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Tímidos pasos en el largo camino hacia la justicia por las atrocidades cometidas en Siria
SIRIA- Las negociaciones cuya reanudación está prevista para el 11 de abril de 2016 en Ginebra, así como la reciente reducción de las hostilidades en Siria, pueden representar pasos importantes hacia una solución pacífica a los más de cinco años de turbulencia. Muy pocos no aplaudirían el silenciamiento definitivo de las armas y el fin del sufrimiento de la población civil.
En vista de los crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y otros abusos que se están cometiendo en Siria, es muy importante que la justicia, la verdad y la reparación sean parte fundamental de cualquier acuerdo. Debe llevarse ante la justicia a quienes ordenaron tales delitos, los llevaron a cabo o permitieron que se cometieran. Sin embargo, este pilar básico no está en el programa de trabajo de Ginebra y corre el riesgo de ser sacrificado en aras de la conveniencia política.
La ausencia de un tribunal en Siria capaz de resolver el déficit de justicia es bien patente. El sistema judicial sirio está subordinado en gran medida a las autoridades políticas y a los órganos de inteligencia y seguridad. A lo largo de los últimos cinco años, decenas de miles de civiles han sufrido reclusión sin juicio, a menudo víctimas de desaparición forzada. Miles han muerto bajo custodia.
Aborto en El Salvador: La delgada línea entre médicos y policías.
El doctor Lemus* tiene miedo de ir al trabajo. Cada vez que se enfrenta a una paciente que ha sufrido una complicación obstétrica, sus jefes esperan que levante el teléfono y llame a la policía. Esperan que, ante la mínima sospecha, denuncie a sus pacientes por haberse inducido abortos, lo que está prohibido en el país, en cualquier circunstancia. Si no lo hace, él mismo puede terminar tras las rejas. Aquí, cuenta cómo es ser médico en El Salvador, donde la línea entre ser doctor y policía es cada vez más fina.
Comencé a trabajar en el hospital en el 2007, cuando el aborto ya estaba prohibido en todas las circunstancias (la ley fue modificada en 1998).
En El Salvador, es muy difícil trabajar como médico y prestar servicios de salud a mujeres que tienen problemas obstétricos porque la legislación prohíbe todas las formas de aborto y eso crea un ambiente en el que todas las mujeres se hacen sospechosas.
En mi hospital hay un clima de miedo y desconfianza entre los compañeros de trabajo. Vivimos situaciones muy extremas, muy tristes.
Muchas mujeres que llegan al hospital están en situaciones muy límites. La gran mayoría que llega con problemas obstétricos, hemorragias graves o pérdidas espontáneas de sus embarazos es acusada de inducirse un aborto y denunciada inmediatamente. En muchos casos las terminan condenando a 20 ó 40 años de cárcel.
En mi hospital han habido varios casos. Recuerdo que una vez llegó a la sala de emergencia una mujer embarazada con un shock hipovolémico (enorme pérdida de sangre que no permite que el corazón bombee suficiente sangre al cuerpo). La joven era de una zona rural y había viajado una hora y media para llegar al hospital.
La chica estaba casi inconsciente pero lo primero que hizo la médica que la atendió fue preguntarle qué había pasado, qué había causado la hemorragia. Insistió con eso y luego llamó a la policía.
Inmediatamente la paciente fue esposada, ahí mismo en la cama del hospital. Apenas le dieron el alta la llevaron a juicio y la condenaron a 30 años de prisión por, supuestamente, haberse inducido un aborto. Un año después, cuando esta joven estaba en la cárcel, nos dimos cuenta que padecía de un linfoma y que esa probablemente había sido la causa de la hemorragia. La joven no recibió la atención que debía y murió dos años después, en la cárcel.
Esta paciente que había llegado al hospital en busca de ayuda fue vulnerada en cada uno de sus derechos.
En El Salvador hay una enorme doble moral porque si una mujer quiere una interrupción voluntaria del embarazo y tiene los medios económicos para pagarlo, el mismo médico que denuncia a algunas en público es quien le ofrece esos mismos servicios en privado. Pero si tú no tienes para pagarlo, simplemente vas a ser denunciada.
El problema es que muchos médicos no entienden lo que es el secreto profesional y muchos jefes ponen presión para que denuncien a mujeres.
Te dicen que si no denuncias este tipo de situaciones, formas parte del delito, eres cómplice y estás expuesto a perder tu trabajo. Nos hacen dejar de ser médicos y convertirnos en policías.
Varias veces mis jefes me han llamado la atención pero yo les digo que no puedo violar el secreto profesional que les debo a mis pacientes. Cuando conoces tus derechos, nadie te puede intimidar.
Varios colegas han realizado comentarios, me han estigmatizado mucho, pero tengo un carácter bastante fuerte, no caigo ante la presión.
Con otros colegas estamos dando talleres a médicos jóvenes para explicar qué es el secreto profesional. Les explicamos sus deberes y que las pacientes pueden tomar acciones legales contra ellos si violan el secreto.
Si fuésemos más abiertos sobre el tema tendríamos menos muertes maternas porque muchas tienen lugar porque personas no capacitadas realizan procedimientos peligrosos en el mercado negro.
Tengo miedo cuando hago mi trabajo, temo por mi seguridad, ser denunciado por un caso de este tipo. Pero yo hago lo que tengo que hacer sin notificar a nadie. Tengo normas de seguridad para protegerme y para proteger a mis pacientes.
No es nada fácil trabajar el tema en mi país pero tengo que hacerlo, tengo que ofrecerle a la mujer ayuda médica porque para eso llega al hospital.
*El nombre es un seudónimo para proteger la identidad del doctor.
Este blog fue originalmente publicado en 20 Minutos
http://blogs.20minutos.es/mas-de-la-mitad/2015/11/30/una-complicacion-obstetrica/
Las niñas de Burkina Faso dicen “no” al matrimonio forzado.
El 25 de noviembre, día Internacional de acción para eliminar la violencia contra la mujer, presentamos a las valientes niñas que le han plantado cara al matrimonio forzado en Burkina Faso.
A los 13 años, Maria (nombre ficticio) fue obligada a casarse con un hombre de 70 años que ya tenía cinco esposas. Cuando se resistió, su padre le dijo: “Si no te reúnes con tu esposo te mataré.”
Maria caminó casi 170 km durante tres días para buscar protección en una casa refugio para niñas. Finalmente volvió a casa donde, después de varias intervenciones de la policía, la liberaron de su “matrimonio” y ahora vive con su familia. Sueña con poder ir algún día a la escuela. Más de la mitad de las niñas de Burkina Faso son obligadas a casarse a edades tempranas, algunas a la edad de 11 años. Es un escándalo que no se puede olvidar ahora que un nuevo gobierno está preparado para asumir el poder. Mientras tanto, al igual que Maria, algunas niñas hacen todo lo que pueden para huir a casas refugio como las que se muestran en estas fotos. Allí aprenden nuevas habilidades que las preparan para llevar una nueva vida fuera del refugio.
(Por respeto a los deseos de las niñas que aparecen aquí, estas fotos no revelan su identidad.)
Refugio escondido: una casa para sobrevivientes de matrimonio forzado, en el noreste de Burkina Faso. Este país, en el que el 52% de las niñas se casan antes de cumplir 18 años, tiene la séptima tasa más alta de matrimonios precoces del mundo.
Porque nadie puede obligarte a amar a alguien, Rose, de 15 años, ha vivido seis meses en una casa refugio. “Mi padre me ofreció en matrimonio a un pastor que ya tenía una esposa. Me escapé el día de la boda.” La asignatura que más le gusta a Rose es historia. Le gustaría llegar a ser profesora algún día.
Cosiendo un nuevo futuro: Josephine (izquierda) y Mariama, de 17 años. Tejer, coser, cocinar y trabajar la tierra son algunas de las actividades que se enseñan en este refugio. Las niñas se quedan todo el tiempo que necesitan, hasta que tienen las habilidades necesarias para ganarse la vida fuera.
Josephine, de 24 años, escapó de un matrimonio forzado y llegó a esta casa refugio hace ocho años. El matrimonio forzado se da cuando uno de los contrayentes no puede contraer matrimonio libremente, porque está siendo presionado o bien amenazado con violencia.
Una oportunidad de regresar a la escuela: estudiando francés. Para la mayoría de las niñas, el matrimonio precoz significa perder su formación.
Preparando "galettes". Las niñas del refugio escogen qué habilidad quieren aprender. Una vez casadas, se espera que muchas niñas cocinen, limpien, vayan a buscar agua y trabajen en los campos de sol a sol.
Jugando con ligas elásticas, un pasatiempo típico entre las niñas de 7 a 12 años, en la casa refugio de Foceb para sobrevivientes de matrimonio forzado, violación o embarazo no deseado. En Burkina Faso, niñas de hasta 11 años pueden ser obligadas a casarse con hombres de 30 a 50 años mayores que ellas.
Porque alguien me ama. Una joven adolescente embarazada a la puerta de la guardería en Foceb. Los matrimonios forzados y a edad temprana pueden conllevar embarazos peligrosos. Algunas jóvenes mueren durante el parto, o sufren lesiones que ponen en peligro su vida.
Un lugar para descansar. Obligadas a casarse, se espera que las niñas tengan todos los hijos que desee su esposo, con independencia del peligro que el embarazo a edad temprana representa para su salud y su vida.
La puerta a una nueva vida: la entrada de una casa refugio. Los matrimonios forzados y precoces están prohibidos en la Constitución de Burkina Faso y en el derecho internacional. Aun así, las autoridades siguen haciendo la vista gorda.
Curando corazones. Un juego infantil, que consiste en recortar figuras, nos recuerda que las niñas de Foceb son sólo eso, niñas. En Burkina Faso, la edad legal para contraer matrimonio para las niñas es de sólo 17 años, mientras que los varones no pueden hacerlo hasta los 20.
Mientras preparamos Escribe por los Derechos, nuestro maratón anual de envío de cartas, veamos los cambios logrados tras la campaña de 2014 gracias a tus palabras y persistente trabajo.
1. Liberado en Nigeria:
El gobernador del estado del Delta del Níger, Nigeria, respondió a la presión de los simpatizantes de Amnistía Internacional y concediendo un indulto total a Moses Akatugba, condenado a muerte a los 16 años por robar tres teléfonos.
2. Se investiga la tortura en Filipinas:
La policía filipina anunció que las cartas enviadas por “una organización de derechos humanos” —que podemos decir con seguridad es Amnistía Internacional— la habían impulsado a investigar la espantosa tortura que sufrió Jerryme Corre, sometido a descargas eléctricas, puñetazos y amenazas de muerte.
3. La ley cambia en Noruega:
El gobierno noruego manifestó que procedería a cambiar la legislación para las personas que desean cambiar legalmente de género. Esta decisión fue el resultado de nuestra campaña en favor de John Jeanette Solstad Remø, mujer transgénero que no podía cambiar legalmente de género sin tener que someterse a tratamiento médico obligatorio.
4. Permiten las visitas en la cárcel en China:
La hija de Liu Ping, activista encarcelada por luchar contra la corrupción en China, ha podido visitar por fin a su madre en la cárcel. La atención internacional sobre el caso podría haber influido en este cambio positivo.
5. En Grecia se lucha contra el racismo:
Paraskevi Kokoni, la mujer romaní que sufrió una agresión brutal en el oeste de Grecia, se reunió con el ministro de Justicia griego para entregarle las cartas recogidas durante Escribe por los derechos. El ministro dijo que la actual legislación antirracista es “insuficiente” y propuso medidas para cambiarla.
