Abren convocatoria a la II Olimpiada Venezolana Juvenil de Ciencias
(Caracas, 2 de febrero de 2026). – El Gobierno Bolivariano, a través del Ministerio para la Educación, anunció la convocatoria de la II Olimpiada Venezolana Juvenil de Ciencias, una iniciativa que invita a las mentes brillantes de Venezuela a unir ci... Leer más »
Diplomado en periodismo científico impulsa nuevas formas de comunicar la ciencia
El diplomado en Periodismo Científico impulsado por el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt), de Venezuela, fue concebido para que sus participantes transiten nuevas formas de abordar y comunicar el hecho científico, convertirlo en una información del dominio público y que los hallazgos y logros salgan de los laboratorios para el bienestar de la sociedad.
El programa de…
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La ciencia en la Argentina, antes y después de la toma del MinCyT
Victoria García repone la historia reciente de la lucha que dio la comunidad científica ante el avance del macrismo. Entre miradas críticas, la toma del Ministerio, saldos de experiencias y resistencias que no terminan, los/as científicos de la Argentina pelean contra el ajuste en el sector y defienden el desarrollo de una política científica popular.
Por Victoria García
La toma del MinCyT, en diciembre de 2016, constituyó un hito en la historia de la comunidad científica argentina. Fue, en ese sentido, un antes y después, porque propinó un golpe contundente -audaz en lo metodológico; amplio y diverso en su base política y social- al gobierno que quería implantar un ajuste drástico en el sistema científico en general y en el CONICET en particular. El gobierno, aunque no dio marcha atrás en su decisión de recortar los ingresos a la Carrera del Investigador, sí tuvo que ceder ante el reclamo por la expulsión de cientos de científicos que habían aspirado a continuar sus actividades de investigación en el organismo y para quienes, cambio de gobierno mediante, las reglas del juego se volvían repentinamente distintas.
Y es que, entre 2015 y 2016 -lapso breve pero políticamente intenso-, los ingresos al CONICET se redujeron en un 60%, como consecuencia de un ajuste en ciencia y tecnología que se preanunció ya en octubre, cuando el gobierno nacional envió al Congreso la Ley de Presupuesto 2017. Quienes se habían postulado en 2015 tenían derecho a reclamar, ante el CONICET y ante el Ministerio, por la imprevisibilidad profesional y laboral a la que los sometía la decisión de recortar los cupos. Reclamaban porque habían desarrollado tareas de investigación durante 5 o 7 años bajo un régimen tan estricto como precario: el de las becas de doctorado y postdoctorado. La gran mayoría de “los 500”, de hecho, eran o habían sido becarios del CONICET. Tenían, en ese sentido, el derecho a considerarse no sólo despedidos del organismo con el que habían mantenido una relación laboral, sino también expulsados hacia afuera del sistema científico, porque frente al recorte de los ingresos al CONICET sus posibilidades de inserción profesional resultaban sensiblemente restringidas, a falta de presupuesto para investigación en las universidades, y también a falta de una política de incorporación de jóvenes investigadores en organismos públicos.
Había legítimos motivos para reclamar en diciembre. Había, también, motivos para emparentar el conflicto del CONICET con otros que atravesaron trabajadores y trabajadoras de distintas dependencias del Estado que sufrieron despidos masivos a lo largo de 2016. “Los 500”, y todos los jóvenes investigadores que venían después de ellos, tenían claro que si se quedaban afuera del CONICET y del sistema científico argentino no solo ellos perdían sino además perdía el conjunto de la sociedad argentina. Porque toda la sociedad había financiado un largo proceso de formación de “Recursos Humanos" para la ciencia y la tecnología. ¿Adónde iría a parar esa inversión, si a partir de ahora cientos de investigadores se verían forzados a emigrar al exterior o a buscar reinserción laboral fuera del sistema científico público, desde donde se hace posible que los investigadores den respuesta a las necesidades sociales y retribuyan, de esa manera, la inversión que el Estado y la sociedad realizan en ellos?
Si hay un saldo que dejó la experiencia de la toma del MinCyT, es el reconocimiento ineludible de la condición de trabajadores y trabajadoras de sus protagonistas. En una sociedad donde rige la división del trabajo manual e intelectual, ser científico tiene sus bemoles. Resulta significativo, de hecho, que esa división se encuentre naturalizada no sólo entre quienes hacen usufructo de ella sino también entre quienes, por principio ideológico, deberían cuestionarla, como los que sin más adoptan el lema de la “fuga de cerebros” para denunciar una de las consecuencias del ajuste en ciencia y tecnología. Es que la tentación de hacer uso indiscriminado del capital simbólico con el que “Los Científicos” -así, con comillas y mayúsculas- cuentan frente a amplios sectores de la sociedad, es grande. En efecto, ese capital simbólico fue un factor decisivo de la ampliación de la base social del conflicto del CONICET en diciembre. Hubo los trolls de siempre -y atacaron, sobre todo, a la “grasa militante” de las ciencias sociales y las humanidades-, pero no fueron suficientes para ganar la batalla por la opinión pública. El viernes, último día de la toma, “Los Científicos” -así, con comillas y mayúsculas- salieron en la tapa de La Nación. No se los veía con pulcros delantales en sus laboratorios sino desalineados después de cuatro noches durmiendo en el hall de un ministerio, tocando bombos y cantando consignas políticas. En eso también ganamos. Obtuvimos un triunfo parcial en el CONICET, que no llegó a ser el ingreso para los 500 pero si becas por un año para todos ellos, y lo obtuvimos a pesar de que el sujeto de la lucha no fue una civilizada y correcta comunidad científica, sino trabajadores y trabajadoras embarradas del conflicto que atraviesa hoy el conjunto de la clase trabajadora argentina.
