Patagonia… ¿sin represas?
De tanto en tanto, aparece un documento que más que un papel, parece una bomba. Que se firma, se mete en un sobre, se envía al destinatario, se publica y entonces explota. La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) recibe todos los días comunicados de las empresas que operan en el mercado de valores indicando cambios de directorio, aumentos de capital, giros en sus líneas de negocio o cualquier otra cosa que a juicio de la compañía, sea importante de informar. Esos son los “hechos esenciales”: cualquier información que sea relevante para que los accionistas tomen decisiones informadas antes de invertir. La información que le envían a la SVS suele ser de importancia, pero rara vez es explosiva. Muy pocas veces puede poner en jaque la continuidad de una inversión tan millonaria y polémica como la que Hidroaysén tiene en curso para instalar y operar cinco centrales hidroeléctricas en la Patagonia. Pero el documento que la SVS recibió ayer, lo hizo.
Bernardo Larraín Matte firmó la carta en su calidad de presidente del directorio de Colbún. Y en ella decía que la empresa del Grupo Matte, que posee el 49% de las acciones de Hidroaysén S.A., “estima que no están dadas las condiciones para desarrollar proyectos energéticos de esta magnitud y complejidad”. Que recomienda suspender de forma indefinida el ingreso del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de transmisión de energía, ese que ya se había atrasado y que supuestamente estaría listo a fines de 2012.
Después de seis años batallando para sacar adelante una inversión de aproximadamente US$ 4.000 millones, Colbún decidía pararla. Porque aunque la construcción de las centrales ya está aprobada desde el año pasado (vea el especial sobre su aprobación en Cooperativa.cl) y ratificadas desde abril de 2012 por la Corte Suprema, sin un sistema de transmisión que les permita integrar al Sistema Interconectado Central (SIC) los 18.430 GWh de energía media que Hidroaysén produciría al año, el proyecto completo carece de sentido.
En la decisión nada tienen que ver los miles de chilenos que se plegaron a un movimiento social que, apenas supo de la existencia del proyecto, le hizo la guerra con marchas masivas en todo el país y acciones legales que intentaron –sin éxito– detener la inundación de 5.910 hectáreas de terreno virgen en la Patagonia. En ninguna parte de la carta se habla del rechazo ciudadano que hace un año, según una encuesta de IPSOS, era de un 61%. Nada de eso. Las razones esgrimidas en el texto que Colbún envió a la SVS se refieren directamente al gobierno y a los parlamentarios por su incapacidad de consensuar lineamientos que aseguren la viabilidad de proyectos como el de Hidroaysén. En otras palabras, por la ausencia de una política energética clara en Chile.
La Asociación Gremial de Empresas Eléctricas respaldó la crítica, diciendo que los problemas para el desarrollo de la transmisión de energía no sólo tienen detenidos proyectos de cualquier envergadura, sino que además “implican un aumento en los costos de generación y un aumento en los costos que están viviendo los chilenos”. Ya antes lo había dicho el millonario brasileño Eike Batista, quien se está enfrentando a los mismos escollos que Hidroaysén con su gigantesco proyecto termoeléctrico Castilla. En esa ocasión, declaró: “A nosotros nos gusta invertir en países que tienen reglas claras”.
El gobierno, en cambio, respondió desestimando la opinión de la empresa de los Matte. Ayer, el ministro de Energía, Jorge Bunster, defendió la estrategia que ha seguido el gobierno en materia energética. Y esta mañana, el titular de Hacienda, Felipe Larraín, dijo en una entrevista: “Tenemos un comité asesor que elaboró una estrategia 2012-2030, y queremos solucionar el problema de la energía, no para este Gobierno, sino que para Chile”.
Fuera de las declaraciones cruzadas, lo cierto es que con la decisión de Colbún, el gobierno quedó entre la espada y la pared. Particularmente –como lo menciona el periodista Nibaldo Mosciatti en su columna para CNN Chile–, porque en una de sus promesas de campaña el Presidente Piñera aseguró que se haría cargo de los problemas energéticos: que diversificaría la matriz y allanaría el camino para los inversionistas. Y precisamente lo que ha ocurrido con ese último punto es lo que llevó al socio minoritario de Hidroaysén (el mayoritario es Endesa, con el 51% de las acciones) a pedir que se congele el proyecto.
En una nota publicada esta mañana en El Mostrador, se cita una entrevista que el gerente de estudios de Celfin, César Pérez, dio a Bloomberg. En ella, Pérez afirmaba que la crítica de Colbún apunta a la incertidumbre que genera esa falta de política para el clima de inversión en el país. “Lo que busca Colbún es una garantía de que el Estado va a proteger su inversión”, dijo Pérez. Una preocupación que para Hidroaysén resulta imperiosa, especialmente ahora que, debido al incremento de sus costos (pasó de US$ 4 mil millones a cerca de US$ 10 mil millones), está negociando el ingreso de nuevos socios al proyecto.
En todo caso, no se ha dicho la última palabra. La carta de Colbún es una recomendación que el directorio de Hidroaysén S.A. aún debe evaluar. Minutos después de que el documentos de Colbún se viralizara en las redes sociales, Hidroaysén emitió un comunicado explicando que su directorio tomó conocimiento de la recomendación de la empresa del Grupo Matte, pero que “no ha adoptado acuerdo en esta materia, acordando analizarlo en sesiones futuras”. Y al final de la declaración, la empresa concluye: “El proyecto de las centrales, que cuenta con aprobación ambiental, continúa con su plan de trabajo”.
