Aborto seguro
Mientras escribo estas palabras una mujer chilena se desangra producto de un aborto clandestino. Esta no es una de esas estadísticas en base a la población mundial o a un censo nacional que no tenemos. Es una mujer real, que al parecer abortó clandestinamente en su hogar y que luego fue denunciada por el médico de turno que atendió el caso. Los medios no han tenido problema alguno en publicar la dirección particular de esta mujer (menor de edad por lo demás), pero del médico no sabemos nada, salvo que trabaja en el Hospital Luis Tisné. Sobre ella usted puede leer acá y acá.
Como ella, en Chile hay 200 mil mujeres más que abortan en la clandestinidad. No podemos saber con exactitud cuantas mueren, cuantas viven, cuantas quedan con secuelas, porque nuestro país penaliza el aborto en todos sus supuestos, tanto en su código penal como en el sanitario, haciendo más difícil el acceso a una información clave para asegurar la vida de aquellas mujeres que no quieren ser madres. Pero al estado no le interesa ni le importa. Los derechos sexuales y reproductivos han sido negociados (un eufemismo para postergados) una y otra vez por los gobiernos de turno, incluso en sus supuestos más humanitarios como lo son inviabilidad fetal, riesgo para la mujer y violación. Como efecto Chile es uno de los cinco países del mundo con la legislación más restrictiva y dura respecto al aborto, junto con El Salvador, Nicaragua, República Dominicana y Malta. Si usted considera al Vaticano, este número sube a seis. Emiratos Árabes, Kuwait e Irak -estados musulmanes que en el imaginario chileno son infinitamente más machistas que el propio país- tienen legislaciones más accesibles para el aborto, que al menos consideran algunos de estos supuestos mínimos.
El programa de la presidenta Michelle Bachelet contemplaba la despenalización del aborto, pero aún no hay plazos ni lineamientos definidos, ni borradores del proyecto ni nada. Hasta ahora pareciera que los derechos más básicos de las mujeres, como el de decidir sobre su propio cuerpo, van a seguir negociándose en virtud de "la medida de lo posible". Mientras 200 mil mujeres al año -solo en Chile- van a seguir corriendo de ser castigadas o incluso de morir por intentar ejercer un derecho, cuya negación la misma ONU la define como una forma de tortura.
Mientras tanto, sepa usted también que hay algunos recursos online disponibles que -aunque no reemplazan la política pública y la falta de estado en este problema- permiten al menos resistir a esta flagrante violación a los derechos de las mujeres.