6. En Sudáfrica mejora la atención para la salud:
Las mujeres y niñas de Mkhondo, Sudáfrica, tienen ahora mejor acceso a la atención sanitaria durante el embarazo. Una clínica ha aumentado su servicio prenatal de dos a siete días a la semana, lo que ha reducido espectacularmente el tiempo de espera. Las autoridades gubernamentales también han visitado el lugar para evaluar y supervisar la situación, y los trabajadores y trabajadoras de la salud se han sumado a la causa, ejerciendo presión sobre el gobierno para que los doten de más recursos.
7. Aumenta la sensibilización en los Emiratos Árabes Unidos:
Lucharon por Mohammed al Roken, encarcelado durante 10 años tras una enorme oleada de represión contra activistas políticos y de derechos humanos en los Emiratos Árabes Unidos (EAU). “Tenemos muchas esperanzas de que este tipo de campañas presione al gobierno para que adopte más medidas positivas en derechos humanos”, nos dijo un activista local.
8. Dar fuerza en Uzbekistán:
La familia de Erkin Musaev, que fue acusado en falso de espionaje y encarcelado 20 años tras juicios injustos en Uzbekistán, nos ha dicho que las cartas enviadas por ustedes le están dando “fuerza, optimismo y fe. Erkin envía su enorme agradecimiento a todos los que no son indiferentes a su suerte.”
9. Apoyar a Chelsea Manning en Estados Unidos:
En conjunto, todos y todas reunimos más de 240.000 correos electrónicos, cartas y firmas para Chelsea Manning, condenada a 35 años de prisión tras filtrar material clasificado del gobierno estadounidense. “Me siento muy agradecida por contar con todo su apoyo para mantener mi optimismo”, nos dijo. “Me mantengo fuerte gracias a ustedes.”
10. Compensaciones en India:
El gobierno indio dijo que revisará el número de muertes y lesiones por los que se pide una indemnización tras la fuga de gas tóxico en Bhopal de 1984. Este podría ser un paso de gigante para garantizar que las empresas implicadas paguen por la verdadera escala del desastre.
Diez razones por las que ha llegado el momento de tomarse en serio la prohibición de los “robots asesinos”
Hoy se celebra, en Ginebra, una reunión de gobiernos para hablar sobre los “robots asesinos”. Amnistía Internacional pide que se abra un proceso formal de negociación para prohibir a escala mundial los “robots asesinos” y las armas robóticas menos letales, tanto en el campo de batalla como en operaciones policiales. He aquí 10 razones por las que la prohibición es indispensable.
1. No falta mucho para que los “robots asesinos” dejen de ser ciencia ficción
Los robots asesinos son armas que, una vez activadas, pueden seleccionar blancos humanos, y atacarlos, matarlos y herirlos sin necesidad de que nadie las controle. Estas armas, que antes eran objetos de ciencia ficción distópica, se conocen como “sistemas de armas autónomos”, y pronto serán realidad.
De hecho, existen ya numerosos modelos básicos. Por ejemplo, el dron ShadowHawk, de la empresa estadounidense Vanguard Defense, al que es posible acoplar un lanzagranadas, una escopeta con designador láser u otras armas menos letales, como las Taser o un lanzador de perdigones. En 2011, la oficina del sheriff del condado de Montgomery (Texas), adquirió un ShadowHawk no armado con una subvención del Departamento de Seguridad Nacional. Este año, en agosto, Dakota del Norte se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en legalizar el uso de drones teledirigidos para lanzar descargas eléctricas de alto voltaje incapacitantes.
2. Los gobiernos que eluden la rendición de cuentas las utilizarán expresamente con fines represores
Algunos gobiernos arguyen que los “robots asesinos” pueden reducir los peligros que entraña el despliegue de soldados en el campo de batalla, o de la fuerza policial en delicadas operaciones de mantenimiento del orden. Sin embargo, eso significa que, con estas armas, los gobiernos podrían participar más fácilmente en nuevos conflictos armados y utilizar la fuerza, por ejemplo, en el desempeño de tareas policiales durante manifestaciones. Si bien es cierto que esto podría redundar en la seguridad de los soldados y de la policía, esta simplificación podría favorecer la multiplicación de conflictos y la intensificación del uso de la fuerza y, por tanto, incrementar el peligro para la población civil.
Quienes defienden los “robots asesinos” sostienen que su ausencia de emociones eliminaría características humanas negativas, como el miedo, la venganza, la ira y los errores humanos. Sin embargo, las emociones humanas son a veces un importante factor de moderación a la hora de matar o herir a la población civil, y sería fácil programar a robots para que atacaran de forma indiscriminada o arbitraria a personas, incluso a escala masiva. Los “robots asesinos” serían incapaces de negarse a desobedecer órdenes, actitud que a veces puede salvar vidas. Por ejemplo, durante las protestas masivas de enero de 2011 en Egipto, el ejército se negó a disparar contra los manifestantes, demostrando así un sentimiento de compasión humana y de respeto al Estado de derecho.
3. No cumplirían el derecho internacional de los derechos humanos ni las normas policiales internacionales
Las normas policiales internacionales prohíben el uso de armas de fuego salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, y exigen limitar el uso de la fuerza al mínimo necesario. Resulta muy difícil imaginarse a una máquina juzgando, como un humano, si existe un peligro directo y real de que una persona mate a otra y, a continuación, utilizando la mínima fuerza necesaria para detener el ataque. Sin embargo, ese juicio es de la máxima importancia a la hora de decidir si un agente si debe o no utilizar un arma. Las Normas de la ONU exigen a la policía, en la mayoría de las ocasiones, utilizar medios no violentos, como la persuasión, la negociación y la mitigación de tensiones antes de recurrir a la fuerza.
Una actuación policial efectiva conlleva mucho más que el uso de la fuerza: requiere también el uso de aptitudes exclusivamente humanas, como la empatía y la neutralización, y la capacidad de evaluar situaciones a menudo dinámicas e impredecibles, y responder a ellas Estas aptitudes no pueden reducirse a meros algoritmos, pues requieren evaluar situaciones que están en constante evolución, y determinar cuál es la mejor manera de proteger el derecho a la vida y a la integridad física, algo que las máquinas, sencillamente, no pueden hacer. La decisión de un funcionario encargado de hacer cumplir la ley sobre el uso de la mínima fuerza necesaria en una situación concreta implica un juicio humano sobre la naturaleza de la amenaza, y un control considerable del arma. En otras palabras, no se pueden dejar en manos de máquinas decisiones de vida o muertes.
4. No cumplirían las leyes de la guerra
Los principios de distinción, proporcionalidad y precaución son los tres pilares sobre los que se asientan el derecho humanitario internacional y las leyes de la guerra. Las fuerzas armadas deben distinguir entre combatientes y no combatientes; las bajas civiles y los daños a edificios civiles no deben ser excesivos en comparación con la ventaja militar prevista; y todas las partes deben tomar precauciones para proteger a la población civil.
Como es evidente, todo esto requiere un juicio humano. Los robots no tienen la capacidad de analizar la intención de una acción humana, ni de tomar decisiones difíciles sobre la proporcionalidad o la necesidad de un ataque. Y no digamos nada de la necesidad de compasión y empatía por la población civil atrapada en una guerra.
5. Habría un enorme vacío en lo que se refiere a la rendición de cuentas por su uso
Si un robot violara la ley, ¿quién respondería ante la justicia? Se podrían pedir responsabilidades a quienes lo hubieran programado, fabricado y puesto en marcha, y a los agentes de mando y líderes políticos. Sin embargo, sería imposible que ninguno de estos agentes previera cómo podría reaccionar un “robot asesino” en una circunstancia dada, con lo que surgiría un vacío en la rendición de cuentas.
De hecho, en la actualidad escasean ya las investigaciones sobre homicidios ilegítimos cometidos por drones, y son menos frecuentes aún las medidas de rendición de cuentas en esos casos. En su informe sobre los ataques de drones estadounidenses en Pakistán, Amnistía Internacional puso al descubierto el secretismo que rodeaba el uso de drones para matar por parte del gobierno estadounidense, y la negativa de éste a explicar la base jurídica internacional que le permitía lanzar distintos ataques, lo que hizo temer que los bombardeos de zonas tribales paquistaníes hubieran violado derechos humanos.
Ya ha sido bastante difícil pedir responsabilidades en ataques con drones, así que, si añadimos una capa de separación más en las decisiones sobre selección y aniquilación de objetivos, como ocurriría en el caso de los “robots asesinos”, lo más probable sería que presenciáramos un aumento en el número de lesiones y homicidios ilegítimos, tanto en el campo de batalla como en operaciones policiales.
6. El desarrollo de “robots asesinos” dará lugar a otra carrera armamentística
China, Israel, Rusia, Corea del Sur, Reino Unido y Estados Unidos son algunos de los muchos países que están desarrollando en la actualidad sistemas para dotar de mayor autonomía a las máquinas de combate. En varios países, hay ya empresas que han desarrollado armas robóticas semiautónomas, que pueden disparar gas lacrimógeno, balas de goma y dardos paralizantes en las operaciones policiales.
La historia del desarrollo armamentístico indica que sería sólo cuestión de tiempo que esto diera lugar a otra carrera armamentística de alta tecnología, en la que los Estados tratarían de desarrollar y adquirir estos sistemas, favoreciendo así su proliferación. Estas armas acabarían en los arsenales de gobiernos sin escrúpulos y, en último extremo, en manos de agentes no estatales, como grupos armados de oposición y bandas criminales.
7. Permitir que las máquinas maten o empleen la fuerza es un atentado contra la dignidad humana
Permitir que un robot tenga poder de decisión sobre la vida y la muerte supone cruzar una línea moral básica. Los robots carecen de emociones, empatía y compasión, y su uso violaría los derechos humanos a la vida y a la dignidad. El uso de máquinas para matar seres humanos es el mayor atentado posible a la dignidad humana.
8. Si alguna se desplegaran “robots asesinos”, sería casi imposible detenerlos
Tal como ha puesto de manifiesto la propagación incontrolada de los drones, una vez que se empieza a utilizar un arma, es extremadamente complicado, por no decir imposible, regular o –incluso– reducir su uso.
El documento “The Drone Papers” que publicó recientemente The Intercept, transmite, de confirmarse, un panorama alarmante sobre un programa de drones letales estadounidenses. Según estos documentos, durante un periodo de cinco meses, el 90 por cierto de las personas que murieron en ataques con drones estadounidenses eran blancos no deseados, lo que pone de manifiesto la constante y dilatada falta de transparencia del gobierno estadounidense con respecto a su programa de drones.
Parece que ya es demasiado tarde para abolir el uso armamentístico de los drones, pero es preciso restringir radicalmente su uso para salvar vidas de civiles. Los “robots asesinos” multiplicarían con creces el peligro de homicidios ilegítimos. Por ello, es preciso prohibirlos, como medida preventiva. Si nos limitamos a adoptar una actitud pasiva de espera, estaríamos favoreciendo el crecimiento de las inversiones en el desarrollo de estos sistemas y su rápida proliferación.
9. Miles de personas expertas en robótica han pedido que se prohíban los “robots asesinos”
En julio de 2015, algunos de los principales investigadores sobre inteligencia artificial, científicos y profesionales de campos relacionados de todo el mundo firmaron una carta abierta en la que pedían la prohibición expresa de los “robots asesinos”.
Hasta la fecha, son 2.587 las personas que han firmado esta carta, entre ellas más de 14 presidentes y ex presidentes de organizaciones y asociaciones profesionales de inteligencia artificial y robótica. Entre las personas firmantes más destacadas figuran Demis Hassabis (director ejecutivo de Google DeepMind), Elon Musk (consejero delegado de Tesla) Steve Wozniak (cofundador de Apple), Jaan Tallin (cofundador de Skype) y el profesor Stephen Hawking.
Si miles de expertos científicos y jurídicos están tan preocupados por el desarrollo y el posible uso de los “robots asesinos” y están de acuerdo con la Campaña contra los Robots Asesinos, que pide su prohibición, ¿a qué esperan los gobiernos?
