Graco Ramírez “ridiculiza” y “minimiza” los feminicidios
En Morelos a pesar de que existe una solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) desde 2013, a partir de ese año a la fecha los feminicidios se dispararon por las omisiones del Gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, acusaron activistas que forman parte de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de la entidad.
Durante los últimos 20 meses, periodo en el que se analiza legalmente una alerta de género para la entidad, ocurrieron 103 feminicidios en Morelos, la mayoría en Cuernavaca, lo que significa un repunte significativo en las cifras que las organizaciones civiles han documentado desde el año 2000.
“Vemos que esto se da porque hay violencia institucional. Ese es el primer problema, que son omisos quienes integran las averiguaciones, quien se encarga de procurar justicia. El mismo Gobernador ha minimizado, ha ridiculizado el término de feminicidio. Ha dicho que somos muy exageradas, que se tendría que hablar también de ‘hombricidios’. Hay una ignorancia. El señor Graco Ramírez está en ese cargo y sus declaraciones tienen implícita una violencia institucional”, acusó Paloma Estrada Muñoz, defensora de derechos humanos y miembro de la Comisión Independiente.
Los activistas morelenses documentaron 530 feminicidios desde el año 2000 hasta 2013, para solicitar la alerta de género para Morelos. Luego de la solicitud sucedioeron los 103 feminicidios nuevos, parar sumar un total de 633 del 2000 a febrero de 2015.
De acuerdo con el “Informe Sombra”, elaborado por la Comisión Independiente del 2000 al 2005, se reportaron 122 feminicidios en la entidad. En 2006 fueron 37 y para 2011 la cifra se disparó a 70 en un año y en 2012 a 92.
Estas cifras llevaron a la Comisión Independiente a buscar por todos los medios una alerta de género. Sin embargo, y a pesar de que el proceso inició en 2013, a la fecha está detenida.
En noviembre de 2013, la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió un nuevo reglamento a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia, que incluyó nuevas disposiciones para decretar la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG).
En marzo de este año Alejandra Negrete Morayta, Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, dijo que el reglamento estaba listo para ponerse a prueba, siempre y cuando alguna organización solicitara una nueva declaratoria.
La funcionaria aseguró que el reglamento hacía menos burocrático el trayecto que tienen que “caminar” las organizaciones que soliciten una alerta por violencia en contra de las mujeres.
“Este nuevo procedimiento implica menos burocracia y a partir de que se haga una nueva solicitud de alerta de género, porque hasta ahorita no ha habido una nueva solicitud, a partir del nuevo reglamento se va a realizar un informe de la situación del estado, por Inmujeres [Instituto Nacional de las Mujeres] y gobernación, a partir de ello se hacen recomendaciones que el estado debe cumplir, sino las cumple, se emitirá la alerta de género, es un proceso más útil, eficiente y transparente para que esta figura funcione”, planteó.
Pero la solicitud estaba hecha. En Guanajuato y Morelos la sociedad civil urgía una alerta de género desde finales de 2013.
Ayer, a través de un comunicado de prensa, el gobierno de Morelos rechazó que exista impunidad en la investigación y persecución de los delitos en contra de las mujeres, “ya que de los casos observados de 2000 a 2013, 63 por ciento han sido esclarecidos, de los cuales se han obtenido 101 sentencias condenatorias”.
Tras las las versiones de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), sobre 103 feminicidios en los últimos 20 meses, además de falta de alerta de género, el gobierno de Graco Ramírez precisó que en el mismo mes de marzo “se presentó el Informe sobre el Cumplimiento de las Propuestas y Conclusiones contenidas en el Informe de Alerta de Violencia Género para las Mujeres del Estado de Morelos, del cual tiene copia la Secretaría de Gobernación y Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres”.
En ese comunicado, el gobierno de Morelos planteó que se “ha fortalecido las tres fiscalías especializadas en investigación de los delitos de homicidio de mujeres y feminicidio, mismas que cuentan con 10 agentes del ministerio público, tres auxiliares y 23 agentes de la policía de investigación criminal”.
