Campaña del terror, el último baluarte del modelo neoliberal
Parte 4 Covid 19, un crimen silencioso
“No podemos seguir parando la economía y por lo tanto tenemos que tomar riesgos, y esos riesgos significan que va a morir gente”.
José Manuel Silva, socio y director de Inversiones LarrainVial, La Tercera, 8 de Abril 2020
“No podemos matar toda la actividad económica por salvar las vidas, porque después vamos a estar lamentando que la gente se muera de hambre. Es muy complejo, y yo sé que nadie va a decir lo contrario: hay que poner la salud delante de la economía, pero la economía también trae salud, y una economía destruida también va a traer problemas de salud muy profundos”.
Carlos Soublette, gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), Emol.com, 16 de Abril 2020
“Vamos a hacer reserva de constitucionalidad de este proyecto, hay varios componentes de él que son contrarios a lo que establece la Constitución. (...) Primero, porque afecta la igual repartición de las cargas públicas y el derecho a propiedad; segundo, porque resulta inadmisible a nuestro juicio en atención que genera gasto para el Estado; y tercero, porque afecta el derecho a desarrollar actividades económicas”.
Juan Carlos Jobet, actual biministro de Energía y Minería, discusión proyecto de suspensión de pago servicios básicos en pandemia, Comisión de Energía del Senado, 16 de Abril 2020
“Esta nueva normalidad requiere de muchas medidas de parte de la autoridad, pero también de una responsabilidad individual de cada uno de nosotros. ¿Qué significa esto? ¿Me puedo juntar con un grupo de amigos a tomar un café? Probablemente sí, con unos pocos amigos, con cuatro amigos, con distanciamiento social, con mascarillas, con lavado de manos y manteniendo esas medidas de cuidado personal y sobre todo de prevención”.
Paula Daza, subsecretaria de Salud Pública, 20 de Abril 2020
“En la medida en que más personas desarrollan inmunidad, la tasa reproductiva del virus cae violentamente: Porque el virus se encuentra con personas que, no, son capaces de defenderse y por lo tanto nosotros hablamos de que hay una inmunidad de rebaño, una inmunidad de grupo, colectiva”.
Jaime Mañalich, ex ministro de Salud y ex candidato a senador, 30 de Abril 2020
“Con la entrada en cuarentena de las 38 comunas, de las cerca de 427 mil empresas que operan en el sector, alrededor de 174 mil van a seguir funcionando, esto significa que poco más de 2,3 millones de trabajadores van a estar trabajando, de un total de un poco más de 5,6 millones de personas, es decir, va a haber mucha gente que va a seguir trabajando por el resto”.
Lucas Palacios (UDI, militancia congelada), ministro de Economía, 15 de Mayo 2020
“Hay una decisión país que debemos tomar, que debe ser con mucha transparencia, de cara a la ciudadanía (...) definir como país si es que vamos a concurrir con algún tipo de apoyo para facilitar el proceso de reestructuración de Latam, esa es la primera decisión, y eso es lo que como Gobierno hemos señalado de evaluar la conveniencia y la oportunidad para contribuir al proceso”.
Ignacio Briones (Evópoli), ex ministro de Hacienda y ex precandidato presidencial, Cooperativa, 26 de Mayo 2020
“Esto puede prestarse para malos usos, claro que sí, pero tenemos una combinación entre celeridad, para ir rápido en ayuda de las familias, con el riesgo de un eventual mal uso. Acá es fundamental apelar a la responsabilidad, pero tenemos todas las herramientas para verificar si una persona recibió ingresos y nos mintió, pero esperamos que nunca sea el caso y, de ser así, sancionar con toda la rigurosidad de la ley”.
Ignacio Briones (Evópoli), ex ministro de Hacienda y ex precandidato presidencial, Cooperativa, 15 de Junio 2020
“El protocolo fue absolutamente cumplido. El protocolo del ministerio de Salud dice que los ataúdes tienen que estar sellados, y ese... y los ataúd.... que tienen vidrio están sellados. Son, son ataúdes sellados, que efectivamente no tienen ninguna posibilidad de contacto con las personas afuera, así que ahí quiero ser muy clara, se cumplió 100% el protocolo dado por el ministerio de salud”.
Paula Daza, subsecretaria de Salud Pública, refiriéndose al funeral de Bernardino Piñera, tío del presidente fallecido por COVID 19, en que se verificaron una serie de incumpimientos del protocolo sanitario, T13 AM (Canal 13), 22 de Junio 2020
“Entre las principales causas, que conducen a la destrucción o debilitamiento de las democracias, está el no respeto por la constitución y las leyes, o el pasar por encima de la institucionalidad vigente. Las instituciones y las reglas que rigen nuestro actuar, se debilitan paulatinamente si quienes ejercemos autoridad no asumimos con voluntad y sin ambigüedades el deber de respetar y hacer respetar la constitución. Por todas estas razones, además de utilizar todos los instrumentos que la propia constitución me otorga, para hacer cumplir esa constitución, en los próximos días convocaré un grupo de exparlamentarios, académicos y expertos para proponer perfeccionamientos a los criterios y procedimientos con los que el Congreso Nacional determina la admisibilidad o inadmisibilidad de las mociones o proyectos de ley que debe considerar, de forma de evitar que progresen mociones que no están de acuerdo con nuestra constitución”.