10. En los últimos dos años se ha hablado mucho, pero se ha hecho poco
Desde que se pusieron de manifiesto los problemas que entrañaban los “robots asesinos”, en abril de 2013, el único diálogo internacional serio que se ha celebrado al respecto ha sido la reunión informal de expertos, que se celebró durante dos semanas en Ginebra, en el marco de la conferencia en torno a la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales de la ONU. Resulta absurdo que se haya dedicado tan poco tiempo a un peligro tan grave, y que se haya avanzado tan poco.
Para Amnistía Internacional y sus socios de la Campaña contra los Robots Asesinos, la única solución real es prohibir por completo el desarrollo, despliegue y uso de armas letales autónomas.
El mundo no puede esperar más para actuar ante una amenaza mundial tan grave. Es hora de tomarse en serio, de una vez por todas, la prohibición de los robots asesinos.
Matrimonio forzado y a edad temprana en Burkina Faso: datos
¿Qué es el matrimonio forzado?
Cuando uno de los contrayentes o ambos no pueden contraer matrimonio libremente porque son presionados o forzados, o amenazados con violencia. En Burkina Faso afecta con más frecuencia a las niñas y a las mujeres jóvenes.
¿Cuál es la magnitud del problema en Burkina Faso?
En Burkina Faso el matrimonio forzado sigue estando generalizado, sobre todo en las zonas rurales. Según UNICEF, más del 52 por ciento de las mujeres contrajeron matrimonio antes de los 18 años y el 10 por ciento, antes de los 15.
¿Qué edad tienen las niñas forzadas a contraer matrimonio?
En Burkina Faso, algunas de las niñas con las que habló Amnistía tenían 11 años cuando fueron forzadas a casarse. La diferencia de edad entre la niña y su futuro esposo puede ser enorme. En algunos casos, la novia es entre 30 y 50 años más joven que el novio.
¿Por qué se somete a las niñas en particular al matrimonio forzado y a edad temprana?
La gente considera que un matrimonio forzado entre dos grupos sociales o familias es una forma de consolidar las relaciones. En algunos casos, la promesa de matrimonio se adquiere al nacer la niña o durante su infancia. A menudo, los padres de la niña reciben una dote del esposo o de la otra familia. El pago varía de una región a otro y depende de los ingresos, pero puede hacerse con dinero, el uso de tierras de labor o ganado.
¿Qué les pasa a las niñas después de casarse?
Se espera que tengan todos los hijos que desee su esposo, con independencia de sus propios deseos o del peligro que el embarazo a edad temprana representa para su salud y su vida. Crían a sus hijos cuando muchas de ellas siguen siendo niñas. Una vez casadas, las niñas tienen que hacer la gran mayoría de las tareas del hogar, como limpiar y cocinar, además de trabajar en la finca. Muy pocas tienen la oportunidad de ir a la escuela o de trabajar fuera. Muchas se verán obligadas a casarse con hombres que tienen más de una esposa y podrían ser la segunda o la tercera.
¿Cuáles son los riesgos para la salud del matrimonio a edad temprana?
Es habitual que las mujeres y niñas que han contraído matrimonio forzado y a edad temprana sufran violencia física y sexual. Preocupa especialmente el gran número de complicaciones del embarazo entre las niñas de corta edad, cuyo cuerpo no está aún preparado para tener hijos. Algunas niñas de corta edad mueren durante el parto por distocia o sufren lesiones potencialmente mortales, como las fístulas, que pueden causarles incontinencia.
¿Cómo afecta esto a su futuro?
Sólo el 64,2% de las niñas de Burkina Faso pueden acceder a la educación, pero muchas de ellas se ven obligadas a abandonar precozmente la escuela para casarse o dedicarse al trabajo doméstico o a otras obligaciones. La mayoría de las niñas ya están casadas cuando cumplen los 19 años, y casi la mitad de las mujeres jóvenes ya son madres.
¿Cuál es la ley sobre el matrimonio forzado y el matrimonio a edad temprana en Burkina Faso?
Los matrimonios forzados y a edad temprana son ilegales, pero no se aplica estrictamente la ley. Uno de los problemas es que la ley no suele aplicarse a los matrimonios tradicionales y religiosos, que son muy comunes. Muchas niñas de edad muy inferior a los 17 años se casan en ceremonias tradicionales. Es más: la ley discrimina a las niñas. La edad legal para contraer matrimonio para las niñas es de sólo 17 años, mientras que los varones pueden casarse desde los 20. Las niñas menores de 15 años y los varones menores de 18 pueden casarse si un tribunal concede una dispensa especial, aunque esto apenas se usa, pues muchos matrimonios se contraen en ceremonias tradicionales.
AVERGONZADAS Y CULPABILIZADAS: RELATOS DE NIÑAS EMBARAZADAS EN SIERRA LEONA (parte II).
AMINATA (13 años)
"Mi madre no me paga los estudios. No tiene dinero para ello. Acabé con un chico de más de 17 años. Me quedé embarazada y tuve que tener al bebé. La madre del chico solía insultarme, negaba que su hijo fuera el padre y me dijo que deseaba que muriera en el parto. Fuimos a comisaría con el bebé. Ahora vivo con mis padres. No sabía cómo se quedaba una mujer embarazada, así que cuando enfermé y una de mis tías, que es enfermera, me lo dijo, me quedé conmocionada. Por primera vez en tres meses fui a la escuela. Cuando tuve que dejarla, mis compañeros empezaron a hablar."
Aminata tiene sueños y esperanzas: "Me gustaría trabajar para las personas y ayudarlas. Me gustaría ser abogada, quizá.”
“NOS PALPABAN LOS PECHOS Y EL ESTÓMAGO PARA VER SI ESTÁBAMOS EMBARAZADAS”
Amnistía Internacional entrevistó a una joven de 18 años que confirmó que el profesorado les realizó tanto a ella como a sus compañeras un reconocimiento físico. Algunas tuvieron que realizar una prueba de embarazo cuando fueron a la escuela a recoger el permiso de asistencia para presentarse a los exámenes para el certificado de enseñanza básica (BECE) de finales de marzo de 2015.
"Tuvimos que registrarnos y hacer cola para recoger el permiso de asistencia de los exámenes. Las profesoras dijeron a todas las niñas que se someterían al reconocimiento porque las que estuvieran embarazadas no se podrían presentar a los exámenes. Nos pusieron en una fila y nos hicieron un reconocimiento. Nos palpaban los pechos y el estómago para ver si estábamos embarazadas. A algunas chicas las obligaron a hacer análisis de orina. La profesora llevaba unos guantes puestos cuando nos hizo la prueba, pero no se los cambió en todo el proceso, lo cual era muy peligroso en aquella época en la que había una alta tasa de contagios de ébola. Sentí mucha vergüenza cuando me tocó a mí. Muchas chicas se fueron porque tenían miedo de que las profesoras descubriesen que estaban embarazadas. Se quedaron sin hacer las pruebas académicas unas 12 chicas embarazadas. La norma no es buena porque muchas chicas se han quedado sin hacer los exámenes.
He escuchado que ésto ha ocurrido también en otras escuelas, pero no en centros de examen. El profesorado nos ha dicho que el gobierno les ha mandado hacer los reconocimientos. Les avergüenza ver a niñas embarazadas en la escuela. El profesorado nos dijo que no habláramos de ello y ahora nos da miedo explicar qué pasó."
LAS EXPERIENCIAS DE OTRAS CHICAS
- "El embarazo no supone el fin de tu vida. Me quedé embarazada cuando reabrieron la escuela, pero no me dejaron ir. Si hubiera podido, hubiera ido."
- "Alrededor de seis chicas que conocemos y que estaban embarazadas tomaron la decisión de no ir a la escuela. Otras querían venir pero sus padres nos les dejaban y les dijeron que no volverían a pagarles los estudios, así que decidieron casarse. Dieron a luz y ya no quieren volver. Tienen miedo y vergüenza, porque algunos de sus amigos se reirán de ellas. Algunas creen que los profesores no les permitirán volver."
- "Me quedé embarazada y no me dejaron ir a la escuela. Fue injusto. No me dejaron tener un futuro. Si hubiera vuelto, no hubiera hecho caso a ninguna provocación de mis compañeros, porque se trata de mi futuro.”
AVERGONZADAS Y CULPABILIZADAS: RELATOS DE NIÑAS EMBARAZADAS EN SIERRA LEONA (parte I).
ISA
“Cuando descubrí que estaba embarazada, vine a Freetown. No me alegré al saberlo. El chico tiene 19 años y somos del mismo pueblo. Vine con él a la ciudad, pero ahora estoy con mi tía. Estoy embarazada de seis meses. Mi padre murió, así que era mi tío quien me pagaba los estudios. Los profesores no me dejaron ir a la escuela. Mi tío le dio a mi hermana mi mochila y mis libros. Me da vergüenza, pero si pudiera volvería a la escuela. Cuando dé a luz, volveré."
KHADI (16 años)
"Cuando me enteré de que estaba embarazada me sentí mal porque era la hija mayor. Mi madre confiaba en mí porque los estudios me iban muy bien. Creo y espero llegar a ser abogada."
ADAMA
"Vivo con mi tío. Me quedaba con mi tía y hacía las tareas y labores del hogar. Un día, mi madre vino a buscarme y entonces fui a la escuela. Cuando me quedé embarazada, ni siquiera había empezado las clases. Un hombre me obligó a mantener relaciones sexuales, me llevó a una habitación y cerró la puerta. Opuse resistencia, pero pudo conmigo. Creo que estoy embarazada de cinco meses. Vi a una enfermera por donde vivo y le pedí que me hiciera un reconocimiento, pero no tenía dinero y mi tío tampoco me ayudó. El hombre se marchó de la zona."
Cuando se le preguntó si sabía si podía ir a la escuela, Adama afirmó que había oído a un hombre mayor decir que las niñas embarazadas no podían ir a clase.
Adama tiene esperanzas y sueños de futuro. "Quiero ser abogada y poder hablar por mis amigas"
ELIANE
Eliane, madre de 16 años: "Cuando estaba embarazada me sentía mal porque tenía que quedarme en casa mientras mi hermana hacía los exámenes e iba a la escuela. Las jóvenes embarazadas deberían ir a la escuela y ser valientes."
EL RELATO DE CHRISTIANA: “NO SABÍA LO QUE ERA EL SEXO”
"Tenía 12 años cuando me quedé embarazada. El chico tiene 19 años. Lo conocí cuando iba a por agua. Me dio dinero y me ayudó. No sabía lo que era el sexo, no nos habían hablado de ello en la escuela. No usé protección. Cuando descubrí que estaba embarazada me quedé conmocionada.
Mi madre me echó de casa y me fui a vivir con mi tía. Mi madre le pidió que me echara también de su casa y me fui a la calle hasta que mi tío le suplicó que me dejara volver. El bebé tiene ahora nueve meses y yo me quedo en casa cuidándole. Le pediría al presidente que me ayudara a volver a la escuela."
Cinco razones por las que tienen importancia las marchas del Orgullo.
Ahora que termina la temporada 2015 de las marchas del Orgullo, analizamos por qué siguen siendo tan importantes estas celebraciones para las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) y sus activistas en todo el mundo.