Para el caso de Morelos se creó un Grupo de Trabajo, integrado por diversos organismos gubernamentales, que emitió 15 recomendaciones al gobierno de Graco Ramírez, en donde concluye que existen omisiones graves y recomienda al Estado revisar la violencia institucional.
Luego de seis meses de la emisión de las recomendaciones el gobierno entregó en marzo un informe al Grupo de Trabajo, pero se desconoce la información que contiene.
“Graco y sus funcionarios no han hecho nada para activar el mecanismo de alerta de violencia de género”, dijo Fernando Ríos, secretario de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos.
De acuerdo con los activistas, las autoridades de Morelos demeritan los homicidios de mujeres, al compararlos con los de los hombres y no cumplen con las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo.
“Los desvalorizan con actitudes misóginas, acusan a las víctimas y no trabajan con profesionalismo en su esclarecimiento. No se reconoce la responsabilidad del gobierno en los sucesos y su erradicación no es un eje prioritario de la política de desarrollo social”, dijo Lilia Flores Macedo, integrante del Pacto de la Soberanía Alimentaria, una de las organizaciones participantes en la Red Nacional.
El “Informe Sombra” indica que en Morelos se asesinan a mujeres desde los días de nacidas, hasta los 93 años, en 31 de los 33 municipios de la entidad.
En ninguno de los casos de feminicidios reconocidos por el gobierno, se ha reparado el daño. Tampoco hay un Banco Estatal de Datos de Información sobre Casos de Violencia Feminicida, ni se garantiza la investigación de los casos.
“La alerta de género se debe aplicar en el estado, aunque el gobierno minimice lo que está sucediendo”, dijo Juliana Quintanilla, miembro de la Comisión Independiente.
Paloma Estrada indicó que si el gobierno de Morelos continúa sin emitir una alerta de género, la sociedad civil estará agotando el último recurso jurídico para exigir protección para las mujeres en México e irá a instancias internacionales.
“Si no se nos permite vivir una vida libre de violencia, el siguiente nivel es ir a las cortes internacionales y que sean ellos quienes señalen al estado de Morelos, como ya lo han hecho en otros casos”, dijo.
AMAS DE CASA Y ESTUDIANTES LAS MÁS AGREDIDAS
De acuerdo con el “Informe Sombra” que elaboró la Comisión Independiente, las mujeres que ocupan el primer lugar en ser asesinadas en Morelos son las amas de casa, con una tasa de 29.28 por ciento, seguidas de las estudiantes, con 13.42 por ciento.
Sus asesinos son: los esposos, según el informe de julio del 2013 a febrero del 2015, en un 32.03 por ciento son sus parejas o ex parejas sentimentales, familiares o conocidos.
Los feminicidios en Morelos se caracterizan por ser cometidos con extrema violencia: las mujeres son estranguladas, decapitadas, apuñaladas, mutiladas y violadas.
Los cuerpos en algunos casos, fueron “maltratados aún después de haber sido asesinadas lo que denota crueldad, odio, saña y desprecio en contra de las víctimas”, dice el documento.
Según el informe en 63.5 de los casos reportados por el Estado como feminicidios, no se ha identificado al agresor.
“En este sentido, el grupo de trabajo insta a las autoridades encargadas de la procuración de justicia a que fortalezcan las líneas de investigación en estos casos, en especial, y debido a los resultados obtenidos en la mayoría de los casos, aquella relacionada con la pareja sentimental de la víctima”, se lee.
El grupo de trabajo nombrado para estudiar el caso de la alerta de género, de acuerdo con el informe de la Comisión Independiente, advierte también que del total de los casos estudiados, en Morelos; 95 casos están consignados o judicializados, 67 concluidos, 106 en reserva o archivados y sólo 72 en investigación.
Es decir sólo 24.54 por ciento de los casos fue resuelto en un periodo de 14 años; mientras que 38.32 por ciento están archivados.
“En Morelos existe evidencia suficiente de un incremento en los años recientes, de la violación de los derechos humanos de las mujeres, en el ámbito público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que han llevado a un contexto de impunidad social y del estado y que, en un significativo número de casos, ha culminado en feminicidios”, concluye en uno de los puntos el grupo de trabajo.
Fuente http://mioaxaca.com/?p=18234
