Autonomía en papel, dependencia en la práctica
La municipalidad es la autoridad más cercana al ciudadano. Es la que limpia las calles, abastece de agua potable, recoge la basura y presta la mayoría de servicios básicos que hacen posible la vida diaria. La Constitución, en su artículo 253, reconoce la autonomía municipal: cada comuna puede elegir a sus autoridades, disponer de sus recursos y atender las necesidades locales. Sin embargo, esa autonomía es más formal que real, porque la mayoría de municipalidades no cuenta con los fondos necesarios para cumplir con esas funciones.
En Guatemala existen 340 municipios, pero solo unos pocos tienen un plan de ordenamiento territorial o un sistema eficiente de recaudación del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI). La mayoría sobrevive con el situado constitucional o con fondos privativos, que son limitados. Esto provoca que los municipios enfrenten enormes dificultades para atender necesidades básicas de su población.
Las finanzas municipales son el principal talón de Aquiles de los gobiernos locales. Salvo algunas municipalidades del área metropolitana, la mayoría de alcaldes enfrenta serios problemas para recaudar fondos propios que les permitan generar la infraestructura que requieren. Incluso proyectos básicos, como sistemas de agua potable, alcantarillado o drenajes, resultan más caros en territorios con pendientes elevadas, como en los que se asientan muchas aldeas y caseríos en un país montañoso, como el nuestro; lo que complica todavía más la situación.
Un ejemplo claro es el de San Pablo La Laguna, en Sololá. Este municipio, con poco más de 8 mil habitantes, tiene ingresos mensuales de Q1,532,972.46. Construir una planta de tratamiento de aguas residuales cuesta en promedio Q12 millones. Eso significa que la municipalidad tendría que cerrar por completo todas sus operaciones durante al menos ocho meses para costear una sola planta, algo evidentemente imposible.
A esta debilidad financiera se suma un problema político: durante años, distintos actores han impulsado reformas para limitar los ingresos de la Municipalidad de Guatemala, con el objetivo de afectar políticamente una gestión que el mismo grupo político ha tenido durante varios años. En 2010, Alejandro Sinibaldi promovió una modificación al Código Municipal para restringir el endeudamiento a no más de 4 años, evidentemente, ninguna mega obra podría financiarse a un plazo tan limitado. Más tarde, Juan Francisco Solórzano Foppa junto a otros abogados, presentó un amparo para eliminar la obligatoriedad del boleto de ornato en trámites judiciales, lo que generó la percepción de que ya no era obligatorio en general, pagar el boleto de ornato, posteriormente Foppa se promovió como Alcalde. El partido CREO, eterno aspirante a hacerse de la vara edilicia de la capital, impulsó reformas para reducir la capacidad sancionadora de las Policías Municipales de Tránsito. Aunque estas medidas buscaban afectar a la Municipalidad de Guatemala, en la práctica dañaron más a las municipalidades pequeñas, que dependen de ingresos reducidos para cubrir los costos de los servicios que deben prestar.
Mención especial merece Quetzaltenango, la segunda ciudad más importante del país, donde se derogó el Plan de Ordenamiento Territorial tras fuertes presiones sociales. Esto limitó, entre otras cosas, la posibilidad de ampliar la recaudación del IUSI, dejando a la comuna con menos herramientas financieras.
Como bien dice la frase popular: “Queremos servicios de primer mundo, pagándolos como en el tercer mundo”. Es importante establecer precios y tarifas realistas que cubran al menos los costos de operación de servicios como el agua potable, tratamiento de desechos, entre otros; aunque la inversión inicial pueda seguir viniendo del presupuesto central o municipal. Es momento de replantear cómo queremos financiar los gobiernos locales. Se necesita una discusión nacional para definir qué parte de los recursos que recauda el gobierno central deben invertirse directamente a través de las municipalidades o destinarse a servicios públicos locales.
Las comunas del área metropolitana ya han llegado, o están a punto de llegar, a su techo de capacidad financiera. Las grandes inversiones en transporte colectivo, tratamiento de aguas y desechos, o megaproyectos de infraestructura vial, superan con mucho las finanzas municipales actuales. El vecino del área metropolitana podrá quejarse del tráfico, pero difícilmente podrá ponerse en los zapatos de quienes viven en aldeas, caseríos o incluso en muchas de las ciudades intermedias del interior país, donde la mayoría de calles son aún de terracería y el agua entubada no es precisamente la norma, sino la excepción.
La autonomía municipal en Guatemala no puede quedarse solo en lo legal; requiere también autonomía financiera. Mientras los municipios dependan casi por completo de transferencias del gobierno central y fondos limitados, estarán atados de manos para resolver los problemas cotidianos de su gente. Garantizar recursos suficientes para las comunas no es un lujo, es una necesidad, reflexión que pasa por entender cuántos y cuáles servicios públicos queremos y cuánto estamos dispuestos a pagar por ellos y si estamos dispuestos como sociedad a abrir las puertas a prestadores de servicios privados., . De lo contrario, la autonomía municipal seguirá siendo apenas una declaración de buenas intenciones de los constituyentes.