1. Las personas siguen sufriendo agresiones por su orientación sexual o identidad de género, real o atribuida: Las amenazas, la violencia y el hostigamiento contra personas LGBTI son moneda corriente, incluso durante las marchas del Orgullo. Hay países en los que no es posible celebrar una marcha del Orgullo sin una fuerte presencia policial. Este año, 250 personas se manifestaban pacíficamente por el Orgullo en Kiev (Ucrania) cuandounos contramanifestantes arremetieron violentamente contra el desfile e hirieron a 10 personas. En muchos países, como Ucrania, los delitos cometidos por la orientación sexual o la identidad de género, real o atribuida, no se enjuician como crímenes de odio y a veces no se llegan ni a investigar.Los crímenes de odio homófobos y transfóbicos tienen un efecto devastador en las comunidades LGBTI. El miedo a ser objetivo de agresiones impulsa a las personas a ocultar su identidad. Cuando los agresores quedan impunes, cunde la desconfianza hacia la policía y los tribunales. Es más, no se denuncian todos los delitos de odio que se cometen, lo que significa que las personas no reciben la apremiante protección que necesitan.
2. Las marchas del Orgullo son una oportunidad para cuestionar la legislación homófoba y transfóbica: En Moscú (Rusia) está prohibida la celebración de marchas del Orgullo desde 2006 y, tras la decisión adoptada en 2012 por el Tribunal Municipal de Moscú, lo estará en los próximos 100 años. Por otra parte, en 2013 se promulgó una ley federal que prohíbe la promoción de las “relaciones sexuales no tradicionales” entre personas menores de edad. Dicho en pocas palabras, la ley prohíbe el activismo LGBTI, así como a los grupos que apoyan estos derechos, y castiga a las personas por manifestar su orientación sexual o su orientación de género, por ejemplo, en marchas del Orgullo.Este año se ha detenido a tres activistas por intentar celebrar una marcha del Orgullo en Moscú. Sin embargo, hay atisbos de esperanza, pues también este año más de 350 personas han podido celebrar en San Petersburgo el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. El constante empeño de los activistas LGBTI rusos por organizar la marcha del Orgullo no radica únicamente en el acto en sí, sino que cuestiona con valentía las injustas leyes vigentes en Rusia que restringen la libertad de expresión y de reunión pacífica.
3. Los derechos nunca deben darse por supuestos: No se deben dar las cosas por supuestas, ni siquiera en países en los que antes se permitía la celebración de marchas del Orgullo. Este año se ha prohibido en tres ocasiones lo que habría sido la primera marcha del Orgullo en la historia de Nikšić (Montenegro).
Las autoridades denegaron la autorización por motivos de seguridad, pero la policía de Nikšić no cooperó con los organizadores, que estaban dispuestos a tratar los aspectos de la convocatoria para resolver todo riesgo de seguridad. En Estambul, las autoridades turcas decidieron prohibir la marcha del Orgullo de este año, pese a que estos actos han tenido lugar desde 2003 sin incidentes. A pesar de la prohibición se congregaron 5.000 personas que se manifestaron pacíficamente, pero la policía las dispersó usando gas lacrimógeno, proyectiles de pimienta y cañones de agua. Por desgracia, esta lamentable ofensiva forma parte de una larga serie de severas restricciones del derecho de reunión pacífica, pero aun así ha causado conmoción en un país donde el año pasado la marcha del Orgullo atrajo hasta 90.000 personas.
4. Las marchas del Orgullo ayudan a cambiar la mentalidad de la gente:Es posible cambiar las cosas, incluso cuando existen actitudes homófobas y transfóbicas. Cuando 70 activistas LGBTI desfilaron en 2005 por las calles de Riga (Letonia) en la primera marcha del Orgullo del país, les salieron al encuentro más de 2.000 contramanifestantes, y muchos de los activistas fueron agredidos. Diez años después han participado más de 5.000 personas en la marcha del Orgullo de 2015, con la presencia de tan sólo 40 contramanifestanes y ningún incidente grave del que se haya tenido noticia. “Tanto las personas que nos manifestábamos como quienes nos observaban estaban alegres; muchos transeúntes nos saludaban con la mano”, afirmó Rupert, activista del grupo de Amnistía Alemania sobre los derechos de las personas genderqueer.Igualmente, la marcha del Orgullo de Belgrado (Serbia) se celebró con éxito en 2014 y 2015 tras haber sido prohibida tres años seguidos. En ambos casos, los actos discurrieron pacíficamente y según el plan de los organizadores, y contaron con la protección adecuada de la policía. De este modo se transmite un mensaje firme a la población local, así como a otras ciudades y a países vecinos. Se demuestra así que las autoridades están comprometidas a defender los derechos LGBTI y que el activismo puede cambiar las cosas.
5. Las marchas del Orgullo empoderan a la gente: Las marchas del Orgullo tienen que ver con los derechos humanos: empoderan a las personas LGBTI para reivindicar los derechos y las libertades que se les niegan, así como el espacio público del que a menudo se las excluye. Tener visibilidad es fundamental, sobre todo cuando el Estado y grupos de oposición hacen todo lo posible por marginar a las personas LGBTI. Cuando 160 activistas se echaron a las calles de Podgorica para celebrar la marcha del Orgullo en 2014, se temía que los agrediesen como en años anteriores. Afortunadamente, el acto transcurrió sin incidentes.Al combatir el sentimiento de vergüenza y el estigma social y al plantar cara a las amenazas y la violencia, las marchas del Orgullo no son sólo oportunidades inspiradoras para celebrar la diversidad, sino también una declaración de intenciones. A través de estos actos, las personas que se manifiestan declaran que no se dejarán intimidar, que seguirán reclamando igualdad y que los derechos LGBTI son derechos humanos.
5 brave activists are fighting for LGBTI rights worlwide: https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2015/05/5-brave-ways-activists-are-fighting-for-lgbti-rights-worldwide/
En Ucrania La violencia homófoba ensombrece la Marcha del Orgullo Gay en Kiev: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2015/06/homophobic-violence-mars-gay-pride-rally-in-kyiv/
Lo que vi en Issawiya fue un castigo colectivo a miles de personas.
Si se pregunta en Google Maps cómo llegar de la ciudad vieja de Jerusalén a Issawiya, barrio palestino situado en la parte oriental ocupada de la ciudad, la aplicación nos dirá que se tardan 14 minutos en automóvil. Hay que ir por la carretera que pasa bajo las murallas antiguas, subir dejando atrás la Universidad Hebrea, bajar por la prolongada curva que desciende desde la Colina Francesa y ya llegamos.
Como pude comprobar el pasado sábado por la mañana, el itinerario no es tan sencillo. La carretera que va desde la Colina Francesa estaba cortada por seis bloques de hormigón y no se permitía el tránsito de vehículos. Los automóviles y los autobuses procedentes de Issawiya dejaban a la gente que iba a trabajar al otro lado del bloqueo; desde allí, los pasajeros continuaban a pie. Agentes de policía con fusiles de asalto cruzados al pecho dirigían el control de seguridad, llamando a los palestinos para registrarlos uno por uno. Google aún no está al corriente de cómo se entra o se sale hoy de Issawiya.
Jerusalén ha sido el epicentro de la última oleada de violencia que ha sacudido Israel y los Territorios Palestinos Ocupados. Ha habido enfrentamientos casi diarios entre la policía israelí y palestinos que arrojan piedras desde que el año pasado murió Muhammad Abu Khdeir, el chico de 16 años secuestrado y asesinado en represalia por la muerte de tres adolescentes israelíes ocurrida en junio de 2014 (que acabó desencadenando el conflicto del año pasado en Gaza).
Pero desde principios de octubre ha aumentado drásticamente el número de palestinos que atacan a civiles, policías y soldados israelíes apuñalándolos o disparándoles. Las fuerzas israelíes han respondido matando a disparos a muchos de esos atacantes, en algunos casos empleando deliberadamente fuerza letal cuando no era necesario. Las autoridades israelíes también han endurecido las medidas de seguridad en respuesta a estos ataques.
El gobierno israelí tiene el deber de adoptar medidas proporcionadas de seguridad y de otra índole para proteger a la población. Sin embargo, lo que vi el sábado era desproporcionado y, básicamente, un intento de castigar en general a la población civil palestina por los ataques de unos pocos.
Al bajar a pie por la colina oía cada vez más las bocinas de los vehículos. Una larga fila de autos, furgonetas y autobuses se extendía centenares de metros hacia la única salida del barrio que queda abierta a los vehículos.
Pregunté a varios conductores a dónde se dirigían y cuánto tiempo llevaban esperando. Oí la misma historia repetida una y otra vez. Una mujer que ya llevaba media hora de retraso para su cita médica y no estaba segura de cuándo llegaría ni de si podrían atenderla. Un arquitecto que intentaba llegar al trabajo. Otra mujer que tenía que ir al dentista. Todos llevaban retenidos casi una hora.
Al pie de la colina, la policía registraba meticulosamente todos los vehículos, uno por uno. La tensión se mascaba en el aire, y los líderes comunitarios trabajaban para ordenar el tráfico e impedir que jóvenes furiosos se encarasen con la policía. Hubo un momento en que un policía empezó a gritarme en hebreo, me persiguió carretera arriba y me lanzó una granada ensordecedora a los pies.
En el principio de la cola, la gente llevaba dos horas esperando. Cécile, ciudadana francesa casada con un palestino de Jerusalén, venía de Ras al Amoud a Issawiya para dejar a su hijo de dos años con su familia política. El viaje de regreso suele llevar 10 minutos. “Estoy embarazada de cinco meses”, me explicaba, “y en los últimos cinco días no he podido ir a trabajar por culpa de los enfrentamientos y los bloqueos. Tengo miedo de que el gas lacrimógeno afecte al bebé”.
Una y otra vez me contaban cómo las personas perdían oportunidades de negocio y se les negaba el acceso a servicios básicos con los controles de seguridad. Más de 60 estudiantes discapacitados que van a un colegio para alumnos con necesidades especiales quedaron atrapados en el atasco, sentados durante horas bajo el sol de mediodía y en temperaturas que rondaban los 32 grados centígrados.
Al parecer, para Huda Muhammad Darwish, de 65 años, la espera tuvo consecuencias trágicas. La madrugada del lunes se certificó su muerte; había ingresado en el hospital por por dificultades respiratorias. Sus familiares habían intentado llevarla rápidamente a urgencias, pero permanecieron retenidos unos 30 minutos en el control de seguridad, según medios de comunicación locales.
Estos bloqueos y cortes de carretera son discriminatorios e ilegales, pues vulneran las obligaciones contraídas por Israel en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. No se pueden justificar en nombre de la seguridad ni las restricciones arbitrarias a la libertad de circulación ni otras violaciones de derechos humanos.
Lo que vi en Issawiya fue un castigo colectivo a miles de personas; no hay otra forma de describirlo.
Jacob Burns es auxiliar de investigación y acción de Amnistía Internacional sobre Israel y Palestina.
La crisis mundial de las personas refugiadas: aviso a los líderes del mundo rico.
Dentro de una generación, en las escuelas se mostrará la imagen de un niño de tres años tumbado boca abajo en una playa.
Niños y niñas la observarán atónitos, en silencio, cautivados por ese niño que podría haber sido fácilmente su hermano pequeño o una versión más joven de sí mismos. Y su profesor o profesora les contará cómo esta trágica foto del cuerpo sin vida de Aylan Kurdi resume la histórica vergüenza mundial del año 2015, cuando la comunidad internacional fue incapaz de ayudar a millones de personas vulnerables en medio de la peor crisis de personas refugiadas desde la Segunda Guerra Mundial.
¿Cuál será su legado para las generaciones venideras? ¿Continuarán derramando lágrimas de cocodrilo mientras continúan invirtiendo en la fortificación de sus fronteras e ignoran la grave situación de millones de personas refugiadas? ¿O encontrarán su fibra moral y estarán a la altura de su responsabilidad de socorrer a quienes tienen el derecho de protección?
Los líderes mundiales –especialmente quienes gobiernan en las economías mayores y más ricas– tienen en sus manos la decisión sobre cuál será su legado para las generaciones venideras.Salil Shetty
Aylan era solo una de las miles de personas de todo el mundo que murieron este año mientras huían del conflicto y la persecución. En una sucesión de dolorosas tragedias, sus cadáveres fueron arrastrados hacia las costas, se encontraron en naves condenadas o desaparecieron para siempre en las profundidades del mar Mediterráneo, del Egeo o del mar de Andamán.
