1. Transparencia / Anticorrupción
Los candidatos a puestos electos como congresistas y plancha presidencial, así como altas autoridades que gozan de antejuicio como ministros, jueces supremos y fiscales supremos; perderán la privacidad de sus datos personales como garantía de “quien no la debe no la teme”.
Esto significa que en lugar de una Declaración Jurada, su información bancaria (activos y pasivos) será revelada por la SBS, su información tributaria (abonos y deudas) será revelada por SUNAT, su información bursátil (participación en empresas) será revelada por la SMV, su información de propiedades (muebles e inmuebles) será revelada por la SUNARP, su entorno familiar (prevención de nepotismo) será revelado por RENIEC, su experiencia educativa (básica y superior) será revelada por el Ministerio de Educación y SUNEDU.
De esta manera, todos los ciudadanos podremos conocer la real identidad de quienes nos gobiernan.
2. Disolución – Vacancia – Adelanto
En la actualidad, el Congreso puede ser disuelto –prácticamente a voluntad– del Presidente de la República, porque la Constitución de 1993 permite hacer legalmente lo que Alberto Fujimori hizo ilegalmente en 1992. De otro lado, el Congreso puede vacar –prácticamente a voluntad– al Presidente de la República por incapacidad moral. Finalmente, no se encuentra institucionalizado el adelanto de Elecciones Generales, tal como se planteó en el discurso presidencial de 28 de Julio de 2019.
La alternativa es que la disolución del Congreso y la vacancia del Presidente no sean actos volitivos, y que se institucionalice el adelanto de Elecciones Generales. Por ello, la alternativa es que cualquiera de estas 3 alternativas sea validada por los electores mismos, a través de un referéndum a solicitud de:
1. El Presidente de la República.
2. 50% más 1 de los Congresistas.
3. Un 10% de los votantes hábiles.
Muestro país mantiene una histórica baja presión tributaria, la experiencia histórica es que Europa y EEUU elevaron su presión tributaria no de manera gradual, sino de manera discreta en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, para proveer lo que se conoce como Estado del Bienestar.
Esto implica elevar drásticamente la presión tributaria al doble para estar a la par con los países de la OECD, que es una meta nacional a preservar:
1. SUNAT tendrá acceso al secreto bancario para identificar los casos flagrantes de desbalance patrimonial, que son recurrentes en los empresarios informales.
2. Impuesto Predial del 1% con un umbral de exoneración de 1’000,000 de soles, a precios de mercado.
3. Impuesto a la Renta a las ganancias en la Bolsa de Valores y actividades similares, hoy está exonerado.
4. Impuesto a la Renta a las ganancias en el sistema financiero por activos superiores a 100,698 soles; que es el fondo asegurado en la SBS.
5. Impuesto a la Renta a los ingresos por herencia con un umbral de exoneración de 1’000,000 de soles.
6. Cero prórrogas de exoneraciones a su fecha de término, debiendo SUNAT proporcionar una evaluación en materia de puestos de trabajo creados y su planilla producto de la exoneración.
7. Priorizar subsidios directos como el caso de la Ley del Cine, en sustitución de exoneración de impuestos indirectos como es el IGV de la Ley del Libro.
4. Directorio del Banco Central
En lo que va de este siglo, el Directorio del Banco Central no ha sido “secuestrado” por el Poder Ejecutivo como ocurre cuando éste tiene mayoría en el Congreso, y la autonomía del Banco Central es sólo retórica.
Esta situación plural del Directorio del Banco Central no puede ser dejada al azar como es al presente, y para ello es necesario modificar el artículo correspondiente de la Constitución en los que respecta a los 3 directores que nombra el Poder Legislativo.
La modificatoria consiste en que para la votación en el Congreso, los congresistas del partido político o alianza que haya obtenido el Poder Ejecutivo no puedan votar por dichos 3 directores.
La Constitución está pensada como una carta de derechos de las personas, y un capítulo económico es tan sólo una inserción extraña que crea privilegios a las empresas privadas frente al Estado, o a las empresas nacionales frente a las empresas extranjeras, o los contratos-ley para empresas que no existen para las personas.
