Notas de Extiende tu mano al que regresa
No exagero diciendo que mi mayor acumulación de información es de México.
Este fic podría haber sido hecho desde su punto de vista, pero no me atreví. Y había cosas que también quería tratar con Portugal.
El México de Lázaro Cárdenas fue uno de los mayores apoyos de la República española al poner a su disposición sus medios diplomáticos en los foros internacionales, entregarles armas y su excepcional política de ayuda humanitaria a las víctimas de la guerra.
Al ser preguntado por la razón, él alegó la solidaridad, diciendo que México no pedía nada por este acto, solo establecer un precedente de lo que debía hacerse cuando los pueblos hermanos atraviesan situaciones tan difíciles como España en aquellos días.
En 1957, Cárdenas explicaría otras razones; la cercanía de la Constitución de la Segunda República de 1931 con las mexicanas de 1857 y 1917; la afinidad de propósitos y de principios constitucionales y jurídicos; y que, en la década de 1930, los derechos ciudadanos y autonomías locales, además de otros factores, movieron la lucha histórica de ambas naciones.
Al argumento que desliga el apoyo a España de sus conexiones históricas y lo limita a una «simple política de apoyo legalmente constituidas y un veto a gobiernos establecidos antidemocráticamente», tengo que decir algo; México no volvió a retomar las relaciones diplomáticas con España hasta 1977, manteniendo la vigencia de la documentación y los pasaportes emitidos durante la Segunda República.
Durante los años de la Guerra Civil, México tenía establecidas relaciones diplomáticas con Portugal (que, como hemos visto, no era para nada el ejemplo de diplomático), con Daniel Cosío Villegas como enviado en el país luso, y también con Italia y Alemania.
Por el tema del petróleo, sí, y, como veréis más adelante, obligado por la falta de apoyo de Estados Unidos y Reino Unido, pero ahí estaba.
Y, de hecho, si dicen que la razón por la que se mantenían estas relaciones era para la ayuda del Gobierno republicano y sus gentes, el punto sigue siendo válido, puesto que están diciendo que el fin de ayudar a los republicanos españoles justificaba el tener relación con regímenes no democráticos para la compra de armas o el traslado de refugiados.
(Aun así, México había cortado relaciones con la Unión Soviética en 1930, y ni siquiera las restauró pese a que era el primer gran apoyo armamentístico a la República.)
El 18 de marzo de 1938, Cárdenas nacionalizó la industria petrolera mexicana. Sus motivos se pueden entender por la forma en la que los empresarios, mayormente estadounidenses, respondieron iracundos, acusándoles de haberle quitado su petróleo cuando este era extraído de territorio mexicano y, técnicamente, no dejaba de ser de México.
Deteriorados sus nexos con Washington y Londres, Tokio sirvió como interlocutor cercano en la compra del petróleo mexicano, hasta llegar al punto de invertir, por medio de prestaciones, en la prospección y explotación de campos petroleros en el territorio nacional.
La preferencia del Gobierno mexicano era vender el petróleo expropiado a las naciones democráticas. Sin embargo, la primera tentativa de vender petróleo crudo en el Reino Unido había sido bloqueada por un boicot efectivo del Gobierno británico y el Banco de Inglaterra, por lo que tampoco le quedaba otra opción.
Cárdenas pensó, en julio de 1938, que la España republicana podría hacer alguna contribución técnica en un mensaje a Azaña: «Si México se viera abandonado en la lucha contra el capitalismo imperialista, se extinguiría aquí por hoy la democracia político-económica que empieza a nacer en los pueblos de América, y esto perjudicaría seriamente a la España republicana». Mandó, en agosto de 1938, al subsecretario de Hacienda, Eduardo Villaseñor, a la España republicana para tratar de obtener un crédito español, que podría ser garantizado con petróleo almacenado en México y del que podría disponer la República española cuando quisiera.
(Varias de las petroleras estadounidenses expropiadas habían vendido a crédito petróleo al bando sublevado. Texaco había sido sancionada con una multa de veinte mil dólares por la Administración Roosevelt —después de todo, hacerlo estaba prohibido a causa del embargo—, pero no impidió que otras compañías como Shell siguiesen haciendo negocio por un total de 20 millones de dólares).