Sebastián Piñera (RN), presidente de Chile, 22 de Junio 2020
“Lo que estamos haciendo es definir cuáles son aquellos trabajos, aquellas funciones esenciales que van a estar incorporados dentro de las empresas que están habilitadas para trabajar durante este periodo, que básicamente son bienes y servicios de primera necesidad y toda su red de proveedores”. (...) “Estamos yendo en ese camino, no en definir un listado, un catálogo de aquello que implique bienes de primera necesidad o bienes esenciales, porque eso cambia en el tiempo. Las personas tienen distintas necesidades. Y lo que sí estamos trabajando, entonces, es a través de disminuir el número de trabajadores en la calle, el número de trabajadores que tengan que trasladarse a sus lugares de trabajo, (...) de tal forma de disminuir el número de trabajadores en situaciones de cuarentena”. (...) “Eso es lo que es realmente fiscalizable y controlable. No es controlable, fiscalizable y es difícil definir qué es lo que es un bien esencial. Hicimos ayer un levantamiento de política comparada en todas partes del mundo, y no hay ninguno que haya definido cuáles son los productos esenciales para despacho a domicilio”.
Lucas Palacios (UDI, militancia congelada), ministro de Economía, Mesa Central (T13 Radio), 24 de Junio 2020
“Vamos a enviar un proyecto de ley que establece en primer lugar, que las madres que estén en postnatal o que su periodo de postnatal se venza de aquí en adelante tengan acceso a la ley de protección del trabajo. Y en consecuencia, cuando se termine el periodo de postnatal, puedan acceder a los beneficios del seguro de cesantía. Y en este caso, el seguro de cesantía que les corresponde, más un adicional de un 5% y con un piso garantizado para todas las madres de 300 mil pesos mensuales”.
Sebastián Piñera (RN), presidente de Chile, 24 de Junio 2020
“Ayer visité el Hospital Luis Calvo Mackenna (...) y visitamos el laboratorio porque quisimos destacar que Chile ha hecho más de 1 millón de PCRs, es el país de latinoamérica que ha hecho más PCR por millón de habitantes, y además quiero destacar que la letalidad sigue baja”.
Enrique Paris, ministro de Salud, 25 de Junio 2020
“En una situación en que tenemos que ir en ayuda de la gente que lo necesita, voy a decirlo en forma brutal, le vamos a estar regalando plata a personas que no la necesitan”.
Andrés Allamand (RN), actual ministro de relaciones exteriores, respecto al retiro del 10% de los fondos cotizados (obligatoriamente) en AFP, Estado Nacional Prime (TVN), 28 de Junio 2020
“Si bien el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados puede traducirse en una ayuda a quienes lo necesitan, tiene la distorsión de que los principales favorecidos serán precisamente quienes menos necesitan de la ayuda, haciéndolo claramente regresivo. Lo anterior deja en evidencia que el proyecto de retiro de fondos, a diferencia de lo que se ha intentado hacer creer a la opinión pública, no busca ayudar a las personas necesitadas, si no destruir el sistema previsional sin importar el costo que eso signifique para las personas y para el país”.
Comunicado AFP Habitat “Sobre el proyecto de ley del retiro del 10% de los ahorros previsionales”, distribuido a través de correos electrónicos de sus afiliados, 8 de Julio 2020
“Pero lamentablemente, la idea del retiro de fondos no es algo aislado en el último tiempo. Han surgido otras iniciativas que también atentan contra la institucionalidad, pasando a llevar nuestra propia Constitución y las reglas del juego que como país nos hemos dado. Ello no solo no ayudará a la ciudadanía a salir de esta crisis, sino que además pone en riesgo la estabilidad democrática, social y económica del país”.
Carta “Aún es tiempo de rectificar el rumbo”, Firmada por presidentes de un amplio abanico de gremios empresariales, El Mercurio, 13 de Julio 2020
“Sería bueno entender además, y explicarle a la ciudadanía, cómo este proyecto, cómo esta moción, beneficia mayoritariamente más a quienes más tienen, eso que se llama una política regresiva, parece importante que quienes propician esta moción, sean capaces de aclarar este punto. Y es regresiva en dos dimensiones, la primera, es conocida, bien sabemos que quienes tienen mayores saldos en sus cuentas, y quienes van a poder hacer los mayores retiros, son también las personas de mayores ingresos, y que han tenido mayor estabilidad en su vida laboral, mayores empleos formales, etc. y esos son los trabajadores y trabajadoras que van a retirar los mayores montos en dinero, presidente. Eso es lo primero, pero lo segundo, y que parece realmente increíble, es que este proyecto contemple que esos retiros van a ser libres de impuesto presidente, libres de impuesto. Cuando hemos llevado años, debatiendo respecto a la progresividad del sistema tributario, parece increíble que sectores de la oposición, que han hecho de esto una bandera de lucha, propongan hoy día, una propuesta, una política que es de lo más regresivo que se haya conocido en los últimos años”.
