Centros de detención de inmigrantes en EEUU
La detención de inmigrantes se encuentra en el centro de los más intensos debates públicos en los Estados Unidos y distintas partes del mundo, que incluyen el tratamiento de niños y familias indocumentados, el crecimiento de la industria privada de prisiones, el uso de cárceles con fines de inmigración y la creciente afinidad entre la ley de inmigración y todo el sistema de justicia penal norteamericana. El país también ha sido criticado por sus esfuerzos para presionar a otros países para detener a los migrantes y solicitantes de asilo para que no alcancen las fronteras de Estados Unidos, tal es el caso de México.
Desde que el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Antiterrorismo y Pena de Muerte Efectiva, la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad migratoria en 1996, el uso de la detención se ha convertido en la principal estrategia de cumplimiento para el control de la migración. Esto se hizo evidente por el drástico aumento de personas detenidas, en 2008 se registraron 230,000 detenidos, lo que fue tres veces más que la cantidad de personas detenidas en 1999. Este aumento abrumador ha sido acompañado por un aumento en las violaciones del derecho internacional cometidas por el gobierno de los Estados Unidos contra los detenidos. Dichas violaciones enumeradas incluyen el manejo de quejas, la atención médica que se brinda o la falta de ellas y el trato inhumano y degradante que se muestra a los detenidos.
La gran mayoría de estas políticas de detención han funcionado para hacer caso omiso de la unidad familiar, violar los derechos de los refugiados y solicitantes de asilo, e ignorar las leyes nacionales e internacionales de debido proceso.
Para lograr estos objetivos el gobierno de Los Estados Unidos administra el sistema de detención de inmigrantes más grande del mundo. En un día cualquiera, el país tiene unas 30,000 personas en detención administrativa por inmigración a un costo estimado de casi $ 150 por día. En 2016, el presupuesto combinado de los organismos de aplicación fue de $ 19 mil millones. El extenso territorio de detención del país cuenta con alrededor de 200 instalaciones, incluidas las privadas que son la mayoría , las cárceles locales, los centros de detención juvenil, las oficinas de campo y los eufemísticamente denominados “centros residenciales familiares”. El país también ha apoyado la detención de migrantes y solicitantes de asilo en zonas vecinas
Existen diversos grupos de defensa norteamericanos e internacionales, incluyendo la Red de Vigilancia de Detenciones , la Comisión de Mujeres Refugiadas y la Coalición Internacional de Detención, que han sostenido durante mucho tiempo que los Estados Unidos podrían lograr resultados similares de ejecución a costos mucho más bajos si disminuyen las operaciones de detención y aumentan “alternativas a detención ”.
Un estudio realizado en 2013 por el Foro Nacional de Inmigración sostuvo que“ existen alternativas a la detención menos desperdiciadas e igualmente efectivas. Las estimaciones del Departamento de Seguridad Nacional muestran que los costos de estas alternativas pueden variar de 70 centavos a $ 17 por persona por día. “Si los individuos condenados por delitos graves fueran detenidos y se usaran métodos alternativos menos costosos para monitorear al resto de la población actualmente detenida, los contribuyentes podrían ahorrar más de $ 1,440 millones por año, casi una reducción del 80 por ciento en los costos anuales”
Haciendo historia, la primera oficina para el control federal de la inmigración en los Estados Unidos se estableció en 1864. Sin embargo, no fue hasta la Ley de Inmigración de 1882, que dispuso que la regulación de la inmigración era responsabilidad del gobierno federal, que las operaciones en la oficina comenzaron en serio. La aprobación de la Ley de Inmigración y otras medidas restrictivas en ese momento, como la Ley de Exclusión de China, ayudaron a abrir el primer centro de detención de inmigración de EE. UU., en Ellis Island, en el puerto de Nueva York, en 1892. Se abrió una instalación hermana en la isla Ángel en la bahía de San Francisco en 1910.