Las cifras han aumentado mucho en los últimos años porque un número incalculable de personas está tomando la dura decisión de abandonar todo lo que más estiman en sus países de origen.
No se mueven por deseos egoístas, sino por su propia seguridad y la de sus seres queridos. La guerra, las atrocidades y el terror las han expulsado de Siria, Irak, Afganistán y de los múltiples conflictos que existen en África subsahariana. Obligadas por la persecución, muchas otras personas han huido de países como Eritrea, donde la oposición se trata con mano dura, y Myanmar, donde la minoría musulmana rohingya se enfrenta desde hace décadas a una discriminación auspiciada por el Estado.
El sistema mundial de protección de personas refugiadas se creó tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial, precisamente para situaciones como estas.
Pero tenemos la memoria corta. Este sistema quedará en ruinas a menos que los líderes mundiales hagan caso a las lecciones de la historia y cambien ya su curso.
Tenemos la memoria corta. El sistema de protección global a los refugiados quedará en ruinas a menos que los líderes mundiales hagan caso a las lecciones de la historia y cambien ya su curso.Salil Shetty
Aunque el aumento del número de personas refugiadas que llegan a la Unión Europea ha acaparado los titulares en los últimos meses, son los países más pobres quienes asumen la mayor parte de la respuesta a las múltiples crisis de personas refugiados en todo el mundo. Turquía y los países en desarrollo, fundamentalmente de Oriente Medio, África y Asia, acogen al 86 por ciento de los 20 millones de personas refugiadas en el mundo.
Los países más ricos no están haciendo lo suficiente para compartir esta carga.
Los llamamientos humanitarios para las crisis de personas refugiadas tienen una sistemática –y, a menudo, grave– carencia de recursos. António Guterres, alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, alertó en septiembre de que los llamamientos humanitarios mundiales estaban "en quiebra financiera". Esto tiene un efecto devastador en el acceso de las personas refugiadas a la alimentación, medicamentos y otros tipos de asistencia humanitaria.
En lugar de responder a este reto, quienes gobiernan en el mundo rico han ideado formas de mantener a la gente fuera de sus fronteras o lejos de sus costas, mientras miles de personas mueren en el mar o padecen condiciones miserables a la sombra de las alambradas de cuchillas. Es la bancarrota moral.
En última instancia, las crisis de personas refugiadas terminan cuando se abordan sus causas originarias. Los Estados deben tratar de poner fin a los conflictos y a los abusos generalizados contra los derechos humanos, pero estas son metas difíciles y requieren tiempo para ser alcanzadas.
Sin embargo, hay cosas que los países más ricos del mundo pueden hacer ya para reducir el impacto devastador de las crisis de personas refugiadas.
Amnistía Internacional pide acciones concertadas en ocho ámbitos prioritarios. Entre ellos figuran la financiación íntegra de los llamamientos humanitarios y la localización de lugares de reasentamiento para un millón de las personas refugiadas más vulnerables (el año pasado se reasentó menos de la décima parte de esta cantidad). También se necesitan vías legales y seguras para solicitar asilo, de manera que las personas refugiadas dejen de verse obligadas a embarcarse en viajes arriesgados.
Aunque la crisis es demasiado enorme como para que la resuelvan los Estados de forma individual, la comunidad internacional puede y debe trabajar de forma colectiva para compartir la responsabilidad de ofrecer reasentamiento y dar la bienvenida a las personas refugiadas.
El próximo mes, los líderes del G20 se reunirán en Turquía, el país en cuyas costas apareció el joven Aylan Kurdi y que actualmente acoge a más de dos millones de personas refugiadas, más que ningún otro Estado.
No deberían salir de la sala hasta que tengan un plan concreto con fechas claras para garantizar de forma íntegra y sostenible la financiación humanitaria de las múltiples crisis de personas refugiadas que hay en el mundo. Cualquier otra cosa sería un fracaso en términos de liderazgo.
Los líderes del G20 no deberían salir de la sala hasta que tengan un plan concreto con fechas claras para garantizar de forma íntegra y sostenible la financiación humanitaria de las múltiples crisis de personas refugiadas que hay en el mundo. Cualquier otra cosa sería un fracaso en términos de liderazgo.Salil Shetty
Es demasiado tarde para ayudar a Aylan Kurdi o a los otros miles de personas que ya han perdido la vida, pero todavía hay tiempo para cambiar el curso de este fracaso moral y empezar a ayudar a los millones de personas refugiadas que siguen necesitando desesperadamente asistencia humanitaria.
Los líderes mundiales deben hacerlo a partir de hoy mismo, si es que les importa su legado.
Este artículo de opinión apareció originalmente en GlobalPost.
Fracaso moral catastrófico: los países ricos abandonan a millones de personas refugiadas a un destino cruel e incierto Plan de ocho puntos para responder a la crisis global de refugiados.
Sólo una décima parte de los 1,15 millones de personas refugiadas más vulnerables está siendo reasentada.
El 86 % de las personas refugiadas están acogidas en países en desarrollo.
Los llamamientos de la ONU en favor de las personas refugiadas sufren una falta de fondos crónica y severa.
El catastrófico fracaso moral de los dirigentes mundiales, que titubean y discuten entre ellos mientras dejan sin piedad a millones de personas sufrir en condiciones humanitarias desastrosas, definirá su legado para las generaciones futuras. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, al publicar su plan de ocho puntos para responder a las crisis globales múltiples de refugiados.
La espantosa violencia en Siria, Irak o Afganistán y los múltiples conflictos en el África subsahariana y en otros lugares han elevado la población global de personas refugiadas a cotas históricas. Mientras tanto, la "temporada de navegación" del sureste asiático comienza de nuevo, y probablemente muchos más refugiados se unirán a los miles de rohingyas que han huido de la persecución en Myanmar, sólo para convertirse en presa del tráfico de personas y de otros abusos.
La respuesta a estas crisis globales de refugiados ha sido vergonzosa, especialmente por parte de los países más ricos del mundo, que han hecho caso omiso de los llamamientos para que se ofrezca ayuda humanitaria y reasentamiento a las personas vulnerables. Los países ricos sólo han ofrecido plazas de reasentamiento a aproximadamente una décima parte de los 1,15 millones de personas que las necesitan. Mientras tanto, los países en desarrollo acogen, sin prácticamente ningún apoyo, a millones de personas refugiadas.
“Las crisis globales múltiples de refugiados están dejando a millones de personas en una situación desesperada, pero la respuesta de los países ricos ha sido un fracaso catastrófico. Nos encontramos en un momento crucial, que definirá el legado de los actuales dirigentes mundiales a las generaciones futuras; la historia los juzgará con dureza, a menos que cambien de actitud", ha manifestado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.
“El régimen de protección internacional a los refugiados creado como salvaguardia crucial después de la Segunda Guerra Mundial corre el peligro de quedar hecho jirones si los dirigentes mundiales continúan con su deplorable falta de protección a las personas vulnerables que huyen de la guerra y la persecución. Las personas refugiadas tienen el derecho internacional a pedir asilo y a gozar de él."
Los países pobres son los que soportan la carga
Aunque el incremento del número de personas refugiadas que llegan a la Unión Europea ha dominado los titulares en los últimos meses, la realidad es que son los países más pobres los que se están viendo obligados a soportar la carga de hacer frente a las crisis múltiples de refugiados del mundo. Los países en desarrollo, principalmente de Oriente Medio, África y Asia, acogen en la actualidad al 86 por ciento del total de 19,5 millones de personas refugiadas del mundo.
Los países más ricos no están haciendo lo suficiente para compartir la carga. Los llamamientos humanitarios respecto a las crisis de refugiados sufren una falta de fondos constante, y a menudo severa. Por ejemplo, a 2 de octubre, el llamamiento humanitario realizado por la ONU respecto a los refugiados sirios sólo estaba financiado al 46 por ciento, mientras que el llamamiento para los refugiados de Sudán del Sur no alcanzaba más que un triste 17 por ciento de su objetivo. Esto está teniendo un impacto devastador en el acceso de las personas refugiadas a alimentos, medicinas y otra ayuda humanitaria.
“Cuando los líderes del G20 se reúnan el mes que viene en Turquía, no deben salir de la sala hasta que tengan un plan concreto, con unos plazos claros, para garantizar una financiación completa y sostenible para las crisis múltiples de refugiados del mundo; todo lo que sea no alcanzar ese nivel constituirá una falta total de liderazgo", ha manifestado Salil Shetty.
“En lugar de estar a la altura del desafío que plantea esta crisis sin precedentes, muchos gobiernos se han dedicado a idear maneras de mantener a la gente fuera de sus fronteras, mientras miles de personas mueren en el mar o soportan condiciones de miseria a la sombra de las vallas de concertinas. Es una bancarrota moral de primer orden.”
Plan de ocho puntos
En última instancia, la crisis de refugiados terminará cuando se aborden las causas que la generan. Los Estados deben tratar de poner fin a los conflictos y a los abusos generalizados contra los derechos humanos, pero estas metas son difíciles de alcanzar y llevan tiempo.
Sin embargo, hay cosas que los países más ricos del mundo pueden hacer ya mismo para amortiguar el devastador impacto de las crisis de refugiados mundiales. Amnistía Internacional pide que se emprenda una acción concertada en ocho áreas prioritarias:
1. Una financiación continua, suficiente y predecible para las crisis de refugiados: todos los llamamientos humanitarios relativos a las crisis de refugiados deben contar con financiación completa, además de proporcionar apoyo económico significativo a los países que acogen a un gran número de refugiados, con el fin de ayudarles a prestar servicios a las personas refugiadas y a sus comunidades de acogida.
2. Satisfacer todas las necesidades de reasentamiento identificadas por la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR): según el ACNUR, en la actualidad hay 1,15 millones de personas refugiadas vulnerables que necesitan reasentamiento. Amnistía Internacional calcula que esa cifra podría incrementarse a 1,45 millones en los próximos dos años.
3. Rutas seguras y legales para las personas refugiadas: la gente no debe verse obligada a emprender travesías peligrosas para buscar su derecho de refugio. Los Estados deben facilitar la reunificación familiar de las personas refugiadas, introducir visados humanitarios para que las personas refugiadas vulnerables que no cumplen los requisitos de reasentamiento puedan viajar hasta estos Estados y pedir asilo, y asignar una parte de sus programas de visados de trabajo y de estudiante a personas refugiadas que están en otros países.
4. Salvar vidas: los Estados deben conceder prioridad a salvar a las personas en peligro, por encima de la aplicación de políticas de inmigración. En situaciones en las que haya personas en peligro de muerte, incluidas –aunque no únicamente– las personas que intentan travesías marítimas en busca de seguridad, los Estados deben invertir en operaciones de búsqueda y salvamento y acudir de inmediato al rescate de las personas en peligro.
5. Garantizar el acceso al territorio a las personas refugiadas que lleguen a las fronteras: a quienes buscan asilo debe permitírseles la entrada por puestos fronterizos oficiales, independientemente de que posean o no documentos válidos de viaje. Los Estados deben abstenerse de adoptar medidas que impidan a las personas huir de un país en el que sufran persecución o violencia; entre esas medidas se encuentran el negar la entrada sin visado u otra documentación, las "devoluciones en caliente" y las vallas fronterizas que impiden a los refugiados entrar en un país o los obligan a emprender rutas peligrosas.