Ignacio Briones (Evópoli), ex ministro de Hacienda y ex precandidato presidencial, comisión de Constitución del Senado, 17 de Julio 2020
“La afirmación yo creo que se inscribe en el tenor de las caricaturas, que proliferan y que son tan abundantes en estos tiempos. Esta tentación de tratar de abordar un problema complejo, a través de una etiqueta. A través de los buenos, los malos, los que protegen a los poderosos, los que son protectores de los indefensos, me parece que no corresponden a la altura del debate, y respecto al proyecto mismo, (...) tiene mucho de etiqueta, pero tiene muy poco de bajada. Suena bien pero (...) propone una solución simplista a un problema que es complejo, (...) el impuesto a los súper ricos es una excepción al concepto internacional. De hecho los pocos países que lo han tratado, la gran mayoría de ellos lo ha abandonado. ¿Por qué? Porque es difícil de fiscalizar, porque es caro de fiscalizar, porque recauda poco. Porque tiene una serie de definiciones que por lo pronto este proyecto no aborda ¿Va a gravar los activos o va a gravar el patrimonio? Porque es distinto, el patrimonio es el activo menos la deuda. Y bueno si va a ser el activo menos la deuda, como contabiliza el activo y como contabiliza la deuda. O sea es bien compleja esta discusión, afuera hay bastante evidencia que muestra que esta política pública no cumple con los objetivos que se plantean”.
Ignacio Briones (Evópoli), ex ministro de Hacienda y ex precandidato presidencial, Mesa Central (T13 Radio), 4 de Agosto 2020
Una pandemia muy conveniente
Como resultado de perversos incentivos, el manejo de la crisis epidemiológica, así como las decisiones tomadas en tal contexto, se han basado sólo en el punto de vista de los economistas neoliberales, configurando un diseño inevitablemente destinado no sólo al fracaso, sino también a ser causa de una catástrofe social, sanitaria y económica total, un desastre tal, como el que “paso a paso”, vemos hacerse realidad a diario en nuestro país.
Es por esta razón, entre muchas otras, que en el mundo, chile ha sido uno de los mejores ejemplos de cómo hacer las cosas de la peor manera posible, focalizando recursos en una crisis sanitaria, social y económica generalizada y sin precedentes, para obtener en retorno igualmente pésimos resultados.
Comprendemos por lo tanto que no existe la “voluntad política” para proteger ni la salud ni la vida de los chilenos, pero sí para hacerle el negocio y cuidarle el bolsillo a los compadres y familiares, miembros también, así como el presidente, de la profundamente endogámica comunidad oficialista.
En contraste, al comprobar la realidad nacional, resulta evidente que, aún en tiempos de normalidad, la inversión social del estado ha sido absolutamente deficitaria, toda vez que en chile ni siquiera las necesidades básicas están garantizadas.
Mientras las personas deben adquirir deudas incluso para comer, o tener una atención de salud de calidad, el impecable registro crediticio del estado se perpetúa en el tiempo, como consecuencia directa de la indolencia de los gobiernos de la república neoliberal binominal.
El actual ejecutivo, a la vez que se niega con tozudez a usar el espacio que tiene para endeudarse responsablemente a fin de financiar la crisis, no tiene problemas en permitir el progresivo empobrecimiento de las familias, gracias a la ayuda insuficiente del estado que conduce, las medidas en pro de las grandes empresas y la falta de regulación de precios de bienes y servicios, facultad que tiene en estado de emergencia, pero de la cual no ha hecho uso.
En consecuencia, financiar por medio de diversos instrumentos fiscales, un ingreso de emergencia digno y suficiente para aliviar a las familias del peso de la crisis, es una medida sensata y necesaria, que el oficialismo una y otra vez ha rechazado con ímpetu, de manera miserable, indolente, mezquina y criminal, precisamente porque su objetivo era que las personas se pudieran quedar en sus hogares, a fin de protegerse mejor de la pandemia.
No obstante, aquello no le resultaba conveniente a las grandes familias, controladoras de los grandes grupos económicos, las grandes fortunas y las grandes empresas, que bloquean los avances laborales, persiguen la sindicalización, y creen con fervoroso descaro que las personas son flojas y lo quieren todo gratis.
Nos preguntamos, si están tan convencidos de que nadie debiera tener nada sin “pasar por caja”, como lo vociferan a los cuatro vientos,
¿Por qué no devuelven sus exenciones tributarias?
¿Por qué no devuelven los derechos de agua,
las concesiones de explotación minera, de pesca y de recursos naturales, que el estado les entregó, a título perpetuo y gratuito?
¿Por qué no devuelven las empresas que el fisco, prácticamente les regaló, durante el saqueo de la propiedad estatal, ocurrido en dictadura?
Es la desvergonzada inconsecuencia de los mismos que se oponen a implementar las disposiciones para apoyar con suficiencia y universalidad a las personas, porque, según ellos, se convertirán en mantenidas del estado y ya no querrán trabajar.
No les importa la Vida Humana a aquellos “capitalistas”, que se oponen a los Derechos, y tienen la desfachatez de llenarse la boca hablando de deberes y patriotismo, aún cuando hacen hasta lo indecible para no pagar impuestos.
Sus grotescas utilidades, ya sea lícitas o no, están primero para el gobierno, que la salud de los pobres.