Tras constatar la incapacidad de los republicanos para participar en un acuerdo económico de estas características, Villaseñor abandonaría Barcelona hacia París, donde le esperaría otro fracaso.
En un memorándum interno del Departamento de Estado (de Estados Unidos) de 29 de marzo de 1938, se registraba la preocupación por México respecto a que, al no poder gestionar este tipo de propiedades cuando se había hecho cargo de ellas, se dirigiera a otros para que se hiciesen cargo, como podrían ser Japón, Alemania e Italia, que necesitaban de esas materias primas.
En ese caso, Estados Unidos podría verse privada de la inversión, y también aislado del suministro de estos materiales, excepto con precios dictados por otros.
El acuerdo entre el Departamento de Estado y el Gobierno mexicano no llegaría hasta bien entrada la Segunda Guerra Mundial.
Hablemos entonces de las relaciones con Estados Unidos, que se basan en la Política del Buen Vecino. Pero, primero, necesito dejar claro algo; la razón por la que México tardó en unirse a la Sociedad de Naciones fue mayormente por el veto de Estados Unidos (que estaba pero no estaba dentro de la organización, no me preguntéis por eso, porque ni ellos mismos se entendían), y fue gracias a la Segunda República Española que por fin pudo formar parte.
(Como justicia poética, en el otoño de 1937, sería la delegación mexicana la que intentaría conseguir la reelección de la República española en el Consejo de la Sociedad de Naciones, que los Gobiernos americanos simpatizantes con los sublevados, liderados por la delegación chilena, evitaron al utilizar la crisis de refugiados en las embajadas de Madrid —cuando se estaba dando de forma similar o incluso peor en las zonas dominadas por los sublevados, y con el consentimiento implícito.)
Pero que me voy por las ramas.
Aviso que lo siguiente es duro.
La Política del Buen Vecino fue una iniciativa comenzada por Roosevelt en 1933, con tal de mejorar las relaciones con el resto de países de América. En el papel, se trataba de una política de respeto mutuo y la actualización de la Doctrina Monroe, que, entre otras cosas, impedía que pudiese seguir promocionando la toma por la fuerza de gobiernos americanos a manos de militares que fuesen en consonancia con los intereses de Estados Unidos, ignorando la soberanía nacional de estos.
En la práctica, Estados Unidos no consideraba que la política fuese un modelo de relación entre todos los países, independientemente de su fuerza y ubicación, sino un ejemplo de liderazgo regional. Registros apuntan a que el pensamiento generalizado era que «si las potencias europeas trataran a sus áreas de influencia con el mismo respeto formal que ellos, no tendrían que vivir con la insufrible ansiedad de estar bordeando el precipicio de una confrontación bélica».
Durante 1938, se decía que no faltaban aspirantes para ocupar el cargo del Franco mexicano.
Uno de los más probables era Saturnino Cedilla, cacique de San Luis de Potosí, que había sido un apoyo decisivo a Cárdenas cuando rompió con Plutarco Elías Calles en 1935. Formaría parte de su Gobierno como secretario de Agricultura hasta agosto de 1937, cuando se forzó su salida del cargo a raíz de un conflicto estudiantil en la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo.
Un manifiesto del entonces gobernador de San Luis de Potosí, Mateo Hernández Netro, fechado el 15 de mayo de 1938, animaba al pueblo de México a sumarse, bajo el liderazgo de Cedilla, a una rebelión armada contra Cárdenas, acusando al gobierno de llevar a cabo una política agraria de estilo soviética.
En estos momentos, la pregunta era, ¿qué priorizaría Washington?
El asesor militar de Cedilla era alemán con muy buenas relaciones con la embajada nazi, y había solicitado ayuda financiera a las petroleras a cambio de cancelar la expropiación. Contaba, además, con la simpatía de la comunidad empresarial estadounidense afincada en México.
La primera respuesta estadounidense fue suspender temporalmente el programa de compras mensuales de plata mexicana por parte del Departamento del Tesoro.
Para ahorraros gran parte de este conflicto diplomático —a pesar de que el dilema y todo lo que lo envolvía es bastante interesante—, finalmente Estados Unidos prefirió que Cárdenas se mantuviese el poder, porque para ellos era mejor un México democrático y alejado de las potencias del Eje que uno que pudiese cambiar radicalmente su política exterior.