6. Combatir la xenofobia y el racismo: los gobiernos deben abstenerse de practicar la xenofobia, por ejemplo dando a entender o directamente afirmando que las personas solicitantes de asilo y migrantes son las culpables de los problemas económicos y sociales. Los gobiernos deben asimismo reformar todas las leyes y políticas que, de manera explícita o en la práctica, den lugar a discriminación racial o de otro tipo. Los gobiernos deben además disponer de políticas efectivas para abordar la violencia xenófoba y racial.
7. Lucha contra la trata: los Estados deben tomar medidas efectivas para investigar y enjuiciar a las bandas dedicadas a la trata de personas. Los Estados deben brindar protección y asistencia a las víctimas de trata y garantizar su acceso a procedimientos de determinación de la condición de refugiado y/o a oportunidades de reasentamiento. Todos los esfuerzos por combatir la trata y el tráfico de personas debe poner por delante su seguridad.
8. Ratificación global de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y establecimiento de sistemas nacionales sólidos de ayuda a las personas refugiadas:los Estados deben reconocer por ley el derecho a pedir asilo y gozar de él, deben disponer de procedimientos nacionales justos para evaluar las peticiones de las personas refugiadas, y deben garantizar los derechos fundamentales y el acceso de los refugiados a servicios tales como la educación y la atención médica.
Alarmante el número de países que burlan el derecho internacional ejecutando a personas por delitos de drogas.
La pena de muerte sigue utilizándose como herramienta en la denominada “guerra contra las drogas”, mientras un alarmante número de Estados de todo el mundo, en claro incumplimiento del derecho internacional, ejecuta a personas condenadas por cargos relacionados con las drogas. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en vísperas del Día Mundial contra la Pena de Muerte (10 de octubre).
Al menos 11 países del mundo –entre ellos Arabia Saudí, China, Indonesia, Irán y Malasia– han dictado condenas de muerte o han ejecutado a personas por delitos de drogas en los últimos dos años, mientras que decenas de Estados mantienen la pena capital para delitos relacionados con las drogas.
“Resulta descorazonador que tantos países sigan aferrándose a la falsa idea de que matando a personas conseguirán de algún modo terminar con la adicción o reducir la delincuencia. La pena de muerte no sirve para hacer frente a la criminalidad o para proporcionar a quienes necesitan ayuda acceso al tratamiento para superar la drogadicción”, ha manifestado Chiara Sangiorgio, experta de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte.
El derecho internacional limita el uso de la pena de muerte a “los más graves delitos”, definidos en general para incluir únicamente el homicidio intencional. Los delitos de drogas no entran dentro de esta categoría. El derecho internacional también fija como meta que los Estados avancen hacia la abolición de la pena de muerte.
Sin embargo, muchos Estados justifican el uso de la pena de muerte como manera de hacer frente al narcotráfico o a los problemas causados por el consumo de drogas. Estos Estados hacen caso omiso de las pruebas que demuestran que, para poner fin a las muertes relacionadas con las drogas y evitar la transmisión de enfermedades infecciosas, la respuesta que ha resultado efectiva ha sido la basada en los derechos humanos y la salud pública, incluidos la prevención del consumo de sustancias y el acceso a tratamiento. Incluso respecto a la delincuencia violenta, no hay nada que demuestre que la amenaza de la ejecución tiene un efecto más disuasorio que cualquier otra forma de castigo.
En Indonesia, por ejemplo, el gobierno del presidente Joko Widodo se comprometió a utilizar la pena de muerte para combatir una “emergencia nacional en materia de drogas”. Catorce personas declaradas culpables de delitos relacionados con las drogas han sido ejecutadas en lo que va de 2015, y el gobierno ha declarado que denegará las peticiones de indulto presentadas por personas condenadas por cargos de drogas.
“El uso de la pena de muerte para los delitos de drogas no es ni mucho menos el único motivo de preocupación. Shahrul Izani Suparman, por ejemplo, tenía sólo 19 años cuando fue hallado en posesión de más de 200 gr de cannabis, por lo que automáticamente se le consideró culpable de tráfico de drogas y más tarde fue condenado a una pena preceptiva de muerte en Malasia”, ha manifestado Chiara Sangiorgio.
En muchos de los países en los que se impone la pena de muerte por delitos de drogas, la injusticia se ve agravada por el hecho de que las condenas a muerte se dictan tras juicios manifiestamente injustos. En países como Arabia Saudí, Indonesia o Irán, a los acusados se les niega de forma habitual el acceso a abogados, o se los coacciona, mediante tortura y otros malos tratos, para que realicen “confesiones” que se admiten como prueba.
En abril de 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas, principal órgano deliberante de la ONU, se reunirá en un periodo especial de sesiones sobre las drogas para debatir las prioridades sobre el control mundial de drogas, incluido el uso de la pena de muerte para los delitos de drogas. El último periodo especial de sesiones en torno a este tema tuvo lugar en 1998.
“El periodo especial de sesiones que celebrará la Asamblea General de las Naciones Unidas el año que viene brindará a los Estados una oportunidad crucial de garantizar que las políticas de drogas tanto nacionales como internacionales cumplen el derecho internacional de los derechos humanos. Como primer paso hacia su abolición total, los Estados deben terminar de una vez por todas con el uso de la pena de muerte para los delitos de drogas”, ha manifestado Chiara Sangiorgio.
Ejemplos de países
China llevó a cabo más ejecuciones que todo el resto del mundo junto pero, puesto que las cifras sobre la pena de muerte se tratan como secreto de Estado en el país, resulta imposible determinar el número exacto. Basándonos en los datos que se han podido confirmar, se concluye que los casos de personas condenadas por delitos de drogas constituyen una proporción considerable de las ejecuciones llevadas a cabo. En los últimos años, China ha hecho algunos intentos de reducir su uso de la pena capital, por ejemplo reduciendo el número de delitos punibles con la muerte. Sin embargo, los delitos de drogas siguen castigándose con la muerte.
Indonesia ha ejecutado este año a 14 personas, todas ellas acusadas de tráfico de drogas. Esto ha supuesto un retroceso para un país que, hace tan sólo unos años, contemplaba poner fin a las ejecuciones, y que se ha esforzado con éxito por conseguir la conmutación de las condenas a muerte impuestas a ciudadanos indonesios en otros países. El uso de la pena de muerte en Indonesia está plagado de errores, ya que los sospechosos son torturados de forma habitual para que “confiesen” o son sometidos a juicios injustos.
Irán es el segundo verdugo más prolífico del mundo, superado sólo por China, y en las últimas décadas ha ejecutado a miles de personas por delitos relacionados con las drogas. Sus draconianas leyes respecto a las drogas significan que una persona puede ser condenada a muerte por estar en posesión de 30 gr de heroína o cocaína. Tan sólo en 2015 se han llevado a cabo más de 700 ejecuciones, muchas de ellas de extranjeros y de personas procedentes de entornos socioeconómicos desfavorecidos.
El tráfico de drogas se castiga en Malasia con la pena de muerte preceptiva, y las personas halladas en posesión de ciertas cantidades de sustancias ilegales son automáticamente consideradas narcotraficantes. Malasia no hace pública la información sobre las ejecuciones, pero la labor de observación llevada a a cabo por Amnistía Internacional sugiere que la mitad de las penas de muerte impuestas en los últimos años lo han sido por narcotráfico.
Las ejecuciones por delitos relacionados con las drogas han experimentado un espectacular aumento en Arabia Saudí en los últimos tres años. En 2014, casi la mitad de las 92 personas de cuya ejecución se tuvo noticia habían sido condenadas por delitos de drogas. El sistema de justicia saudí carece además de las salvaguardias más básicas para garantizar que se protege el derecho a un juicio justo. En muchos casos, las condenas se imponen después de procedimientos injustos y sumarios que en ocasiones se celebran en secreto.
Información complementaria
En 2014 y 2015, Amnistía Internacional registró ejecuciones o condenas a muerte por delitos de drogas en los siguientes países: Arabia Saudí, China, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irán, Kuwait, Malasia, Singapur, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam.
A día de hoy, los delitos de drogas, que pueden incluir diferentes cargos que van desde el tráfico hasta la posesión, se castigan con la muerte en más de 30 países.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado, y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. La pena capital viola el derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, Es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.
La detención secreta de abogados amenaza el Estado de derecho en China
El viernes 10 de julio por la noche, Sui Muqing, famoso abogado de derechos humanos de Cantón, estaba tranquilamente en su casa cuando sonó el timbre de la puerta. Un agente de policía le dijo por el portero automático que se había producido un accidente con su automóvil y le pidió que saliera. Sui Muqing recelaba, pero al final bajo las escaleras, y entonces la policía se lo llevó. No se lo ha vuelto a ver desde entonces, debido a una nueva forma de detención secreta conocida como "vigilancia domiciliaria", que las autoridades chinas utilizan cada vez más para reprimir a quienes se muestran críticos.
Sui Muqing no es más que una de las víctimas de una campaña de represión sin precedente emprendida contra abogados y activistas y que se ha dado en llamar "Viernes Negro". A fecha de 22 de septiembre, un total de 245 abogados y activistas habían sido detenidos, y 30 continuaban bajo custodia policial.
El gobierno ha paseado a los abogados detenidos por las televisiones estatales, obligándoles a hacer "confesiones", ha acusado algunos de ellos de formar parte de una "importante banda criminal", ha intimidado y hostigado a sus familiares y ha censurado casi todas las noticias relacionadas con esta campaña de represión en las redes sociales.
Someter a abogados de derechos humanos y personas criticas a detención secreta no es nada nuevo en China. Lo que ocurre es que ahora el gobierno chino lo ha convertido en algo "legal".
La “vigilancia domiciliaria en un lugar designado", como se llama la disposición del Código de Procedimiento Penal donde se estipula, permite a la policía tener a los presuntos delincuentes hasta seis meses fuera del sistema formal de detención, ya sea en una apartamento, la habitación de un hotel o un edificio privado. A los detenidos se les niega asistencia letrada y toda visita familiar. Se supone que la policía tiene 24 horas para notificar a las familias que se ha impuesto tal medida, pero no el paradero de los detenidos.
Esta incertidumbre es un tormento para las familias. La esposa del abogado detenido Wang Quanzhang ha contado recientemente en una carta abierta que, cada vez que su hijito oye el nombre de su padre, le dice: "Quiero ir a buscar a papá".
Sui Muqing forma parte de un grupo de siete abogados y cinco activistas que se encuentran sometidos a "vigilancia domiciliaria en un lugar designado" por presunta "amenaza para la seguridad del Estado", en el marco de la campaña de represión.
Las autoridades provinciales también están descubriendo las ventajas de este procedimiento para eliminar a sus detractores. En la provincia de Zhejiang –donde el gobierno provincial ha emprendido una campaña de demolición de iglesias cristianas y retirada de cruces y crucifijos–, un destacado abogado que prestaba servicios jurídicos a las iglesias afectadas, Zhang Kai, y uno de sus ayudantes se hallan sometidos a "vigilancia domiciliaria".
Lo más preocupante de la detención secreta es el riesgo de tortura. Es imposible saber en qué condiciones se encuentran Sui Muqing o Zhang Kai, pero las perspectivas no son buenas. A juzgar por casos anteriores, la combinación de interrogadores demasiado entusiastas, falta de acceso a abogados o a familiares y la ausencia de rendición de cuentas y de supervisión de la actuación policial tiene todos los ingredientes necesarios para la tortura y otros malos tratos.
Ya en 2011, el abogado de derechos humanos Liu Shihui fue sometido a “vigilancia domiciliaria” durante 108 días, en el transcurso de los cuales fue interrogado una vez durante 5 días seguidos, hasta que cayó derrumbado por agotamiento. La abogada Li Tiantian estuvo 95 días detenida, durante los cuales le preguntaron reiteradamente sobre sus relaciones sexuales y la amenazaron con violencia si no decía la verdad. Cuando el escritor Ye Du estuvo bajo "vigilancia domiciliaria", lo interrogaron durante 22 horas al día, con sólo dos horas de descanso para comer y dormir.