Para tener una Constitución moderna, el detalle debe dejarse para las Leyes Orgánicas, para que lo esencial e imperecedero quede como un intangible para futuras generaciones. Tanto la Constitución del 79 como la del 93 fueron convocadas por gobiernos dictatoriales donde se consagraba lo que el gobierno en cuestión consideraba lo imperecedero, y de allí su precariedad.
Las Cajas Municipales, son empresas públicas de propiedad de Gobiernos Municipales Provinciales, que al presente atienden al mercado de crédito marginalizado por los grandes bancos, como son el agrario de pan-llevar y el comercio minorista.
Por su normatividad, y a diferencia de los grandes bancos, no puede obtener fondos del extranjero para colocar créditos en el mercado nacional, lo que encarece el costo de los créditos que otorga.
De otro lado, la Ley del Canon sólo permite el uso de sus fondos para la inversión en bienes tangibles como obras públicas, pero no para inversión en la capitalización de Cajas Municipales.
La propuesta de cambio de la Ley del Canon es que sus fondos se puedan usar como capital subordinado en las Cajas Municipales, para la colocación de créditos en áreas específicas como fondos de Pasco permitan a la Caja Huancayo prestar en esa región, o fondos de Cajamarca permita a Caja Piura prestar a cafetaleros.
Nuestro país fue el centro de la colonización española en América del Sur debido a su riqueza minera, esta riqueza junto con la de México, permitió a la Corona Española ser una potencia mundial y a Europa dejar atrás el atraso de la Edad Media e inaugurar la Edad Moderna; de esta manera Europa conquistó la posición hegemónica mundial que preserva hasta el día de hoy.
Pero la extracción de la riqueza minera de nuestras tierra, generó pasivos ambientales que nunca han sido remediados, la identidad de los depredadores está perdida en la historia colonial y republicana, pero esos pasivos mineros envenenan el aire, el agua y la tierra del que vivimos.
Para la remediación de estos pasivos mineros, que es basura industrial acumulada por 500 años, una tasa del 1% a las exportaciones mineras (porque toda producción mineral genera pasivos, aunque no genere ganancia) será destinada exclusivamente a la remediación de los 8,448 pasivos mineros identificados por la Resolución Ministerial 010-2019-MEM/DM. Esta tasa será revocada al término de la remediación de todos los pasivos mineros.
La creación de ciudadanía fortalece la democracia porque se produce una identificación entre las autoridades políticas y sus electores, por ello las minorías de distinta índole que son víctimas de la opresión de la mayoría necesitan ser identificadas y protegidas. Esto permitirá elaborar las políticas públicas pertinentes de manera focalizada.
-Género: El DNI de adultos debe tener para el componente de Sexo, la opción “O” en adición a las opciones “M” y “F”. El DNI de menores permanece sin modificación con el sexo adjudicado al nacimiento.
-Etnicidad y Lengua: El DNI de adultos deberá contener un componente de Pueblo Originario y Lengua Materna con los mismos lineamientos vigentes del Ministerio de Cultura. En el DNI de menores, dicho componente será adjudicado por el adulto que realiza la inscripción.
-Capacidades: El DNI de adultos y de menores deberá tener un componente de Capacidad que indique si el ciudadano tiene algún tipo de discapacidad de acuerdo a la clasificación vigente de CONADIS (Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad).
En la actualidad tenemos varias instancias de regulación del mercado a cargo del Estado: INDECOPI (que regula la competencia de mercado en general), OEFA (que regula la protección ambiental), OSINERGMIN (que regula el mercado de energía y de minería), OSIPTEL (que regula el mercado de telecomunicaciones), OSITRAN (que regula el mercado de transporte), SMV (que supervisa el mercado de valores) SUCAMEC (que supervisa el mercado de armas y explosivos), y SUNASA (que regula el mercado de seguros de salud), SUNASS (que regula los servicios de saneamiento).