Pero esto solo demuestra la decisión de quién gobernaba en México parecía seguir estando más en manos de la Administración en Estados Unidos que en lo que pudiese elegir el pueblo mexicano.
Washington llegó a estudiar la posibilidad de apoyar el golpe de Cedilla, y hubo una verdadera tensión diplomática durante esos meses.
Para dejarlo claro, el testimonio del parlamentario al que se refieren es aquel que, en el enero de 1939, el republicano John Q. Tilson pronunció un discurso a favor de vender armas al gobierno de la República española. Para refutar los presuntos peligros de un eventual levantamiento del embargo, invocó (de forma errónea, si me permitís decirlo) el ejemplo del país vecino:
«(…) una república a nuestro sur ha estado enviando munición a España de manera abierta y fundamentándolo en obligaciones reconocidas por el derecho internacional. Aun así, a México no lo ha amenazado con la guerra ni Franco, ni Hitler ni Mussolini. Sabemos que México es mucho más vulnerable a un ataque por parte de las potencias fascistas que los Estados Unidos. ¿Es verosímil que las potencias fascistas que no osan ni abroncar (esta es la verdad a medias; ahora lo veréis) a México cuando envía armamento a España se alzarán e irán a la guerra contra los Estados Unidos si hacemos lo mismo?».
Hablemos ahora del incidente del Florida Maru. Esto podría ser un fic en sí mismo. Como ya mencioné en las notas del capítulo 5, Francia aprovechaba para hacer contratos ficticios con México, que no había firmado el Pacto de No Intervención, y que este país fuese el que le hiciese llegar las armas.
Además, la embajada mexicana en Francia también realizaba estas transacciones de forma clandestina en Bélgica, Polonia o Checoeslovaquia.
A partir de 1937, las opciones de compra y transporte de armamento se iban haciendo cada vez más limitadas debido a las políticas del gobierno de Roosevelt, que prohibía la venta de armas a cualquiera de las dos partes beligerantes en la Guerra Civil Española.
En septiembre de 1937, se realizó una aparente compra de armamento por parte de Bolivia, que debía ser transportado por un buque japonés, el Florida Maru, hacia el puerto de Manzanillo (México), que lo haría llegar a manos del Gobierno republicano.
El plan fue planteado por el teniente coronel Luis Añez Rodríguez, ministro de Agricultura y Colonización del gobierno de José David Toro Ruivola, presidente de la Junta Militar del gobierno de Bolivia.
En verano de 1937, Añez había viajado a Alemania en una misión para la compra de equipo meteorológico y maquinaria para la refinación del azúcar (proyecto inconcluso por la destitución de Toro Ruivola). Después, se dirigiría a Checoeslovaquia para la compra de armamento y municiones.
÷ Su plan original era comprarlo a nombre del gobierno de Bolivia y, en el proceso de envío se dejaría en tránsito para después redireccionarlo a la ciudad de Valencia. Sin embargo, los servicios de inteligencia de Alemania interceptaron la transacción, aunque no pudieron evitar que llegarse a La Paz, Bolivia.
Ante esta situación, México intervino y se decidió a comprar el lote de armas y equipo militar que a Bolivia, supuestamente, le había sobrado de la Guerra del Chaco (contra Paraguay). En julio de 1937, habían llegado a La Paz dos militares mexicanos para atender, de manera secreta, el tema de la supuesta compra de armas a Bolivia. El ministro mexicano, Alfonso de Rosenzwaig Díaz, fue instruido por la SRE (Secretaría de Relaciones Exteriores) a que les diera facilidades sin comprometerse en «el asunto que llevaban».
Sin embargo, la legación mexicana en Bolivia se tuvo que involucrar directamente en el asunto. Para el traslado desde La Paz, se contrataron los servicios de Arthur Briscoe, agente de la Latin American Export, para poder llevar la mercancía desde el puerto Mollendo en Perú y usar los servicios de la Kawasaki Kien Kaisha para su destino final en el puerto de Manzanillo.
El ministro Rosenzweig Díaz notificaba a la SRE que la compañía japonesa requería el permiso de la legación para poder embarcar la carga de 210 toneladas de armas y 719 de munición.