No obstante los aumentos significativos en la migración del Caribe y los flujos de refugiados a partir de la década de 1970 ayudaron a estimular un enfoque renovado en la detención. El moderno sistema de detención de inmigrantes de EE. UU. empezó a tomar forma a principios de la década de 1980, cuando el INS de la era Reagan comenzó a detener sistemáticamente a inmigrantes indocumentados de ciertos países y abrió varios nuevos centros de detención en Puerto Rico y el continente de EE. UU. Para enfrentar el aumento resultante, en detenidos. Según informes de la época, “antes de la década de 1980, el INS aplicó una política de detención solo a aquellos individuos que probablemente fugarían o que representaban un riesgo de seguridad”.
En un caso clave de la Corte Suprema de los EE. UU , Jean v. Nelson (1985), la corte anuló una política de detención obligatoria implementada en 1981 que atacaba estrictamente a ciudadanos haitianos. Un académico de leyes de inmigración de EE. UU. Sostuvo : “En gran medida, una vez que surgió la decisión de Jean v. Nelson y el gobierno de Reagan no tenía la autoridad de detener solo a los haitianos, el sistema de detención actual nació, es decir, detuvo todas las nacionalidades”.
Un año después de este fallo judicial, en 1986, el gobierno aprobó la Ley de Control y Reforma de Inmigración (IRCA), que combinó la legalización de ciertos inmigrantes indocumentados con medidas internas de aplicación y control. La IRCA marcó un momento significativo en el enfoque de la inmigración en los EE. UU. Al consolidar el cumplimiento de las restricciones a la inmigración como piedra angular de la política de EE. UU. Según una evaluación oficial del año 2005, “El gasto general en actividades de aplicación de la ley se ha disparado desde los niveles previos a IRCA, con asignaciones que aumentaron de $ 1 mil millones a $ 4,9 mil millones entre el año fiscal 1985 y 2002 y los niveles de personal aumentaron considerablemente. Los recursos se han concentrado en gran medida en la aplicación de la frontera, particularmente la Patrulla Fronteriza. El gasto en actividades de detención y expulsión / inteligencia se multiplicó más rápidamente durante este período, con un aumento de las asignaciones de más del 750 por ciento “.
Avanzando con la adopción de la Ley de Reforma de Inmigrantes Ilegales y Responsabilidad de los Inmigrantes de 1996 (IIRIRA), el número de no ciudadanos que podrían ser colocados en detención migratoria obligatoria aumentó significativamente. Posteriormente, el INS incrementó el espacio disponible en la cama para los detenidos. Para 2014, el DHS recibió el mandato de garantizar que hubiera 34,000 camas disponibles diariamente para fines de detención de inmigrantes.
Actualmente la ley de los Estados Unidos que rige la detención de inmigrantes se encuentra en varias leyes, que se consolidan en la Sección 8° del Código de los Estados Unidos. Además, hay una gran cantidad de memorandos, documentos de orientación y declaraciones de políticas emitidas por ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que se relacionan con la detención de inmigrantes.
Actualmente bajo la política de “tolerancia cero” de la Administración Trump, miles de personas han sido detenidas en los últimos meses y están recluidas en celdas y jaulas de detención mientras esperan la deportación, el enjuiciamiento o una audiencia de asilo. Muchos cientos de niños han sido separados de sus padres. El 20 de junio pasado , ante la indignación bipartidista generalizada, el presidente Trump emitió una orden ejecutiva que revirtió la práctica de separar a los niños de sus familias. Pero los miembros de la familia que ya están separados siguen siendo así por el momento.
Más de 2.053 niños estaban recluidos en las instalaciones financiadas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. (HHS). Otros 522 niños se habían reunido con sus padres. Alrededor del 17 por ciento fueron separados de sus padres en la frontera; El 83 por ciento llegó a los EE. UU. Sin un padre o tutor, según una declaración del 23 de junio de Salud y Servicios Humanos.