Como consecuencia, el oficialismo no tuvo pudor alguno en endeudarse para comprar armamento y material represivo, porque los patrones, los señores feudales, no quieren perder sus beneficios impositivos, ni las groseras ganancias que obtienen de saquear los territorios y comunidades.
Como si abandonar a las personas a su suerte no fuese ya demasiado, se han escatimado miserablemente los dineros que según se nos ha dicho desde hace un tiempo, el estado por medio de la regla fiscal, se supone reserva para momentos de crisis como el actual.
Si así ha sido, ¿Que ocurrió con aquellos dineros ahorrados por el fisco desde hace años, para enfrentar los tiempos difíciles?
¿Por qué no están presentes en el debate público, si se originaron principalmente en nuestros impuestos?
¿Estarán pensando en apoyar a alguna gran empresa con esos fondos, si es que aún existen? ¿En financiar a alguna trasnacional, como latam, por ejemplo?
¿O gastarlo en represión? ¿O en las vacaciones, casas, autos, matrimonios y bautizos de la oficialidad de las ramas del militariado?
¿O dilapidarlo en hotelería y centros de eventos, como espacio riesco?
¿O en apostarlo en algún casino, como los de enjoy?
¿O en comprar al por mayor la mercadería de sus cajas de “alimentos para chile”, y pagar sobreprecio a sus amigotes dueños de supermercados?
Como contraparte, las insuficientes y miserables ayudas oficiales, requerían de una compleja postulación y tramitación por la vía electrónica, a la cual muchas personas, en especial las de la tercera edad, no tenían acceso, tanto por motivos de conectividad como por deficiencias en la alfabetización digital.
Entre los términos que los postulantes a dicho “beneficio” debían aceptar, se incluían sendas amenazas jurídicas que auguraban penas infernales, a quienes intentaran “aprovecharse” del pobre gobierno.
La idea, aparentemente era que ni siquiera los potenciales beneficiarios, osaran solicitar y en consecuencia, recibir, la mísera ayuda que les correspondía.
Parecía, como si por esta vía, y la ampliamente denunciada de modificar los ingresos de muchos hogares, se buscaba negarle a las familias, aquello a lo que tenían Derecho.
Incluso a aquellas familias que pasaban hambre, cuyos miembros fueron despedidos, o se encontraban con su trabajo suspendido sin goce de sueldo, aberración permitida por la dirección del trabajo (dt).
Claramente, el objetivo de medidas tales no era incentivar las cuarentenas para disminuir los contagios, si no todo lo contrario.
Es la expresión del insultante descaro, de un oficialismo y una derecha suspicaces acerca de las intenciones de las personas, pero incapaces, entre otras tantas cosas, de notar que aquello que ven en la ciudadanía, es una proyección de la forma en que ellos mismos se comportan respecto a los recursos públicos.
Muy probablemente, quienes se pasen la vida cometiendo fraudes, verán defraudadores en todas partes, tal vez incluso como lo que podría considerarse una forma de encontrar ideas frescas, nuevas “oportunidades de negocio”, de “emprendimiento”.
En paralelo, la crisis económica creciente, que ya se venía incubando desde los tiempos de la gran pataleta de la élite económica empresarial, en contra de la reforma tributaria del gobierno de michelle bachelet, se fue agudizando a medida que se profundizaban las medidas que facilitaban los despidos y aumentaban los precios de bienes y servicios.
Las consecuencias, amplificadas por el llamado “desempleo estructural”, término que por cierto buscaba justificar la artificial escasez de puestos de trabajo y la consiguiente mantención de los salarios baratos, recayeron una vez más sobre los trabajadores, que han sufrido la progresiva precarización y encarecimiento de la vida, para que unos pocos se enriquezcan más allá de lo razonable.
Es la materialización de la estrategia neoliberal, que sustenta el poder en el abuso, concibe y trata a las personas como recursos, y hace extractivismo de sus vidas, de su salud, de su educación, de su infancia, de sus pensiones, y de sus muertes, al tiempo que margina como parias de la “nueva normalidad”, a quienes cultivan los sentidos común y crítico.
Como símil del modelo romano antiguo, busca distraer nuestra atención de lo importante, en base al espectáculo más burdo, no obstante ese circo no tiene cabida, cuando el pueblo no tiene un pan que comer.
A la denigrante situación de los trabajadores, se suma la también precaria situación de las pequeñas y medianas empresas (Pymes), mayores generadoras de empleo en el país, que culminó con la quiebra de más de 1000 de estas compañías hacia agosto de 2019.
La crisis se agudizó a un mes del Estallido Social, provocando la bancarrota de más Pymes, cuya salud financiera a esa fecha era realmente cuestionable. A pesar de la entrada en vigencia de la ley de pago a 30 días en mayo de ese mismo año, el periodo de adecuación permitió que las grandes empresas siguieran pagando a 60 días hasta inicios de 2020, lo que impidió a muchas pymes obtener el efectivo que las podía salvar de la desaparición total.
La razón nos lleva a pensar que una empresa no quiebra de un día para otro, no obstante fue lo que el gobierno nos dijo, responsabilizando al levantamiento popular de algo que venía ocurriendo desde antes, y excusándose de esta forma por su pésima conducción.