La cancillería mexicana solicitó, a su vez, a la Secretaría de Defensa, que mandara un oficio de permiso de importación para seguir con los trámites aduanales y el embarco de la carga. Al mismo tiempo, las autoridades evitaban el uso de la palabra «tránsito» en las comunicaciones, ya que supuestamente México era el destino final del cargamento.
Ante el retraso de la autorización y la posibilidad de poder embarcarla en el puerto de Mollendo, Perú, Ernesto Hidalgo, oficial mayor de la SRE, informaba el 4 de septiembre de 1937, al ministro mexicano residente en Chile, Manuel Pérez Treviño (que inicialmente ignoraba la compra y fue notificado por el personal de la Kawasaki Kisen Kaisha ubicado en Santiago de Chile) que la autorización ya había sido enviada a la representación mexicana en Bolivia.
(El armamento costó aproximadamente 2 millones de dólares, y las autoridades que la inspeccionaron una vez llegó al puerto de Mollendo, entre el 4 y el 12 de septiembre de 1937, la calificaron de mala calidad en una comunicación dirigida a Eduardo Beroldo, político del Departamento de Puno. No importaba; debían ser transportadas).
Al principio, se había considerado enviar los armamentos y municiones en el Nailsea Court, pero los retrasos lo hicieron imposible. Al final, el Florida Maru partiría con ella desde Mollendo el 15 de septiembre de 1937. Casi inmediatamente después, Rosenzweig Díaz recibió por parte de alemanes e italianos una enérgica protesta, ya que sus espías habían identificado la carga.
Después de 22 días de navegación, a la altura del puerto de Eten dentro del mar patrimonial de Perú, el capitán del buque recibió la orden por parte de la Kawasaki Kisen Kaisha de que de inmediato regresara a Mollendo.
La orden directa del Gobierno japonés incluía también la instrucción de desembarcar, puesto que, por medio de su legación en Lima, se había enterado a través del ministro alemán en Perú y de un representante franquista de que el barco, bajo bandera japonesa, había partido con armamento militar.
Fujimura Nubou, encargado de negocios, refería que la reacción japonesa se fundamentaba en la solicitud de Alemania e Italia y en la restricción de que la marina mercante japonesa transportara armamento.
El capitán se negó; tenía ya entregas programadas y la recolección de mercancías en otros puertos peruanos, y la carga era de naturaleza especial (tenía un alto coste). Además, el contrato firmado por Arthur Briscoe no aceptaba ningún cambio de itinerario o el desembarco de la mercancía en otro puerto.
La compañía insistió en que era una orden directa del Gobierno japonés que, en el marco del problema con China (la llamada Guerra sino-japonesa), no permitía el transporte de material bélico sin destino definido a cualquier barco con bandera japonesa, aunque el destino era el puerto de Manzanillo.
El capitán terminó siendo convencido e inició el regreso a Mollendo, llegando el 10 de octubre de 1937, aunque no fue autorizado a desembarcar y tuvo que esperar varios días hasta que las autoridades se dirigieron al Callao.
En un documento enviado por la legación japonesa al ministro peruano de Relaciones Exteriores, el general César A. de la Fuente, aportaba las razones de la decisión del Gobierno japonés, donde insistía en el desconocimiento por parte de Tokio de lo transportado por el Florida Maru:
Transporte del armamento con destino desconocido debido al desarrollo de los acontecimiento actuales en Oriente.
Ley establecida en Japón con medidas de prohibición, restricción y otro control sobre la navegación en el extranjero de vapores mercantes japoneses.
El panorama diplomático se hacía dos preguntas:
¿Qué hacer con el cargamento? Perú no deseaba su descarga para evitar que las fuerzas opositoras al gobierno de Óscar R. Benavides (simpatizantes de la Unión Revolucionaria y el APRA) pudiesen sustraerlas y utilizarlas para un movimiento de insurrección.
¿Cómo transportarlo a México?
El ministro alemán propuso que la carga se llevase a Tokio, mientras que el diplomático italiano en Limo sugirió que se informara que el Florida Maru había tenido un «accidente», por lo que había tenido que tirar al mar toda su carga.