Como parte del fortalecimiento del Estado y la creación de sinergia dentro del Estado, todas las reguladoras se fusionaran en una sola institución a cargo de regular el mercado; con los estándares de calidad profesional existentes al día de hoy en el Servicio Diplomático, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos y Seguros.
En la actualidad, el régimen de pensiones para mayores de 65 años se encuentra fragmentado. La primera fragmentación corresponde a militares y civiles, la cual debe desaparecer. La segunda fragmentación es entre trabajadores dependientes de 5ta Categoría y de 4ta Categoría, la cual debe desaparecer. La tercera fragmentación corresponde a aquellos afiliados a la ONP y a aquellos afiliados a las AFP, la cual debe desaparecer. La cuarta y última fragmentación es entre los beneficiarios de Pensión 65 y aquellos iguales de necesitados que no lo son.
Para evitar esta fragmentación es necesario hacer los siguientes cambios:
1. Generalizar Pensión 65 a todos aquellos que tuvieron ingresos de subsistencia durante su vida laboral.
2. Las actuales entidades financieras autorizadas a tener depósitos CTS, podrán recibir cuentas individuales AFP, incluyendo al Banco de la Nación
3. Los actuales afiliados ONP pasarán a tener cuentas individuales en el Banco de la Nación, pudiendo migrar a otras entidades financieras.
4. La SBS tendrá acceso a la Planilla Electrónica para verificar que los empleadores depositen los fondos previsionales.
5. Los empleadores que no depositen los fondos previsionales, serán pasibles al embargo de sus cuentas en el sistema financiero.
6. En aquellos establecimientos con emisión electrónica de boletas de pago, una fracción del IGV se destinará a la cuenta individual del adquiriente.
11. Inmunidad Parlamentaria
Al presente, los parlamentarios han convertido su inmunidad en una impunidad para delitos cometidos o cuando no eran congresistas (robo de gasolina) o cuando no son de representación (cupos a municipios). Obviamente en estos casos no debe existir la inmunidad parlamentaria.
El problema práctico, es cuando un parlamentario haciendo sus labores de representación con aquellos que lo eligieron se le considere partícipe de un delito, como por ejemplo:
1. Una comunidad amazónica decide tomar una estación de bombeo del oleoducto por ausencia de servicios públicos, y un congresista en solidaridad acompaña esta acción.
2. Una comunidad andina decide tomar una carretera por acuerdos incumplidos de una minera, y un congresista en solidaridad acompaña esta acción.
3. Una federación de trabajadores decide hacer una marcha que bloquea el centro de Lima, y un congresista en solidaridad acompaña esta acción.
En estos tres casos de protesta social, hay varios delitos penales que se han cometido, y que el congresista no debe ser arrestado o condenado a prisión provisional; en estos casos se necesita inmunidad.
En la actualidad, el concepto de dos cámaras congresales: Diputados y Senadores, se basan en la asignación de los ciudadanos al territorio, donde los distritos electorales de los diputados están subsumidos en los distritos electorales de los senadores.
La identidad nacional es la de peruano, pero existe una identidad sub-nacional basada en los ancestros de cada ciudadano basado en los pueblos originarios del mundo. Decirse “blanco” en realidad es decirse de un pueblo originario europeo, decirse “injerto” o “nisei” es en realidad decirse de un pueblo originario asiático, igualmente decirse “zambo” o “mulato” es en realidad decirse de un pueblo originario africano, finalmente decirse “chanka” o “huanka” es decirse de un pueblo originario americano, cerrando con el concepto de “mestizo” a quien se dice pertenecer a más de un pueblo originario.
Esta identidad, que debe estar contenida en el DNI, permitirá construir los distritos electorales del Senado, donde la identidad universal de peruano se descompondrá en identidades sub-nacionales estructurales.