La estructura interna y organización migratoria tiene cuatro divisiones dentro de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas): Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO), la Oficina de Investigaciones (OI), la Oficina de Inteligencia (Intel) y la Oficina de Asuntos Internacionales (OIA), que trabajan para investigar la inmigración ilegal. Las leyes de inmigración, y detener y deportar a los infractores de estas leyes. ERO es la división que trata directamente con la detención de inmigrantes. ERO, bajo ICE, opera ocho centros de detención, denominados “Centros de Procesamiento de Servicios” en Aguadilla, Puerto Rico ; Batavia, Nueva York ; El Centro, California ; El Paso, Texas ; Florence, Arizona ; Miami, Florida ; Los Fresnos, Texas ; y san pedro, california. ICE también tiene contratos con siete compañías privadas que administran instalaciones en Aurora, Colorado ; Houston, Texas ; Laredo, Texas ; Tacoma, Washington ; Elizabeth, Nueva Jersey ; Queens, Nueva York ; y San Diego, California . Otras instalaciones que albergan a inmigrantes detenidos incluyen centros de detención juvenil y refugios. Sin embargo, la mayoría de los inmigrantes se encuentran recluidos en cárceles estatales y locales, que tienen contratos con ICE. A fines del año fiscal 2007, el sistema de detención de inmigrantes de los Estados Unidos comprendía 961 sitios.
No menos importante es la administración privada de los centros ya que varios de los centros de detención que albergan a inmigrantes son operados por corporaciones privadas que tienen contratos con ICE. El Centro de Detención Federal Varick en Manhattan es uno de estos centros de detención privatizados. La instalación de Varick es administrada por Ahtna Technical Services, Inc., una corporación de Alaska que contrata a un subcontratista para proporcionar guardias, transporte y equipo utilizado en el centro. El modelo de detención privatizado, que es común en el sistema penitenciario de los Estados Unidos , ha planteado varias inquietudes. Sin la participación directa del gobierno, los abusos contra los derechos humanos pueden pasar desapercibidos y ser difíciles de descubrir. El modelo de privatización se basa en la maximización del beneficio., lo que significa que más detenidos resultan en más dinero para las empresas privadas contratadas para operar estas instalaciones. Si bien se usa un argumento de costo-beneficio para avalar la privatización. Al respecto está muy claro que resulta más caro detener a las personas en lugar de supervisarlas para asegurarse de que aparezcan en sus procedimientos de deportación y de deportación. A modo de ejemplo en 2009, ICE propuso la construcción de un centro de detención de inmigrantes fuera de Los Ángeles , que sería operado por una corporación privada.
En los últimos años se vienen realizado varios informes citando casos de violaciones a las normas básicas de derechos humanos en los centros de detención de inmigrantes en todo EEUU. Los informes se han referido a denuncias de abuso y falta de asesoría legal y atención médica adecuada a los detenidos. Además, los detenidos inmigrantes, a diferencia de los presos ciudadanos, pueden ser trasladados entre los centros de detención sin previo aviso. Si bien la Constitución de los Estados Unidos brinda asesoría legal a individuos condenados, sin cargo si no pueden pagar un abogado, a los inmigrantes no se les garantiza este derecho. En cambio, deben pagar por un abogado, una opción que la mayoría de los inmigrantes detenidos no pueden pagar. Mientras que los tribunales de inmigración están obligados a proporcionar a los detenidos una lista de pro-bono. Los abogados y agencias que brindan asesoría legal, muchos de los que figuran en la lista solo representan tipos específicos de inmigrantes, es decir, solicitantes de asilo o personas que no están detenidas. Si bien las normas de detención de ICE establecen que a los detenidos se les proporciona acceso a bibliotecas legales, se les asignó un manual que analiza la detención de inmigrantes y se les da una presentación sobre sus derechos legales, estas acciones a menudo no se llevan a cabo en la práctica.
