Un Acuerdo en Estado Crítico
Por: Jonathan Muños Castrillón
Luego de la victoria del No en el plebiscito del dos de octubre, la incertidumbre se ha tomado las negociaciones entre las FARC y el gobierno. Con la negativa al acuerdo del proceso de paz, se encuentra en un limbo que podría convertirse en una muralla de hierro para la salida política del conflicto. Si bien las FARC y el gobierno han mostrado su disposición para continuar la negociación y generar cambios que permitan concretar lo pactado, las reformas que demandan los principales voceros del No, tocan puntos en los cuales difícilmente podrían ser renegociados exitosamente, y que podrían dilatar enormemente en el tiempo este proceso de paz. Escenario altamente problemático para el país; pues como señaló acertadamente la senadora Claudia López durante el debate sobre el resultado del plebiscito, el tiempo corre en contra de la paz, las probabilidades de fragmentación en el interior de las FARC, así como la ruptura del cese al fuego son una amenaza que pone en juego la vida de los colombianos y de seguir siendo una de las grandes trabas para el desarrollo principalmente de las zonas rurales y de los grupos poblacionales más golpeados por la guerra. En este trabajo busco analizar las principales propuestas de los voceros del No, mirando su legitimidad y viabilidad, luego de una estrecha victoria en el plebiscito, con tan solo 55651 votos de diferencia, que además es lograda con una polémica campaña donde la desinformación, la confrontación sorda y el populismo fueron los actores principales.
Ahora bien, para el desarrollo del trabajo me centrare en puntos que bajo mi criterio abarcan las principales propuestas de los diferentes sectores del no, apoyándome en notas periodísticas, afirmaciones de los voceros del No y en diferentes análisis que encuentro pertinentes sobre la coyuntura.
Siendo la tierra uno de los cimientos de la vertiginosa desigualdad del país, es tema transversal en el conflicto armado colombiano. Los propulsores del no, recomiendan una promoción más fuerte de la mega empresa agraria; así como acabar con los beneficios para las zonas de reserva campesina, pues consideran que esta figura genera desigualdad y que incluso puede ser una amenaza a la propiedad privada. También proponen que no se debe fomentar la participación y organización comunitaria, sino que se debe impulsar los planes de desarrollo de los alcaldes y gobernadores, claramente fomentando la verticalidad en el ejercicio de la política y acabando con el enfoque territorial de los acuerdos. Por último; y tal vez de los más escabrosos, es sobre la buena fe de los compradores de las tierras arrebatadas al campesinado. La tierra está manchada de sangre y la bandera de la verdad incómoda enormemente a los “propietarios de buena fe”. Este tema es abarcado por Javier Ortiz en su artículo “La tierra y los del no” donde dice:
“En los ajustes que recién han presentado al acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, metieron el veneno que ha encarnado el espíritu de los ejércitos antirrestitución. Se trata de una defensa descarada a quienes despojaron de la tierra a los campesinos desplazados. La Ley de Restitución de Tierras exige probar “buena fe exenta de culpa”, esto es, que los que se quedaron con la tierra de los desplazados demuestren que no hubo acto de mala fe en su accionar.” (2016)
Lo que finalmente buscan los cambios de los voceros del No, es frenar cualquier intento de redistribución efectiva de la tierra. Como señalan Francy Carranza y Luis Enrique Ruiz en la columna de El Espectador “El no para la tierra”:
“El punto primero del acuerdo logrado en La Habana apunta justamente a modificar substancialmente las tradicionales estructuras rurales y agrícolas que, además de ser poco productivas, son la causa directa de la pobreza y de la enorme desigualdad que caracteriza a la sociedad colombiana. Estas transformaciones toman décadas y van más allá de una política agraria (que, de hecho, tampoco existe en el país) y además no son fáciles de realizar, dado su alto costo político. De la reforma rural integral se dijo que con ella se saldaba una deuda de más de 50 años con el campo colombiano. Pero con los resultados del plebiscito, la contundencia que se necesitaba para llevar a cabo transformaciones estructurales y reales en el sector agrícola se nos está yendo entre los dedos como un puñado de arena.” (2016)
Claramente hay grandes intereses en juego, principalmente de quienes se enriquecieron a costa de la guerra y sus desplazamientos forzados. Por lo que la propuesta lanzada por el expresidente Álvaro Uribe de imponer una “presunción de buena fe no desvirtuable” a favor de propietarios y poseedores “honestos”, atenta gravemente a la verdad, justicia y reparación, pilares indispensables para la construcción de una paz duradera. En cuanto el señalamiento de que estos acuerdos atentaban contra la propiedad privada, Carranza dice:
“Que el acuerdo de La Habana atacaba la propiedad privada ha sido una afirmación insistente del uribismo. En esa misma línea, su propuesta pide respetar el derecho a la legítima propiedad privada. Si uno considera que dotar de títulos a aquellos que no han reunido todos los requisitos legales para hacerse propietario es garantizar la legítima propiedad privada, entonces eso es justamente lo que busca el acuerdo de La Habana mediante la titulación de tierras en su punto 1.1.5, que trata de la formalización masiva de la pequeña y mediana propiedad rural.” (2016)
No hace falta indagar mucho, para apreciar que la supuesta amenaza a la propiedad privada y la transición del país a un “castrochavismo” no era más que otra de sus campañas para lograr la victoria del No. Acá el verdadero interés es mantener el status quo alcanzado a través de la guerra. En este sentido la renegociación incluso de lograrse satisfactoriamente, posiblemente termine en detrimento en materia de reparación, justicia y verdad.