¿Cómo puede seguir habiendo detención secreta, con el riesgo probado de malos tratos, en un país donde las autoridades afirman que se gobierna de acuerdo con el Estado de derecho?
El Código de Procedimiento Penal de China, revisado en 2012 y en vigor desde 2013, pretende legalizar esta violación de los derechos humanos. La “vigilancia domiciliaria” se concibió de manera que fuera una forma leve de detención, que permitiera a los presuntos delincuentes que no supusieran una amenaza para la sociedad vivir en su propia casa durante la fase de investigación. La policía ha aprovechado esta medida de una manera para la que no estaba concebida y ahora puede utilizar tal forma de detención secreta para retener a personas acusadas de delitos de "terrorismo", "amenaza para la seguridad del Estado" o "soborno grave".
Como era de esperar, desde que la nueva ley entró en vigor, los encargados de realizar las investigaciones parecen estar haciendo uso de ella con mayor frecuencia. Las razones no son difíciles de adivinar.
En primer lugar, someter a los presuntos delincuentes a detención secreta ayuda a conseguir confesiones. La policía puede someter a personas aisladas a largos interrogatorios a fin de "doblegarlas" y conseguir las declaraciones incriminatorias que quiera.
En segundo lugar, la "vigilancia domiciliaria en un lugar designado" es una forma muy conveniente para las autoridades de conseguir sus objetivos políticos. El uso de esa forma de detención puede ser una táctica con que amedrentar a los abogados y activistas de China para hacer que se sometan. Para las víctimas es una forma de castigo en sí misma, con independencia de que sus casos se lleven alguna vez a juicio.
Asimismo, en el caso de Zhang Kai, el uso de la detención secreta permite al gobierno "sacar del mapa" durante al menos seis meses a un abogado que prestaba asistencia jurídica organizada a la campaña contra las demoliciones de cruces.
En noviembre de este año, China será sometida examen por el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, el órgano que supervisa cómo aplican los gobiernos la Convención contra la tortura, tratado global que China ha ratificado. China tiene la obligación, en virtud del derecho internacional, de impedir, investigar y enjuiciar la tortura y otros malos tratos y de proporcionar reparación. No puede utilizar el riesgo de "terrorismo", la "amenaza para la seguridad del Estado" ni ninguna otra justificación para incumplir sus obligaciones.
De acuerdo con el derecho internacional, todas las personas bajo custodia tiene derecho a estar en un lugar reconocible de detención y a tener acceso efectivo a su familiares y abogados.
Si China está dispuesta realmente a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, debe erradicar toda forma de detención secreta, incluida la "vigilancia domiciliaria", práctica que en muchos casos constituye desaparición forzada. Este sistema es incompatible con el derecho internacional, y todas las personas detenidas en virtud de él deben ser puestas en libertad de inmediato.
No debe haber más llamadas de la policía a la puerta tras las que personas como Sui Muqing desaparezcan durante meses interminables, corriendo gran riesgo de sufrir tortura, sin que sus familias sepan absolutamente nada de ellas.
Por William Nee, investigador de Amnistía Internacional en China.
Las desapariciones de Ayotzinapa: La prueba definitiva para Peña Nieto
“¡No tenemos armas! ... ¡No disparen! ...¡Ayúdenlo, ayúdenlo, por favor!”
Estas tres conmovedoras frases son repetidas una y otra vez, a gritos, por varias voces jóvenes claramente asustadas.
Las temblorosas imágenes grabadas con un teléfono celular la noche del 26 de septiembre de 2014 en la ciudad mexicana de Iguala, en el violento estado de Guerrero, muestra algunas de las agresiones que sufrieron casi 100 estudiantes antes de que 43 de ellos desaparecieran sin dejar rastro.
En los 365 días transcurridos desde esa trágica noche, se ha destapado la situación real de los derechos humanos en México. Lo que ha quedado al descubierto es un país marcado por la violencia y el horror.
Personas que se evaporan sin más, fosas comunes llenas de huesos tan pequeños que es imposible someterlos a pruebas de ADN y cadáveres desmembrados en casas abandonadas son ya tan habituales que apenas llegan a las portadas de los periódicos.
Pero la tragedia de Ayotzinapa, como se conoce en referencia a la escuela rural de donde procedían los estudiantes desfavorecidos, es diferente.
Probablemente como nunca antes en la penosa historia de este populoso país, estas 43 caras han cambiado tanto la nación que ahora sería difícil caminar por cualquiera de sus ciudades o pueblos sin encontrarse con una referencia a los jóvenes.
México cambió ese 26 de septiembre.
La tragedia ha revelado una crisis de los derechos humanos de proporciones épicas, con casi 30.000 hombres, mujeres y menores desaparecidos o en paradero desconocido solamente en los últimos años. Pero más que eso, ha arrancado la máscara del gobierno mexicano al abrir una caja de Pandora de delincuencia, negligencia y encubrimiento político que parece llegar hasta los niveles más altos del poder.
Ayotzinapa ha puesto bajo la luz pública lo peor de México para que todos lo vean.
Durante años y de forma repulsiva, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha fingido no ver las innumerables denuncias de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, culpando a la delincuencia organizada de estos problemas para simplificar una compleja red de delincuencia, corrupción y connivencia del gobierno a su mínimo común denominador.
Según esta narrativa oficial, las personas torturadas, asesinadas o sometidas a desaparición forzosa son víctimas de bandas criminales sin escrúpulos y muy poderosas, o tienen de algún modo la culpa de los abusos que sufren.
Las investigaciones sobre cualquier tipo de abuso contra los derechos humanos suelen ser tan deficientes que los exámenes de los lugares del delito son sumamente negligentes o inexistentes.
Cuando la presión aumenta, las autoridades detienen a varios sospechosos que rápidamente admiten la responsabilidad... y después denuncian que fueron torturados para que confesaran. Estas denuncias no sorprenden a nadie.
En 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México dijo que había recibido 1.505 quejas de tortura y otras formas de malos tratos, un 600 por ciento más que en 2003.
Mientras tanto, reina la impunidad para los torturadores. Según datos del Consejo de la Judicatura Federal, los tribunales federales tramitaron 123 enjuiciamientos por tortura entre 2005 y 2013, de los que sólo siete desembocaron en condenas en aplicación de la legislación federal.
El sistema de justicia mexicano es tan deficiente que nadie espera ya mucho de él. Los juicios por abusos contra los derechos humanos son muy poco frecuentes, y los familiares de las personas desaparecidas esperan sumidos en la desesperanza o se ven obligados a buscar por sí mismos a sus seres queridos.
En este contexto, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa no debería sorprender a nadie. Pero ha tocado una fibra sensible y ha obligado al gobierno de Peña Nieto a adoptar lo que sólo cabe calificar de medidas desesperadas para demostrar que está actuando realmente.
Primero fue la “verdad histórica”, cuando el procurador general de la República afirmó, el 27 de enero de este año, que la policía había detenido a los estudiantes antes de entregarlos a una conocida banda local de narcotraficantes. Por su parte, se dijo que el grupo conocido como Guerrero Unidos los había matado y había quemado sus cadáveres en un vertedero local para meter después los restos en grandes bolsas y arrojarlos en un río cercano.
El 6 de septiembre de 2015, un grupo de expertos independientes nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe de 500 páginas que refutaba la teoría por imposible desde el punto de vista científico.
Pero las autoridades mexicanas no se tomaron en serio las críticas. Cuando se aproximaba el primer aniversario de las desapariciones, con 110 detenciones, las autoridades convocaron una conferencia de prensa para anunciar que habían encontrado restos óseos cuyo ADN correspondía a Jhosivani Guerrero de la Cruz, de 20 años, uno de los estudiantes desaparecidos.
Los expertos echaron de nuevo por tierra rápidamente el sorprendente anuncio.
Un día después, el Equipo Argentino de Antropología Forense, de fama internacional —que ha dirigido investigaciones sobre desapariciones en decenas de países, desde Argentina hasta Guatemala, pasando por los Balcanes— dijo que las probabilidades de que los restos óseos fueran de Jhosivani eran tan escasas que sólo cabía calificar la “prueba” de “poco concluyente”.
Las teorías y pronunciamientos del gobierno mexicano pronto se derrumbaron como un castillo de naipes, y el mundo se preguntó por las intenciones reales que había detrás. Si el gobierno podía demostrar que los estudiantes habían sido asesinados, el caso se podría cerrar rápidamente.
La presión sobre el manejo de las investigaciones aumenta y la única vía que les queda a las autoridades mexicanas es demostrar, no que están tomando algún tipo de medida, sino que se toman en serio la tarea de averiguar lo que les ocurrió a los 43 estudiantes y garantizar que no vuelve a ocurrir jamás. Aún no es demasiado tarde para que levanten las manos, reconozcan los graves errores cometidos hasta la fecha y reconduzcan las investigaciones sobre las desapariciones.
No hacer nada sólo servirá para hundir aún más al gobierno de Peña Nieto en la sospecha.
El presidente y su gobierno fueron una vez aclamados como la esperanza del país, pero ahora tratan desesperadamente de aferrarse a cualquier rastro de credibilidad. El primer paso crucial para recuperar esta confianza es responder a una pregunta sencilla: ¿dónde están los 43 estudiantes de Ayotzinapa?
Una versión de este artículo de opinión se publicó en The Guardian
Por: Erika Guevara-Rosas, Americas Director at Amnesty International in Mexico City.
Voluntarios y voluntarias ayudan a personas refugiadas a sobrevivir mientras los líderes europeos continúan buscando soluciones.
Desde Grecia a Alemania, voluntarios y voluntarias aúnan fuerzas para ayudar a las personas refugiadas y migrantes recién llegadas a obtener alimentos, ropa y atención médica, subsanando las carencias palmarias del deteriorado sistema de asilo de la Unión Europea mientras los líderes europeos continúan lidiando para encontrar una solución común a la crisis creciente.
“Había una familia siria: un padre con una niña pequeña. La niña intentó abrir la puerta de mi coche. Pensé que seguramente estaría buscando alimentos y pregunté al padre qué necesitaban. 'Tienes el mismo coche que nosotros –respondió–, pero el nuestro explotó en Siria. Su madre murió dentro'.
Entonces comprendí lo que buscaba la niña."
Konstantinos, voluntario, aparta la mirada mientras me cuenta esta historia. Los habitantes de la isla griega de Kos lo llaman "el incondicional", porque hace malabares para compatilbilizar sus dos trabajos con las entregas diarias de alimentos, provisiones y apoyo a las personas refugiadas.
Tratar a los refugiados y refugiadas como personas
Desde comienzos de 2015, más de 318.000 personas, principalmente refugiadas y algunas migrantes, han arriesgado su vida para alcanzar las islas griegas. Sufren condiciones infernales, puesto que las autoridades locales no están dispuestas a proporcionarles servicios básicos como alimentos, agua, aseos o alojamiento, o no tienen la capacidad de hacerlo.
La población local y los turistas han acudido para llenar el vacío existente: "Es sencillamente una tarea abrumadora", afirma Giorgos, maestro que ayuda a preparar y distribuir más de 1.000 raciones de comida diarias.
"No sólo se trata de alimentarlos –dice Dionysia, otra activista y directora de teatro local–. Es tratarlos como personas."
Biljiana, de 36 años y oriunda de Belgrado, Serbia, colabora como voluntaria junto con su pareja: "Nosotros también sufrimos el hambre y los bombardeos en nuestro país –explica–. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras algo así está sucediendo delante de nosotros".
Los turistas han aunado fuerzas con la población local, entre quienes se encuentra Greta Tullman, una profesora universitaria alemana. Me enseña una lista escrita a mano de provisiones que comprará de camino a casa; ya ha traído varias cajas.
