Los primeros alcaldes de la democracia ya exigían al Gobierno a finales de los años setenta que se hiciera cargo de la deuda municipal. Pero si entonces las corporaciones locales debían a las contratas de limpieza, recogida de basuras y otros servicios medioambientales lo que hoy equivaldría a unos 150 millones de euros, la cantidad ascendía el pasado marzo a 3.425 millones de euros. Muchos municipios, asfixiados por la falta de fondos, han renegociado los cánones que pagan a las empresas. Un ejemplo destacado es el de Madrid, que ha reducido en un 15% la factura que paga a FCC por la recogida de basuras. Las empresas devuelven el golpe ofertando menos servicios y, en algunos casos, prescindiendo de trabajadores. Además, la sequía en los mercados internacionales de crédito dificulta que los grandes grupos obtengan la financiación necesaria para disimular este agujero en sus cuentas. La morosidad es una lacra de las administraciones públicas españolas que no tiene parangón en ningún país europeo. Solo se podría acercar Italia. Ha sido siempre alta, pero con la crisis ha aumentado un 20%. La diferencia entre Ayuntamientos es abismal. Es prácticamente inexistente en Navarra y País Vasco. Y Cataluña tiene unas tasas de morosidad aceptables. Pero en el extremo opuesto aparecen los municipios del sur y el levante. Andalucía tarda en pagar una media de año y medio; y Madrid, casi nueve meses. Por el peso económico de la capital, este retraso tiene una importancia brutal. Las medidas legales ante las negativas del Ayuntamiento a pagar resultan ineficaces. Y la duración de los pleitos y demandas contra los deudores reclamando los intereses de demora hacen ineficaces las reclamaciones. Los Ayuntamientos asumieron con naturalidad durante los años de vacas gordas que los ingresos que les proporcionaba el sector inmobiliario durarían para siempre, en lugar de considerarlos como ingresos extraordinarios. Pero con el crash del ladrillo, esta fuente de financiación, que en algunos municipios alcanzó hasta el 40% o el 50% del total de ingresos, se desplomó. Lo que arrastró a empresas pequeñas, medianas y grandes, incapaces de asumir unos impagos tan elevados. "Nuestro trabajo ha cambiado totalmente. Antes nos preocupábamos de buscar clientes y ofrecerles los mejores servicios. Ahora la mayor parte del tiempo lo consumimos gestionando los cobros", admite un trabajador de un gran grupo constructor. "Es muy injusto. Ahora que los ingresos de los Ayuntamientos se han desplomado, nos hemos convertido en una vía de financiación fácil para ellos. Y actúan desde la mayor impunidad, porque son inembargables. Si un ciudadano deja de pagar su hipoteca, tiene sus consecuencias. Pero eso no ocurre cuando eres una administración pública".
Los municipios ahogan a las constructoras · ELPAÍS.com