Jurisdicción especial para la paz
Este es el punto que tal vez ponga en más peligro al proceso. Las negociaciones entre el gobierno y las FARC para lograr un consenso en este punto tomaron años, y ambas partes han expresado que la renegociación en los términos propuestos por los voceros del No son inviables. La propuesta del Centro Democrático en este punto, busca usar como modelo lo que se hizo en el proceso de Justicia y Paz con los paramilitares, lo que eliminaría por completo lo pactado en la jurisdicción especial para la paz, a crear unas “cortes para la paz” que funcionarían bajo las normas de justicia regular, contemplando la amnistía y los indultos a guerrilleros. Pero contario a lo que vienen diciendo a la hora de hacer campaña contra el proceso de paz; de que buscan una paz “sin impunidad”, resulto no ser más que una mezquindad, pues una de sus principales demandas es quitarle la facultad a la jurisdicción especial para la paz de juzgar civiles y agentes estatales y plantea buscar mecanismos para “aliviar el malestar judicial” de estos. Sobre este punto el columnista del Espectador Alfredo Molano Bravo se pronuncia contundentemente en su artículo “El Gran Chantaje”:
“Uribe y sus corifeos buscan, al acusar el acuerdo de La Habana de propiciar la impunidad, proteger al paramilitarismo, a los parapolíticos, a las manzanas podridas, a los despojadores de tierras, a los terratenientes, es decir, a su combo, para que las cosas sigan como siempre.
La propuesta más radical es la eliminación de la Jurisdicción especial para la paz y regresar a la Ley de justicia y paz que dejó en la más absoluta impunidad al 99,99% de los paramilitares: 35 sentencias de los 4.440 desmovilizados. Más aún, Uribe, que tanto ha gritado contra el reclutamiento de menores, impidió que 3.000 niños que estaban en las filas paramilitares fueran entregados al ICBF. ¡Cuánto fariseísmo!” (2016)
La conclusión a la que se llega, es que con estas reformas lo que se busca es, por un lado cambiar el enfoque de los acuerdos de verdad, justicia y reparación; a uno centrado en lo punitivo para las FARC, pero que al mismo tiempo exima a los demás autores de aportar su cuota de verdad y reparación.
Las propuestas de reforma en este sentido van en dos direcciones, por un lado en la objeción, por parte de los del No, a la conexidad del narcotráfico con el delito político; y por otro, el enfoque que se quiere dar para combatir el narcotráfico. En cuanto a la primera, La Corte Constitucional tiene jurisprudencia según la cual esta conexidad es aceptable en la medida en que la participación en el narcotráfico se limitaba a buscar fondos para financiar la guerra y no para enriquecerse. La revista semana se refiere a esto en su columna “¿Qué tan viables son las propuestas del No?” donde dice: “(…) en los textos, sobre todo de los expresidentes Pastrana y Uribe, se parte de la base de que las Farc se involucraron directamente en el narcotráfico, algo que la guerrilla rechaza tajantemente. Esa es otra línea roja de las Farc.” (2016) Sin embargo los voceros del No quieren desconocer esto, poniendo en serio peligro al acuerdo.
Ahora en la dirección que se quiere dar para combatir al narcotráfico, Centro Democrático dice que “debe mantenerse con toda claridad el enfoque integral y equilibrado en la lucha contra el problema mundial de la droga, en lugar de adoptar una nueva visión basada en el tratamiento distinto y diferenciado” que como nos explica el portal periodístico ¡Pacifista! En su artículo “Cinco reformas que el uribismo quiere quitarle al Acuerdo Final” (2016) importantes voceros del buscan continuar con la llamada “guerra contra las drogas” que busca centrarse a totalidad en un enfoque punitivo, dejando a un lado el enfoque que buscaba implementar el acuerdo de salud pública y de transición de los pequeños cultivadores de coca a cultivos lícitos. En este sentido buscan regresar a las fumigaciones con glifosato; las cuales son altamente perjudiciales para la tierra y sus habitantes, además de no conceder “perdón” a los pequeños propietarios de parcelas con cultivo de coca que erradiquen su producción e inicien una producción de cultivos legales.