México dio instrucciones a su representante diplomático en Bolivia de que notificara al agente de la Latin American Export que se dirigiera inmediatamente a Mollendo para atender el tema del buque. Briscoe dijo que la compañía ferroviaria se negaba a devolver la carga a Bolivia.
La situación era la siguiente:
Bolivia consideraba que, al haber concluido la venta y ya haber salido de su territorio, ya no tenía competencia en el asunto.
Perú consideraba otorgar las facilidades para que el cargamento saliese lo antes posible; no expresaría objeción alguna, pero insistía en que no se depositara en suelo peruano. Sn embargo, había una reticencia a que llegara un barco de guerra mexicano para enardecer respuestas populares contra la administración de Benavides.
La legación japonesa insistía al Gobierno peruano que se diera el permiso de descarga. Incluso garantizaba que la compañía naviera japonesa cubriría los gastos necesarios, incluyendo los de resguardo del cargamento.
Rosenzweig Díaz recomendó en México que el ministro Moisés Sáenz atendiera directamente el asunto, y este convenció a su homólogo de:
Que el gobierno peruano no confiscara el cargamento de armas.
Si salía del Florida Maru, no se dejaría sin resguardo; incluso se esbozó la idea de bajarlo en la isla de San Lorenzo frente al Callao, donde había una prisión militar.
Que se despachase el barco de guerra Guanajuato, anclado en el puerto de Acapulco, para recuperar la carga, incluyendo la opción de hacerlo de buque a buque.
También se vislumbraba la posibilidad de contratar un barco peruano, Tango, que cobraría cinco dólares por tonelada más cuatro mil pesos por gasto de seguro.
Desde la llegada a Callao el 18 de octubre de 1937, se realizó un impasse sobre el futuro de su carga. México continuó realizando sus gestiones, ahora orientadas a convencer a Japón de que el armamento no afectaría a su conflicto con China.
El capitán recomendó a Briscoe que, si México daba garantía de que el armamento no tenía destino a China y era propiedad de su Gobierno, cabría la posibilidad de que se levantase la requisación y continuase al puerto de Manzanillo.
La tensión fue en aumento cuando se anunció que el Florida Maru zarparía de Callao antes de la llegada del Guanajuato, lo que hizo de nuevo profundizar el cabildeo de Moisés Sáenz ante la posibilidad de que las autoridades no dieran el permiso restrictivo.
Sáenz informaba al general Eduardo Hay, Secretario de Relaciones Exteriores, y consideraba que el Secretario le había hecho ver que lo mejor era que México tratara directamente con Tokio, pero él respondió que las gestiones que su Cancillería estuviera desarrollando ante el Gobierno japonés no relevaban de «encarar que Perú tendría que declararse y facilitarle a México un acto de todo derecho, y no permitir que Japón llevase a cabo un acto predatorio o de burla a México».
Japón debía permitir al Florida Maru continuar con su viaje. Fujimura buscaba confirmar la llegada del Guanajuato; Sáenz y De la Fuente se negaron a darle información sobre si un buque extranjero se llevaría el cargamento.
La legación japonesa fue clave para que el Ministerio de Asuntos Exteriores reconsiderara su posición original:
A Tokio no le convenía generar una profunda fricción con México, no solo por sus tradicionales relaciones de amistad, sino también porque podría perder a un aliado con una posición geográfica privilegiada frente al incremento de tensiones con Estados Unidos.
Las garantías de que México, cuyas informaciones habían sido comprobadas por diplomáticos, dirigiría aquel armamento a las fuerzas republicanas y no a China.
Hacer caso omiso a las demandas de Alemania e Italia de que el armamento no llegase a Valencia no ponía en peligro su alianza anticomunista.
La llegada del buque mexicano para retirar el cargamento y el conocimiento de que la Kawasaki Kisen Kaisha no habían honrado el contrato sería motivo de afectación para la reputación de la empresa japonesa.
Fujimura fue instruido para que informara al ministro Sáenz de que el Florida Maru seguiría con su itinerario con el compromiso de que México dijese que ese armamento era de su propiedad y que no iba a ser utilizado contra Japón.