La posterior situación pandémica, por supuesto agravó la crisis de los micro, pequeños y medianos emprendimientos, en contraste con las millonarias utilidades de las grandes empresas, que recibieron suculentas contrataciones del estado, y se beneficiaron de las suspensiones de empleos y altos precios sin regulación estatal, mientras las pymes seguían a la espera de una medida pública que cada mes se hacía más urgente, pero que nunca llegaba.
La tardía respuesta del gobierno, fue el Fondo de Garantía para Pequeñas Empresas (FOGAPE), un nuevo crédito con aval del estado (CAE), que supuestamente, sería entregado por medio de la banca, a las Pequeñas y Medianas Empresas.
Dicho aporte incluía a las “pequeñas” empresas con ventas anuales de hasta 1 millón de U.F. (Unidades de Fomento), equivalentes a 30.108.400.000 de pesos chilenos (al 5 de octubre de 2021), que son identificadas como grandes empresas por el servicio de impuestos internos (SII).
Eso sin contar las falsas agrupaciones de microempresarios, que se beneficiaron ampliamente de dineros que no les correspondían, según lo denunciado por Gianina Figueroa, ex candidata a constituyente y dirigenta gremial de Unapyme.
Entonces, nos preguntamos, ¿Qué empresas lo recibieron finalmente?
Ciertamente las Pymes no, ya que para la banca la garantía del estado era insuficiente, y por tanto se condicionó la entrega de esta “ayuda” imprescindible, a la regularización de deudas con intereses abusivos.
Es decir, en base al uso de los recursos del estado, se crea un nuevo negocio redondo para los bancos, gracias a un nuevo CAE.
Una gestión tan miserable como la de hacienda, y su entonces titular ignacio briones, ex precandidato presidencial, no obstante, no es exclusiva de dicha cartera, si no que se repite en ámbitos como la salud, en que se privilegia a las grandes empresas y las actividades productivas, por sobre la seguridad, salud y vida de los trabajadores y sus familias, con un enfoque de “control pandémico” acorde al de una sociedad feudal o esclavista.
La utilización de la llamada estrategia de rebaño, que pareciera originarse en el mundo de la medicina veterinaria, como sugiere el concepto que la define, representa una muestra más de cómo el gobierno trata a los ciudadanos como ganado.
Un modo de enfrentar la pandemia que, no obstante el curioso respaldo que su delegado en chile entregó a la gestión del gobierno,
ha sido ética y científicamente cuestionado por la organización mundial de la salud, pues asume un gravísimo costo en pérdidas humanas.
Un costo que, según parece a la presente administración, le da lo mismo, toda vez que pese al cambio de ministro de salud, la citada estrategia siempre ha estado vigente, en contra incluso de lo que sugiere la evidencia internacional, que tanto le gusta citar al oficialismo.
Abundante evidencia, que demuestra que implementarla sin inmunizar a la mayoría de la población, es fuente de inusitada mortalidad, efecto que padecieron los gobiernos del mundo que en algún momento la aplicaron sin contar con dichas condiciones, y que posteriormente debieron abandonarla y pedir perdón a sus ciudadanos.
Más aún, la situación de colapso sanitario que desde hace meses se arrastra como consecuencia del mal manejo de la crisis, ha impedido que la exitosa campaña de vacunación, resultara suficiente en los momentos más álgidos de la pandemia para disminuir la mortalidad, lo que sumado a la fatiga y estrés del personal de salud, así como al ingreso de nuevas variantes más contagiosas del virus, auguran una catástrofe humanitaria mayor a la que ya enfrentamos, producto de la criminal gestión del gobierno actual.
Una gestión construida a medida del mediocre gran empresariado extractivista, la élite económica a la que sólo le importa el dinero, y a la que le da lo mismo si la gente muere a causa del contagio de covid 19, contagio que por cierto ha tenido una estrecha vinculación con la gran movilidad y aglomeraciones, relacionadas con los distintos sectores productivos, que siguieron funcionando fuesen esenciales o no.
Pudiéramos concluir que el gobierno, pese a contar con todas las advertencias habidas y por haber, no quiso escuchar simplemente porque no lo quería hacer, y en base al engaño, en base a simular una absoluta incompetencia, desidia, y negligencia, muy creíbles por cierto tomando en cuenta la deficiente conducción que padecemos, intentó disfrazar de incapacidad, lo que en realidad parece ser una acción alevosa y malvada.
La acción propia de un ministro como mañalich, para quien los decesos iniciales fueron ocasionados por “preexistencias”, un concepto muy propio de la jerga de la salud privada, y que pretendía esconder las cifras reales de contagio y muerte. No habría sido la única artimaña de dudosa ética y legalidad de la que se valió el exministro, a fin de lograr a toda costa que el gobierno “se viera bien”, y aparentara algo que nunca fue en realidad.
El mismo “modus operandi”, del mismo exministro y ex candidato a senador, que en su periodo anterior había “terminado” con las listas de espera hospitalarias, eliminando para ello el correspondiente registro.
A este respecto, cabe preguntarse, ¿Cuántas de las personas que formaban parte de esas listas, murieron sin ser atendidas, a causa de este otro fraude del llamado “Big Boss”?