Los inmigrantes colocados en centros de detención a menudo se quedan sin atención médica completa y muchos de ellos con enfermedades o afecciones médicas no son controlados adecuadamente por los médicos. En este caso los detenidos con discapacidad mental son especialmente vulnerables. Si son transferidos, dejan a sus familiares y médicos sin conocimiento de su caso y no pueden responder por sí mismos. Según el diario New York Times , “su incompetencia mental es generalmente ignorada por los jueces de inmigración y los oficiales de deportación, quienes están bajo presión para manejar el creciente número de casos y cumplir con las cuotas del gobierno”. Desde el 10 de enero de 2010, ha habido 107 muertes de inmigrantes detenidos, cuando se creó ICE. Se los ha acusado a ICE de encubrir muchas de estas muertes, como la de Boubacar Bah, un inmigrante de Guinea que estuvo aislado durante trece horas después de sufrir una fractura de cráneo y finalmente murió bajo custodia. Otro inmigrante que murió en la detención de ICE fue Hiu Lui Ng, cuya columna vertebral fracturada y cáncer no habían sido diagnosticados. De hecho, los funcionarios del Centro de Detención Donald W. Wyatt en Rhode Island lo acusaron de mentir sobre su situación y le negaron atención médica. Francisco Castañeda fue un inmigrante detenido en un centro de California a quien también se le negó atención, una biopsia por una lesión de pene, y terminó muriendo de cáncer. El ICE ha respondido publicando la lista de muertes ocurridas en sus centros de detención, realizando una revisión de sus instalaciones y emitiendo un nuevo conjunto de normas que deben seguirse durante la detención.
En estos días e incrementado el ritmo, el gobierno norteamericano, siguiendo dos órdenes ejecutivas el 25 de enero de 2017, ICE aceleró su ritmo de arrestos, arrestando a 41,000 personas en los próximos 100 días. [80] Durante el año fiscal 2017, ICE realizó un promedio diario de un poco más de 38,000 personas detenidas. En el presupuesto del presidente Trump para 2018, el gobierno propuso gastar más en camas de detención de inmigrantes, ampliando la capacidad a 48,000 personas. Además de los detenidos, ICE supervisa el estado de 2.3 millones de personas, quienes deben registrarse regularmente con la agencia. Inmigración y Aduanas (ICE, policía de inmigración) y Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, Aduanas y Protección Fronteriza) aumentaron el número de menores no acompañados detenidos en casi seis, de un promedio de 2400 cada noche en mayo de 2017 a 12 800 cada noche este mes.
En los últimos meses la cantidad de migrantes que fueron llegando a los distintos centros de detención federal ha sido implacable, incrementándose desde el advenimiento de la “tolerancia cero”, ya que las familias siguen huyendo de la violencia de pandillas en Honduras, El Salvador y Guatemala en particular. Muchos migrantes llegan a los Estados Unidos ya débiles de sus viajes y traumatizados por la violencia en el hogar.
Sin embargo, según los abogados de defensa de los derechos civiles y los médicos que los han examinado, lo que les espera en los centros de detención de inmigrantes solo los re traumatiza y plantea interrogantes inquietantes sobre la voluntad del gobierno de los EE. UU hacia ellos. El sistema en sí está diseñado para tratar a los migrantes y solicitantes de asilo como criminales que se colocan tras las rejas
Analizando la situación específica de la detención de inmigrantes, hoy, mientras los centroamericanos huyen de sus países de origen a los Estados Unidos, todo demuestra el fracaso del sistema de asilo y migración en la región, que se extiende mucho más allá de los casos recientes en que los migrantes reciben gases lacrimógenos y los niños están separados de sus padres.
Por más de una década, el gobierno de los Estados Unidos ha promovido la expansión incontrolada del poder de ICE. El resultado es un sistema de detención plagado de inconsistencias, faltas y violaciones generalizadas de los derechos humanos.
Decenas de miles de vidas dependen de ese equilibrio y el imperio de la ley.