A última hora de la tarde, la comida está lista y se lleva a cabo una minuciosa distribución, también de ropa, pañales, y otros productos esenciales, en varios puntos de la isla, en ausencia de un centro de acogida central.
"A los migrantes, ni agua"
Más tarde, en la recepción de mi hotel, una mujer dice a voces: "Si continuamos así, no habrá comida para nuestros propios hijos". Dice que el alcalde de la localidad ha dicho a la gente que no ofrezca a los refugiados ni un vaso de agua, lo que lleva implícito el mensaje de que hacerlo animaría a más gente a venir, algo con lo que ella parece estar de acuerdo.
Ahora entiendo lo que Christina, otra activista y profesora de enfermería, me había contando antes: “Una madre comenzó a llorar; un padre de mediana edad se inclinó ante mí y rezó agradecido… ¿Por qué? Porque les había dado una botella de agua".
"Cuando la policía antidisturbios atacó a los refugiados, nos echamos a llorar –continúa–. Algunos de ellos, cubiertos de sangre, se acercaron a nosotros para consolarnos. Dijeron que habían pasado por situaciones peores... fue muy conmovedor."
Finalmente, bien pasada la media noche los y las activistas comienzan a irse a casa para descansar, que bien lo necesitan. "La solidaridad no es caridad –me dice Giorgos profundamente exhausto–. Es rehumanizar una situación deshumanizada."
@ElizaGoroya
Comidas calientes durante el registro de solicitantes de asilo en Berlín
"Cuando llegan a Alemania, los refugiados ya han sido reducidos a un funcionamiento humano básico", dice Björn Freter, hombre de 37 años de Berlín, Alemania. Lleva colaborando como voluntario en uno de los centros de registro de solicitantes de asilo de la ciudad desde agosto, tras haber acudido un día con un amigo a entregar alimentos donados.
Personas de países como Siria, Iraq y Afganistán lo han arriesgado todo para alcanzar el país europeo que sabían que los recibiría: Alemania. Pero el sistema está desbordado a causa de la gran afluencia reciente, por lo que muchas no tienen dinero para alimentos ni un lugar donde dormir.
Björn nos enseña el centro mientras explica lo frustrante que es para estas personas refugiadas exhaustas, hambrientas y traumatizadas esperar hasta 15 días para tramitar sus solicitudes de asilo. Un hombre le dijo: "Prefiero volver a Siria y morir que dormir a la intemperie durante días, como un animal".
Al igual que en Kos, voluntarios y voluntarias se han puesto manos a la obra y ofrecen una comida vegana caliente al día, bocadillos, agua, ropa y atención médica básica. También hay una zona de juegos infantiles, un centro de obstetricia donde se efectúan revisiones a las mujeres embarazadas y una sala silenciosa donde los padres y las madres pueden descansar mientras los voluntarios cuidan de sus hijos e hijas.
Pies marcados tras semanas caminando
Según Björn, cuando finalmente llegan a Alemania, la mayoría de los refugiados tienen terribles cicatrices y astillas en los pies y están deshidratados. Muchos están traumatizados y algunos tienen heridas de metralla. Sus enfermedades suelen ser consecuencia de haber caminado durante días o semanas.
El doctor Hartmut Wollmann, pediatra semijubilado que colabora como voluntario en el centro médico, dice que existe un déficit de atención médica para los refugiados no registrados, porque no se pueden derivar al hospital los casos que no se consideran emergencias.
Lo han conmovido profundamente las situaciones de muchas personas, incluido un chico sirio de 17 años que estaba muy delgado. No tenía grasa en el cuerpo. Dijo que llevaba caminando dos semanas y media y que no había comido bien. Estaba tan profundamente traumatizado que le dolía el pecho y tenía dificultades para respirar.
"Desde el punto de vista médico, no encontré nada anómalo: lo que tenía era miedo y dolor; sólo necesitaba cuidados y descanso –dice el doctor Hartmut–. Otra paciente, embarazada, tenía un niño de tres años con graves problemas de desnutrición y una infección bucal, lo que significaba que no podía ni comer ni beber."
Refugees Welcome: un movimiento que está cambiado la política
Björn hace hincapié en la importancia de los voluntarios y voluntarias: "Si no estuviéramos aquí, cuatro o cinco personas a las que he conocido personalmente habrían muerto. Una había recibido una puñalada, otra tenía mucha fiebre. Cuando no hay suficiente comida, lo anunciamos en las redes sociales y la gente trae donaciones".
"También es importante mostrarles que son bienvenidos –añade–. No podemos comunicarnos en el mismo idioma, pero podemos sonreír y hacerles saber que pueden confiar en nosotros."
"Este movimiento ya está cambiando la política en Alemania –añade el doctor Hartmut–. La prensa habla de los ataques de la extrema derecha —de que han prendido fuego a las viviendas destinadas a la población refugiadas—, pero el número de personas que está ayudando a los refugiados es mucho mayor."
@KDhala @LornaHayes8
Actúa
Di a los líderes europeos que den la bienvenida a las personas refugiadas abordando con rapidez y contundencia la crisis actual.
En recuerdo de Occupy Hong Kong: Reflexiones de un organizador de las protestas estudiantiles.
En el primer aniversario del inicio de las protestas de Hong Kong en favor de la democracia, Tommy Cheung, estudiante de 21 años de la Universidad China de Hong Kong que participó en la organización de las protestas, reflexiona sobre los extraordinarios sucesos del año pasado, la función que desempeñaron los jóvenes y el futuro que se abre ante Hong Kong.
Un año después de Occupy Hong Kong, aún me resulta difícil regresar a la zona de las protestas, en el centro de Hong Kong. Nuestros recuerdos, nuestra historia, están aquí. Sin embargo, la trayectoria que han seguido los movimientos democráticos en otros lugares nos dice que rara vez se obtiene la victoria en la primera batalla.
En estos días soy más pesimista acerca del poder de las protestas por sí solas para lograr un cambio, pero mantengo todo mi optimismo respecto al futuro de Hong Kong. Tengo fe en la gente de Hong Kong, aunque no lo tenga en nuestros líderes. Hay un cambio de mentalidad, una determinación de preservar la autonomía de nuestra ciudad, de defender nuestras libertades y el Estado de derecho. Los jóvenes sienten que deben actuar para impedir que Pekín interfiera aún más en los asuntos de Hong Kong.
Aunque la lucha por una auténtica democracia en Hong Kong aún continúa, podemos consolarnos con el hecho de que la propuesta de Pekín de elegir al gobierno de Hong Kong en 2017 fue finalmente derrotada cuando nuestra cámara legislativa la sometió a votación en junio. Aquello fue una victoria para todos los que participaron en el Movimiento de los Paraguas.
Se trató de un movimiento sin precedentes. Por primera vez, miles de personas de Hong Kong participaron en un acto de desobediencia civil. Cuando los estudiantes de todo el país iniciaron el boicot a las aulas, de una semana de duración, en protesta contra la propuesta de Pekín, jamás imaginé que los hechos se desarrollarían como lo hicieron.
El primer domingo [28 de septiembre de 2014] hubo un estallido de pánico y rabia cuando la policía trató de despejar las calles disparando decenas de rondas de gas lacrimógeno. La mayoría de nosotros jamás habíamos experimentado aquel escozor en los ojos, ni sabíamos cómo protegernos. Mi reacción instintiva fue correr.
Desde Occupy, muchos jóvenes ya no confían en la policía. Consideran que está al servicio del gobierno, más que al de la población. No podíamos creer que utilizaran semejante fuerza contra una protesta mayoritariamente pacífica. La gente utilizaba paraguas para protegerse de los pulverizadores de pimienta y los golpes de porra, y de ahí tomó el movimiento su nombre.
Los jóvenes que participaban tenían menos miedo que los miembros de la generación mayor, para quienes el derramamiento de sangre de la represión de 1989 en Tiananmen, Pekín, estaba aún muy vivo. A mi generación no la acechan los fantasmas de aquellos recuerdos.
Bailar al ritmo de Pekín
Al cabo de unos días estábamos todos agotados, pero confiábamos en que las enormes muestras de apoyo obligaran al gobierno de Hong Kong a escucharnos.
Sin embargo, era evidente que el gobierno bailaba al ritmo de Pekín, y pronto surgió un temor auténtico a que se desplegara al Ejército Popular de Liberación para despejar las calles. Para mí, aquel fue uno de los momentos más sombríos. Como organizador estudiantil, me sentía responsable de proteger a mis compañeros. Teníamos que imaginar la peor de las situaciones, el número de bajas que podía haber, y cómo proteger a la gente.
Una de las dificultades de los auténticos movimientos de base es que existen tantas voces que puede resultar difícil tomar decisiones o llegar a un consenso. Algunos estudiantes querían intensificar las protestas, pero otros decían que debíamos retirarnos mientras aún íbamos ganando.
Cuando el gobierno inició las conversaciones con nosotros a finales de octubre, no nos ofreció ninguna rama de olivo. Estaba claro que el gobierno no era más que una marioneta de Pekín. Echando la vista atrás, está claro que aquel fue el momento en el que debíamos haber intensificado la protesta.
Me sentía abatido y frustrado, pero seguimos buscando maneras de inyectar nueva energía al movimiento. Algunos tratamos de viajar a Pekín para intentar reunirnos con quienes de verdad toman las decisiones. Sabíamos que nos impedirían salir del Aeropuerto de Hong Kong, pero teníamos que intentarlo, era importante.
Los últimos días
Noviembre y diciembre fueron muy difíciles: las protestas se prolongaban sin que hubiera progresos. Dentro del movimiento había muchas opiniones respecto a cuál debía ser nuestro siguiente paso. El apoyo general de la población de Hong Kong parecía estar disipándose.
Lo que más lamento es la noche del domingo 30 de noviembre, cuando algunos manifestantes quisieron ocupar edificios gubernamentales, en un esfuerzo por retomar el impulso. No conseguimos convencer a suficiente gente de que se uniera a la acción, y así dejamos que quienes participaron se enfrentaran a los golpes de la policía. Si pudiera cambiar una sola noche, sería esa.
Cuando la policía finalmente despejó el lugar de la protesta el 11 de diciembre, resultó muy duro ver cómo detenían a mis amigos. Un año después, la mayoría aún tienen cargos pendientes.
Hacia delante
La lección principal que aprendí de Occupy es la necesidad de jugar a largo plazo. Tenemos que mirar más allá de las elecciones de 2017 y del limitado objetivo de la reforma de la Ley Fundamental [la miniconstitución de Hong Kong] Tenemos que ganarnos el apoyo de todas las partes de la sociedad de Hong Kong, y la protesta no es la única manera de hacerlo.
Para conseguir nuestros objetivos, es crucial la participación auténtica de los jóvenes. Tenemos confianza en nuestra identidad, nuestros valores y nuestro lugar en el mundo. Miramos más allá de Pekín.
Debemos vincularnos con otros movimientos sociales del mundo. Ante la reacción adversa de las autoridades en muchas partes de Asia y del mundo en general, los jóvenes encabezan el camino hacia el cambio social. No tenemos más que mirar a nuestros compañeros de Taiwán, Japón o Malasia para comprobarlo.
El Movimiento de los Paraguas tuvo un profundo efecto en mí y, al igual que a muchos otros, me dejó cicatrices emocionales. No obstante, sigo confiando en que los jóvenes ganarán las batallas futuras sobre los derechos humanos y la democracia en Hong Kong.Hemos inculcado en la próxima generación la creencia en los valores liberales y la democracia. Pekín jamás podrá arrebatarnos eso.
·“No he visto nada parecido en décadas”
·Protestas de Hong Kong: Los jóvenes lideraron el camino
·China: Libertad para simpatizantes de las protestas de Hong Kong en favor de la democracia.