Un proceder acorde al de un ministro como paris, que se negaba a entregar los correos del exministro, con el aparente fin de encubrirlo y ganar tiempo, pues siempre supo que su gestión desde un principio buscó continuar la de su predecesor, y por lo tanto, no sería extraño que pudiera ser el próximo acusado.
Qué decir de evitarle un nuevo flanco a un presidente criminal, cuya inexistente legitimidad está cada vez más en cuestionamiento.
Piñera, un peligro para la Sociedad
Al entender que el lenguaje no es neutral, y en consecuencia, tampoco imparcial, resulta evidente que las palabras insultantes de quienes nos gobiernan, son una muestra clara del desprecio que sienten por nosotros.
En esa situación de constante denostación, denigración, y por supuesto, de brutalidad comunicacional, el término “guerra”, utilizado reiterada y profusamente por el primer mandatario, es el que reviste la mayor gravedad.
Su significado es la verbalización de la atrocidad, pues implica la búsqueda de aniquilar a un enemigo, como resultado de un enfrentamiento armado.
¿Qué sucede cuando en realidad no existe tal confrontación, sino sólo la asimetría entre quienes tienen el monopolio legal del uso de la fuerza y las armas, y quienes no?
¿Qué concepto puede tener el militariado de la guerra, si tenemos en cuenta que denominan “pacificación de la araucanía”, al genocidio ocurrido en Wallmapu, y “batalla de Iquique”, a la masacre de la escuela Santa María?
¿Qué ocurre cuando el enemigo es interno, y se considera como tales a las organizaciones de la sociedad civil y al periodismo independiente?
Así parecen indicar las operaciones de “inteligencia” y la represión, llevadas a cabo por las fuerzas armadas y de orden, antes, durante y después del estallido social de 2019.
En un contexto tal, la fraseología del oficialismo, a la vez que busca deslegitimar las demandas sociales de fondo, para de esta forma tan burda ignorarlas, quiere además atribuir un carácter delictual a aquellos que se manifiestan en contra del sistema.
Es el rol que adquieren términos como “Los violentistas”, “Los delincuentes”, “Los marginales”, o “el lumpen”, que deshumanizan al supuesto adversario, para justificar y santificar su destrucción, pues en definitiva, tal como reza el dicho, “en el amor y la guerra todo se vale”.
Dada la criminal mentalidad de la tosca élite nacional, se configura un psicopático y siniestro escenario, en que la muerte por hambre y enfermedad, incluso el uso de la pandemia como arma, son alternativas que se suman a las que históricamente ha esgrimido este sector, al que nunca le ha dado asco matar, en pos de alcanzar sus fines perversos.
Parece ser el objetivo de la tiránica gestión actual, que a través de diversos métodos de violencia económica / sanitaria, busca escarmentar a quienes han osado rebelarse en el pasado. A la cabeza de este pésimo gobierno, tenemos a un pésimo presidente que busca castigar una afrenta, que hierve de furia por su incipiente “carrera y liderazgo internacional”, perdidos al mostrarse tan despótico como en efecto es.
Castigos ejemplares como los del personal de salud pública en su más amplio sentido, los de los trabajadores a honorarios, y los de los estudiantes, sin las condiciones mínimas para garantizar su aprendizaje en pandemia.
Como los de las Mujeres, que vieron rechazado el postnatal de emergencia y, los de los Presos políticos de la revuelta, que siguen encarcelados, mientras los violadores de DDHH caminan libres.
Como los de todos los trabajadores, incluso adultos mayores, que a riesgo de enfermarse, siguieron trabajando y desplazándose por las ciudades de forma masiva, para sustentar viles utilidades millonarias ajenas, atrapados en una trampa mortal, que los obligaba a decidir, entre muerte por enfermedad o por hambre.
Los mismos trabajadores, que según juan sutil, presidente de la confederación de la producción y el comercio (cpc), y ricardo ariztía, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (sna), entre otros grandes empresarios, no quieren volver a trabajar, porque de lo contrario perderían los “beneficios” que está entregando el estado.
La realidad, por el contrario, es que la socialización de las pérdidas y la privatización de las ganancias, ha sostenido la economía de unos pocos, pagando el costo en vidas humanas, vidas que no son las de ellos.
Los que pierden en esta “guerra”, ya sea ésta la que se libra en contra de la ciudadanía, o la que busca “vencer” al covid, son los mismos que siempre han perdido. Como decía Jean-Paul Sartre, “Cuando los ricos se embarcan en una guerra, son los pobres los que mueren”.
En dicho escenario dantesco, la falsa sensación de seguridad, promovida por la errática comunicación de riesgo de salud, en conjunto con el irresponsable triunfalismo oficial, constituye un efecto secundario de este gobierno nefasto, que reviste mayor gravedad que la de una simple negligencia.
No obstante, las consecuencias han sido atribuídas a las personas, al tiempo que se las culpa por el desastre sanitario que en realidad es el resultado de una pésima gestión, configurando así una grosera maniobra para desligar al oficialismo de la absoluta responsabilidad que le compete en este ámbito.
En definitiva, la culpa siempre es de las personas, tanto en el ámbito económico como en el sanitario.