Los propulsores del No, se han empeñado para impedir que los cabecillas de las FARC puedan participar efectivamente en la política del país, Juan Esteban Lewin resalta su preocupación por este punto en su nota para La Silla Vacía “Las propuestas del No, comparadas y desmenuzadas” señalando:
“La mayor dificultad es que lo planteado, sobre todo por Uribe que toma como modelo su negociación con los paramilitares, va dirigido a anular en la práctica las posibilidades de que las Farc puedan tener una vocación real de poder como partido político. Como todo el objetivo de la negociación era crear las condiciones para cambiar las balas por las urnas, esta postura de arranque hará muy complicada cualquier renegociación.” (2016)
Es también preocupante que no sólo se busca limitar la participación política de las FARC, sino que además limita la participación de las organizaciones sociales. Esteban Lewin en este mismo artículo expresa:
“Otro asunto complejo de lo planteado por el ex presidente y líder del Centro Democrático es que pretende purgar del Acuerdo el eje transversal de la democracia directa, que apunta a fortalecer el poder de decisión de las organizaciones sociales. Ese asunto es fundamental para las Farc por la influencia que tienen sobre las organizaciones de base en las zonas donde han estado presentes pero también porque es una forma de romperle el espinazo a las estructuras de la política tradicional y clientelista.” (2016)
La fragilidad democrática del país es una de las principales razones de nuestro conflicto armado, lo que hace altamente preocupante la manera sistemática en que una buena ala de las elites políticas colombianas niegan esta realidad histórica del país.
Acto legislativo para la paz
Los diferentes propulsores del no, coinciden en boicotear el llamado “Fast-track” que el gobierno creo para el Acto legislativo para la paz. Esto tiene implicaciones importantes, pues la propuesta del No es que esta legislación se haga por el conducto regular a través del congreso. Lo que no sería descabellado, pero la realidad es que este mecanismo conduciría a una dilatación enorme del proceso, poniendo en grave peligro la implementación de lo acordado. Y además como añade E. Lewin: “Tramitar tantos proyectos por el camino normal puede tardar meses, y reabriría en el Congreso el debate de toda la agenda. Es decir, los partidos políticos tendrían en sus manos la posibilidad de redefinir lo que los equipos negociadores del gobierno y de las Farc construyeron en Cuba. Algo que la guerrilla no aceptará.”
El apoyo de pastores cristianos al No
“Es innegable que detrás de la más repulsiva ultraderecha aparece con fuerza toda una idea de imposición de un orden social patriarcal que ha negado derechos de mujeres y homosexuales, pero aquí también hay otros negocios que están por defenderse. Para eso la estrategia fue implacable. Usaron todo el populismo de los valores conservadores en las iglesias para obtener los votos que les darían el cheque en blanco con el fin de invertirlo en lo que les interesa y les resulta un negocio redondo.” (Ortiz 2016)
Inicio con esta cita de Ortiz porque ilustra adecuadamente la mezquindad de no solo la clase política del país, sino de los valores antidemocráticos y antipluralistas que se han arraigado fuertemente en una gran fracción del electorado. En el artículo de la Revista Semana “Las ocho peticiones de los pastores del No” (2016) podemos ver la desinformación y mitomanía manejada en la campaña de estos Pastores, quienes tienen un importante peso en el país y que se citaron en Bogotá para lo que llamaron primera cumbre del “Pacto cristiano por la paz” que inicio con la intervención de Cesar Castellanos (Pastor cristiano, muy cercano al uribismo) quien dijo: “La profecía se está cumpliendo. Está llegando a Colombia un cambio en el Gobierno, se avecina una sacudida económica, política y natural, pero aquí estamos para librar una guerra espiritual”, a esto se le sumaron muchas otras afirmaciones en este tono entre las que voy a destacar la intervención del pastor Jhon Milton Rodríguez quien leyó algunas de las propuestas para cambiar el acuerdo: “No queremos la participación en política de quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad. Queremos que cuando hablen de género, solo se refieran a hombre y mujer. Que reconozcan a la iglesia cristiana como actor del bien común. Pedimos un censo único para cristianos y pastores víctimas de la violencia. Que los colegios sean libres y no se imponga la ideología de género. Queremos que las FARC entreguen a los niños. Que se impida la expropiación arbitraria de tierra, para esto, deben aplicar la Ley de Restitución de Tierras”. Como nos cuentan en la Revista Semana, “La oración por el pacto cristiano que la hizo Miguel Arrazola, el conocido pastor de la iglesia Ríos de Vida de Cartagena. Se arrodilló y le dijo al público que se tomara de las manos. Algunos saltaban, otros lloraban y todos agitaban las manos.”
Si bien este es el discurso por parte de algunas iglesias cristianas, podemos encontrar esta misma campaña de desinformación de corte populista en la mayoría de las campañas del No, que buscan principalmente tocar la sentimentalidad de los votantes y estimularla desde un discurso dogmático, que poco o nada atiende a las argumentaciones de la contraparte. Y que al final más que representar los interses de sus electores, lo que hacen es implementar sus propias agendas políticas llenas de temas que poco o nada resonaban en sus campañas, pero que logran legitimar a través de la manipulación de sus bases sociales.
Claramente el escenario es más que complicado, y hay grandes riesgos de que el acuerdo no logre ponerse en marcha con todo lo que eso conlleva, que como casi siempre ocurre en nuestro país, va a ir fuertemente en contra de los territorios más golpeados por la violencia y las poblaciones más vulneradas en cuanto a lo político y económico.
