El problema multidimensional del acceso al derecho a la educación
Desde 1948, hablar de derecho a la educación es hablar de derecho internacional y de la obligación de los Estados a garantizar este derecho a la ciudadanía, también de manera gratuita. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que el derecho a la educación no concierne únicamente al acceso a este sino también a una educación de calidad y que sea disponible, accesible, aceptable y adaptable, lo que se conoce como las 4 A de la educación. Estos criterios mínimos demuestran que no basta únicamente con tener escuelas o con que las personas tengan clases una que otra vez, sino que la educación que reciben debe tener ciertos criterios cualitativos para considerar que su derecho a la educación está siendo ejercido.
Un tema importante del derecho a la educación en el contexto de desigualdad social actual es que los Estados deben garantizar la igualdad de oportunidades de acceso y permanencia a los sistemas educativos, además de las 4 A y la educación de calidad. Hay que reconocer la realidad material (económica) de la desigualdad de oportunidades para comprender el fondo del problema del derecho a la educación, en tanto que la desigualdad económica es uno de sus factores determinantes.
La pregunta que surge a raíz del planteamiento anterior es cómo se garantiza la igualdad de oportunidades de acceso a la educación en un país en el que las personas no tienen igualdad de oportunidades de acceso a una alimentación saludable, a una vivienda digna, a seguridad social, entre otras cosas, es decir, en un país profundamente desigual. Asimismo, valdría la pena preguntarnos si es posible exigirle a un estado neoliberal que garantice el derecho a una educación pública y gratuita, cuando impera la lógica de la privatización.
Para comenzar a responder dichas preguntas, es necesario tomar en cuenta que no es solamente por medio de las políticas educativas que el Estado garantiza (o debería garantizar) el derecho a la educación de su ciudadanía, sino también las políticas de empleo (la comunidad docente es parte de la fuerza laboral y los salarios y condiciones dignas son tema de disputa), de salud (el ejemplo evidente y actual es el de la pandemia por la covid 19 y el debate de la apertura de las escuelas), monetaria (salarios dignos y suficientes para poder garantizar el ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales, entre ellos la educación), de seguridad (garantizar que el alumnado y la planta docente así como cualquier persona que trabaja en el ámbito educativo institucional vivan, estudien y trabajen en condiciones libres de cualquier tipo de violencia), entre otras.
Lo mencionado anteriormente remite a que la desigualdad de oportunidades referente al acceso a la educación es un asunto con muchas dimensiones y mientras existan grupos en la sociedad que sean vulnerados en alguno de los aspectos descritos, no se podrá hablar realmente del cumplimiento universal del derecho a la educación. Entonces, se observa que hay que analizar tanto la calidad, las 4 A, la preparación de la planta docente como otros temas sobre la educación impartida, siempre teniendo en cuenta que el derecho a la educación - en la mayoría de los casos- también peligra cuando hay desigualdades económicas, de salud, sociales y políticas, en general.
Referencias
Latapí, P. (2009) El derecho a la educación: Su alcance, exigibilidad y relevancia para la política educativa, Revista Mexicana de Investigación Educativa, vol. 14, núm. 40, enero-marzo, pp. 255-287, Consejo Mexicano de Investigación Educativa, A.C. Distrito Federal, México.
Palomino, E. (2014) EDUCACIÓN PARA TODOS (EPT): REDUCCIONISMO INADECUADO? ¿CRISIS MUNDIAL EN EL APRENDIZAJE?, CONSENSUS, vol. 19, núm. 1, pp. 9-20, Perú.