Sobre todo cuando reclaman mejores condiciones de vida, y promueven el cambio de un modelo económico perverso que beneficia sólo a los más ricos, rebelándose en contra de los sucios intereses que abogan por la mantención de la estructura económica de poder. La señal es que si te atreves a protestar, aumentarán nuevamente los despidos, abaratando aún más el trabajo, precarizando más aún la vida de lo que ya está.
En este orden económico social, la crisis, tal como ocurre siempre en chile, la pagan los pobres con sus ahorros, tanto los que provienen del seguro de cesantía como de los fondos previsionales.
Mientras los Trabajadores se “salvaban sólos” con los retiros de fondos desde las administradoras de fondos de pensiones (AFP), llegando a aportar incluso siete veces más que el gobierno para enfrentar la crisis en 2020, según las estimaciones que la Fundación Sol realizó en noviembre, el ministro de hacienda estaba preocupado de quienes “no necesitaban el retiro” y de que el tramo inferior del 10% de mayores ingresos, aquellos que tienen ingresos desde 1.500.001, pagara impuestos por retirar su dinero.
Briones muy preocupado por la “regresividad” tributaria (es decir que los que más pagan impuestos son los que menos tienen) de los proyectos de retiro, nada dijo respecto a cómo los sustanciosos perdonazos a ponce lerou y al grupo penta, entre otros grandes empresarios, han significado un alto perjuicio para el estado.
Más aún, el ex ministro se opuso tajantemente a establecer impuestos a los altos patrimonios, lo que en conjunto con la feble normativa antielusión de grandes contribuyentes y la escasa capacidad de fiscalización del servicio de impuestos internos (SII), ha consolidado a los trabajadores y pymes, como los que más aportan al tesoro fiscal.
El servicio, que además depende de hacienda, ha demostrado un extremo celo cuando se trata de los pequeños contribuyentes, a la vez que mantiene una inconcebible delicadeza y flexibilidad, cuando se trata de los grandes.
En definitiva, en chile, los pobres pagan más impuestos que los ricos. Para briones sin embargo esto no era un problema, muy por el contrario, es parte de su convicción dogmática neoliberal, ya lo había manifestado al principio de su gestión, cuando propuso reducir la carga tributaria de sus amigotes millonarios. ¿Existirá alguna política pública más regresiva?
Tanto aproblemaba a hacienda, y por supuesto al gobierno, que hubieran personas que no pagaran impuestos por su Segundo retiro, que el oficialismo incluso presentó su propio proyecto, cerrando este “forado” tributario que “podía llevar al país al desastre”, según los agoreros de la confederación de la producción y el comercio (cpc).
De esta manera tan poco elegante, el gobierno, gracias al apoyo del tribunal constitucional (tc), la tercera cámara legislativa designada por cuoteo político, que declaró inconstitucional el proyecto parlamentario de reforma constitucional, logró impedir, a través de este cuestionable método, el ejercicio de una facultad del legislativo, poder del estado electo por sufragio.
Acusada había sido ya la derrota del ejecutivo en el congreso, tras la aprobación del primer retiro del 10% de los fondos de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), que exacerbó las posturas autoritarias del gobierno, y motivó que con el fin de poder “ordenar la casa”, se buscara integrar a las voces más “progresistas” de su sector, con aquellas más duras.
El indulto a presos de punta peuco, en plena pandemia, es claramente, un gesto hacia el pinochetismo, que a través de víctor pérez, pasó a integrar por un breve tiempo
las filas del gobierno, recuperando una figura que podía entenderse como un símil a la de chadwick.
La pinochetización del gobierno, derivó nuevamente en una epidemia incendiaria, que nos recordó lo ocurrido en el caso huracán, entre otros muchos de burda confección.
Una epidemia incendiaria muy similar a las ocurridas, luego del 18 de octubre, previas a la firma del acuerdo por la paz, para una Nueva Constitución y las que han fundamentado el actual estado de excepción en Wallmapu. La escasez de pruebas tras los incendios de aquellas fechas, y los que han seguido después, camiones, maquinaria forestal, trenes, y casas incluídas, hace surgir la pregunta de quiénes realmente son los que queman, y qué agenda es la que se beneficia de estos atentados.
Junto con ello, la violencia criminal ejercida en la Araucanía en contra de los pueblos ancestrales, en el contexto de la creciente militarización y acoso a las comunidades, nos hace dudar de los agentes del estado perpetradores de aquellos abusos.
Agentes de dudosa credibilidad, que además son los encargados de entregar las pruebas, que por defecto han culpado y condenado con la ley de seguridad interior del estado a los Mapuche, pero que no tocaron un solo pelo a los latifundistas con arsenales de guerra, ni a los camioneros que amenazaron la seguridad del abastecimiento del país, en plena pandemia, usando el terror para imponer la antidemocrática agenda represiva del gobierno, es decir, terroristas en toda regla.
En unas y otras ocasiones, principios como la igualdad ante la ley, fundamentales para la democracia en todos los países mínimamente civilizados, en chile brillan por su ausencia, toda vez que no se aplican.
Remedos de movimientos sociales, que agreden a quienes no están de acuerdo con sus posturas extremas, y que desestabilizan al país, para defender los privilegios de la élite, prueban luego de un corto tramo, ser diseños criminales artificiosos, cuyo fin es fundamentar la agenda totalitaria de un gobierno sin legitimidad.
