El PIP denuncia la venta de nueve edificios en el casco urbano de Río Piedras a inversionistas extranjeros
En una de las estructuras, el condominio La Torre, se le entregaron cartas a los residentes anunciándole un alza en la renta de $300 , denunció el excandidato a San Juan por el PIP Adrián González Costa
El excandidato a la alcaldía de San Juan por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) Adrián González Costa denunció hoy que, al menos, nueve propiedades en el área del casco urbano de Río Piedras fueron vendidas a inversionistas extranjeros, transacciones que, sostuvo, han comenzado a provocar el desplazamiento de estudiantes, trabajadores, inmigrantes y comerciantes del área.
“Cuando decimos que son acaparadores no es una exageración, no es una frase de relaciones públicas, es que acaparan”, señaló González Costa al sostener que situaciones similares están ocurriendo en otras áreas de la isla fuera de zonas turísticas.
Una investigación de abogados del PIP, explicó González Costa, reflejó que en el tramo comprendido entre la plaza de La Convalecencia y la avenida Gándara hay nueve propiedades ocupadas por beneficiarios de la antigua Ley 22-2012, decreto hoy recogido por el Código de Incentivos de Puerto Rico, Ley 60 de 2019.
Una de esas propiedades es el condominio La Torre, donde los vecinos recibieron hace unos meses un aviso del nuevo propietario del edificio anunciándoles un alza -en promedio- de $300 en la renta mensual, indicó Elliott Lassi Lugo, uno de los residentes del complejo.
“Lo que está pasando aquí es que barrios enteros se van, ciudades enteras, la cultura y la vida. Esto no es gentrificación, esto no es desplazamiento, esto es otra forma de violencia”, expuso Lassi Lugo.
Con el alza anunciada por el propietario del edificio las rentas podrían alcanzar los $1,000 mensuales.
El condominio La Torre tiene 20 unidades de vivienda, ocupadas mayormente por estudiantes.
“Aquí están empezando con subir la renta, pero nos indican los residentes que la librería que está abajo la intención es removerlos. Eso es desplazamiento físico y directo. No es un edificio abandonado, vacío, grafiteado”, señaló el líder independentista.
De las nueve propiedades identificadas, ocho aparecen registradas a nombre de la corporación PR FLIPS, LLC, presidida por Kira Golden. Mientras, el condominio La Torre, ubicada en la esquina de la avenida Gándara, fue adquirido por Thomas Axon, en representación de Fortaleza Equity Partners, dijo González Costa.
“Ese es la alerta que estamos levantando hoy, de cómo llegan con su dinero, con una ley del gobierno que los faculta para, con una carta, empujar familias puertorriqueñas a abandonar sus residencias y tirarlos a la suerte porque ya el resto del mercado está siendo afectado por su presencia en la isla”, afirmó.
Por su parte, la licenciada Adriana Gutiérrez Colón, secretaria de la Mujer del PIP, describió como “ofensivo” que se sigan aumentando las rentas en el área cuando existe una urgencia de espacios accesibles y asequibles en la zona ante el cierre de dos de los tres principales centros de hospedaje del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
“El cierre de la Torre Norte y Resi-Campus ha limitado la capacidad de sobre 700 estudiantes de tener una vivienda accesible”, expuso. “Deberíamos estar promoviendo un casco que sea para la comunidad, sobre todo para la comunidad estudiantil en un momento como este de precariedad, no solo por la falta de vivienda sino porque a esto se le añade el alza en la matrícula, el cierre de cursos, la falta de salarios dignos…”, expuso.
El llamado al Municipio de San Juan fue a no permitir que estas “concesiones” y “beneficios” tengan como consecuencia el desplazamiento de los grupos más vulnerables. Igualmente, se debe buscar la implementación “adecuada” de la “Ley Especial para la Rehabilitación de Río Piedras” (Ley 75-1995), estatuto que le impone al Municipio la obligación de promocionar los incentivos económicos existentes para comerciantes interesados en establecerse en el casco urbano de Río Piedras.
“Al 2020 solamente una persona se beneficiaba de ese decreto (Ley 75-1995)”, dijo González Costa.
González Costa agregó que la Asamblea Legislativa tiene que enmendar la Ley 60 en buscar de regular la otorgación de decretos. “Qué bueno es legislar y permitir que venga gente que ya es rica en su país a multiplicar sus riquezas a costa de la pobreza que crece más en Puerto Rico”, argumentó. “Lo que hace falta es voluntad para hacerla cumplir y hacernos justicia a los que sudamos este país, a los que rendimos contribuciones en este país”, afirmó.
