La orden ejecutiva que liberó de responsabilidad a los suegros de la gobernadora no salió de la Administración Pierluisi, sino del propio equipo entrante de la nueva administración.
Antes de irse, jefa de Recursos Naturales se opuso a librar de responsabilidad los asuntos de Parguera
La aseveración que hizo el viernes el secretario designado del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez, de que fue la pasada administración la que le dejó el borrador de su primera orden administrativa archivando casos de construcción ilegal en la Reserva Natural La Parguera, es falsa, indicaron dos fuentes a NotiCel.
Las personas especificaron que no solo es falso que la controvertible orden administrativa surgió del equipo que gerenciaba la agencia bajo el exgobernador Pedro Pierluisi Urrutia, sino que de donde surgió fue del subcomité que representó a la gobernadora Jenniffer González Colón en la agencia durante el proceso de transición. Los informantes tienen conocimiento de los asuntos manejados en la secretaría del DRNA, pero pidieron no ser identificados.
La semana pasada, González Colón aseguró en comparecencias públicas que quedaría en nada y que era persecución política el caso administrativo en el DRNA en el que sus suegros enfrentaban hasta $25,000 de multa por construcción ilegal y daños ambientales en una estructura residencial en La Parguera. El jueves, anunció la designación de Quiles Pérez para dirigir la agencia y el jueves por la noche circuló copia de su primer acto oficial, la orden administrativa 2025-01, que legaliza las estructuras que ubican en terrenos de dominio público y zona marítimo terrestre de la reserva natural y que ordena el archivo de los casos relacionados al tema.
En medio de las reacciones, que incluyeron el adelanto de que Quiles Pérez podría ser citado a una sesión de interpelación en el Senado para contestar preguntas sobre la orden, el funcionario emitió su primer comunicado de prensa. Allí indicó que “la orden administrativa para establecer el cobro de derechos para el uso de terrenos y aguas de dominio público en La Parguera en el municipio de Lajas fue redactada y preparada por la administración anterior y eso quedó constatado durante el proceso de Transición”.
Esto fue directamente desmentido por las fuentes. El procesamiento de los suegros de la gobernadora, y otros tres casos similares en La Parguera, lo inició la exsecretaria del DRNA, Anaís Rodríguez Vega. Para el periodo de transición después de las elecciones, la agencia estaba a cargo del licenciado Roberto Méndez Martínez como interino porque la secretaria estaba en licencia por maternidad. La funcionaria regresó los últimos días del año y presentó su renuncia efectiva el 31 de diciembre. En todo ese periodo, el caso administrativo se mantuvo activo, aunque dilatado por acciones legales a las que recurrieron los padres del esposo de la gobernadora.
El secretario designado del DRNA, Waldemar Quiles Pérez, junto a la gobernadora Jenniffer González Colón.
Foto: Juan R. Costa / NotiCel
Fue en los días en que Rodríguez Vega regresó de maternidad que se le presentó el borrador de la orden por parte del subcomité que atendía el traspaso de poder en la agencia en representación de González Colón. Mediante correo electrónico, Rodríguez Vega la refirió al área legal con indicaciones de que no estaba de acuerdo con la misma. Luego, en un trámite que todavía no está claro, aparece firmada por el secretario designado.
El exmiembro del comité de transición entrante, Jorge Colberg Toro, dijo el viernes en el programa Jugando Pelota Dura que ese borrador no se había discutido en la vista ni documentos de transición del DRNA y consignó que no tenía conocimiento de lo que discutían los subcomités de transición en cada agencia.
La determinación radical de la orden no es solo archivar casos administrativos sobre el tema de forma general, sino que interfiere con leyes locales y federales, así como con determinaciones judiciales y acuerdos intergubernamentales que llevan décadas, al concluir directamente que las estructuras que ubican en la reserva son legales porque se les considera “enclaves de propiedad privada en zona marítimo-terrestre sobre terrenos de dominio público”.
El más reciente empuje para lograr legalizar las estructuras ocurrió en 2016 cuando la Legislatura aprobó, pero el entonces gobernador Alejandro García Padilla vetó, un proyecto a esos efectos. En esa ocasión, la secretaria del DRNA, Carmen Guerrero Pérez, se opuso tajantemente porque, entre otras cosas, creaba un precedente que podría usarse para legalizar actuaciones ilegales sobre bienes de dominio público alrededor de toda la isla. La orden 2025-01 provee un mecanismo para legalizar retroactivamente cualquier violación de ley al disponer que son los propios dueños de las estructuras los que le van a someter al DRNA una declaración jurada sobre el área que ocupan y las características que tienen para que entonces, a partir de ahí, la agencia ajuste sus récords y las fiscalice.
Las estructuras en el área están registradas e inventariadas hace décadas por el gobierno y es a raíz de esos récords que se determina si han ocurrido expansiones o construcciones ilegales, como la que se le imputaba a los suegros de la gobernadora.
En sus justificaciones, la orden administrativa calca varios de los argumentos que se proveían en la exposición de motivos del proyecto del Senado 1621 de 2016.