Un ejecutivo que defiende los sucios intereses de forestales y latifundistas, que ven como una amenaza el proceso constituyente, toda vez que son beneficiarios de impresentables facilidades tributarias y, usurpadores de la tierra y las aguas de las primeras naciones.
Resulta evidente, que no serán partidarios de devolver aquello de lo que se apropiaron de forma ilegítima, y que nunca les perteneció, pero de lo cual son dueños gracias al ordenamiento socioeconómico vigente.
A estas alturas pensar que tanta violencia sistémica, se origina sólo en la torpeza e incompetencia irremediables del gobierno, parece una completa ingenuidad, habida cuenta de la mentalidad autoritaria que es parte de la esencia del conglomerado oficial.
Parece como si por medio de la victimización derivada de la pandemia, en conjunto con una serie de medidas represivas, que incluso pudieran considerarse constitutivas de terrorismo estatal, se buscara intervenir de forma “externa” el proceso político actualmente en desarrollo.
La historia nos ha demostrado que es la manera de actuar de quienes se han enriquecido, despojando para ello al conjunto social.
No obstante, a la luz del resultado aplastante del primer plebiscito constitucional, fuimos testigos de cómo muchos quisieron subirse tardíamente al carro de la victoria, para de esta forma capitalizar políticamente, lo que en realidad era una humillante derrota.
Un verdadero apocalipsis zombie, que se adelantó incluso al propio halloween, nos aterrorizó con hordas de muertos vivientes, que salieron de sus sarcófagos para postularse a constituyentes.
Qué mejor ejemplo de tan terrorífica horda, que pablo longueira, baluarte de la política vetusta y opaca que detestamos, un no muerto, que además de encontrarse actualmente procesado judicialmente por cohecho, tiene un vínculo paranormal con el más allá.
Un lazo que lo liga con el propio jaime guzmán, quien habla y aconseja a este médium del privilegio, que por medio de tal fenómeno sobrenatural, podría inclusive haber llevado la palabra de aquel profeta neoliberal, a la Convención.
No fue el único, sin embargo.
Es el caso también del primer mandatario, que con un descaro sin igual, pretendía no sólo apropiarse de un proceso al que siempre se ha opuesto de forma encarnizada, si no que además firmar la Nueva Constitución, como si la iniciativa de cambiarla hubiese sido suya, para posicionarse como un “defensor de la democracia”.
No obstante, su legado, que la derecha está tan preocupada de proteger, es uno muy distinto al que nos quieren imponer por “osmosis”, como si no fuésemos capaces de contemplar la cruda y totalitaria realidad.
Es precisamente a lo que apunta este gobierno, que por medio de contradicciones, mentiras y copamiento informativo, busca mantenernos confundidos, para que no seamos capaces de reaccionar, ni de pensar.
El “gobierno de los tiempos mejores”, que nos trata como si fuéramos estúpidos o incapaces, a los que debe decirles qué creer y qué no.
El gobierno de un presidente con prontuario, que pese a constituir un peligro para la sociedad, sigue libre cometiendo fechorías.
A un oficialismo como el presente, tan enamorado de los números, pero que tanto desprecia a la ciudadanía, es preciso definirlo en términos que incluso sus personeros podrían comprender, aunque la probabilidad de no les importe lo más mínimo sea muy alta.
En Chile, las caras sin nombre, de los esclavos que construyen la pirámide socioeconómica, cuya base son los pobres que viven y mueren en la miseria neoliberal, son las que pasan inadvertidas, son aquellas que resultan invisibles e irrelevantes para el poder.
Son las de los 460 heridos oculares, por armas antidisturbios, de los cuales, hasta febrero de 2020, 34 sufrieron la pérdida o estallido de uno de sus ojos, con la consiguiente disminución del sentido de la vista a la mitad.
Son las de Gustavo Gatica, quien perdió para siempre la vista, y Fabiola Campillai, quien además de este sentido, perdió olfato y gusto, debido al traumatismo que le provocó el impacto de una bomba lacrimógena, disparada por fuerzas especiales (ffee), de forma criminal, directo a su rostro, cuando esperaba locomoción para ir a su trabajo.
Sus vidas cambiadas por la marca indeleble del terrorismo estatal, son parte de una estadística del espanto, un infame récord, que no tiene precedentes a nivel mundial, ni siquiera en zonas de guerra o de ocupación militar.
Son las de las 257 personas que denunciaron violencia sexual, las de las 617 que lo hicieron por torturas y tratos crueles, y las de las 1272 que acusaron violencia excesiva policial, según lo recabado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en su informe de marzo de 2020.
Son las de los 34 muertos durante el estallido social, 8 de los cuales lo fueron comprobadamente por acción dolosa u omisión culposa de las fuerzas públicas.
Son las de las 48725 personas que perecieron por Covid 19, 37841 de las cuales son casos confirmados y 10884 probables, según el reporte N° 73 de defunciones del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS).
Es el verdadero legado del gobierno de sebastián piñera, uno que nunca debemos olvidar, y que ha de perdurar en nuestra memoria, imperdonable e imprescriptible, un crimen que no podemos volver a permitir.
El legado de un presidente que tiene las manos manchadas, que según las mismas cifras oficiales, es responsable de más muertes que la propia dictadura militar.