digital sea, o deba ser “una especie de zona liberada”. “Fundamentalmente, frente a los riesgos más severos de cara a elecciones, propias de un sistema democrático, en tanto proceso de decisiones colectivas construidas sobre la base de información veraz y de calidad”, agregó.

Sobre esa base, el fiscal federal recordó que los actos masivos de amedrentamiento y desinformación han concitado la atención de los actores del sistema de justicia y que, por lo tanto, parecía razonable demandar que otros poderes del Estado en el ámbito de sus competencias se involucren en acciones concretas como una demostración de preocupación y ocupación que refleje un interés compartido en la fiscalización, integridad y transparencia de las elecciones.

Según sostuvo el fiscal, y así lo solicitó a la jueza electoral, corresponde requerir informes a los organismos gubernamentales competentes y el cumplimiento de acciones concretas vinculadas con el uso ilegal o no autorizado de la IA, fundamentalmente, en el ámbito de la prevención. En particular acciones, programas o herramientas que promuevan el voto informado, “incluso trascendiendo lo específico de las “deepfakes”, pero que contribuyan a mitigar sus eventuales efectos”, según concluyó su presentación. 

Originally published at on  https://fiscalramirogonzalez.com.ar/ October 6 2025.