Ensayo 4: RD 16/2012 Vs. Tribunal Constitucional
El pasado mes de abril, el Consejo de Ministros aprobaba el Real Decreto-ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Su objetivo principal era llevar a cabo una reforma estructural del SNS dotándolo de solvencia, viabilidad y reforzando las medidas de cohesión para hacerlo sostenible en el tiempo.
Además de dejar sin atención sanitaria a inmigrantes no regularizados y a un gran número de españoles (dependiendo de su contribución a la Seguridad Social), también incorporaba como “novedad” la aportación en la prestación farmacéutica, es decir, el pago de los medicamentos en función de los ingresos y que hacía partícipe del pago a colectivos que antes no tenían que aportar nada (por ejemplo, los jubilados).
Desde el principio, este RDL ha contado con la oposición de todos los ciudadanos, que íbamos viendo como, poco a poco, se nos iban recortando nuestros derechos, en este caso el de una sanidad universal y gratuita (también hay que recordar los recortes en educación, la reforma laboral,…), a la vez que avanzamos hacia un modelo de Estado en el que solo pueden permitirse vivir las personas con más recursos, privando al resto de los ciudadanos de muchos de aquellos derechos que la Constitución del 78 nos garantizaba y relegándonos a una segunda “categoría”.
Incluso la ONU se ha pronunciado al respecto declarando que estas medidas perjudican claramente a los colectivos más vulnerables y marginados, y recordando al Estado su obligación de garantizar los derechos humanos a todas las personas, sin discriminación alguna, y en especial a las más vulnerables (Naciones Unidas, en comunicado de Médicos del Mundo). A su vez, la propia ONU ha recordado que esta decisión vulnera el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales suscrito por España.
Aunque ha sido una decisión criticada por la gran mayoría de los medios de comunicación, personal sanitario, pacientes, asociaciones, otros partidos políticos,… Nos podemos encontrar con medios como Intereconomía, páginas web como Clases Pasivas (perteneciente al Ministerio de Hacienda y AA.PP.) o partidos políticos como UPyD que defienden completamente (en el caso de los dos primeros) o en parte (como UPyD) los recortes que se están llevando a cabo en sanidad con argumentos como que así se evitará que los pacientes abusen de acudir a consulta médica, que quienes no aportan nada a la Seguridad Social saquen provecho de lo que pagan los demás o que no cortará con el malgastar en medicamentos.
¿Acaso estas personas no se han enfermado nunca estando parados, no han consumido medicamentos o no han salido fuera de España y han necesitado ser atendidos por un médico? Parece ser que no. Al menos a mí me resulta incomprensible que puedan haber personas que piensen que la sanidad solo se la merece aquel que pueda costeársela o que el gobierno haya determinado que se la ha “ganado”.
Afortunadamente, han sido varias las Comunidades Autónomas que han rechazado la reforma sanitaria, concretamente Asturias, el País Vasco, Cataluña y Andalucía; el resto, o bien ha optado por aplicarlo bajo ciertas condiciones, o por aplicarlo a rajatabla. En el siguiente mapa semáforo de la aplicación de la reforma sanitaria elaborado por Médicos del Mundo y que en su día nos colgó Jesús en su Tumblr (@bevanites), vemos cómo se aplicó el RDL durante los 3 primeros meses desde que entró en vigor.
Ante estos recortes sanitarios, el ejecutivo vasco promulgaba un decreto autonómico en junio de este mismo año que pretendía evitar aplicar la reforma sanitaria y se amparaba en que, en dicha comunidad, la suficiencia financiera permitía mantener la asistencia sanitaria a todo residente del País Vasco. El gobierno estatal, por su parte, llevó hasta el Tribunal Constitucional (TC) el decreto autonómico defendiendo que el Estado se encuentra por encima de las autonomías y que ninguna norma autonómica podía contradecir a una norma estatal y que, además, el decreto tenía efecto sobre una competencia que le pertenece al Estado y no a las CC.AA.
Esta misma semana el TC fallaba a favor del gobierno vasco (como yo misma publicaba aquí hace unos días) ya que considera que el no dar asistencia médica a un enfermo ya no solo es perjudicial para la propia persona, sino que además puede suponer un problema de salud pública porque, si las personas no reciben asistencia, terminarían contagiando a quien sí la recibe y se necesitaría invertir aún más dinero, es decir, es como un bucle que, negando una cosa, hace que se provoque otra y ésta trae consigo más problemas.
“Limitar el acceso a la sanidad para determinados colectivos puede afectar no solo a su salud, sino a la de toda la sociedad”.
Creo que esta decisión, por una parte del gobierno vasco, de rebelarse y sacar adelante un decreto que permita dar asistencia a quienes residan en el País Vasco, y por otro lado del TC, de defender la universalidad de la asistencia sanitaria por encima de los intereses económicos que mueven al Gobierno, debería servir de ejemplo al resto de CC.AA. y apostar por lo mismo, no privando a los ciudadanos de su derecho a la salud.
Lo que más vergonzoso me resulta es que nuestro gobierno dé prioridad a lo que ellos dicen que se ahorrará en sanidad por delante de la vida de las personas. ¿Qué precio ponen ellos a la protección de nuestra salud? Por lo visto, es demasiado alto y el país no puede permitírselo así que, si no queremos morir en casa porque necesitamos una ambulancia y no tenemos dinero para pagárnosla, o nos hace falta un medicamento bastante caro que no nos podemos permitir, más vale que vayamos cuidándonos porque, si es por el gobierno, no hay dinero para nuestra salud.
Por último, solo espero que el paso hacia delante que han dado en el País Vasco sirva de ejemplo para el resto de CC.AA. y opten por hacer lo mismo y no priven a sus ciudadanos de esa asistencia que es tan importante ya que, si tenemos un estado de salud nefasto que no nos permite vivir con una mínima calidad de vida posible, ¿qué más nos espera?
FOTO: puntsdevista.wordpress.com
Cuervas-Mons, R. (8 de agosto, 2012). Claves de la reforma sanitaria: ¿quién tiene derecho a cobertura? Intereconomía.
España. Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Boletín Oficial del Estado, 24 de abril de 2012, núm. 98, p. 31278.
España. Decreto 114/2012, de 26 de junio, sobre régimen de las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Boletín Oficial del País Vasco, 29 de junio de 2012, núm. 127, p. 2973.
Fabra, N. y Sahuquillo, M. (17 de diciembre, 2012). El Tribunal Constitucional avala la atención sanitaria a los sin papeles. El País.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 3 de enero de 1976.
Redacción. (14 de julio, 2012). El Gobierno lleva al TC los decretos autonómicos vasco y andaluz que pretendían eludir la reforma sanitaria. La voz de Barcelona.
Ruiz, G. (31 de agosto, 2012). Con la reforma sanitaria entra en vigor una nueva violación de derechos humanos. Médicos del Mundo.
