Érase una vez una empresa que llegó a vender millones de dosis de un tranquilizante que no contenía barbitúricos y se recomendaba y se utilizaba para aliviar los dolores y los vómitos del embarazo. ¡Qué gran hallazgo que se anunciaba como solución limpia, segura, barata y de una eficacia hasta entonces desconocida! Se presentaba en varios formatos: líquido, pastillas, grajeas, cápsulas y otras muchas modalidades. Los distintos contenidos se vendían bajo diferentes nombres y marcas.
Fueron dos médicos, uno alemán y otro español, los que demostraron que estos medicamentos contenían todos un mismo producto que producía anomalías connatales, las cuales denominaron “embriopatía talidomídica”. Publicaron sus primeros resultados en una revista médica. Los datos de esta primera comunicación, los consideraron tan demostrativos, que mucho antes de su publicación, avisaron a la empresa farmacéutica de su hallazgo.
La reacción llegó a través de abogados que utilizaron todas las artimañas posibles. Llegaron a un acuerdo con el gobierno de su Land alemán para crear una asociación que seleccionase aquellas personas que la empresa farmacéutica consideraba afectados. Exigían demostración fehaciente “según su criterio” de haber ingerido la madre, de los que solicitaban certificaciones, la medicación sospechosa. Con el tiempo, era cada vez más difícil conseguir datos como los que se exigían. Recetas, restos de la medicación o de sus envases, declaraciones basadas en datos de las compañías de seguros, y la demostración de que no se trataba de una falsificación, que en España se produjo en cantidad muy reducida. En cambio llegaban ingentes cantidades del producto de la industria alemana.
La fabricación clandestina se realizaba por empresas licenciadas, con los debidos permisos, otorgados por las entidades gubernamentales correspondientes. Por cierto, que hasta hoy esas autoridades se niegan a proporcionar los datos precisos, para poder determinar qué producto había merecido el permiso correspondiente. Para que una madre pueda determinar, a veces años después, de qué industria era la dosis que había tomado, harían falta esos datos.
La venta era libre, incluso en Alemania, de donde venían los productos en cuestión. Se dispensaron los productos talidomídicos durante mucho tiempo sin recetas, ni registros. Testigos de la toma son raros, por tomar las madres en muchos casos cualquier medicación a escondidas. Tampoco ayuda para la verificación de los hechos que los posibles testigos no recuerden detalles. Suele haber transcurrido mucho tiempo, y en muchas ocasiones las madres ya no viven.
Las exigencias de la Asociación Empresa-Gobierno no pueden cumplirse. Los informes, a veces parecen hechos por empleados sin conocimientos básicos médicos.
Un ejemplo, sin seguir un informe específico: “…aunque estamos de acuerdo en que los datos aportados permiten aceptar el hecho de la Talidomida como causante de las anomalías connatales, no podemos aceptarlo para que reciba la ayuda económica que podríamos considerar, si tuviésemos la garantía documentada de que la medicación causante fuese con seguridad de fabricación nuestra…”
Así van “echando balones fuera” en la mayoría de las contestaciones a las solicitudes denegadas. Se comprende, y de ahí la comparación con Atapuerca, porque tendremos que utilizar – y eso es lo que proponemos – datos obtenidos de muy diferentes fuentes y a través de muy variadas técnicas. Las deducciones históricas son impresionantes aunque los hallazgos arqueológicos pongan a veces muy difícil lo que aceptamos como verdades históricas.
HAY SUFICIENTES ELEMENTOS PARA CUMPLIR CON EL MÍNIMO DE ÉTICA DE QUIEN ES CULPABLE DE MILES DE MUERTOS Y TANTOS QUE ARRASTRAN SU VIDA A TRAVÉS DE SUFRIMIENTO, RECHAZO SOCIAL Y DESPRECIO POR PARTE DE LOS RESPONSABLES.
10 noviembre 2016