Como excusa, se dijo que su país había sido informado de que un grupo de judíos alemanes habían comprado armas a varios países iberoamericanos para destinarla a China, y eso habían creído que sería el armamento de Bolivia.
En Ciudad de México, el ministro Koshida Saichiro informaba de que se había autorizado la salida del Florida Maru.
A principios de noviembre de 1937, la llegada de un nuevo gabinete mixto al gobierno de Benavides generó preocupación.
Tras varios días de dilación, la legación japonesa autorizó la llegada de la nota diplomática solicitada por Fujimura a Sáenz.
La representación pidió que se aplazara la autorización para la salida del buque mercante del puerto peruano, a fin de ganar tiempo para que el mayor Filemón Lepe Ruíz y Pedro Sánchez, enviados por el Gobierno mexicano por vía aérea, pudieran abordar el Florida Maru.
Finalmente, este partiría de Callao el 2 de noviembre de 1937 (sin renovar los seguros para las cargas), con la promesa de no tocar ningún puerto sudamericano.
Las negociaciones diplomática se terminaron filtrando a la prensa.
Es interesante que el gobierno de Perú aprovechó la oportunidad para deslindarse al dejar que sus periódicos peruanos abordaran el tema con tal de evitar la impresión de que hubo complacencia, o incluso omisión de su parte para atender ese caso.
Aun así, el Gobierno peruano mantenía relaciones con Azaña y no había reconocido el derecho de beligerancia del general Franco.
El Florida Maru logró, por fin, llegar al territorio mexicano, la carga fue sellada y transportada en tren hasta el puerto de Veracruz, y se utilizaría el Motomar para transportarla, anteriormente propiedad de la Compañía Española de Navegación Marítima y confiscado por el Gobierno republicano en su travesía de Buenos Aires a Nueva Jersey.
Por órdenes de Gordón Ordás, el Motomar había arribado al puerto de Veracruz en diciembre de 1936. En un principio, se planteaba que este buque transportara tres aviones hasta España, y así se tenía planeado partir hasta el agosto de 1937. No obstante, debido a la necesidad de una limpieza de casco, tuvo que regresar a costas mexicanas, para después volver a navegar con la carga procedente del Florida Maru.
El apoyo de México a la República tuvo consecuencias, sobre todo en su relación con Estados Unidos y Gran Bretaña, que no estaban de acuerdo con las acciones tomadas por Cárdenas.
Ambos países, como ya hemos visto varias veces, pedían que el envío de armas cesara o, en su caso, que se mantuviera, pero con México como destino final.
El envío no pudo ser detenido, pero sí se consiguió la cancelación de esa ruta de aprovisionamiento de armas y pertrechos militares para otros posibles embarcos, los cuales se hacían cada vez más complejos por el agotamiento de vías seguras en un ambiente en el que los países sudamericanos marcaban cada vez más distancia con las fuerzas republicanas.
El embajador mexicano en los Estados Unidos en ese entonces era Francisco Castillo Nájera.
Además de los artículos del Pacto de la Sociedad de Naciones, México quiso aplicar en la Guerra Civil Española la Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados en caso de luchas civiles, suscrita en La Habana en 1928 por veintiún gobiernos americanos.
En ella, se comprometían a permitir el tráfico de armas y de material de guerra con los gobierno del continente que estuvieran inmersos en una lucha civil, y no así con los rebeldes.
Ya que he mencionado a Manuel Pérez Treviño en varias ocasiones, va siendo hora ya que hable de él.
Se trasladó a España como embajador de México en febrero de 1935, después de haber sido precandidato a la presidencia por el Partido Nacional Revolucionario, sobre el que se fundaría el Partido Revolucionario Industrial (PRI).
El estallido de la Guerra Civil le sorprendió cuando se encontraba de vacaciones en la localidad vasca de Hondarribia, en ese entonces Fuenterrabía. El general, al contrario de sus homólogos en otras embajadas, no dudó en regresar a Madrid.
La embajada de México en Madrid tenía sedes; una en la calle Hermanos Bécquer y la otra en la calle Jenner, y abrió sus puestos a cualquier persona cuya vida corría peligro, sin importar el bando del que fueran, su religión, clase o preferencia social.