Por todo eso, la toma del MinCyT, y de los distintos centros de investigación del país que se plegaron a la lucha a lo largo de esa memorable semana, fue un hito histórico. En ese sentido fue un antes y después.
Pero en el conflicto que estalló en diciembre se visualiza, además, otro tipo de antes y después en la situación de la ciencia argentina. Uno en que surge no solo el ajuste drástico implementado por el gobierno nacional actual y la respuesta contundente de la comunidad científica -inédita en el sector-, sino también las problemáticas que atravesaban a la ciencia argentina incluso antes de diciembre de 2015.
Pensemos por un momento, en ese sentido, en la figura de Lino Barañao: ¿quién es o, mejor, qué es Barañao? ¿Qué significa que haya sido Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva durante la administración kirchnerista y lo siga siendo bajo el gobierno de Mauricio Macri? ¿Es Barañao un simple oportunista cínico que “panquequeó”? ¿Es un cínico que, por el contrario, siempre fue así: un operador de Monsanto a cargo de la política científica argentina?
Barañao es, más bien, la ejemplificación encarnada de que no todo es blanco y negro en política. Frente a los que afirman que “panquequeó”, él mismo contesta que no hubo reorientación: que los lineamientos que hoy impulsa son los mismos por los que abogaba durante la gestión kirchnerista . Frente a los que juzgan que nada cambió, son las cifras del ajuste -y el instinto de los becarios e investigadores que resisten contra él- los que responden que evidentemente algo cambió, no sólo en ciencia y técnica sino para el conjunto del país.
El kirchnerismo, entre 2003 y 2015, jerarquizó la ciencia y la tecnología como no lo había hecho ningún otro gobierno al menos en las cinco décadas anteriores. La inversión presupuestaria en el sector permitió aumentar y rejuvenecer el personal científico del país, realizar incrementos salariales, financiar diversas investigaciones, así como crear organismos (ARSAT) y fortalecer otros (el CONICET, la CNEA, la CONAE). Ese fortalecimiento de la ciencia, entendida como herramienta para el desarrollo de nuestro país, es la que frena y revierte la administración macrista.
Sin embargo, la política científica del kirchnerismo también tuvo sus limitaciones. Las dificultades del sistema para absorber la masa de jóvenes investigadores que obtuvieron su título de doctores en virtud de la ampliación del número de becas no comenzaron en diciembre de 2016, aunque en ese momento hayan explotado debido al ajuste. En el marco de una gran fragmentación del sistema científico-tecnológico, que comprende no solo el CONICET y el MinCyT sino un número amplio de organismos dispersos bajo distintas órbitas ministeriales , las capacidades del CONICET de incorporar investigadores fueron mostrando poco a poco sus límites. Se careció de una política científica integral y coordinada dirigida a la resolución de problemas sociales concretos y que permitiese articular, a partir de dicho objetivo, la agenda institucional de distintos organismos públicos (como sucedió, a modo de excepción exitosa y notable, en INVAP) . Faltó tiempo, pero además hubo prioridades controvertidas desde el comienzo, como la orientación de la política científica a la obtención de ventajas competitivas en el mercado y, en la misma línea, el énfasis en la articulación entre el sector público y el sector privado, que depositó confianza en una supuesta capacidad de las empresas para producir no solo innovación tecnológica sino además inclusión social .
La experiencia kirchnerista en ciencia y técnica muestra que la inyección de presupuesto no es condición suficiente de una política científica dirigida a resolver los problemas de las grandes mayorías de nuestro país. En cambio, el macrismo que viene desplegando su ensayo de política científica desde 2016 muestra que aunque el presupuesto no sea condición suficiente, sí es condición estrictamente necesaria. Nos encontramos ahora resistiendo frente al ajuste cuando deberíamos estar debatiendo alternativas para hacer fructificar los resultados positivos alcanzados en los años del kirchnerismo en una política científica que responda a las acuciantes necesidades sociales del país.
Por ahora, y por todo eso, a los científicos nos toca resistir. Todavía, de hecho, el gobierno nacional no ha dado respuestas sobre la incorporación definitiva de “los 500” que prometió en diciembre, aunque el anuncio de un supuesto Plan de Fortalecimiento de la Investigación en las Universidades Nacionales -que aún es sólo un anuncio vago- pretenda instalar en la agenda pública que el conflicto está pronto a solucionarse.
Nos toca resistir, pero también pensar alternativas. Defender la ciencia no es un slogan vacío sino una formulación sintética de lo que muchos de los becarios e investigadores que tomamos el MinCyT en diciembre pasado, y seguimos luchando contra el ajuste en el sector, creemos con convicción: que es posible y necesario el desarrollo de una política científica que no solo contribuya al crecimiento económico del país sino además a nuestra soberanía alimentaria, a identificar las causas de las problemáticas medioambientales y a paliar sus efectos sociales, a resolver los déficits en vivienda, a fortalecer la salud y la educación públicas. Tenemos muchos desafíos por delante. Aun en un contexto difícil como el actual, esos desafíos nos animan a pensar, debatir y construir. Y a hacerlo en forma colectiva, más allá de la fragmentación y el individualismo que pretenden imponer las modalidades hegemónicas de producción y circulación del conocimiento científico.