Los múltiples regímenes laborales en el Estado que están consagrados para los funcionarios y servidores nombrados y contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276, la Ley N° 29944 y la Ley N° 30512; los docentes universitarios a los que se refiere la Ley N° 30220; el personal de la salud al que se refiere el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1153; los obreros permanentes y eventuales del Sector Público; el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú; el personal del régimen laboral de la actividad privada se sujetan a lo establecido en la Ley N° 27735; los trabajadores contratados bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo N°1057, en el marco de la Ley N° 29849; y los docentes, asistentes y auxiliares contratados de los institutos de educación superior y escuelas de educación superior públicos establecido por los artículos 106 y 109 de la Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública.
Toda esta maraña de regímenes laborales debe ser unificada en una Ley del Servicio Civil que incluya desde autoridades electas como el Presidente y los Congresistas, hasta los porteros de las entidades estatales, pasando por los funcionarios especializados del BCR, SBS, etc.
Un problema consistente en la administración de la Capital del Perú ha sido su desorden territorial, en la actualidad comprende los 43 distritos de la Provincia de Lima, los 7 distritos de la Provincia de Callao, el distrito de Asia de la Provincia de Cañete y el distrito de Matucana de la Provincia de Huarochirí; que implica un total de 52 distritos.
La administración de la Capital, tiene además de los alcaldes de los 52 distritos, varias autoridades autónomas como la del Tren Eléctrico, del Transporte Urbano o de la Costa Verde; que implican un caos en las necesidades de la Capital en materia del uso del suelo, de la regulación del transporte, de manejo de desechos, o de seguridad ciudadana.
La propuesta específica es crear una Asamblea para la Región Lima-Callao, que se conforme de 2 autoridades electas por distrito (un total de 104) más un Alcalde. Acompañado de la desaparición de los alcaldes distritales y sus respectivos consejos, para que de esta manera el presupuesto destinado a autoridades electas permanezca inalterado.
15. Gobiernos Provinciales
Un problema sistemático de la ejecución presupuestal de los gobiernos subnacionales es su capacidad de gestión, siendo la más aguda a nivel distrital por la complejidad de reglas a cumplir a fin de garantizar un adecuado gasto público.
De otro lado, Perú tiene un problema de tres niveles de gobiernos electos sub-nacionales (región, provincia y distrito) que ningún otro país de la región tiene donde sólo existen dos niveles de gobiernos electos subnacionales.
Por ejemplo, para 2020, el presupuesto para 26 gobiernos regionales es 32 mil millones de soles, y para 1,874 gobiernos locales es 21 mil millones de soles. Cabe señalar, que Perú es el país de la región con más distritos per-cápita lo que introduce problemas de ordenamiento territorial
Por ello, es necesario reformar el sistema de gobiernos locales, unificándolos en torno a las provincias para tener unidades ejecutoras más eficientes; y al mismo tiempo eliminar el sistema de que el ganador de la elección local tenga la mitad más uno de los concejales.
Para esto, se creará una Asamblea Provincial con delegados de los distritos que la conforman, que será presidida por un Gobernador Provincial, en el mismo acto electoral en el que se eligen a los delegados distritales.
16. Central de Siniestralidad
Al presente, los seguros operan con tarifas prácticamente planas debido a la ausencia de una central de siniestros de salud, accidentes vehiculares, accidentes laborales, etc. Esta ausencia implica que dos personas de la misma edad pero con dos tipos de conducta respecto a sus hábitos alimenticios pagan la misma prima. Dos conductores de vehículos idénticos pero con un historial de accidentes diametralmente distinto pagan la misma prima. Dos dueños de establecimientos comerciales idénticos, pero uno con accidentes fatales y el otro no, pagan la misma prima.
Por ello resulta pertinente, que la SBS administre una Central de Siniestralidad, semejante a la Central de Riesgo Crediticio, para que a través de mecanismos de mercado las distintas empresas proveedoras de seguros puedan diferenciar el riesgo de sus clientes.
17. Peruanos en el Extranjero
En la actualidad, los peruanos registrados en el extranjero son poco más de 900 mil y están representados anónimamente por aquellos congresistas de la Provincia de Lima. Por ello es pertinente la creación de 4 curules adicionales para dos distritos electorales binominales: América y Resto del Mundo.