Alrededor de 1.200 personas se asilaron en los dos emplazamientos durante los primeros seis meses del conflicto. Dos ejemplos bastante dispares son Luis Carrero Blanco (que, próximo a la muerte de Franco, era presidente del Gobierno, aunque fue asesinado por ETA en un atentado bastante estrafalario el 20 de diciembre de 1973) y Pedro Rico, el alcalde de Madrid.
Además de los problemas derivados de la convivencia entre sublevados y republicanos bajo un mismo techo, a los cuales la mujer del general, Esther González, ayudó de manera preponderante a mitigar, existían las advertencias que venían desde México.
Cárdenas no estaba de acuerdo con su política de asilo incondicional, y ordenó su sustitución.
Este aguantó cuatro meses más en el cargo mientras negociaba la salida del país de los asilados antes de abandonar España en diciembre de 1936, con destino a su nuevo puesto como embajador de Chile.
No tomaría posesión hasta el marzo de 1937, dos días después de conocer que los refugiados que así lo quisieron (797 personas) habían logrado trasladarse a Francia.
En el octubre de 1936, el entonces delegado de México ante la Sociedad de Naciones, Narciso Bassols, inició la lucha internacional por la República, atacada «no solo por fuerzas internas, sino también por elementos extranjeros que amenazaban la independencia de estados jurídicamente constituidos».
Defendió que las normas internacionales deben ser escrupulosamente observadas y vigiladas por los organismos establecidos con dicho fin. No cumplir con el derecho internacional sería una auténtica regresión.
A principios de 1937, Bassols fue sustituido por Isidro Fabela, que continuó con la postura de su predecesor, marcada por Cárdenas. Fue este quien avisó desde los Pirineos franceses, en un telegrama fechado el 23 de febrero de 1939, de la urgencia de trasladar a los refugiados españoles en los campos de internamiento franceses antes del reconocimiento de parte de Inglaterra y de Francia del gobierno de Franco.
Ya había habido iniciativas anteriores (de Argentina también, pero aquí solo hablamos de México) como la de los niños de Morelia, un total de 460 niños embarcados en Valencia y Barcelona que fueron acogidos como hijos adoptivos del gobierno de México bajo la figura de Cárdenas. Estuvieron alojados en una casa escuela en la ciudad mexicana de Morelia.
Con respecto a la situación en 1939, Cárdenas aseguró que el gobierno de México «estaba dispuesto a acoger sin distinción de sexo ni edad, cualquiera que fuese la filiación política o religiosa, a todos los españoles que se encontraban en esos momentos refugiados en Francia, en sus colonias o países de protectorado francés, con la simple formalidad de que expresasen libremente su solicitud de acogerse al beneficio que ofrecía un país amigo en nombre de la más alta comprensión humana».
Con la ayuda del cónsul general de México en Francia, Gilberto Bosques, instalado en Marsella desde mediados de 1940, Fabela comenzó a seleccionar a los refugiados que querían trasladarse a México. Cárdenas le concedería la ciudadanía mexicana a los asilados que la desearan.
Tras una decidida negociación con el mariscal Pétain, en Vichy, el entonces ministro de la legación mexicana, Luis I. Rodríguez, logró el Convenio Franco-mexicano el 23 de agosto de 1940 para el traslado de los refugiados.
Por último, la Casa de España, decretada en julio de 1938 por Cárdenas a partir del consejo de dos figuras destacadas como Alfonso Reyes (que había estado en España de 1914 a 1924) y Daniel Cosío Villegas, sirvió como centro de reunión y trabajo.
La institución recibió, durante su corta existencia, a lo más grande de los escritores, artistas, científicos y humanistas de la España desterrada y además sirvió de centro de selección y radiación de ese talento hacia diversas instituciones del país (aunque no todos los asilados eran académicos y artistas; hay que tener en cuenta que hubo un gran espectro de ocupación, origen social y edad).
En 1940 fue convertida en el Colegio de México.
Finalmente, los Gobiernos francés y británico reconocerían al gobierno de Franco como el legítimo español el lunes 27 de febrero de 1939, tras obtener unas vagas e imprecisas garantías de que no se ejecutaría a los «españoles no delincuentes».
Por supuesto, cualquiera que se hubiese opuesto o criticado a los sublevados iba a ser considerado delincuente.
